C.F.E. Distribución Mazatlán Sinaloa
Expediente 26/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- C.F.E. Distribución Mazatlán Sinaloa
Actuaciones
- Principal
Téngase recibido el oficio 9387/2022, signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual, remite testimonio de la resolución dictada en sesión ordinaria virtual de siete de julio del año en curso, en la queja civil 31/2022 de su índice administrativo, derivado del juicio de amparo indirecto 26/2022, promovido por Jessica Ruiz Calvillo, apoderada general para pleitos y cobranzas de CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiara de Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta, la cual concluyó al tenor de los siguientes puntos resolutivos: "Único. Es infundado el recurso de queja interpuesto por CFE Distribución, en contra del auto de catorce e enero de dos mil veintidós, emitido por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad de Mazatlán, dentro del juicio de amparo indirecto 26/2022. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, acúsese recibo al tribunal superior, y archívese el juicio en que se actúa como definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que este expediente debe conservarse bajo los lineamientos precisados en término de lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del acuerdo general en cita, toda vez que, se desechó la demanda de amparo; por tanto, procede hacer la indicación en el sentido de que el juicio principal que nos ocupa es destruible.
- Principal
Visto el oficio 1122/2022, firmado electrónicamente por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa la ADMISIÓN DEL RECURSO DE QUEJA interpuesto por Jessica Ruíz Calvillo, apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte quejosa CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, en contra del auto de catorce de enero de dos mil veintidós, pronunciado en el juicio de amparo en que se provee; memorial que en atención a su contenido se ordena agregar en autos para los efectos legales conducentes.
- Principal
Visto el escrito presentado electrónicamente por el licenciado Guillermo González Miranda, con el carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, lo que acredita con la copia certificada de la escritura pública número 50,228, pasada ante la fe del licenciado Víctor Rafael Aguilar Molina, Notario Público número 174, en la Ciudad de México; respecto al domicilio y autorizados de dicha moral, por acuerdo de trece de enero del año actual, se proveyó al respecto. Asimismo, se autoriza a la moral de referencia, con los nombres de usuario: Socrates, Guillermogm, GemmaOchoa, JavierIbarraEscobar, MACV1, luis.armenta, rocioguerreroc, CHRISTIANLEON, jrodolfoq, MAYRAMO, LORENANC, JESSICA.RUIZ, Jama25, ALFREDO_OVALLE; con la finalidad de que puedan acceder al expediente electrónico deducido de este juicio y pueda promover en los términos en que fue previamente autorizado por la parte quejosa y pueda recibir notificaciones a través del citado mecanismo. De igual manera, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el auto de catorce de enero de dos mil veintidós, proveído en el que se desechó la demanda que dio origen a este asunto. En atención a lo antes expuesto y en términos de lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, fracción II, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo en el sentido de SER CIERTO que en auto de catorce de enero de dos mil veintidós, este juzgado desechó de plano por considerarse improcedente la demanda de amparo promovida por Jessica Ruiz Calvillo, apoderada general para pleitos y cobranzas de CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiara de Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad, y remítase el mismo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, así como el original y copia del libelo de queja del que se dio noticia y copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio. Asimismo, hágase del conocimiento del tribunal correspondiente que el expediente electrónico deducido del juicio en que se actúa, se hizo disponible para su correspondiente vinculación.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo enviada vía juicio en línea por la licenciada Jessica Ruiz Calvillo, apoderada general para pleitos y cobranzas de CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiara de Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad, personalidad que se le reconoce por así acreditarlo con la copia certificada de la escritura pública número 52,034 -cincuenta y dos mil treinta y cuatro-, otorgada ante la fe del Notario Número Ciento Setenta y Cuatro, con ejercicio y residencia en la Ciudad de México, contra los actos que reclama del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Sinaloa, con sede en este puerto, por violación a diversos preceptos constitucionales, el juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 26/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De ello se sigue que debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta alguna causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia que por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2004, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" En la especie, la quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO. Lo constituye el acuerdo de fecha VEINTE DE DICIEMBRE DE 2021, dictada dentro del Juicio Oral Mercantil número 1/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, mediante el cual conceden la medida cautelar decretada a favor de la hoy tercera interesada." En tales condiciones, una vez examinado el acto concreto de autoridad de los que se dice afectada la quejosa y los antecedentes plasmados en el escrito de cuenta, es posible advertir en forma indudable y manifiesta, la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. En principio, es pertinente establecer que el juicio de amparo es un medio extraordinario y excepcional de defensa, cuya procedencia se sujeta a diversos lineamientos que deben colmarse en su totalidad a fin de que se estime que el acto de una autoridad viola los derechos sustanciales del gobernado y no existe un sistema o medio ordinario de impugnación idóneo que le permita dirimir determinada controversia para así acudir a instar el sistema de impartición de justicia federal. En ese tenor, para que sea procedente el juicio constitucional, específicamente en el caso propuesto, los dispositivos transcritos imponen determinados requisitos a la quejosa, los cuales deben cumplirse en su totalidad, a saber, que en tratándose de una determinación dictada dentro de un procedimiento seguido ante una autoridad judicial, como en la especie, la afectación producida por la responsable debe ser en grado predominante o superior, de manera tal, que dicha determinación no pueda ser reparada en la resolución definitiva. Bajo esas premisas, una determinación dictada por una autoridad judicial dentro de un procedimiento tiene ejecución de imposible reparación cuando viola directamente cualquiera de los derechos fundamentales del gobernado, lo que hace procedente el juicio de amparo indirecto, sin que por ello se dé lugar a que los gobernados puedan acudir a la vía constitucional por violaciones meramente intraprocesales, como ocurre en la especie. No se soslaya que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) garantiza las prerrogativas correspondientes a la protección judicial, el cual consiste en que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención de que se trata, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Asimismo, el Estado Mexicano como parte que es de dicha convención, asumió el compromiso de garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal interno decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, desarrollar las posibilidades del recurso judicial y garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. En ese sentido, las cuestiones sometidas por los gobernados a la potestad de los tribunales del Estado, deben garantizar su pleno desarrollo y establecer los mecanismos necesarios y efectivos que les permitan resolver las controversias que de ellos deriven. Luego, las actuaciones que las partes estimen violatorias de sus derechos procesales dentro de la contienda judicial, deben ventilarse a través de los mecanismos que la propia ley establece para ello y ante los tribunales que estén facultados para su conocimiento, en tanto que la cuestión principal es precisamente la que se encuentra sujeta a debate judicial. Sentado lo anterior, resulta necesario destacar que al existir medios de defensa válidamente establecidos en los que puede ser reparada, en caso de que existiera, la violación que se reclama, el juicio de amparo en la vía indirecta, como ya se dijo, únicamente puede ser procedente si la actuación judicial cuestionada es de imposible reparación por vincularse con los derechos fundamentales de la persona, lo que en la especie no ocurre. En efecto, la quejosa reclama el acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio oral mercantil 1/2021 por medio del cual el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, decretó medida cautelar a efecto de que no se suspenda el servicio de energía eléctrica a la actora en su domicilio para lo cual determinó una cantidad en dinero a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que con su emisión pudiera causar a la quejosa. Luego, la determinación de mérito, atendiendo a los razonamientos jurídicos expuestos en párrafos precedentes, se sitúa en la hipótesis de improcedencia a que refiere el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, toda vez que esa actuación judicial no causa a la quejosa un perjuicio de imposible reparación, ya que solo afecta las expectativas de cobro de la demandada quejosa respecto de un consumo ya realizado y que fue materia de ajuste, esto es, su pretensión de fondo será dilucidada en sentencia definitiva, misma que puede ser reclamada en amparo directo cuando se impugne dicha sentencia. Ello es así, porque si bien es cierto los alcances de la medida cautelar reclamada tienen como finalidad el que se continúe proporcionando el servicio de energía eléctrica a Ismael Avendaño González, en el domicilio correspondiente, no obstante la existencia del ajuste en el consumo de fluido eléctrico pendiente de pago por parte del antes mencionado; sin embargo, no menos verídico resulta que la medida cautelar que nos ocupa se supeditó a la exhibición de una garantía que tiene por finalidad subsanar las afectaciones que la medida cautelar pudiera irrogar a la parte quejosa, en tanto que los nuevos consumos deberán cubrirse con normalidad, pues la quejosa una vez detectada la irregularidad que amerite ajuste, realiza el cambio de medidor correspondiente, de tal suerte que la materia de suspensión versa únicamente sobre el consumo materia de ajuste, de lo que se sigue que las actuaciones reclamadas, por sí solas, no generan daños, mucho menos de imposible reparación, en perjuicio de la quejosa, puesto que la contraprestación que debe recibir por concepto de la prestación de servicio de energía eléctrica, está garantizada. Dicho de otra forma, la medida cautelar reclamada es ajena a consumos nuevos, mismos que de no cubrirse, ameritan corte del servicio, no por el impago del ajuste, sino por la falta de pago de consumos posterior a este. Además, la quejosa tiene expedito su derecho para hacer valer en el juicio de origen cuestiones relacionadas con la insuficiencia de la garantía de mérito. En efecto, es de fundamental importancia que en el propio auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, en que se redujo la medida precautoria impugnada, la autoridad responsable impuso una suma a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que con su emisión pudieran causar a la parte contraria, lo que pone de manifiesto que una eventual afectación a la quejosa no es de imposible reparación, máxime que la obligación de continuar proporcionando el servicio de energía eléctrica no puede estimarse como la privación de un bien o derecho de la quejosa, toda vez que la prestación de ese servicio de energía eléctrica es la finalidad misma de su existencia y como se acotó, los consumos ulteriores deberán cubrirse con normalidad. Por consiguiente, el motivo de que CFE Distribución, no deje de otorgar el servicio contratado, con motivo del ajuste, no trasciende a aspectos sustantivos y sin que ello implique que, necesariamente, dentro de dicho expediente se emitirá sentencia contraria a sus intereses. Por tanto, si eventualmente la sentencia que resuelva en definitiva el juicio de origen es contraria a las pretensiones de la quejosa, será en el amparo directo que, en su caso, promueva en su contra, en el que habrá de inconformarse contra todas aquellas violaciones adjetivas intraprocesales, que trascendieron a su sentido, y no durante la sustanciación del procedimiento mediante la promoción de múltiples frentes constitucionales de carácter biinstancial, pues como se dijo, ello atentaría contra la expeditez en la administración de justicia. Al respecto, es oportuno citar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P.LVIII/2004, octubre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." Luego, las determinaciones de que se trata, por sí mismas, no justifican la procedencia del amparo indirecto, sino que se necesita una situación concreta y definitiva que se estime lesiva de un derecho sustantivo, lo que no ocurre en el caso particular. DESECHAMIENTO. Así, al no actualizarse en perjuicio de la quejosa una violación en grado predominante o superior que amerite la intervención del órgano de impartición de Justicia Federal, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, vinculado con el diverso 107, fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el diverso 63, fracción V, del invocado cuerpo normativo, se desecha la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Se precisa que los criterios en que se sustentó la presente determinación anteriores a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no contravienen lo previsto en la Ley de Amparo, por lo que conservan su vigencia, de conformidad con el artículo sexto transitorio del decreto que expidió la referida ley reglamentaria. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la referida ley, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones y documentos el ubicado en calle 21 de Marzo, esquina con Germán Evers, sin número (planta baja), colonia Centro, en esta ciudad, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Luis Roberto Torres Figueroa, Luis Manuel Armenta Corona, Gemma Marina Ochoa Gutiérrez, Christian Patricia León Castro, Javier Ibarra Escobar, Jessica Ruiz Calvillo, José Armando Martínez Acuña y Jesús Alfredo Ovalle Ornelas, Rocío de Abril Guerreo Cruz, Jesús Manuel Molina Castro, Guillermo González Miranda, José Armando Martínez Acuña, Marco Antonio Castañeda Velázquez, Carlos Armando Venegas Valles, quienes tienen sus cédulas profesionales 2117984, 4644603, 12084594, 09157364, 5493465, 6433319, 12448674, 7582007, 7764080, 5909978, 8388794, 12448674, 3355538 y 9703780, debidamente reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y con apoyo en la parte final del ordenamiento antes señalado, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Mayra Alejandra Mendoza Ochoa, Lorena Navarro Coronado, Diego Tomás Encinas Beyliss; por no contar con dicho requisito. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INGRESO A LAS INSTALACIONES En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3° y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19.
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