Calixto Vera Márquez
Expediente 662/2014 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2014.
Datos del expediente
- Expediente
- 662/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/08/2014
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Calixto Vera Márquez
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
AGRÉGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DECLARO SU LEGAL INCOMPETENCIA, PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA, EN CONSECUENCIA; SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. AHORA BIEN, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR RESOLUCIÓN DICTADA POR ESTE ORGANO COLEGIADO, REMITASE AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCION DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDOLE EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE, EN SU MOMENTO PROCESAL, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZÓN ACTUARIAL DE FECHA UNO DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, LA RESOLUCIÓN DE FECHA NUEVE DE JULIO DE DOS MIL CATORCE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Pachuca de Soto, Hidalgo, nueve de julio de dos mil catorce. Visto el oficio 1871/2014, del Presidente de la Primera Sala Penal Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes bajo el número 3674/2014, mediante el cual remite en original con tres copias el escrito demanda de amparo, promovida por ***; oficio 1872, suscrito por el Presidente de la citada Sala; y, toca penal 643/2013; fórmese expediente, regístrese y acúsese recibo. Ahora bien, no obstante lo referido por el quejoso, de la lectura de la demanda tomada como un todo y de las constancias recibidas, se advierte que en la especie el acto reclamado se hace consistir en el auto de plazo constitucional de diez de julio de dos mil trece emitido en el toca penal 643/2013, de los registros de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo; precisado lo anterior, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima carecer de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el solicitante de amparo ***, señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "3.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- La primera Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo. 4.- ACTO RECLAMADO.- .reclamo la Ejecutoria dictada el día 10 diez de julio de 2013 dos mil trece en la toca de apelación numero 971/2013 (sic), Ejecutoria por la cual se MODIFICO el plazo Constitucional dictado el 4 de marzo de dos mil trece dictada en primera instancia, Y AHORA CON FECHA DIEZ DE JULIO DE DOS MIL TRECE LA PRIMERA SALA PENAL MODIFICA EL NUEVO AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL Y DECRETO AUTO DE FORMAL PRISION EN CONTRA DE *** (sic), COMO PROBABLE RESPONSABLE DEL DELITO DE DESPOJO AGRAVIADO COMETIDO EN AGRAVIO DE ***". De las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas al oficio de cuenta y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el diez de agosto de dos mil doce, el Juez Cuarto Penal de Pachuca, Hidalgo, en la causa penal 42/2012, dictó auto de plazo constitucional, emitido en cumplimiento a la sentencia emitida en el toca penal 611/2012, de los registros de la Primera Sala Penal el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, por considerar a ***, como probable responsable del delito de despojo agravado cometido en contra de ***. Inconforme con dicha resolución, ***, promovió amparo indirecto, tocando conocer del asunto al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, mismo que al resolver el juicio de amparo indirecto 1407/2013-4, en fecha dos de diciembre de dos mil doce, determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada, para el efecto de que se dictará un nuevo auto de plazo constitucional; acto continuo, el A-quo, dicto un nuevo auto de plazo constitucional el uno de marzo de dos mil trece, y contra esta última resolución, la Agente del Ministerio Público, adscrita a dicho juzgado, promovió apelación, a lo que recayó la resolución materia del presente asunto, es decir, la emitida el diez de julio de dos mil trece, dentro del toca penal 643/2013, del índice de la citada Sala, por la cual se determinó modificar el plazo constitucional dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para así dictarse auto de formal prisión en contra del aquí quejoso ***, como probable responsable del delito de Despojo Agravado, cometido en agravio de ***. Así, contra la referida resolución, el quejoso, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República; 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170, de la ley de la materia, dispone: ". El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.". En ese orden de ideas, se deduce que la resolución de diez de julio de dos mil trece, dictada por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en el toca penal 643/2013, en la que se dictó auto de formal prisión en contra del aquí quejoso ***, como probable responsable del delito de Despojo Agravado, cometido en agravio de ***, no puede ser considerada como sentencia definitiva para la procedencia del juicio de amparo directo, ya que si bien es cierto, esta no admite recurso ordinario alguno por la que se pudiera modificar o revocar, también lo es que no resuelve el juicio en lo principal, ni lo da por concluido, tal y como se aprecia de la lectura de los documentos remitidos por la autoridad responsable. De ahí que si el acto reclamado no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170, de la Ley Reglamentaria vigente de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que debe conocer y resolver lo que en derecho proceda un Juez de Distrito, por carecer este tribunal federal de competencia legal para el conocimiento de dicho asunto en la vía directa; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Ilustra lo antes expuesto, el criterio que este tribunal comparte, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 619, Tomo XIV, Julio de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO "CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA RESOLUCION "DE UN RECURSO DE APELACION CONTRA AUTO DE "FORMAL PRISION. El Tribunal Colegiado carece de "competencia legal para conocer de la demanda de garantías "cuando el acto reclamado es el fallo que, resolviendo un "recurso de apelación interpuesto en contra del auto de "formal prisión decretado al quejoso en un proceso, lo "confirma, de modo que el mismo debe continuar su curso "legal hasta sentencia, la que sí resolverá el asunto en lo "principal; luego en términos de lo dispuesto por el artículo "47, último párrafo de la Ley de Amparo procede remitir la "demanda de amparo y sus anexos al juez de Distrito en "turno." Asimismo, al respecto, es aplicable la tesis jurisprudencial por contradicción de tesis 16/2003, sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.- De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías.". Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que en términos de su artículo cuarto transitorio derogó los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, en concordancia con lo preceptuado en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1°, 3°, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.
- Juicio de Amparo Directo
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