Cabel Cruz Palma
Expediente 757/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 757/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Cabel Cruz Palma
- Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la determinación en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicha resolución. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a la autoridad responsable, pues ésta sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante del amparo, más no a la autoridad que se señaló como responsable, como acontece en el presente juicio de amparo. Por otra parte, tomando en consideración que no existe asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Ahora, con apoyo en el artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, de conformidad con los puntos 8.1.2. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal y artículos 20 fracción II, inciso a), y 21, inciso c), del citado acuerdo general, los cuadernos incidentales el original y duplicado son destruibles, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente principal y original del incidente de suspensión, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. En otro contexto, el duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del mismo, en términos de los artículos 20, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del multicitado Acuerdo General. Agréguese copia autorizada de la presente determinación al cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio de garantías para que obre como corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza a la Secretario y/o Actuaria Judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, por medio de la cual la Actuaria Judicial adscrita a este Órgano Jurisdiccional, manifiesta la imposibilidad que presentó para llevar a cabo la notificación personal ordenada en proveído de diecisiete de agosto del año en curso, a la parte quejosa, por las razones que ahí expone. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase la notificación del presente proveído, así como, la del diecisiete de agosto, ambos del año actual, por lista de acuerdos, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal. Notifíquese en los términos precisados y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Magistrado Presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada, con residencia en esta localidad, mediante el cual rinde su informe justificado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa la autoridad responsable a su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Sin que en el caso, sea necesario dar vista a las partes con el contenido del referido informe, ni las constancias adjuntadas en su apoyo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, en razón a las consideraciones que a continuación se exponen. Ahora bien, visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se desprende que el acto reclamado de forma esencial consiste en: la omisión de dar contestación y/o respuesta al escrito de fecha cinco de marzo de dos mil veintidós, presentado ante la responsable el veinticuatro siguiente, mediante el cual entre otras cuestiones amplía la demanda indígena dentro del juicio **, del índice de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. En ese contexto, no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, al haber cesado el acto reclamado, de manera que con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado. Así, el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (...)" El análisis gramatical de tal precepto legal permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que, es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como, la diversa tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Lo anterior es así, en consideración a que -como ya se dijo- la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, en esencia la omisión de dar contestación y/o respuesta al escrito de fecha cinco de marzo de dos mil veintidós, presentado ante la responsable el veinticuatro siguiente, mediante el cual entre otras cuestiones amplía la demanda indígena dentro del juicio JDI/58/2021, del índice de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Luego, de las constancias que la Sala responsable remitió en apoyo a su informe justificado, las cuales merecen plena eficacia probatoria al tratarse de documentos públicos, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el once de julio del año en curso, la citada autoridad responsable emitió un pronunciamiento dentro del juicio JDI/58/2021, en el cual atendió lo solicitado por el quejoso, en los términos ahí expuestos; asimismo, se lo notificó vía correo electrónico -en los términos solicitados- el ocho de agosto pasado. Cuestiones de hecho que ocurrieron de forma posterior a la presentación de la demanda -veintinueve de junio de dos mil veintidós, conforme al sello de recepción-; de ahí, que se considere que han cesado los efectos del acto reclamado al ser destruido por completo de forma total e incondicional; además de que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. ***". En tales circunstancias, al encontrarse acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. En el caso, se estima que la presente determinación no transgrede el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, de acuerdo al cual toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones ante un Juez o Tribunal competente, porque la naturaleza y alcances de dicho principio no implican eludir los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, ya que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Además, que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo en vigor, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, y por ende, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la misma, esto es, las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. En consecuencia, se ordena se realicen las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Magistrado Presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada, con residencia en esta localidad, mediante el cual rinde su informe justificado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa la autoridad responsable a su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Sin que en el caso, sea necesario dar vista a las partes con el contenido del referido informe, ni las constancias adjuntadas en su apoyo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, en razón a las consideraciones que a continuación se exponen. Ahora bien, visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se desprende que el acto reclamado de forma esencial consiste en: la omisión de dar contestación y/o respuesta al escrito de fecha cinco de marzo de dos mil veintidós, presentado ante la responsable el veinticuatro siguiente, mediante el cual entre otras cuestiones amplía la demanda indígena dentro del juicio **, del índice de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. En ese contexto, no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, al haber cesado el acto reclamado, de manera que con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado. Así, el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (...)" El análisis gramatical de tal precepto legal permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que, es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como, la diversa tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Lo anterior es así, en consideración a que -como ya se dijo- la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, en esencia la omisión de dar contestación y/o respuesta al escrito de fecha cinco de marzo de dos mil veintidós, presentado ante la responsable el veinticuatro siguiente, mediante el cual entre otras cuestiones amplía la demanda indígena dentro del juicio JDI/58/2021, del índice de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Luego, de las constancias que la Sala responsable remitió en apoyo a su informe justificado, las cuales merecen plena eficacia probatoria al tratarse de documentos públicos, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el once de julio del año en curso, la citada autoridad responsable emitió un pronunciamiento dentro del juicio JDI/58/2021, en el cual atendió lo solicitado por el quejoso, en los términos ahí expuestos; asimismo, se lo notificó vía correo electrónico -en los términos solicitados- el ocho de agosto pasado. Cuestiones de hecho que ocurrieron de forma posterior a la presentación de la demanda -veintinueve de junio de dos mil veintidós, conforme al sello de recepción-; de ahí, que se considere que han cesado los efectos del acto reclamado al ser destruido por completo de forma total e incondicional; además de que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. ***". En tales circunstancias, al encontrarse acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. En el caso, se estima que la presente determinación no transgrede el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, de acuerdo al cual toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones ante un Juez o Tribunal competente, porque la naturaleza y alcances de dicho principio no implican eludir los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, ya que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Además, que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo en vigor, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, y por ende, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la misma, esto es, las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. En consecuencia, se ordena se realicen las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se desprende que mediante proveído de treinta de junio del año en curso, en lo que interesa, se admitió a trámite la demanda de amparo y se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Asimismo, de la constancia de notificación que corre agregada tanto en el expediente físico y electrónico, se advierte que quedo notificada del requerimiento de su informe justificado el once de julio del año actual; por lo que resulta patente, que se encuentra transcurriendo el término de quince días, contemplado en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que rinda su informe de Ley, término que transcurre del doce de julio al uno de agosto del año en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, en aras del derecho fundamental de tutela judicial efectiva, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la autoridad señalada como responsable el diferimiento de la audiencia constitucional, ello es así, en virtud que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que imponga tal obligación. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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