Calletana Y/O Cayetana Castro Olguin

Expediente 409/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
409/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
12/04/2022

Partes del expediente

  • Calletana Y/O Cayetana Castro Olguin

Actuaciones

  1. Principal

    (3) Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, dictado en este expediente, no fue recurrido dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó de plano la demanda de amparo promovida por...., ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que dispone que en los que se hubiese dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dé por concluido, se establece que el presente expediente, es susceptible de destrucción, y no se considera de relevancia jurídica o documental.

  2. Principal

    (4) Glósese el oficio ... signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del diverso ... e informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por ... autorizado en términos amplios de la quejosa ... contra la sentencia de veintiocho de enero del año en curso, el cual se radicó bajo el número ...; circunstancia de la cual queda enterado este Juzgado Federal.

  3. Principal

    (3) Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ., por propio derecho, contra actos que reclama del Juez Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, y otra autoridad. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número ... Decisión sobre la acción de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el juez de distrito que conozca del juicio de amparo indirecto deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia, que es acorde con el texto vigente de la Ley de Amparo, cuyos datos de localización, rubro y texto establecen. Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, esta juzgadora advierte, por lo menos un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales dispone. Los preceptos mencionados exigen para la impugnación de actos dictados en ejecución de una sentencia, que se reclame la última resolución, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta. En ese sentido, la regla específica de procedencia del juicio de amparo, contenida en la fracción IV, párrafo segundo, del artículo 107 de la Ley de Amparo, rige porque las resoluciones dictadas dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no son la última, tienen como apoyo la existencia de una resolución que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse; así, mientras no se dicte la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados en ese procedimiento, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución. El propio numeral en cita, a diferencia de lo que sucedía con la Ley de Amparo abrogada, establece qué debe entenderse por última resolución, esto es, (i) aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, (ii) la que ordena el archivo definitivo del expediente o (iii), en caso de procedimientos de remate, la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y bienes rematados; puntos en que el legislador recogió las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuestas en la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son. Lo anterior es reflejo de la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, pues establece como regla general la procedencia del juicio de derechos fundamentales únicamente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de una sentencia ejecutoriada. Ahora, la parte quejosa reclama el auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ... Cabe destacar que, acorde a los antecedentes expuestos por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, en su escrito de demanda, se advierte lo siguiente: El tres de marzo de dos mil catorce, los licenciados . endosatarios en procuración de . ejercitaron en la vía ejecutiva mercantil la acción cambiaria directa, demandado a la aquí quejosa, en su carácter de deudor principal, dentro del juicio ejecutivo mercantil, bajo el número de expediente ... El siete de mayo de dos mil catorce, se emplazó a la promovente y se le embargó un bien de su propiedad, dando contestación a la demanda incoada en su contra el diecinueve de mayo de dos mil catorce, por lo que, el trece de junio del mismo año, se dictó auto admisorio de pruebas, y en diverso de veintidós de agosto del indicado año, se abrió el periodo de alegatos, asimismo, el veinte de octubre de ese mismo año, se dictó sentencia definitiva, donde se resolvió la procedencia de la acción incoada en contra de la quejosa, en consecuencia, fue condenada al pago de la cantidad de . más accesorios legales, no obstante, al no haber realizado el pago de la cantidad aludida, se procedió a la ejecución de la sentencia definitiva. El veintinueve de junio de dos mil quince, la parte actora, cedió los derechos del juicio de origen, a favor del licenciado ., quién a su vez cedió tales derechos a favor de ... El ocho de diciembre de dos mil quince, se emitió el avaluó del bien embargado, verificándose la primera almoneda de remate en la que el acreedor al no haber postores, solicitó que se le adjudicara el bien embargado, por lo que el nueve de junio de dos mil diecisiete, se aprobó dicho remate, y en consecuencia el juez natural ordenó remitir los autos a la Notaría Pública, para protocolizar el remate aprobado a favor de ... El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, ante la oposición de la quejosa de hacer entrega del bien adjudicado a favor del acreedor ., el juez natural hizo efectivo el apercibimiento decretado en el punto II del auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, y autorizó el auxilio de la fuerza pública, así como el rompimiento de chapas y cerraduras en caso de ser necesario, por lo que el veintiséis de agosto del ese mismo año, el Actuario adscrito al Juzgado Civil y Familiar de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo y la parte actora, comparecieron en el domicilio de la demanda a fin de practicar la citada diligencia, ante ello, la parte quejosa manifestó su intención de pagar la suerte principal más intereses, solicitando se le concedieran ocho días para ello, por lo que, el tres de septiembre de dos mil veintiuno, la promovente consignó ante el juzgador la cantidad de . por concepto de suerte principal más intereses moratorios. Así, el veintidós de febrero del año en curso, ante la oposición de la promovente para hacer entrega del bien adjudicado a la parte actora, el Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, decretó el lanzamiento forzoso autorizando el auxilio de la fuerza pública, así como el rompimiento de chapas y cerraduras en caso de ser necesario. Lo anterior, constituye confesión expresa que hace prueba plena en su contra, conforme al dispositivo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo expuesto válidamente se concluye que la determinación reclamada fue pronunciada en el procedimiento de ejecución de sentencia y que no implica el cierre de la etapa ejecutiva del proceso, sino que guarda relación con el procedimiento de ejecución, pues como se advierte no se trata de la última resolución en dicha etapa procesal. De ahí que se insiste, que la determinación que se impugna en la demanda de amparo, no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución, al resultar evidente que ésta no es aquella a que hace referencia el segundo párrafo, de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues de manera alguna se está reconociendo el cumplimiento total de lo sentenciado o declarando la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordenando el archivo definitivo del expediente. No inadvierte la suscrita la tesis siguiente. En la que se determinó que dada la amplitud de la norma contenida en la fracción IV del artículo 114 de la anterior Ley de Amparo (ahora 107, fracción IV), existe la posibilidad de que las partes impugnen actos dictados en ejecución de sentencia, exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Sin embargo, el auto de veintidós de febrero del año en curso, reclamado en este juicio constitucional únicamente constituiría una resolución intraprocesal que no causa agravio por sí misma, ni puede considerarse de imposible reparación, al no afectar de manera inmediata los derechos sustantivos de la parte promovente. Máxime que no es ajena a la sentencia que se encuentra en etapa de ejecución. En esas condiciones, será hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución, cuando proceda el amparo indirecto, en el cual la parte solicitante del amparo podrá impugnar las violaciones procesales que estime procedentes. Sobre todo, porque los quejosos no son terceros extraños al juicio natural en forma alguna. Sustenta lo anterior los precedentes siguientes. Además, debe decirse que aun cuando surjan actos en la etapa de juicio concluido, muchos de ellos son inocuos para los intereses de la parte quejosa, como sucede en el caso, en tanto que su contenido no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada, ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis siguiente. En consecuencia, de conformidad con los artículos 61, fracción XIII, en relación con el 107, fracción IV, este último en sentido contrario, así como 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de derechos fundamentes, por ser notoria y manifiesta su improcedencia. Finalmente se citan las tesis jurisprudenciales cuyos datos de localización, rubro y texto son. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: ... a. Domicilio y Autorizado(s). Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda y por autorizadas en los mismos términos a las personas que refiere. V. Se hace extensivo a las partes el contenido del artículo 12 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19. Se hace saber a las partes que de conformidad con el artículo 12 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, en este edificio sede se encuentra habilitada la Oficialía de Partes Común ("OPC"), para la recepción de promociones presentadas físicamente, la cual conforme a la CIRCULAR: DGGJ/3/2022, de catorce de febrero de dos mil veintidós, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, operará de lunes a viernes de 8:00 a.m. a las 03:00 p.m., con excepción de los días inhábiles. En la inteligencia que dicha Oficialía -por lo que hace a este Juzgado de Distrito- prestará servicios de las 8:00 a las 15:00, exclusivamente, ello en atención a que de conformidad con el ANEXO 1, relativo a la Asignación de turno y horario escalonado para el trabajo presencial en los órganos jurisdiccionales, de conformidad con el artículo 15 del ACUERDO GENERAL 25/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMÓ EL SIMILAR 21/2020, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19 CON RELACIÓN AL PERIODO DE VIGENCIA, este juzgado cubrirá un horario matutino, con hora de entrada 8:30 y hora de salida será a las 14:30. Así, con base en el numeral citado, la persona actuante y encargada de la recepción de las promociones que, conforme a la normatividad aplicable deban presentarse ante la oficialía de partes de cada órgano jurisdiccional, hasta en tanto se concluya el turno de la Oficialía de Partes Común ("OPC"), procederá a entregar la totalidad de las promociones correspondientes a una persona que acuda por cada uno de los órganos jurisdiccionales atendidos por la misma. Esto es, no obstante la hora en que se realice la entrega física de las promociones presentadas por cualquiera de las partes ante dicha Oficialía, será hasta después de las 14:00 horas de ese día cuando serán remitidas a este Juzgado de Distrito, motivo por el cual las mismas no podrán ser observadas físicamente en el día de su presentación, menos aún podrán ser atendidas en las horas programadas en las audiencias programadas. Lo que se insiste, se hace del conocimiento de las partes a fin de que presenten con la debida oportunidad -y tomando en consideración lo ya expuesto-, toda clase de promociones (informes, alegatos o pruebas); esto es, el día anterior al señalado para la celebración de la audiencia respectiva. VI. Exhortación a que hace alusión el artículo 22 del citado ACUERDO GENERAL 21/2020, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VII. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/20 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán genera citas, a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que le hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. VIII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. IX. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.

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