Calixto Daniel López Cortez
Expediente 109/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 109/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Calixto Daniel López Cortez
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, a veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de legal para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto, sin que la solicitante de amparo lo haya hecho valer; por lo tanto, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en la carátula del expediente y la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), y ARCHÍVESE este expediente como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contado a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, diez de febrero de dos mil veintitrés. En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, téngase por recibido el oficio presentado en línea, el cual constará únicamente en el expediente electrónico de este juicio. Atento a su contenido, se tiene al Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, quien actúa en representación de dicha Secretaría, autoridad vinculada, informa las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la sentencia de amparo y remite una constancia para acreditar sus manifestaciones; por tanto, agréguense a los autos para que obren como corresponda y surtan sus efectos legales. Finalmente, estese en espera que acredite el cabal cumplimiento de la ejecutoria de mérito...
- Principal
Debido a que la parte quejosa *********, no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, de la ley de amparo vigente, se publica el acuerdo de diez de febrero de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, a diez de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), con residencia en esta ciudad; por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 109/2023 que le corresponde. DESECHAMIENTO PROPUESTA DEMOSTRATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito examinará la demanda de amparo y en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. HIPÓTESIS NORMATIVA. En el caso, de la lectura integral al escrito de demanda y los anexos que acompañan al escrito de ofrecimiento de pruebas signado por el quejoso, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.) Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, trastoque los derechos humanos de éstos. Al respecto, de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable", de contenido similar al actual artículo 5, fracción II, de dicha Ley, para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una Ley, ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. Apoya lo anterior la tesis siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades."1 Del criterio invocado se obtiene que, además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omitir el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, y al respecto aprobó la siguiente tesis: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado."2 Como se advierte, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, para determinar si un acto puede ser tutelado por la Carta Magna como acto reclamado, debe atenderse a las relaciones de supra a subordinación entre las partes, o si, por el contrario, el mismo deriva de una relación de coordinación, entendidas éstas como las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en un plano de igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. HECHOS En la demanda de amparo que se estudia, el acto reclamado se hace consistir en lo que se transcribe: "A. La negativa de autorizar la prórroga solicitada para el pago de la hipoteca de mi inmueble. B. La negativa de autorizar que el suscrito realice una transferencia directa de mi fuente laboral, con la VISA de Uruguay, a México, ya que los impuestos que me cobran para la conversión de pesos, me está orillando a que incumpla con los pagos dela hipoteca." Al respecto, cabe destacar que de las constancias que el promovente adjunta a su demanda, se desprende que el veintisiete de enero del año en curso, recibió correo electrónico en el que le informan tal negativa y le indican el procedimiento a seguir a fin que realice el pago del crédito que tiene ante ese Instituto, aunado que en su demanda manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el dieciocho de enero de la presente anualidad, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) le contestó que deberá estar a las Condiciones Generales de Contratación con dicho Instituto, las cuales forman parte del contrato de apertura de crédito hipotecario y que se rige por la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. CONCLUSIÓN Se estima respetuosamente que lo que se reclama no colma las notas características propias del acto de autoridad para reclamarlo dentro del juicio de amparo. Se explica: Se reclama la negativa de otorgamiento de prórroga relativa a un contrato de crédito, así como la negativa de autorizar que el quejoso realice transferencias directas de su fuente laboral con la VISA de Uruguay a México; asimismo, que los impuestos que le cobran para la conversión de pesos, lo está orillando a que incumpla con los pagos de su hipoteca. De lo anterior se advierte, que dicha negativa se encuentra planteada por un organismo descentralizado que involucra su esfera de ente asegurador en la que actúa bajo relaciones de coordinación con el beneficiario derivadas de un contrato de crédito de vivienda, por lo que el juicio de amparo será improcedente, en razón que existe una relación de coordinación entre el Instituto y el acreditado. Las razones jurídicas que permiten afirmar lo anterior, son que precisamente en cuanto a este ámbito, actúa constitucional y legalmente como "órgano de servicio social" cuyo objeto, entre otros, es el de administrar los recursos del fondo de la vivienda, así como establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, ello de conformidad con lo previsto por el artículo 123, fracción XII, de la Constitución General de la República y los artículos 2 y 3 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; por ende, el tipo de relaciones que al efecto resultan vinculadas son las que derivan de un plano de coordinación y no de supra a subordinación, tan es así, que el artículo 53 de la Ley de la referida legislación establece que las controversias entre los trabajadores o sus beneficiarios y el Instituto, sobre derechos de aquéllos se resolverán por los Tribunales federales en materia laboral una vez agotado, en su caso, el recurso de inconformidad previsto en el artículo 523 . Lo cual se confirma si se toma en cuenta que las controversias que al efecto se susciten con motivo de la solicitud de otorgamiento de prórrogas relativas con los contratos de crédito por parte del trabajador contra el Instituto en mención, previstas por el artículo 414 de la referida Ley, igualmente corresponde dirimirlos ante los órganos jurisdiccionales en materia laboral, lo que evidencia que en ese plano, el Instituto tampoco actúa jurídicamente de manera coercitiva frente al sujeto trabajador ni puede decidir de manera terminal o definitiva así como unilateral, imperativa y coercitivamente sobre dicha solicitud de prórroga, sino únicamente como parte contratante de un acuerdo de voluntades que dio origen a un crédito de vivienda. Luego, si los artículos 1, 2 y 3 de la legislación del Instituto citado disponen respectivamente que es de utilidad social, de observancia general en toda la República, que crea un organismo de servicio social denominado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el cual tiene por objeto administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda; establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: a) adquirir en propiedad habitaciones; b) construir, reparar, ampliar o mejorar las que posean; c) para destinarlo al pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores; o d) adquirir en propiedad de suelo destinado para la construcción de sus habitaciones, así como coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores; y lo demás a que se refiere la fracción XII del apartado A del artículo 123 constitucional y el título cuarto, capítulo III, de la Ley Federal del Trabajo, así como lo que la propia ley establece; es entonces un ente que opera las aportaciones de los trabajadores con los fines expuestos y no actúa como una autoridad. Entonces, bajo ese plano de ente de servicio social frente al trabajador no actúa como autoridad, sino como un particular a quien se le solicitó el otorgamiento de una prórroga relativa al contrato de crédito, por lo que cualquier determinación en ese sentido, e incluso, su negativa u omisión, es susceptible de ser objeto de controversia en un juicio laboral. En efecto, como se advierte de lo anterior, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como "organismo de servicio social" constituido bajo el principio de solidaridad social, debe considerarse como una entidad con personalidad y patrimonio propio que, a diferencia de un organismo público descentralizado del Gobierno Federal, no se encarga de administrar "bienes del Estado", sino "recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores" que se destinan a crear y operar el sistema de financiamiento a que se hizo referencia, así que como ente administrador sus actos u omisiones son susceptibles de control jurisdiccional por los órganos de justicia laboral en cuanto a esa esfera de su actuación. De ahí, que las controversias que deriven con motivo de los créditos de vivienda suscritos con el Instituto de que se trata, con los trabajadores, serían competencia de un órgano jurisdiccional en materia laboral o al que se hayan sometido los contratantes en ejercicio de su autonomía de la voluntad, por lo que existe la vía ordinaria ante la autoridad del orden común (y no la constitucional), para efectuar en un inicio aquellas reclamaciones vinculadas con la omisión o negativa de otorgar una prórroga y recibir pago en las condiciones que señala el quejoso, relativa al contrato de crédito solicitado. Así, las relaciones jurídicas que se actualizan entre el trabajador y el mencionado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en materia de otorgamiento de créditos, las condiciones de su cumplimiento, la interpretación del contrato o la jurisdicción a la cual se someten las partes contratantes constituye una verdadera relación de coordinación, por lo que es improcedente el juicio de amparo en estos casos. En efecto, las controversias que deriven de esa clase de diferendos corresponden a las entabladas entre particulares y, para dirimirlas se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas como es uno de orden laboral y del cual compete conocer a un órgano jurisdiccional en materia laboral, como se ha destacado. Por otra parte, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que la jurisprudencia, a partir de la casuística ha establecido casos excepcionales de procedencia del juicio de amparo ante las omisiones del Instituto mencionado, lo cual ha generado la tesis de jurisprudencia de datos de identificación siguientes:5 "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN. El juicio de amparo procede cuando se pone en evidencia que el funcionario o empleado público obligado a contestar una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responderla, pues esto supone una violación al derecho relativo reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un ente público y está facultado para emitir actos por medio de los cuales resuelve sobre el destino de los recursos a su cargo y el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando se le atribuya la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, procede el juicio de amparo indirecto para garantizar la protección efectiva del derecho indicado, con la finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita una respuesta, en el entendido de que respecto de ésta no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto, cuando el tema involucrado se refiera a las facultades ejercidas por el Instituto en su carácter de administrador de fondos, sino que una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, el quejoso debe estarse a lo establecido en los artículos 52 y 53 de la ley mencionada." Sin embargo, en el caso no estamos ante este supuesto excepcional, pues el propio quejoso refiere bajo protesta de decir verdad que el Instituto ya le dio una respuesta, adjuntando incluso las copias de los comunicados que se le remitieron vía correo electrónico, lo cual constituye una confesión expresa en términos de los artículos 95 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que no se actualiza la procedencia del juicio de amparo en términos de la jurisprudencia transcrita, dado que ya ha sido satisfecha su petición. Aunado a lo anterior, de los actos transcritos que identifica en su escrito de demanda con las letras "A" y "B", no se desprende que reclame la omisión de respuesta a una petición. De lo expuesto, se tiene que en el caso que nos ocupa deriva de las condiciones de cumplimiento del contrato de crédito entre el Instituto y el trabajador acreditado, por lo que, para resolver dicha controversia deben acudir a los tribunales ordinarios en materia laboral o al que de forma expresa se hayan sometido para la interpretación del contrato de crédito, a efecto de que se impongan las consecuencias jurídicas establecidas en la legislación de la materia derivadas del artículo 41 de la Ley relativa que ha sido previamente expuesto. De ahí que el Instituto mencionado no pueda tener el carácter de autoridad para efectos del amparo tratándose de los actos reclamados que han quedado transcritos, pues precisamente como ente encargado de la administración de los recursos para la vivienda de los trabajadores, las condiciones de cumplimiento de los contratos habrá de exigirse a través de una controversia laboral o el procedimiento ordinario al que se hayan obligado las partes. Resultan aplicables por las razones de su contenido, las siguientes tesis: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE RESPONDER LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, Y NO SE APLIQUE ALGÚN PRECEPTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. El referido Instituto, como organismo descentralizado, tiene la atribución de administrar el Fondo Nacional de la Vivienda, integrado con las aportaciones realizadas por los patrones en favor de sus trabajadores y que forman parte del patrimonio de éstos, quienes para disponer de esos recursos deben sujetarse a las modalidades establecidas en las leyes. Por ello, cuando un trabajador le solicita un crédito o la información prevista en la ley, dicho Instituto se encuentra en la relación jurídica de ente administrador, en cuanto no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores, de forma distinta al papel que asume como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados. Por tanto, la circunstancia de que tal institución niegue la entrega de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda respecto de los que figura como su administrador, por considerar que aún no se cumplen los supuestos en que esté obligado a su entrega, involucra una relación de coordinación propia de su calidad de administrador de fondos, porque la respuesta emitida no vincula por sí y ante sí la situación jurídica del quejoso, modificando o extinguiendo el derecho a disponer de tales fondos, es decir, no está de por medio el despliegue de una facultad administrativa de ejercicio irrenunciable y pública, ya que no es quien decide con imperio sobre el destino de los recursos de vivienda, sino que ello compete a los órganos de justicia laboral, como es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo previsto por el artículo 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Así, las relaciones jurídicas entre el trabajador o sus beneficiarios frente al mencionado Instituto, tratándose del derecho a disponer de los recursos de la subcuenta de vivienda acumulados, se dan bajo un plano de coordinación, a diferencia de cuando aplica el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la referida ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, caso en el que actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a que unilateralmente, con fundamento en el mencionado artículo transitorio, transfiere los fondos citados al Gobierno Federal, lo que presupone el ejercicio de una facultad inexcusable prevista en ley, situándolo en una relación de supra a subordinación con el particular, sin que para ello requiera acudir a los órganos jurisdiccionales."6 En el entendido que, el rasgo determinante para definir si merece la calidad de autoridad el Instituto a quien se plantea la petición, no se obtiene del tipo de garantías que la parte quejosa alegue como violadas, sino exclusivamente del carácter con el que dicho Instituto se vea involucrado en cada caso. En el asunto que nos ocupa, tampoco se actualiza el supuesto previsto en el párrafo II del artículo 5 de la Ley de Amparo; esto es, el de un particular con actos equiparables a los de una autoridad; pues como ha quedado expuesto en párrafos previos, lo que determina si a un ente, ya sea público o particular le recae la calidad de autoridad, radica en que su determinación sea unilateral. En el supuesto en estudio, como se ha precisado, si el objeto de las diferencias entre el titular del crédito y el Instituto lo es el cumplimiento del contrato de crédito o alguna petición en relación a las obligaciones que asumieron con motivo del mismo, éstas deberán someterse a la decisión de los tribunales ordinarios; en materia del trabajo o a los que expresamente se hayan sometido en ejercicio de la autonomía de su voluntad; por lo que es un auténtico asunto en el que no prima la unilateralidad ni la supra a subordinación. Lo anterior, porque la autoridad ordinaria competente a través de su potestad coercitiva puede obligar al Instituto o al acreditado a que cumplan con el contenido derivado del contrato de crédito de vivienda. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS AMPLIOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica, ubicado en esta ciudad. Por otra parte, ténganse como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********** sí cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República y, respecto de ********, debido a que si bien no cuentan con cédula profesional registrada en dicho sistema, lo cierto es que sí cuentan con sus respectivas cédulas profesionales registradas en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública para ejercer la profesión en derecho. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia consultable con el registro electrónico 2021840, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO" HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo y el diverso 22 del Acuerdo General 12/2022 antes invocado, digitalícense las promociones que se reciban en forma física en la oficialía de partes de este Juzgado, para su integración al expediente electrónico de este expediente. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
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