Camelia Ramírez García
Expediente 1205/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1205/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Camelia Ramírez García
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA.
- Principal
notifiquese personalmente
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO, DEL AUTO DE DIECIIETE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, agréguense los oficios signados por las autoridades responsables que los suscriben, mediante los cuales rinden su informe provisional sobre la suspensión de oficio otorgada. Ahora, en virtud de que de la constancia actuarial que antecede, al ser notificada CAMELIA RAMÍREZ GARCÍA de la promoción del presente a su favor manifestó que ratifica el contenido de la demanda. Sin embargo, dado que de las constancias presentadas por el Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Única del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Armería, Colima, al rendir su informe provisional, se advierte que la directa quejosa se encontraba detenida ante dicha representación social por el delito flagrante de ROBO EQUIPARADO DE VEHÍCULO, previsto y sancionado por el artículo 187 fracción III del Código Penal de Colima, siendo decretada su libertad el veintinueve de agosto de los corrientes. En consecuencia, acorde con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima improcedente la acción constitucional intentada. Primeramente, se estima necesario conocer el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTICULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto reproducido, se desprende que el juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable. Ahora bien, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA .- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Del análisis integral del libelo actio de amparo así como de lo informado por las autoridades responsables al rendir sus informes provisionales requeridos por auto de veintinueve de agosto pasado, permiten al suscrito juzgador esclarecer su contenido y desentrañar la verdadera voluntad del impetrante de amparo, lo que encuentra su apoyo en los principios que para la administración de justicia prevé el artículo 17 de la Constitución General de la República así como en la Jurisprudencia 183/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación . Actuación contra la cual, a criterio del suscrito, opera la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVI, debido a que de las constancias exhibidas por el representante social investigador relativas a la carpeta de investigación NSJP/ARM/CI/UNICA7434/2017, de la que derivan los actos reclamados, así se advierte. A fin de evidenciar la causa de inejercibilidad del juicio de garantías, que el suscrito estima actualizada, se considera pertinente tener a la vista el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, mismo que estatuyen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. No está por demás destacar que es factible distinguir la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, ya sea dejando insubsistente el acto reclamado o sus efectos de forma inmediata, total e incondicional, lo que es inconcuso no puede realizar un particular; mientras que la actualización de la segunda requiere que ante la existencia del acto reclamado, exista imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir o desaparecer totalmente el objeto o la materia del acto, por lo que a pesar de que implica también una cesación de efectos, esto debe acontecer, como condición, por virtud de que dejó de existir totalmente el objeto o la materia del acto reclamado por causas ajenas a la voluntad de la autoridad, pudiendo entonces ser por el simple transcurso del tiempo, por un acto volitivo del particular mediante el cual cambia su esfera jurídica, por acontecimientos naturales, etcétera. Corolario de lo expuesto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. Ahora bien, en el caso concreto, se considera actualizada la causal de improcedencia, de tomar en consideración que la quejosa reclamó de las responsables la privación de la libertad; sin embargo, al haber sido puesta en libertad, cesaron los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 1045 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, del rubro y texto siguientes: "DETENCIÓN PRACTICADA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS CUANDO LA RATIFICA UNA AUTORIDAD JUDICIAL. Si el acto reclamado en un juicio de amparo, se hace consistir en la orden de detención llevada a cabo por elementos de la Policía Judicial del Estado, pero de autos se advierte que la aludida detención fue calificada como legal por una autoridad judicial, trae como consecuencia la cesación de sus efectos, pues resulta inconcuso que al haberse efectuado la calificación de la detención, a partir de ese momento el inculpado quedó a disposición del Juez del proceso y no de quienes lo detuvieron". De ahí que, resulta evidente lo ocioso del examen de un acto que ya no tiene vida jurídica, máxime que no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencia respecto de actos que han quedado sin efectos y que por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno al peticionario de garantías; en consecuencia, con apoyo en el precepto 113 de la ley de la materia, procede desechar la demanda de amparo promovida a favor de CAMELIA RAMÍREZ GARCÍA, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, del citado ordenamiento jurídico. En consecuencia de lo anterior, se dejan sin efecto las medidas ordenadas en auto de veintinueve de agosto del año en curso.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ******a nombre de ****** contra actos del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN DE ARMERIA y OTRAS AUTORIDADES. Fórmese expediente; asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1205/2017-III-MU. En el caso se reclaman actos que importan ataques a la libertad personal e incomunicación, supuestos de los cuales el artículo 15 de la vigente Ley de Amparo contempla que la demanda de garantías puede ser peticionada a favor del agraviado que se encuentre imposibilitado para hacerlo; por ende, con fundamento en los artículos 126, 164, 165 y 166 de la citada legislación, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO.......
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