C. M. Guadalupe Pérez Valderrama

Expediente 384/2015 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 28 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
384/2015
Año
2015
Actuaciones
28
Última actuación
10/05/2016

Partes del expediente

  • H. XXI Legislatura Constitucional del Estado de Baja California. (Presidente Francisco Alcibiades García Lizardi)
  • C. M. Guadalupe Pérez Valderrama

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el informe de cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por parte de la Delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; sin que hiciera pronunciamiento alguno. En consecuencia, con apoyo en el tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida con base a las constancias allegadas por la autoridad de referencia. En este juicio, el acto reclamado se hizo consistir esencialmente en: los dictámenes, expedición, aprobación, promulgación y publicación del decreto 203, mediante el cual se expide la Ley que Regula a los Trabajadores que refieren las fracciones I y II, apartado B, del artículo 99, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de seguridad social, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el diecisiete de febrero de dos mil quince; del Decreto 204, mediante el cual se expide la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales para los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el diecisiete de febrero de dos mil quince, y su ejecución; del Decreto 205, mediante el cual se expide la Ley que regula a los trabajadores que refiere la fracción I, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de seguridad social; y del Decreto 215, mediante el cual se aprueba la reforma al artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California: Seguido el juicio de garantía en todas sus etapas, el veintinueve de junio de dos mil quince, este juzgado dictó sentencia en la que sobreseyó el juicio de amparo promovido por la quejosa M. Guadalupe Pérez Valderrama; y también negó a dicha quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso del Estado de Baja California, Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, Secretario General de Gobierno del Gobierno del Estado, Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California y Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, todos con residencia en Mexicali (fojas 363 a 385). Inconforme con la resolución anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, y mediante ejecutoria dictada en sesión pública ordinaria de siete de abril de dos mil dieciséis, sobreseyó en el juicio respecto al acto reclamado -consistente en el Decreto 205 mediante el cual se emitió la Ley que regula a los Trabajadores que refiere la Fracción I, Apartado B, del Artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social-; concedió el amparo y protección a la quejosa -para el efecto de que no se le apliquen los preceptos legales reclamados en: 1) la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, contenida en el decreto 204, publicado en el diecisiete de febrero de dos mil quince en el Periódico Oficial del Estado de Baja California y su aplicación y 2) la Ley que Regula a los Trabajadores que se refiere la fracción II, Apartado B, del Artículo 99, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social, contenida en el decreto 203, publicado el diecisiete de febrero de dos mil quince en el Periódico Oficial del Estado de Baja California y su aplicación- y desechó por improcedente el amparo en revisión adhesivo interpuesto por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. Mediante proveído de veinte de abril de dos mil dieciséis, se recibió la ejecutoria en mención y se requirió a la autoridad responsable, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para que en el plazo de tres días, diera cumplimiento al fallo protector. Por oficio sin número firmado por la Delegada de la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, informó haber dado cumplimiento al fallo protector, remitiendo en copia simple el oficio DG/I32/2016, con sello original y firma de recibido por parte del autorizado de la parte quejosa, de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, dirigido a la quejosa M. Guadalupe Pérez Valderrama, mediante el cual, le notificó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se le inaplicarán los preceptos legales reclamados, contenidos en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, contenida en el decreto 204, publicado en diecisiete de febrero de dos mil quince en el periódico oficial del Estado de Baja California y su aplicación, y en la Ley que regula a los Trabajadores, que refiere la fracción II, apartado B, del artículo 99, de la Constitución Política del Estado de Baja California, contenida en el decreto 203, publicado en diecisiete de febrero de dos mil quince en el periódico oficial del Estado de Baja California y su aplicación, restableciéndo con ello las cosas al estado que guardaban antes de la emisión del acto impugnado mediante el presente juicio; asimismo, en el referido oficio se le informó que el porcentaje de las cuotas que debe seguir cubriendo al instituto asegurador, es el mismo que pagaba antes de la promoción de este juicio de garantías; y dado que para esos efectos se concedió el amparo y protección de la justicia federal, ha de concluirse que desde el punto de vista material y jurídico, con dicho proceder el mismo ha quedado cumplido. Consecuentemente, ya que en la especie no existen diligencias pendientes por desahogar, téngase este expediente como totalmente concluido y se ordena su archivo definitivo, en terminos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de referencia, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, por virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente. En cumplimento al artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal, es susceptible de depuración, pues si bien, este órgano jurisdiccional, mediante sentencia de veintinueve de junio de dos mil quince, decretó sobreseer en el juicio, y no amparar ni proteger a la parte quejosa; lo cierto es que, de acuerdo con los lineamientos que prevé el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a los fines archivísticos de la regulación en comento, deberá aplicarse la disposición que corresponda a la resolución final que define el sentido del fallo; por tanto, al haberse modificado la anterior resolución para otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, en el juicio de amparo en que se actúa, deberá conservarse la sentencia de d veintinueve de junio de dos mil quince, así como la sentencia pronunciada en sesión de siete de abril de dos mil dieciséis, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto, con residencia en Mexicali, Baja California, en la que se modificó la sentencia recurrida y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, estableciéndose como fecha probable para tal efecto, el doce de mayo de dos mil veintiuno. Asimismo, se precisa que el original del incidente de suspensión es destruible, por haberse negado la suspensión provisional y definitiva; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, del artículo Vigésimo Primero del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto, el doce de mayo de dos mil veintiuno. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, y en cumplimiento también del referido Acuerdo General, se establece que éste es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo complementario citado en el párrafo que antecede; por lo tanto, toda vez que ha transcurrido el plazo de seis meses, se precisa que ya es destruible, desde el diez de octubre de dos mil quince. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente a la Casa de la Cultura Jurídica de Toluca, en el Estado de México, el doce de mayo de dos mil diecinueve. En ese tenor, glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, que mediante oficio número SEADS/597/2016, de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del uno de abril de dos mil dieciséis, se acordó la adscripción del licenciado Oscar Alejandro Zúñiga Vidales, como titular de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Notifíquese.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el proveído de veintinueve de abril de dos mil dieciséis. lo anterior de conformidad con el artículo 26 fracción III y 29 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, así como copia certificada de la resolución dictada en el amparo en revisión administrativo 539/2015, interpuesto M. Guadalupe Pérez Valderrama, en contra de la sentencia dictada el veintinueve de junio de dos mil quince, ejecutoria en la que se resolvió: "PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 384/2015-5, promovido por M. GUADALUPE PÉREZ VALDERRAMA, contra el acto reclamado consistente en el Decreto número 205, mediante el cual se expide la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la fracción I, Apartado B, del artículo 99, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a M. GUADALUPE PÉREZ VALDERRAMA, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, por las razones y para los efectos que se precisan en el séptimo considerando del presente fallo." En consecuencia, agréguese a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta, así como el cuaderno de antecedentes relativo, desglosando del mismo las copias certificadas con que se formó, toda vez que son susceptibles de destrucción, con fundamento en el artículo vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un expediente auxiliar, conforme al punto segundo, fracción XX del citado acuerdo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Ahora, la ejecutoria de referencia otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en los siguientes términos: "para el efecto que no se le apliquen los preceptos legales reclamados contenidos en: 1) la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, contenida en el decreto 204, publicado en el diecisiete de febrero de dos mil quince en el Periódico Oficial del Estado de Baja California y su aplicación y 2) la Ley que Regula a los Trabajadores que se refiere la fracción II, Apartado B, del Artículo 99, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social, contenida en el decreto 203, publicado el diecisiete de febrero de dos mil quince en el Periódico Oficial del Estado de Baja California y su aplicación." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que se le notifique el presente proveído, de cumplimiento al fallo protector; apercibido que de no hacerlo en el plazo fijado, o de no manifestar el impedimento legal que tuviese para ello, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, para seguir el trámite de inejecución; misma que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Además, en caso de no informar oportunamente sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa de cien días en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 258, ambos de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Finalmente, no es el caso de requerir a las diversas autoridades responsables XXI Legislatura del Estado de Baja California, Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California, Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California, todas con residencia en Mexicali, sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en este asunto, toda vez que dichas autoridades únicamente intervinieron en el proceso legislativo de la norma combatida, ya que el alcance de esa resolución no comprende dejar sin efectos tales actuaciones legislativas, se estima que, por su parte, no existe acto alguno que realizar en cumplimiento a la sentencia de amparo. Asimismo, una vez transcurrido el plazo concedido a las autoridades responsables, dése cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar.

  4. Principal

    SE TIENE AL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO EN EL ESTADO, CON SEDE EN MEXICALI, INFORMANDO QUE ADMITIÓ EL RECURSO INTERPUESTO POR LA PARTE QUEJOSA, QUEDANDO REGISTRADO CON EL NÚMERO DE AMPARO EN REVISIÓN 539/2015, DE SU ÍNDICE...

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