Byan Antonio Offer Flores

Expediente 833/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
833/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
23/09/2019

Partes del expediente

  • Byan Antonio Offer Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Visto; del estado que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de tres de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2°, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción. Por lo anterior, de conformidad con el artículo vigésimo cuarto del Acuerdo General antes referido, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Lo proveyó Ariadna Ivette Chávez Romero, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Erick Martín Vega Sierra, Secretario que da fe.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Byan Antonio Offer Flores, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad responsable. Registro de demanda. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 833/2019, y fórmese expediente. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y el diverso aclaratorio, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, escrito aclaratorio y los anexos que se acompañen. En lo que interesa, la parte quejosa reclama el auto que resuelve el plazo constitucional dictado en la causa penal 14/2018-II, por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 300/2019, del índice de este juzgado federal. En esa tesitura, el suscrito advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos, literalmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos (.)". Sobre ese tenor, conviene traer a colación los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que refieren: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los preceptos transcritos se aprecia que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, en contra de aquellos que no se promueva el juicio constitucional dentro de los términos que la ley prevé; siendo que el término general para la promoción del juicio de amparo es de quince días contado a partir de que surta efectos, conforme a la ley del acto la notificación del acto o resolución que se reclame; de que se haya tenido conocimiento de éstos, o de que el quejoso se haya ostentado sabedor de los mismos; término genérico respecto del que operan las diversas excepciones establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En efecto, la temporalidad en el ejercicio de la acción de amparo, encuentra excepciones en el citado numeral 17 de la ley de la materia, en virtud que contempla plazos más amplios, como lo es el de treinta días, para los supuestos del amparo contra leyes, con la finalidad de que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo; o bien, el plazo de siete años en que el acto que se reclame tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, se tiene también el plazo de ocho años cuando se reclama la sentencia definitiva condenatoria dictada en un proceso penal. También existe la posibilidad de que el juicio pueda ser promovido en cualquier tiempo: cuando el acto que se reclame importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Precisado lo anterior, conviene recordar que el quejoso Byan Antonio Offer Flores, reclama en esta vía el auto de plazo constitucional de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal 14/2018-II, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, conducta autoritaria que como más adelante se explicará, no se ubica en alguna de las excepciones establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, y por ello, la promoción del juicio de amparo a su respecto, debe ser dentro del término genérico de quince días, a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de la misma, a efecto de computar el término para determinar la oportunidad en su presentación. Bien, el plazo constitucional en mención que en esta vía se reclama, fue emitido en cumplimiento a la sentencia amparadora dictada en el juicio constitucional 300/2019, del índice de este Juzgado de Distrito, que constituye un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, respecto del cual no es necesario agregar copias certificadas, porque dicho precepto no lo exige, pues se tiene a la vista al momento de dictarse este auto, con apoyo en la jurisprudencia 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos ochenta y cinco, del tomo veinticinco, junio de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.". De las antedichas constancias, se aprecia que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado por lo menos desde que desahogó la vista ordenada respecto de la emisión de la resolución combatida, pues fue emitida en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en dicho juicio de amparo. En efecto, del expediente que se invoca como hecho notorio, el cual se tiene a la vista, es posible advertir lo siguiente: 1.- Mediante demanda de amparo, presentada el diez de octubre de dos mil dieciocho, Byan Antonio Offer Flores, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Progreso, número 26, despacho 01, altos, colonia Centro, de esta ciudad . 2.- Mediante sentencia de trece de junio de dos mil diecinueve , se otorgó a Byan Antonio Offer Flores, el amparo y protección de la justicia federal, en los términos siguientes: "1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de uno de octubre de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 14/2018. 2. Gire, de así considerarlo nueva comunicación oficial a fin de que dentro del término constitucional ampliado que debe otorgar nuevamente a los quejosos, dicte todas las medidas necesarias que estén a su alcance, para que se desahoguen las pruebas de descargo que ofertaron, consistentes en: a.- Interrogatorio de la defensa a Gerardo Soriano Cervantes y Rubén Agustín Pineda y Nava. b.- Oficio que se gire a la dependencia municipal de Acapulco, Guerrero, quien tiene a cargo el monitoreo y vigilancia de la Ciudad de Acapulco, denominado C4, y proporcione el video de vigilancia de cuatro de septiembre de dos mil trece, aproximadamente a las veintidós horas, en específico el de la avenida Niños Héroes esquina con calle Cuauhtémoc, colonia Progreso, de la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero. c.- Informe de autoridad que se requiera al Secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, sobre los puntos indicados, visibles a foja 519 del tomo II de pruebas. d.- Informe de autoridad Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo, del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, sobre los puntos indicados, visibles a foja 520 del tomo II de pruebas. 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resuelva la situación jurídica de los peticionarios del amparo, dentro del plazo del término constitucional que se le otorgue nuevamente, de conformidad con el numeral 19, constitucional, que puede ser en el mismo sentido, si así lo estima procedente, pero purgando los vicios de que adolece el procedimiento, los cuales quedaron especificados en párrafos precedentes, en el que además, deberá analizar y valorar todas las pruebas ofrecidas por los quejosos." 2.- El fallo protector a que se alude, causó ejecutoria el doce de julio de dos mil diecinueve . 3.- Seguido que fue el trámite de ejecución, mediante oficio allegado el veinticinco de julio de dos mil diecinueve , la juez responsable, remitió copia certificada del plazo constitucional de veinticuatro de ese mes y año, dictada en el juicio de origen -la que constituye el acto que aquí se reclama- por lo cual con el contenido del oficio y sus anexos, mediante acuerdo de veintiséis de julio de dos mil diecinueve , se ordenó dar vista a las partes a efecto de que formularan manifestaciones respecto al cumplimiento del fallo protector. 4.- Dicha vista fue notificada el uno de agosto de dos mil diecinueve al quejoso Byan Antonio Offer Flores, por medio de lista, al no haber comparecido en el plazo de dos días señalado en el aviso respectivo . 5.- Mediante escrito presentado el cinco de agosto del año en curso ante la oficialía de partes de este juzgado federal, y acordado al día siguiente, el autorizado de la parte quejosa desahogó la vista ordenada. 6.- En auto de trece de agosto del año en curso , se tuvo por cumplida aquélla ejecutoria de amparo sin que dicha determinación haya sido impugnada. Ahora, sobre el tema del momento a partir del cual debe computarse el plazo de quince días para la promoción del amparo correspondiente, debe acotarse que cuando el acto reclamado se emita en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que debe hacerse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, no hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia 40/2015 del citado Pleno , de título y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva". En ese sentido, por lo menos desde el momento en que se desahogó la vista otorgada al aquí quejoso con la resolución dictada en cumplimiento a la sentencia que concedió el amparo solicitado, se infiere que tuvo conocimiento de la resolución reclamada, supuesto previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, por lo que a partir de ese momento comenzó el término para la promoción del nuevo juicio de amparo. Sin que sea óbice a lo considerado, que la vista desahogada por la parte quejosa respecto de la emisión del acto que hoy reclama, se haya realizado por parte de su autorizado en términos amplios, pues entre las facultades que el artículo 12 de la Ley de Amparo confiere a los autorizados, se encuentran las de oír y recibir notificaciones en nombre del quejoso, y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante; y, ello implica que tal escrito se realizó en nombre del hoy quejoso, pues la notificación correspondiente se recibió también en su nombre, lo cual deriva en que éste tuvo conocimiento de esa resolución; máxime si se toma en consideración que también es posible advertir que la persona que en aquél juicio desahogó la vista correspondiente, fue Marco Antonio Villalobos Quevedo, también tiene en este asunto el carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa. Tiene aplicación, en la parte que interesa, la tesis II.T.18 K, emitida por el entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, que éste órgano comparte y no se opone a la Ley de Amparo en vigor, visible en la página 1073, tomo XIII, mayo de 2001, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU CONOCIMIENTO POR CONDUCTO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL QUEJOSO, GENERA EFECTOS PARA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER EL AMPARO. Si el representante legal del quejoso asistió en el juicio natural para celebrar pláticas conciliatorias con la contraparte del peticionario, en torno al procedimiento laboral del que emanan los actos reclamados, es incuestionable que el impetrante los conoció desde la concurrencia de su representante, porque actúa a nombre de aquél y, por ende, se entera de lo vinculado al mismo en esa contienda, máxime cuando también es autorizado en términos de lo previsto en el artículo 27 de la Ley de Amparo. En consecuencia, el término para promover la demanda de garantías inicia al día siguiente de la comparecencia multicitada". Máxime que, en la especie la sola noticia de la existencia del acto reclamado, colocaba a la aquí parte quejosa en aptitud de combatirla, pues al tener la calidad de procesado en la causa penal de origen, opera la suplencia de la deficiencia de la queja en toda su amplitud, por lo que, no requiere mayores elementos para su impugnación. Por consiguiente, la reseña anterior, pone de relieve que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado en la presente instancia, por lo menos desde el cinco de agosto de dos mil diecinueve, en que desahogó la vista formulada con la emisión de la determinación controvertida, de ahí que el término para promover la acción de tutela constitucional con que disponía el aquí quejoso transcurrió del seis al veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, descontándose los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco del mes y año en mención, por haber sido inhábiles. De lo que se sigue que, el aludido plazo de quince días transcurrió, de manera excesiva, en perjuicio del impetrante del amparo, habida cuenta de que presentó su demanda de amparo hasta el dos de septiembre de dos mil diecinueve, según se advierte del sello impreso por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; de ahí, que es inconcuso que lo hizo con posterioridad a la fecha en que concluyó el término que tenía para instar el juicio constitucional. Tiene aplicación jurisprudencia decretada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". Por otra parte, cabe mencionar que en el caso no se está en los supuestos de excepción que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados no son una norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, tampoco se impone pena de prisión, ni se promueve en contra de actos que tienen o puedan tener efecto de privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población ejidal o comunal, ni el acto reclamado implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de persona o alguna o de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Todo lo contrario, se trata de un acto emitido dentro de una causa penal y precisamente ello conlleva a que en el caso concreto no se surtan las hipótesis de excepción a que se han hecho referencias. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda. Se autoriza la expedición de copias. Hágase saber a las partes que, en caso de requerirlo, sin previa promoción, desde este momento se autorizan copias simples y certificadas, conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previa firma de recibido que se agregue a los autos para constancia legal. Uso de medios electrónicos. En el entendido de que tal y como lo determinó el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la circular 12/2009, no existe inconveniente en que al momento de consultar el expediente en que se actúa las partes hagan uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Domicilio procesal y autorizados. Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda, asimismo, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marco Antonio Villalobos Quevedo y Krystell Goñi García, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada. De las notificaciones de las partes. Debido a la carga de trabajo de este tribunal, y en miras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Protección de datos personales. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21, de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite.

  3. Principal

    AVISO. EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE TRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE ESTABLECE: Vista la demanda de amparo promovida por Byan Antonio Offer Flores, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad responsable. Registro de demanda. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 833/2019, y fórmese expediente. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y el diverso aclaratorio, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, escrito aclaratorio y los anexos que se acompañen. En lo que interesa, la parte quejosa reclama el auto que resuelve el plazo constitucional dictado en la causa penal 14/2018-II, por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 300/2019, del índice de este juzgado federal. En esa tesitura, el suscrito advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos, literalmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos (.)". Sobre ese tenor, conviene traer a colación los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que refieren: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los preceptos transcritos se aprecia que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, en contra de aquellos que no se promueva el juicio constitucional dentro de los términos que la ley prevé; siendo que el término general para la promoción del juicio de amparo es de quince días contado a partir de que surta efectos, conforme a la ley del acto la notificación del acto o resolución que se reclame; de que se haya tenido conocimiento de éstos, o de que el quejoso se haya ostentado sabedor de los mismos; término genérico respecto del que operan las diversas excepciones establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En efecto, la temporalidad en el ejercicio de la acción de amparo, encuentra excepciones en el citado numeral 17 de la ley de la materia, en virtud que contempla plazos más amplios, como lo es el de treinta días, para los supuestos del amparo contra leyes, con la finalidad de que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo; o bien, el plazo de siete años en que el acto que se reclame tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, se tiene también el plazo de ocho años cuando se reclama la sentencia definitiva condenatoria dictada en un proceso penal. También existe la posibilidad de que el juicio pueda ser promovido en cualquier tiempo: cuando el acto que se reclame importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Precisado lo anterior, conviene recordar que el quejoso Byan Antonio Offer Flores, reclama en esta vía el auto de plazo constitucional de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal 14/2018-II, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, conducta autoritaria que como más adelante se explicará, no se ubica en alguna de las excepciones establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, y por ello, la promoción del juicio de amparo a su respecto, debe ser dentro del término genérico de quince días, a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de la misma, a efecto de computar el término para determinar la oportunidad en su presentación. Bien, el plazo constitucional en mención que en esta vía se reclama, fue emitido en cumplimiento a la sentencia amparadora dictada en el juicio constitucional 300/2019, del índice de este Juzgado de Distrito, que constituye un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, respecto del cual no es necesario agregar copias certificadas, porque dicho precepto no lo exige, pues se tiene a la vista al momento de dictarse este auto, con apoyo en la jurisprudencia 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos ochenta y cinco, del tomo veinticinco, junio de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.". De las antedichas constancias, se aprecia que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado por lo menos desde que desahogó la vista ordenada respecto de la emisión de la resolución combatida, pues fue emitida en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en dicho juicio de amparo. En efecto, del expediente que se invoca como hecho notorio, el cual se tiene a la vista, es posible advertir lo siguiente: 1.- Mediante demanda de amparo, presentada el diez de octubre de dos mil dieciocho, Byan Antonio Offer Flores, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Progreso, número 26, despacho 01, altos, colonia Centro, de esta ciudad . 2.- Mediante sentencia de trece de junio de dos mil diecinueve , se otorgó a Byan Antonio Offer Flores, el amparo y protección de la justicia federal, en los términos siguientes: "1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de uno de octubre de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 14/2018. 2. Gire, de así considerarlo nueva comunicación oficial a fin de que dentro del término constitucional ampliado que debe otorgar nuevamente a los quejosos, dicte todas las medidas necesarias que estén a su alcance, para que se desahoguen las pruebas de descargo que ofertaron, consistentes en: a.- Interrogatorio de la defensa a Gerardo Soriano Cervantes y Rubén Agustín Pineda y Nava. b.- Oficio que se gire a la dependencia municipal de Acapulco, Guerrero, quien tiene a cargo el monitoreo y vigilancia de la Ciudad de Acapulco, denominado C4, y proporcione el video de vigilancia de cuatro de septiembre de dos mil trece, aproximadamente a las veintidós horas, en específico el de la avenida Niños Héroes esquina con calle Cuauhtémoc, colonia Progreso, de la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero. c.- Informe de autoridad que se requiera al Secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, sobre los puntos indicados, visibles a foja 519 del tomo II de pruebas. d.- Informe de autoridad Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo, del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, sobre los puntos indicados, visibles a foja 520 del tomo II de pruebas. 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resuelva la situación jurídica de los peticionarios del amparo, dentro del plazo del término constitucional que se le otorgue nuevamente, de conformidad con el numeral 19, constitucional, que puede ser en el mismo sentido, si así lo estima procedente, pero purgando los vicios de que adolece el procedimiento, los cuales quedaron especificados en párrafos precedentes, en el que además, deberá analizar y valorar todas las pruebas ofrecidas por los quejosos." 2.- El fallo protector a que se alude, causó ejecutoria el doce de julio de dos mil diecinueve . 3.- Seguido que fue el trámite de ejecución, mediante oficio allegado el veinticinco de julio de dos mil diecinueve , la juez responsable, remitió copia certificada del plazo constitucional de veinticuatro de ese mes y año, dictada en el juicio de origen -la que constituye el acto que aquí se reclama- por lo cual con el contenido del oficio y sus anexos, mediante acuerdo de veintiséis de julio de dos mil diecinueve , se ordenó dar vista a las partes a efecto de que formularan manifestaciones respecto al cumplimiento del fallo protector. 4.- Dicha vista fue notificada el uno de agosto de dos mil diecinueve al quejoso Byan Antonio Offer Flores, por medio de lista, al no haber comparecido en el plazo de dos días señalado en el aviso respectivo . 5.- Mediante escrito presentado el cinco de agosto del año en curso ante la oficialía de partes de este juzgado federal, y acordado al día siguiente, el autorizado de la parte quejosa desahogó la vista ordenada. 6.- En auto de trece de agosto del año en curso , se tuvo por cumplida aquélla ejecutoria de amparo sin que dicha determinación haya sido impugnada. Ahora, sobre el tema del momento a partir del cual debe computarse el plazo de quince días para la promoción del amparo correspondiente, debe acotarse que cuando el acto reclamado se emita en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que debe hacerse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, no hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia 40/2015 del citado Pleno , de título y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva". En ese sentido, por lo menos desde el momento en que se desahogó la vista otorgada al aquí quejoso con la resolución dictada en cumplimiento a la sentencia que concedió el amparo solicitado, se infiere que tuvo conocimiento de la resolución reclamada, supuesto previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, por lo que a partir de ese momento comenzó el término para la promoción del nuevo juicio de amparo. Sin que sea óbice a lo considerado, que la vista desahogada por la parte quejosa respecto de la emisión del acto que hoy reclama, se haya realizado por parte de su autorizado en términos amplios, pues entre las facultades que el artículo 12 de la Ley de Amparo confiere a los autorizados, se encuentran las de oír y recibir notificaciones en nombre del quejoso, y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante; y, ello implica que tal escrito se realizó en nombre del hoy quejoso, pues la notificación correspondiente se recibió también en su nombre, lo cual deriva en que éste tuvo conocimiento de esa resolución; máxime si se toma en consideración que también es posible advertir que la persona que en aquél juicio desahogó la vista correspondiente, fue Marco Antonio Villalobos Quevedo, también tiene en este asunto el carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa. Tiene aplicación, en la parte que interesa, la tesis II.T.18 K, emitida por el entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, que éste órgano comparte y no se opone a la Ley de Amparo en vigor, visible en la página 1073, tomo XIII, mayo de 2001, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU CONOCIMIENTO POR CONDUCTO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL QUEJOSO, GENERA EFECTOS PARA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER EL AMPARO. Si el representante legal del quejoso asistió en el juicio natural para celebrar pláticas conciliatorias con la contraparte del peticionario, en torno al procedimiento laboral del que emanan los actos reclamados, es incuestionable que el impetrante los conoció desde la concurrencia de su representante, porque actúa a nombre de aquél y, por ende, se entera de lo vinculado al mismo en esa contienda, máxime cuando también es autorizado en términos de lo previsto en el artículo 27 de la Ley de Amparo. En consecuencia, el término para promover la demanda de garantías inicia al día siguiente de la comparecencia multicitada". Máxime que, en la especie la sola noticia de la existencia del acto reclamado, colocaba a la aquí parte quejosa en aptitud de combatirla, pues al tener la calidad de procesado en la causa penal de origen, opera la suplencia de la deficiencia de la queja en toda su amplitud, por lo que, no requiere mayores elementos para su impugnación. Por consiguiente, la reseña anterior, pone de relieve que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado en la presente instancia, por lo menos desde el cinco de agosto de dos mil diecinueve, en que desahogó la vista formulada con la emisión de la determinación controvertida, de ahí que el término para promover la acción de tutela constitucional con que disponía el aquí quejoso transcurrió del seis al veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, descontándose los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco del mes y año en mención, por haber sido inhábiles. De lo que se sigue que, el aludido plazo de quince días transcurrió, de manera excesiva, en perjuicio del impetrante del amparo, habida cuenta de que presentó su demanda de amparo hasta el dos de septiembre de dos mil diecinueve, según se advierte del sello impreso por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; de ahí, que es inconcuso que lo hizo con posterioridad a la fecha en que concluyó el término que tenía para instar el juicio constitucional. Tiene aplicación jurisprudencia decretada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". Por otra parte, cabe mencionar que en el caso no se está en los supuestos de excepción que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados no son una norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, tampoco se impone pena de prisión, ni se promueve en contra de actos que tienen o puedan tener efecto de privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población ejidal o comunal, ni el acto reclamado implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de persona o alguna o de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Todo lo contrario, se trata de un acto emitido dentro de una causa penal y precisamente ello conlleva a que en el caso concreto no se surtan las hipótesis de excepción a que se han hecho referencias. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda. Se autoriza la expedición de copias. Hágase saber a las partes que, en caso de requerirlo, sin previa promoción, desde este momento se autorizan copias simples y certificadas, conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previa firma de recibido que se agregue a los autos para constancia legal. Uso de medios electrónicos. En el entendido de que tal y como lo determinó el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la circular 12/2009, no existe inconveniente en que al momento de consultar el expediente en que se actúa las partes hagan uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Domicilio procesal y autorizados. Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda, asimismo, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marco Antonio Villalobos Quevedo y Krystell Goñi García, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada. De las notificaciones de las partes. Debido a la carga de trabajo de este tribunal, y en miras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Protección de datos personales. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21, de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite... NOTIFIQUESE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero · 9,273 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano