Burkhanov Amir Davronovich

Expediente 382/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
382/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
01/09/2023

Partes del expediente

  • Burkhanov Amir Davronovich

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, primero de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la misiva 23240/2023, firmada vía electrónica con evidencia criptográfica del Secretario adscrito al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esa misma ciudad, con la que transcribe el proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, del cual, en lo que interesa se advierte acepta la competencia que este órgano jurisdiccional declinó para conocer de la demanda de amparo, y la radicó con el número 896/2023. ANOTACIONES Háganse las anotaciones en Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En razón de lo anterior y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO Además al tratarse de un asunto en el que se declaró incompetencia para conocer del mismo, pero por haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados en acuerdo inicial de dieciséis de julio del presente año; por tanto, de conformidad con el capítulo siete, punto "7.4" relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte -aplicable en lo conducente-, el presente asunto es susceptible de conservación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 26, del Acuerdo General multicitado, en concordancia con el capítulo siete, punto "7.6" del Manual citado en párrafos que anteceden, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de esta determinación y, una vez transcurrido dicho término, este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; al cumplir diez años de haberse ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido, la Dirección General de Archivo y Documentación podrá ejecutar la destrucción material de aquél. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico, en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Se señala que en el presente juicio no se formó cuaderno de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cúmplase.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a este sumario constitucional, el oficio 21276/2023, signado por el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, residente en Tijuana, mediante el cual solicita se le remitan la boleta de turno, el escrito de demanda y demás constancias que integran el juicio de amparo 282/2023, para poder estar en condiciones de proveer lo conducente en lo relativo a la incompetencia planteada por este órgano de control constitucional; en atención del homologo oficiante, remítanse las constancias referidas para los efectos conducentes. Cúmplase.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a este sumario constitucional, el oficio con terminación 4812/2023, recibido vía correo electrónico, signado por el titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en Tijuana, con el que en representación de las autoridades 1. Titular de la Estación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Tijuana del Estado de Baja California, y 3. Oficiales adscritos al Aeropuerto Internacional General Abelardo L. Rodríguez de la Ciudad de Tijuana Baja California, rinde informe respecto a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa; de conformidad con los numerales 126 y 158 de la Ley de Amparo, téngase rindiendo su informe correspondiente. DOMICILIO Así también, se toma conocimiento del domicilio que se proporciona para efecto de posteriores notificaciones, por lo que se tiene dicha dirección para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de remitir ahí las subsecuentes misivas que de este cuaderno se deriven. Cabe precisar que es de tomarse en cuenta la misiva, pues no obstante que se remitió vía correo, éste es un medio de comunicación electrónica, que al ser certificado por el secretario de este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, la tesis con número de registro 216635, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS". Por otra parte, agréguese a las actuaciones de este cuaderno, el comunicado oficial de la Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, por el que devuelve parcialmente diligenciado el exhorto 301/2023, orden 826/2023, del índice de este Juzgado de Distrito. En consecuencia, dése de baja de la estadística de este Juzgado, previas anotaciones en el libro de control respectivo y la captura de datos en el Sistema de Integración de Seguimiento de Expedientes (SISE). INCOMPETENCIA Ahora bien, de la constancia de notificación de data dieciséis del actual, se aprecia que el justiciable Burkhanov Amir Davronovich, se encuentra detenido en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de Tijuana, lugar en el que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, carece de competencia legal para conocer de este asunto, por razón de territorio, conforme a lo establecido en el primer párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone que será competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución o se esté ejecutando el acto reclamado. Tomando en consideración que los actos que se reclaman tienen efectos de ejecución en Tijuana, Baja California, es por lo que se estima que este Juzgado carece de competencia legal para resolver este asunto. En efecto, la competencia para conocer de una demanda de amparo por razón de territorio deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, para lo cual se debe atender a si requiere ejecución material o no. Al respecto el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior se colige que existen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, a saber: a) Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse si esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Tratándose del acto reclamado que pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En la primera hipótesis, se atiende a la autonomía del acto de ejecución para fijar la competencia, por lo que no importa el lugar donde se haya ordenado dicho acto, ya que el parámetro del legislador es la propia ejecución con total independencia a quien la haya ordenado. Respecto al segundo supuesto prevalece el principio de ejecución material para sustentar la competencia por lo que se da una regla para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, así se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el Juez Federal ante quien se presentó la demanda será el competente para conocer de ella. Dicho supuesto requiere que el acto de ejecución se haya materializado y producido efectos en dos circunscripciones territoriales. En la última hipótesis, se establece la normativa para el supuesto que la resolución reclamada en el juicio de amparo carezca de ejecución material, en esta hipótesis es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. Precisado lo anterior en el presente caso tratándose de actos que requieren de ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél donde se ejecuta el acto reclamado, en este caso, el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde se ubica la Estación Migratoria donde se encuentra recluido el amparista. Por tanto, si dicha Estación Migratoria donde se encuentra recluido el quejoso, se ubica en Tijuana, Baja California, se estima que el acto reclamado tiene ejecución en territorio sobre el cual ejerce jurisdicción el Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno. Como apoyo a lo anterior se cita por analogía la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicada en la página, Tomo XXI, Junio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital: 178232, que establece: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN.- Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." También se invoca la jurisprudencia de la misma Primera Sala, ubicada en la página 633, Libro 5, Abril 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2006160, Decima Época, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." En consecuencia, con fundamento en el numeral 48 primer párrafo y demás relativos de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, carece de competencia legal para conocer del amparo en que se actúa. Por ello, remítanse los autos del presente juicio de amparo, al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno. Se solicita al Juzgado que por razón de turno corresponda el conocimiento del asunto, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada; peticionando remita a la brevedad el acuse el recibo de estilo correspondiente. Fórmese el respectivo cuaderno de antecedentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el comunicado oficial que contiene el informe relativo a la suspensión de plano otorgada el dieciséis de julio de dos mil veintitrés, que rinde la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración a nombre del Representante Local del Instituto Nacional de Migración, residente en esta Ciudad de Salina Cruz, Oaxaca; mediante el cual en atención al oficio 11184, niega los actos que se le atribuyen, por no haber ". ordenado y/o ejecutado la privación de la libertad injustificada, la determinación de la probable deportación, expulsión, repatriación asistida de los directos quejosos fuera de un procedimiento administrativo y la incomunicación, ni cualquier acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de los directos quejosos, pues bien, dicho extranjero no se encuentra, ni se encontró presentado a disposición de la autoridad señalada como responsable.". Asimismo, a través de la actuación actuarial, de dieciséis de julio de dos mil veintitrés, se hizo constar que no fue localizado el quejoso -migrante de nombre Burkhanov Amir Davronovich, en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Salina Cruz, Oaxaca. En ese contexto, a fin de tener una administración de justicia pronta y expedita, con fundamento en los normativos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación armónica con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a Alberto Cruz Sánchez, quien promovió a nombre de Burkhanov Amir Davronovich, para que en el plazo de tres días contado a partir del en que quede notificado de este acuerdo, proporcione el domicilio donde pueda ser localizado el buscado con la finalidad de llevar a cabo la diligencia ordenada en autos; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones al quejoso Burkhanov Amir Davronovich se le realizaran por lista. CORREO INSTITUCIONAL Téngase a la citada autoridad responsable señalando como correos institucionales el que indica en la misiva de cuenta, y los números telefónicos a que hace referencia. Cabe precisar que es de tomarse en cuenta el informe, pues no obstante que se remitió vía correo electrónico, éste es un medio de comunicación, que al ser certificada su recepción por el secretario de este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, la tesis con número de registro 216635, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." Notifíquese.

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