Calixto Ortíz Rodríguez

Expediente 695/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
695/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
28/10/2016

Partes del expediente

  • Enrique Ortíz Mauricio
  • Calixto Ortíz Rodríguez
  • Ejecutores adscritos al Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia de Toluca, México
  • Dorotea Yolanda Andoney Mauricio Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la nueva Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas hubiesen recurrido la resolución emitida en el presente asunto, por la que se negó el amparo en el presente asunto; en consecuencia; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar.En ese tenor, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido.Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto:a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica.b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se negó el amparo solicitado.En ese sentido, transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva.Asimismo, pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales se encuentran debidamente digitalizadas.En el Libro de Gobierno háganse las anotaciones pertinentes, así como en el Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.Por otra parte, devuélvanse las constancias que remitió el Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México.Notifíquese.Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6258/2016, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Yamín Dávalos Rosas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 695/2016, promovido por Dorotea Yolanda Andoney Mauricio Martínez, Calixto Ortiz Rodríguez y Enrique Ortiz Mauricio, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veinte de abril de dos mil dieciséis en la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia de Toluca, México, Dorotea Yolanda Andoney Mauricio Martínez, Calixto Ortiz Rodríguez y Enrique Ortiz Mauricio, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: Autoridades Responsables. "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- --- A.- SEÑALAMOS COMO ORDENADORAS: --- 1.- LO ES EL H. JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TOLUCA, MÉXICO. --- B.- Y SEÑALAMOS COMO EJECUTORAS: --- 1.- A LOS C.C. EJECUTORES ADSCRITOS AL H. JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TOLUCA, MÉXICO." Acto Reclamado. "IV.- ACTO RECLAMADO. --- A.- DE LA AUTORIDAD INDICADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA RECLAMAMOS LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA EMITIDA EN FECHA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, RELATIVA AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 654/2012, QUE CONCULCA NUESTROS DERECHOS FUNDAMENTALES, Y RESPECTO DE LA CUAL NO PROCEDE RECURSO ORDINARIO POR EL CUAL PUEDA SER MODIFICADA O REVOCADA. --- B.- DE LA INDICADA COMO RESPONSABLE EJECUTORA RECLAMAMOS EL CUMPLIMIENTO QUE LE DEN EN VÍA DE EJECUCIÓN, A LA CITADA SENTENCIA INTERLOCUTORIA." SEGUNDO. Los demandantes de derechos fundamentales señalaron como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. En principio y por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien mediante auto de presidencia de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto. En auto de dieciséis de mayo siguiente, se declaró firme la determinación anterior, por lo que se ordenó remitir la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México en turno. CUARTO. El conocimiento de la demanda correspondió, por turno, a este Juzgado de Distrito, cuyo titular mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis (fojas 45 a 47), aceptó la competencia, y previno a los promoventes. Desahogado el requerimiento, por auto de cinco de julio se admitió a trámite la demanda, solicitándose el informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, por lo que previos diferimientos, fue celebrada la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción IV de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado se atribuye a autoridades que tienen su residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial del juzgado. II. Fijación del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, tal como lo prevé el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo; para tal efecto, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a tomar en consideración todos los datos que emanen de la demanda de garantías, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, en atención al pensamiento e intencionalidad de su autor y así, descartar las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgado de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra la congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal contexto, de la atenta lectura de la demanda de amparo y de los informes justificados se obtiene que la parte quejosa reclama: - La sentencia interlocutoria de treinta de marzo de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 654/2012, que resuelve el incidente de liquidación de intereses. Es aplicable la jurisprudencia número 19, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyo epígrafe y sinopsis dicen: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Asimismo, sirve sustento la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." III. Certeza del acto reclamado. En toda sentencia de amparo debe analizarse y resolverse respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se estudiarán las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, en caso de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior, pues de no ser ciertos los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, se torna imposible legalmente analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. Se cita en lo conducente, la jurisprudencia 10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." El Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia de Toluca, México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama, y como soporte de su informe remitió copia certificada del expediente 654/2012, que corresponde al juicio ejecutivo mercantil seguido por Financiera Rural, por conducto de sus apoderadas, en contra de los hoy quejosos; constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 136, Tomo XIV, Septiembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS. TIENEN VALOR DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, AUNQUE NO SE CONTENGA EN LA CERTIFICACIÓN EL PROVEÍDO QUE ORDENÓ SU EXPEDICIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA, GUERRERO Y DISTRITO FEDERAL). Las copias fotostáticas certificadas por los secretarios de acuerdos, tienen valor como documentos públicos, aun cuando carezcan de los datos de la resolución o decreto mediante el cual se ordenó su expedición, pues es facultad de los secretarios de Acuerdos de los juzgados de primera instancia expedir las copias autorizadas que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de decreto o resolución judicial; de lo que se sigue que la expedición de dichas copias deriva de un mandato judicial, salvo prueba en contrario." Por otra parte, no obstante la denominación indicada por la parte quejosa, el Director de la Central de Ejecutores y Notificadores de Toluca, México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (foja 6); por ende, se determina su certeza. Se estima aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." IV. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, las causas de improcedencia se analizan de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo o en caso de que las partes invoquen alguna de las establecidas en el numeral 61 de la Ley de la materia. En el caso, las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna, y dado que este órgano jurisdiccional no advierte de oficio que se actualice alguna, resulta procedente ocuparse del estudio de la litis constitucional planteada, sin que sea obligación analizar todas las causas de improcedencia previstas por el precepto 61 de la Ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60, Tomo VII, Junio de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." V. Estudio de los conceptos de violación. En principio debe señalarse que la falta de transcripción de los motivo de disenso expresados no transgrede las normas legales que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, en términos de la jurisprudencia VI.2o.J./129, publicada en la página quinientos noventa y nueve, del Tomo VII Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.- El hecho de que el juez federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción, además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar en su caso, la ilegalidad de la misma.". Los conceptos de violación que expone la parte quejosa resultan parcialmente fundados pero inoperantes por una parte, e infundados en otra, por las razones que a continuación se exponen: Previo a constatar el aserto anterior, y para mejor comprensión del asunto, es necesario relacionar los siguientes antecedentes: Mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil doce, la entonces Financiera Rural, Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, Sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hoy Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, por conducto de sus apoderadas Silvia Osorio Ávalos y Vania Karina Jiménez Hernández, en la vía ejecutiva mercantil, demandaron de Enrique Ortiz Mauricio, Calixto Ortiz Rodríguez y Dorotea Yolanda Andoney Mauricio Martínez, hoy quejosos, el pago de diversas prestaciones derivadas del Contrato de Apertura de Crédito de Habilitación o Avío Multiciclo número 103600006880000. El conocimiento del asunto correspondió, por razón de turno, al entonces Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia de Toluca, hoy Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México; por lo cual mediante auto de nueve de noviembre de dos mil doce, admitió a trámite la demanda, dictando auto con efectos de mandamiento en forma, ordenándose emplazar a la parte demandada para que la contestara en el plazo de ocho días. Seguida la secuela procesal, el trece de septiembre de dos mil trece, se dictó sentencia definitiva, condenándose a los enjuiciados al pago de la suerte principal, intereses ordinarios y moratorios, así como al pago de costas. En auto de veintinueve de octubre de dos mil trece, se determinó que la sentencia definitiva había causado ejecutoria. Mediante escrito de uno de marzo de dos mil dieciséis, la parte actora en el juicio de origen, por conducto de su apoderada, promovió incidente de liquidación de intereses moratorios, el cual fue admitido en auto de diez de marzo siguiente. Seguido el trámite de la incidencia de mérito, mediante sentencia interlocutoria de treinta de marzo del año en curso, se resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Se aprueba la planilla de actualización de intereses moratorios por la cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS TREINTA Y CUATRO CENTAVOS por concepto de intereses moratorios generados del dieciséis de enero de dos mil catorce hasta el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. --- SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE." La resolución anterior constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Ahora, la parte quejosa en su primer concepto de violación básicamente refiere que la sentencia interlocutoria recurrida infringe sus derechos fundamentales debido a que el pago de intereses moratorios pactados a razón del 1.5 (uno punto cinco) veces el monto de intereses ordinarios, calculados conforme a la formula aritmética prevista en la cláusula décima del pacto volitivo accionario es excesiva, considerando que el párrafo primero del artículo 362 del Código de Comercio, establece el interés moratorio al seis por ciento anual; ya que el pacto de intereses no es ilimitado, pues tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad del otro, un interés excesivo derivado de una obligación. Indica que la usura se configura por la existencia de un interés excesivo en un préstamo, entretanto, la explotación del hombre por el hombre consiste en que un ser humano o una persona jurídica, utilice en provecho propio y de forma abusiva la propiedad de otro ser humano, por lo cual cita como apoyo de sus argumentos la jurisprudencia del rubro: "PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a)].". Dice que la usura constituye la estipulación de intereses excesivos o desproporcionales que establecen una ventaja patrimonial en favor del acreedor por el cobro de un interés superior a las tasas máximas de intereses permitidas; por lo que si la responsable emitió el acto reclamado a razón de 1.5 (uno punto cinco) veces el monto de intereses ordinarios diarios, que se calcularán multiplicando el saldo insoluto del crédito otorgado por la tasa de interés anual del 15.40% (quince punto cuarenta por ciento), cuyo resultado se divide entre 360 días, según la formula aritmética prevista en la cláusula décima del contrato base de la acción, ello es notoriamente excesivo y usurario, pues mediante tal pacto de intereses, la parte actora estaría obteniendo en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de los quejosos, un interés derivado de un préstamo de avío. Revela que la tasa de interés anual más alta para un crédito cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, a la fecha de la mora es menos del 10% (diez por ciento) anual; y las más baja de 7% (siete por ciento) anual, para los pequeños productores del campo; mientras que un 6.5% (seis punto cinco por ciento) anual para los pequeños productores del campo que sean del sexo femenino, datos que son hechos notorios en la página oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de la reforma financiera promulgada en fecha nueve de enero de dos mil catorce. Aduce que en el caso, se debe aplicar prudencialmente la tasa más baja que es del 6.5% (seis punto cinco por ciento) anual para el año dos mil dieciséis, tasa que serviría para determinar la del año dos mil quince, y la del año dos mil catorce; argumentos que apoya en la tesis del rubro: "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERÉS PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.". Alega que la autoridad responsable al emitir la sentencia reclamada resuelve en base a la tasa de interés moratoria pactada en el contrato base de la acción, que es del 15.4% (quince punto cuatro por ciento) anual, sin considerar que antes de la emisión de la interlocutoria ya había sido promulgada la reforma financiera que contempla la tasa de interés de menos del 10% (diez por ciento) anual, la cual es inferior a la pactada. Los anteriores motivos de disertación aunque parcialmente fundados, devienen inoperantes. Para constatar lo anterior, se debe considerar que de las constancias que integran el juicio de origen de donde emerge el acto reclamado, con valor probatorio pleno conforme a los numerales conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se advierte que: el trece de septiembre de dos mil trece, se dictó sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil, expediente número 654/2012, del índice del Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, seguido por Financiera Rural, Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, Sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hoy Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, por conducto de sus apoderadas Silvia Osorio Ávalos y Vania Karina Jiménez Hernández, en contra de Enrique Ortiz Mauricio, Calixto Ortiz Rodríguez y Dorotea Yolanda Andoney Mauricio Martínez, hoy quejosos; sentencia en la que se condenó a dichos enjuiciados a pagar, entre otras prestaciones, los intereses moratorios en los términos siguientes: ".También se les condena al pago de la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS VEINTIUN CENTAVOS por concepto de intereses ordinarios devengados y vencidos que corresponden al periodo de vigencia del crédito y hasta el dieciocho de septiembre de dos mil doce, fecha en que se emitió el estado de cuenta certificado, intereses ordinarios que la parte demandada deberá pagar hasta el día en que haga el pago total de la suerte principal, por haberse pactado así en la cláusula octava del contrato, en la que se precisó que a partir de la fecha en que se efectúe la ministración se causarían tales intereses, conforme a una tasa fija de 15.40%, lo que también se aprecia del contenido del pagaré exhibido de cuyo contenido se advierte que el monto de intereses ordinarios fue precisamente el señalado, por tanto, conforme a ese monto se hizo la liquidación de intereses ordinarios, como se aprecia del estado de cuenta. Y se condena a la parte demandada al pago de OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS DIEZ CENTAVOS por concepto de intereses moratorios, por haberse pactado así en la cláusula décima, a razón de 1.5 veces el monto de intereses ordinarios, a partir de que se incurrió en mora, que fue a partir del mes de agosto de dos mil doce, al mes de septiembre de ese año; operaciones que también se evidencian del estado de cuenta; y sobre este concepto, se condena a pagar a la parte demandada los intereses moratorios que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo." En auto de veintinueve de octubre de dos mil trece, se determinó que la sentencia definitiva había causado ejecutoria. Mediante escrito de uno de marzo de dos mil dieciséis, la parte actora en el juicio de origen, por conducto de su apoderada, promovió incidente de liquidación de intereses moratorios, el cual fue admitido en auto de diez de marzo siguiente. Seguido el trámite de la incidencia de mérito, mediante sentencia interlocutoria de treinta de marzo del año en curso, fue aprobada la planilla de actualización de intereses moratorios. Las anteriores actuaciones demuestran que en la sentencia definitiva de origen existe un pronunciamiento firme en cuanto a condenar a la parte enjuiciada al pago de intereses moratorios, donde quedó establecido el porcentaje por tal concepto y la forma para su cálculo; por tanto, las partes deben sujetarse a esa decisión, que constituye cosa juzgada. En efecto, en la sentencia definitiva de trece de septiembre de dos mil trece, en el resolutivo segundo, se determinó condenar a la parte demandada Enrique Ortiz Mauricio, Calixto Ortiz Rodríguez y Dorotea Yolanda Andoney Mauricio Martínez, a pagar a la actora, los intereses ordinarios y moratorios precisados en la parte final del considerando primero de dicha sentencia (transcrita con antelación). Al respecto, los artículos 17 y 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las leyes federales y locales dispondrán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Esos preceptos instituyen la cosa juzgada como resultado de un juicio concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse; privilegia el derecho y garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del citado artículo 17 Constitucional, dotando a las partes en litigio, de seguridad y certeza jurídica. La naturaleza trascendental de esa institución radica en que no sólo recoge el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. Por eso la cosa juzgada es uno de los principios esenciales del derecho a la seguridad jurídica, pues el sometimiento a sus consecuencias es base esencial de un Estado de derecho, donde la justicia debe ser impartida. Al respecto, el artículo 25, numerales 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone: "Artículo 25. Protección Judicial.- 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.- 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." El precepto en cita prevé la figura jurídica de la cosa juzgada, la cual prevalece en todo fallo, pues su finalidad consiste en que exista certeza respecto de las cuestiones resueltas en los litigios, mediante la invariabilidad de lo fallado en una sentencia ejecutoria, y que se garantice el cumplimiento por las autoridades competentes, de toda decisión judicial, lo cual constituye un derecho humano, consistente en la seguridad jurídica protegido por la Constitución y por la referida Convención Americana, cuenta habida que los órganos jurisdiccionales nacionales se encuentran obligados a observar los diversos principios constitucionales y legales, entre los cuales se encuentra la cosa juzgada. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 772, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época que dice: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Conforme a lo expuesto no es legalmente procedente que en el "incidente de liquidación de intereses moratorios", se analice lo relativo a la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad de dichos intereses (como incorrectamente pretende la parte quejosa), ya que en el fallo definitivo emitido en el juicio de origen quedaron precisadas las bases para la cuantificación del pago de los intereses por parte de los demandados; decisión que resulta inalterable. De esa manera, lo determinado en las jurisprudencias 1ª./J. 46/2014 y 1ª./J. 47/2014, ambas emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas 400 y 402 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de los rubros: "PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]", y "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.", no tienen los alcances de constreñir en el presente caso a que se emprenda, de oficio, el análisis de los intereses moratorios, y en caso de resultar notoria su usura, reducirlos prudencialmente, como incorrectamente pretende la parte quejosa, pues ya se emitió sentencia definitiva en el procedimiento natural que causó ejecutoria, estableciéndose ahí el porcentaje de intereses moratorios a pagar, y la forma en que se calcularían. Ahora, tampoco es procedente aplicar al caso en estudio las jurisprudencias referidas, porque en la ejecutoria emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 350/2013 (entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito), donde se establecieron las jurisprudencias referidas, se determinó que el estudio en cuanto a si los intereses son usurarios, debe emprenderse al emitirse la sentencia que resuelva el fondo del asunto, no así en la fase de ejecución de sentencia; ello porque la citada Primera Sala estableció que corresponderá al juzgador que conozca de la litis relacionada con el reclamo del pago de los intereses pactados, la atribución de acoger de oficio que la condena a la tasa pactada no sea usuraria, pero sólo si mediante su aplicación, y acorde con las circunstancias particulares y propias del caso concreto controvertido y de los elementos que obren en autos, no provoque que una parte obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, esto es, un interés excesivo derivado de un préstamo. De consiguiente, el ejercicio judicial de oficio que se consideró procedente efectuar en cuanto a los intereses, debe realizarlo el juzgador al resolver en definitiva el asunto, pues para ello tiene que valorar las constancias de autos, y conforme al resultado del proceso el juzgador tomará una decisión a la luz de lo expuesto por las partes. Así, la eventual decisión de oficio respecto al carácter usurario del interés, sólo deriva de los mismos elementos que las partes aportaron al juicio en ejercicio de la garantía de audiencia. Cabe señalar que los incidentes de liquidación tienen como fin primordial precisar la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles relativos a esas prestaciones que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para su cumplimiento y ejecución, sin que sea válido modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues actuar de ese modo violaría los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, y el de congruencia, además de hacer nugatorias instituciones procesales básicas como la de la cosa juzgada. En otro aspecto, en el segundo de sus conceptos de violación, los quejosos hacen referencia al control de convencionalidad, al principio pro persona o prohomine, y a la interpretación conforme; y de acuerdo a ello, señalan que se debe efectuar un control de convencionalidad, determinando qué tipo de norma es la que subyace de la cláusula en que se prevé el derecho humano de salvaguardar y realizar el mismo paso respecto de la norma o normas que se prevén en el derecho real. Señalan que la norma supranacional prohíbe la usura y las leyes domésticas permiten la estipulación de intereses excesivos al no establecer limitante al respecto, por lo que el presente asunto debe ser resuelto bajo la aplicación del instrumento internacional en materia de derechos humanos (Convención Americana de Derechos Humanos), para inaplicar las normas que lo colisionan. Lo anterior es infundado. Es de sostener lo anterior, dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de las jurisprudencias 1ª./J. 46/2014 y 1ª./J. 47/2014, llevó a cabo el control de convencionalidad que refieren los quejosos, determinando que para el caso de que el interés pactado en un pagaré, genere convicción de que es notoriamente excesivo y usurario, acorde a las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, el órgano jurisdiccional debe proceder de oficio para inhibir esa condición usuraria apartándose del contenido del interés pactado y fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudente que no resulte excesiva. No obstante lo anterior, como ya se estableció con antelación, en el presente caso no es procedente que se emprenda, de oficio, el análisis de los intereses moratorios, y en caso de resultar notoria su usura, reducirlos prudencialmente, pues ya se emitió sentencia definitiva en el procedimiento natural que causó ejecutoria, estableciéndose ahí el porcentaje de intereses moratorios a pagar, y la forma en que se calcularían; habida cuenta que dicho control de convencionalidad -relacionado con el tema de la intereses usurarios- solo podría efectuarse el emitir la sentencia que resuelva el fondo del asunto, no así en la fase de ejecución de sentencia, ello porque la citada Primera Sala estableció que corresponderá al juzgador que conozca de la litis relacionada con el reclamo del pago de los intereses pactados, la atribución de acoger de oficio que la condena a la tasa pactada no sea usuraria, pero sólo si mediante su aplicación, y acorde con las circunstancias particulares y propias del caso concreto controvertido y de los elementos que obren en autos. De consiguiente, la institución jurídica de la cosa juzgada no puede considerarse inconvencional, dado que lejos de producir una afectación a algún derecho humano, privilegia el derecho de acceso a la justicia previsto en el segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, dotando a las partes en conflicto, de seguridad y certeza jurídica, derecho humano que también es protegido por la Constitución Federal y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 25, numerales 1 y 2. Ahora, es de precisar que el principio pro persona se encuentra previsto en el artículo 1º constitucional, en los siguientes términos: "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia." Principio que permite interpretar las normas relativas a derechos humanos, pues busca maximizar la vigencia y respeto de tales derechos. En esa medida, tiene lugar ante la disyuntiva de elegir entre dos o más normas a aplicar, o entre dos o más posibles interpretaciones de una misma norma, para elegir la que favorezca más ampliamente o en mejor medida los mencionados derechos, e inversamente, acudir a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, tal y como la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó en la tesis aislada 1a. XXVI/2012 (10a.), visible en la página 659, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro." Ahora bien, es cierto que la aplicación del principio pro persona resulta oficioso, pero cuando el juez o el tribunal consideren necesario acudir a ese criterio interpretativo para resolver los casos puestos a su consideración, pues es factible que las partes soliciten su aplicación, bien porque el principio debe ser aplicado al caso concreto, o porque la autoridad lo omitió En relación con lo anterior, debe decirse que nuestro Máximo Tribunal ha sentado el criterio relativo a que si bien la reforma al artículo 1o. de nuestra Constitución significó un cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona y al orden constitucional, el principio pro persona o pro homine no se traduce en que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia se traduzca en que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. El criterio citado puede ser consultado en la página 1587, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Por tanto, no basta que la parte quejosa sostenga que el acto reclamado infringe el principio pro persona, pues dicho principio no persigue proteger a toda costa a la persona, sino lo que busca es procurarle la mayor protección pero, sin desconocer los principios procesales, cuanta habida que la aplicación de la forma que favorezca más ampliamente a las personas, no llega al extremo de inaplicar un principio que prevé la certeza jurídica como es el de cosa juzgada. En las relatadas condiciones, ante la desestimación de los conceptos de violación, ha lugar a negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución imputados al Director de la Central de Ejecutores y Notificadores de Toluca, al no atribuírsele por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia II.1o. J/12, del otrora Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se comparte, consultable en la página 41, Número 82, Octubre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión No ampara Ni Protege a Dorotea Yolanda Andoney Mauricio Martínez, Calixto Ortiz Rodríguez y Enrique Ortiz Mauricio, por propio derecho, contra actos que reclamaron del Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, y del Director de la Central de Ejecutores y Notificadores de Toluca, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante el licenciado José Jiménez Sarmiento, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy diez de octubre de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO POR MEDIO DE LISTA LA SIGUEINTE RESOLUCIÓN: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión No ampara Ni Protege a Dorotea Yolanda Andoney Mauricio Martínez, Calixto Ortiz Rodríguez y Enrique Ortiz Mauricio, por propio derecho, contra actos que reclamaron del Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, y del Director de la Central de Ejecutores y Notificadores de Toluca, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el escrito signado por los quejosos, por medio del cual señalan nuevo domicilio procesal; asimismo, autoriza para los mismos efectos a diversas personas, revocando a los autorizados que designaron en el escrito inicial de demanda. Atento a lo anterior, se tienen por revocadas a las personas que autorizaron previamente y por autorizadas a las mencionadas en el escrito, en los términos que precisaron en el ocurso de cuenta con fundamento en el artículos 12 de la citada legislación, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos si no cumplen con dicho requisito, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectué dicho trámite. Finalmente, como los promoventes no señalaron domicilio en esta ciudad de Toluca o dentro de su zona conurbada, para oír notificaciones, las subsecuentes, aún las de carácter personal, háganseles por medio de lista que se fije en los estrados del Juzgado mientras no subsanen dicha omisión; lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 306 del Código federal de Procedimientos Civiles y 27, fracción II, en relación con el diverso 29, ambos de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales.

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