Caja Popular Mexicana, S.C.
Expediente 369/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 369/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Caja Popular Mexicana, S.C.
Actuaciones
- Principal
Causa estado auto... Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO A) Y 29, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: Del estado de autos se advierte que mediante auto de veintinueve de marzo pasado, se reservó acordar respecto de la demanda de amparo, hasta en tanto el titular del Juzgado Menor Mixto del Partido Judicial de San Felipe, Guanajuato, dejara insubsistente la determinación de quince de febrero del año en curso, dictada en el juicio ejecutivo mercantil **, tal como fue ordenado en el diverso juicio de amparo **, del índice de este juzgado, lo que en la especie ya aconteció. En las citadas condiciones, se provee lo siguiente respecto de la acción constitucional instada por **, a través de su apoderado general para pleitos y cobranzas **: Del análisis integral de la demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador determina que el acto reclamado es la resolución de quince de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ejecutivo mercantil ****, del índice del Juzgado Menor Mixto del Partido Judicial de San Felipe, Guanajuato. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 77, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que, se estima, han cesado los efectos del acto reclamado, como se evidenciará a continuación. En la especie, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En efecto, si la causa eficiente que motivó el presente juicio de derechos fundamentales fue la resolución de quince de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ejecutivo mercantil **, del índice del Juzgado Menor Mixto del Partido Judicial de San Felipe, Guanajuato, misma determinación que se dejó insubsistente el veintisiete de marzo del año en curso, la cual se había dictado en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el juicio de amparo **, del índice de este órgano de control constitucional, y la demanda de amparo fue presentada el trece de marzo de dos mil diecisiete, verdad es que, en esa fecha la parte quejosa podía estar sintiendo los efectos de los actos reclamados a las responsables. No obstante lo anterior, cabe destacar como hecho notorio que en el diverso juicio de amparo **, del índice de este juzgado, se recibió el oficio **, que remitió el Juez Menor Mixto de San Felipe, Guanajuato, del que se advierte que acompañó copia certificada del auto de veintisiete de marzo del año que transcurre, en el que determinó dejar insubsistente la resolución de quince de febrero del año actual, la cual se había dictado en cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en el expediente en comento, por tanto, se estima que la peticionaria del amparo ya no resiente los efectos de los actos reclamados de las autoridades responsables, pues, la determinación por esta vía combatida, ha dejado de existir jurídicamente; por lo tanto, la cesación del acto reclamado a título categórico y contundente, equivale a su vez, a la restitución en los derechos fundamentales que estimó violados. De ahí que procede desechar de plano la demanda de amparo, pues han cesado los efectos del acto reclamado a las autoridades responsables, de conformidad a lo previsto por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo.
- Principal
Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual cumple con la prevención realizada el catorce de los actuales. Ahora, cabe destacar como hecho notorio que en el diverso juicio de amparo ***, del índice de este juzgado, se requirió a la autoridad responsable titular del Juzgado Menor Mixto del Partido Judicial de San Felipe, Guanajuato, para que dejara insubsistente la determinación de quince del mes anterior, dictada en el juicio ejecutivo mercantil ***, resolución que reclama la parte quejosa en el presente asunto. Por lo tanto, dada la repercusión que tendrá dicha determinación en este expediente, se considera pertinente reservar el acuerdo correspondiente a la admisión de la demanda, hasta en tanto transcurra el término otorgado a la autoridad en comento, a fin de que cumpla con dicho requerimiento.
- Principal
De los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo deriva que el incidente de cumplimiento sustituto persigue como finalidad directa e inmediata que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso; para ello, ante la eventual posibilidad de que la incidencia resulte fundada es necesario contar con los elementos idóneos y eficaces que posibiliten al órgano jurisdiccional determinar, en su caso, la forma y cuantía de la restitución. Ello es así, cuenta habida que dicho incidente se actualiza, entre otros supuestos, cuando concurren factores jurídicos, materiales o de hecho que, impiden a la autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, restituir al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado. En el caso, a través de la presente incidencia, las autoridades responsables pretenden acreditar la imposibilidad en que, según sostienen, se encuentra para localizar y entregar a Eduardo Saucedo Pimentel el equipo de grabación de cámara de circuito cerrado en los términos ordenados por la superioridad. Cabe precisar que como se desprende de los requerimientos contenidos en los autos de treinta de enero de dos mil diecisiete y veintitrés de febrero siguiente, así como de su desahogo a cargo del reo incidental, hasta el estadío procesal del incidente, se carece de las constancias necesarias para identificar plenamente las características y elementos distintivos del equipo de grabación en cita. Así, para determinar el valor que asiste a dicho equipo de grabación acorde con la descripción que sobre el particular se precisó en el auto de dos de marzo anterior, cuya firmeza procesal deriva de su falta impugnación y, para contar con los elementos de prueba necesarios que permitan concluir la base para determinar el importe económico al que, eventualmente podrá acceder el quejoso, en el supuesto de que el incidente resulte procedente y fundado; resulta necesario ordenar, a título oficioso, el desahogo de una prueba pericial en materia de valuación. Para ello, en virtud de que dicha materia es ajena al conocimiento que de ordinario le asiste al juzgador, se requiere a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, para que en el plazo de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente al en que quede debidamente notificada del presente auto, designe a un perito en materia de valuación a fin de que funja como perito oficial, quien deberá presentarse dentro del mismo periodo después de su designación, en el despacho de este Juzgado para que acepte y proteste el cargo. De igual manera, se requiere a las partes para que en el mismo término de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente al en que queden debidamente notificados del presente auto propongan perito de su parte, en materia de valuación. Apercibidas que de no proponerlo o no presentarlo para el reconocimiento del cargo, se les tendrá por desinteresados y habrán de sujetarse a los resultados de la opinión rendida por el experto oficial. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes que una vez que los peritos acepten y protesten el cargo se les permitirá imponerse de los autos y se expedirá copia de las constancias necesarias para que determinen el valor del objeto identificado hasta este momento como "(.) equipo de grabación de cámara de circuito cerrado, forma rectangular, de color negro, tamaño mediano (de treinta por veinte centímetros, con enchufes para ocho cámaras). Se requiere a Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República. Con la finalidad de contar con mayores elementos para resolver el incidente de cumplimiento sustituto, requiérase al Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, para que en el término de TRES días, a partir de la legal notificación del presente acuerdo, informe el avance que a la fecha registran las diligencias ordenadas para la localización del equipo de videograbación, debiendo remitir las constancias que acrediten su dicho. Apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá multa por el equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA DE ALEGATOS. A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y en su lugar, se fijan ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.
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