Camara Mexicana de la Industria de la Construccion
Expediente 643/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 643/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Camara Mexicana de la Industria de la Construccion
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO, SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ QUE HAYAN TRANCURRIDO CINCO AÑOS; SIN QUE OBREN DOCUMENTOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS DEBAN SER DEVUELTOS NI SEA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por J. Jesús Martínez Martínez y Edgar Omar Martínez Duran, quienes se ostenta como apoderados de la persona moral Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, contra actos del Juez Tercero Mercantil de esta ciudad, y de otra(s) autoridad(es); fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 643/2019-IV. Ahora bien, del estudio integral de la demanda, conviene precisar los actos que reclama la parte quejosa en el presente asunto, ello de conformidad con lo previsto por el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, y en la tesis de Jurisprudencia 19, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 17, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo."; a saber: La resolución de cuatro de junio de dos mil diecinueve, que resuelve el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veintitrés de abril del mismo año, emitido en el juicio Ordinario Civil Reivindicatorio 1195/2014, en la que declaró procedente el recurso de revocación interpuesto por la sociedad codemandada TRANSPORTUARIOS, Sociedad Anónima de Capital Variable, que en sus puntos resolutivos dice: "[.] PRIMERO.- Resulto procedente el recurso de revocación interpuesto por la sociedad demandada TRANSPORTUARIOS, S. A. DE C. V.- - - SEGUNDO.- En consecuencia se REVOCA la parte conducente del auto impugnado de fecha 23 de abril de 2019 dos mil diecinueve, que ordeno pasar a la etapa de alegatos, e intocado el resto del mismo, para quedar de la siguiente manera, se agregan dos escrito signados por HECTOR ALEJANDOR(sic) GOMEZ SANCHEZ recibidos en este juzgado los días diecinueve y veinte de marzo del año en curso, AL PRIMERO al que acompaña un anexo consistente en una copia certificada de un contrato de arrendamiento. Como lo solicita el promovente en su carácter de abogado autorizado por la moral demandad TRANSPORTUARIOS S. A. DE C. V. y atento la primer de las certificaciones que preceden, se le tiene por contestando en tiempo la vista ordenada, respecto al incidente de Excepción superviniente, propuesto por la parte actora, admitido a trámite mediante proveído dictado el día doce de marzo del dos mil diecinueve, haciéndolas manifestaciones que refiere par los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 75 del código de Procedimientos Civil vigente en el Estado, AL SEGUNDO DE LOS CUENTA. Visto su contenido y atento a la segunda delas certificaciones que anteceden, se le tiene por objetando el avaluó rendido en bienes inmuebles designado pr (sic) este Juzgado, lo que será tomados en consideración al momento de resolver el presente asunto, de conformidad con el artículo 336 de la ley adjetive Civil en cita.- - - A sus autos escrito signado por los licenciados J. JESUS MARTINEZ MARTINEZ Y EDGAR OMAR MARTINEZ DURAN, recibido el día veintiséis de marzo del año en curso, Dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad con lo solicitado por el promovente, porque a efecto de estar en posibilidades de continuar con la etapa procesal de alegatos en el presente juicio, el artículo 408 del código de adjetivo civil exige concluir con la recepción de pruebas, exigencia con la cual no se cumple en el presenté juicio ordinario civil, debido de que aún no se concluye con la recepción de la prueba documental ofertada por la sociedad mercantil TRANSPORTURIOS S. A. DE C. V. demandada, a efecto de girar de nueva cuenta oficio al archivo General de notarías de la Ciudad de México, a efecto de recabar la información solicitada y de continuar con la etapa de alegatos sin haber concluido la recepción de pruebas, se violentarían los derechos humanos de debido proceso al pasar a una nueva etapa sin concluir la anterior, y seguridad jurídica, porque la negativa de girar oficio de nueva al archivo General de Notarias de la ciudad de México, resuelto por acuerdo de fecha 09 de julio del 2018 dos mil dieciocho, consecuentemente la negativa de agotar la prueba en cuestión, se encuentra subjurice a resultas de los se resuelva el recurso de revocación plantado en contra de tal negativa, por ende, aun no se tiene la certeza de que se ha concluido con la recepción de esa prueba, Ello aunado a la necesidad del esclarecimiento de los hechos controvertidos, de conformidad con el artículo 270 del código de procedimientos civiles en vigor, por tanto, es improcedente continuar con la siguiente etapa, máxime que del análisis de las constancias que integran sumario se desprende que el oferente a procurando su desahogo, impulsando el procedimiento para ello ocurra realizando solicitud de girar oficio a efecto de recabar información del Archivo General de Notarias de la ciudad de México y su inconformidad con la negativa del acuerdo que lo negó, es la improcedencia de continuar con la etapa de alegatos, Así las cosas, a efecto de salvaguardar los derechos humanos de las partes de seguridad Jurídica y debido proceso tutelados por los articulo 14,16 y 17 de la constitución Política de los Estados unidos mexicanos, por el momento, es improcedente continuar con la etapa de alegatos del juicio, al no tener la certeza de haber concluido con la recepción de pruebas.- - - Así lo resolvió y firma el c. licenciado JOSE ARMANDO VERA FABREGAT, Juez Tercero del Ramo mercantil, que actúa con secretaria de Acuerdos que autoriza licenciada MA. ROSAURA CRUZ ROCHA. Doy fe." Ahora bien, examinada la demanda de amparo, se advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desecharse la misma de acuerdo con las siguientes consideraciones. El artículo 113 de Ley de la materia, señala lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En principio, cabe señalar que en términos generales, el juicio de amparo es un instrumento jurídico creado a favor de los gobernados del Estado mexicano, que tiene por finalidad hacer respetar los imperativos constitucionales en beneficio de aquéllos, esto es, sus derechos humanos y garantías que otorga para su protección. Para que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por el quejoso, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causales de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal en virtud de la cual, en un primer momento del juicio de amparo, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos procesales que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a proveer, y si no lo están de una manera manifiesta y ostensible, debe desechar de plano la demanda, absteniéndose de conocer de ella y concretándose a emitir una providencia en la que se expresen los motivos por los cuales estimó que no se puede entrar al conocimiento del asunto, por faltar los presupuestos del conocimiento de mérito. Por las razones expuestas a continuación, el suscrito considera que en relación los actos reclamados, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último, a contrario sensu, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Dichos preceptos en su orden previenen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Una interpretación en sentido contrario de la referida fracción V, del artículo 107 de la Ley de la materia, conduce a la conclusión de que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos emitidos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente un derecho sustantivo particular. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, del libelo constitucional se advierte que en la especie la parte quejosa reclama la resolución de cuatro de junio de dos mil diecinueve, que resuelve el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veintitrés de abril del mismo año, (en la parte relativa a la determinación de pasar al periodo de alegatos) emitido en el Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio 1195/2014, del índice del Juzgado Tercero Mercantil de esta ciudad, en la que declaró procedente el citado recurso, a efecto de que, previo a pasar a la etapa de alegatos, se concluya con la recepción de la prueba documental ofertada por la parte codemandada, toda vez que esta solicitó girar de nueva cuenta oficio al Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, a fin de recabar la información solicitada, el cual fue negado mediante diverso auto de nueve de julio de dos mil dieciocho, determinación que se encuentra subjudice al haber sido impugnada mediante recurso de revocación. De lo anteriormente expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre dicha persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos del gobernado, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. En efecto, las consecuencias del acto reclamado no tienen una ejecución de imposible reparación, en grado predominante o superior, que objetivamente analizado amerite sujetarlo al control constitucional sin esperar a que se dicte la sentencia definitiva correspondiente, pues sólo surte efectos intraprocesales, a saber, la recepción de las pruebas ofertadas por la parte codemandada, previamente a pasar al periodo de alegatos, lo cual no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa; de ahí la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve en su contra, toda vez que en caso de que el procedimiento de donde deriva el acto reclamado se resuelva de manera favorable a los intereses de la demandante de la tutela federal, la violación de la que ahora se duele desaparecería de la realidad sin dejar huella en su esfera jurídica, y en caso contrario, sería susceptible de impugnarse a través del medio de defensa correspondiente que en su caso se promueva en contra del fallo correspondiente, o bien, a través del juicio de amparo que se haga valer en contra de la sentencia definitiva; razón por la cual, no puede establecerse que afecte en forma inmediata derechos sustantivos de la parte solicitante de garantías. De donde deviene inconcuso que el desahogo de dicho material probatorio, de ninguna forma afecta derechos sustantivos de la parte quejosa. Cobra puntual apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como la Jurisprudencia número 3a/J. 58 8/90, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo V, Primera Parte, Enero a Junio de mil novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "PRUEBAS SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis.". Sin que pase inadvertido que invoca como violación procesal el auto de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, que calificó pruebas en el juicio de origen, y no como acto reclamado en forma destacada, además de que dicho auto fue materia del diverso amparo indirecto 400/2018-IV, en el cual se desechó la demanda por la misma causal de improcedencia que se actualiza en este nuevo asunto, el cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, como el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, ni son de imposible reparación, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107 de la Ley de la materia, a contrario sensu; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo, por las consideraciones ya expuestas. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la materia, a la persona que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo, se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa mas no limitativamente, se precisa: no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada, como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Por lo expuesto y fundado, se acuerda: ÚNICO. Se desecha de plano por notoria improcedencia la demanda de amparo promovida J. Jesús Martínez Martínez y Edgar Omar Martínez Duran quienes se ostentan apoderados de la persona moral Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, por las consideraciones expuestas. Notifíquese personalmente a la parte promovente."
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