Calletana Mendoza Antunez

Expediente 206/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
206/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
08/04/2021

Partes del expediente

  • Calletana Mendoza Antunez

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de abril de dos mil veintiuno. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 08/abril/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de abril de dos mil veintiuno. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Recepción de testimonio. Agréguense a los autos el oficio y anexos enviados por el secretario de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en la revisión administrativa 124/2020, de la cual se advierte que por una parte desechó el recurso de revisión interpuesto por Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y por otra, en la materia de revisión revocó la sentencia recurrida, para efecto de sobreseer en el presente juicio. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado, relativo a juicios de amparo y provéase lo conducente en el cuaderno de suspensión. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destruyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 18/MARZO/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. 1. Radicación. Visto el oficio y anexo de cuenta, consistente en la ampliación de demanda 800/2020 de nuestro índice, promovida por Calletana Mendoza Antúnez, en contra del jefe de Oficina Siglo XXI, Banorte, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente, regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo a "Registro de Juicios de Amparo". 2. Desechamiento. Vista la demanda presentada por Calletana Mendoza Antúnez, en contra del acto que reclama del jefe de Oficina Siglo XXI, Banorte, con residencia en esta ciudad, se advierte que es improcedente y, por ello, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, deberá desecharse de plano. Del estudio integral de la demanda de amparo este juzgador advierte que se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la ley en cita, interpretados a contrario sensu, cuyo texto disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra la autoridad que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, cuyos efectos son de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, se establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por el contrario, no le reviste el carácter de autoridad aquellos particulares que no reúnen las características o no realizan actos equivalentes a esa naturaleza propia del Estado. Al caso tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J.164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora, del estudio íntegro del escrito de demanda se advierte que se señala como autoridad responsable a la jefa, o encargada, de Oficina Siglo XXI, Banorte, con residencia en esta ciudad, reclamándole una cuestión atinente a la omisión de dar respuesta al mensaje de la promovente enviado vía "WhatsApp" al dispositivo de comunicación móvil de dicha particular; añadiendo que su petición por escrito tiene como destino final la moral Afore Siglo XXI, Banorte, y al ser esta jefa o encargada omisa en dar respuesta fundada y motivada, está realizando un acto equivalente a autoridad que le afecta su derecho de petición consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debe colegirse que dicho acto no es equivalente a los de una autoridad, pues además de haberse realizado en un plano de igualdad (es decir, entre particulares o gobernados), se trata de una relación de coordinación y no de supra a subordinación, en el intercambio de diálogos, o de información como lo trata hacer valer la promovente; además, con el actuar negativo de la supuesta encargada de Oficina Siglo XXI, Banorte, no se crean, modifican o extinguen de manera unilateral, situaciones que afecten la esfera legal de la sediciente quejosa, dado que su realización consiste en que la particular "responsable" no creó replica al mensaje que Calletana Mendoza Antúnez envió vía "WhatsApp" al dispositivo de comunicación móvil de aquella, descartándose así que dicha persona se rija de acuerdo con disposiciones de carácter general, a fin de poder equipararse a una autoridad, propiamente dicha; tampoco es imperativo el reseñado acto reclamado, porque no es coercitivo, habida cuenta que, aun cuando es inminente que la particular fue omisa en dar una respuesta fundada y motivada, su realización obedece a un actuar privado, y no de una función en interés público o en calidad de órgano del Estado, lo que significa que carece de imperio. Por tanto, es inconcuso que tanto la particular como el acto que por esta vía reclama la peticionaria del amparo no reúnen las características ni la naturaleza para ser equivalentes a los de una autoridad de Estado. Al respecto, es aplicable, por las razones que la contienen, la tesis XVI.1o.A.22K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, que dispone: "ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. De ahí que para considerar que el acto realizado por un particular equivale al de una autoridad y, por ende, es reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. Además, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable." En esas condiciones, es evidente la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, interpretados a contrario sensu, conforme a lo estatuido en el diverso numeral 113 de la propia ley, procede desechar la demanda de amparo. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición del justiciable para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 4. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a la promovente para que proporcione dirección de correo electrónico y número telefónico. 5. Autorizados legales y domicilio. Como hecho notorio, en atención al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se trae a la vista el domicilio y autorizados que señaló la parte quejosa en su escrito inicial de demanda dentro del diverso juicio de amparo 800/2020, del índice de este juzgado. Por consiguiente, como señaló en el delatado juicio de amparo, se autoriza a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. Asimismo, téngase a la parte promovente señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. 6. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos. 7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 8. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal1, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 9. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 10. Exhortación. Se exhorta a la parte promovente para que transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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