Bunga Pedro Mbulu Teca
Expediente 950/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 950/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Bunga Pedro Mbulu Teca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó: En tal virtud, comuníquese lo anterior a las partes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido, en los siguientes términos. 1. Expediente Destruible. De conformidad con los artículos 14, fracción III, y 20, fracción I1 , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, al haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados; este expediente es DESTRUIBLE en un plazo de tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto totalmente concluido, pues se trata de un juicio de amparo en el que como se dijo, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General, tampoco fue motivo de información reservada de alguna solicitud de acceso a la información. (.).3. Se ordena estampar el sello de DESTRUIBLE en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 345 del acuerdo en comento. 4. Incidente conservable. El cuaderno del incidente de suspensión (negó y concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados), se considera como CONSERVABLE, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b)6 del citado Acuerdo General, por lo que una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, previo cercioramiento de que todas las constancias que integran el cuaderno incidental respectivo estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, será transferido al Archivo de Concentración de los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo establece el artículo 9 y conforme a los lineamientos establecidos en los numerales 26, 27 y 287 , todos del acuerdo multicitado. 5. Hágase constar en la carátula del incidente de suspensión, la leyenda "CONSERVABLE", de conformidad con lo dispuesto por el aludido numeral 34 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia; asimismo, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, se obtiene ha transcurrido el plazo legal de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieren interpuesto recurso de revisión, en contra del proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés (fojas 110 a 121), en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. En tal virtud, comuníquese lo anterior a las partes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido, en los siguientes términos. (.).Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que en proveído de veintisiete de septiembre del año en curso (fojas 107 a 109), se tuvo por recibido el oficio *****, mediante el cual el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, rindió informe justificado, en representación del Titular de la Oficina de Representación en esta ciudad de la Coordinación General de la citada Comisión, y remitió diversas constancias relativas a los actos reclamados (fojas 38 a 105). Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. (.).Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, consistentes en la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiado, lo cual le impide tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Lo anterior lleva aparejado, que se regularice su situación migratoria, se le otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y gocen plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Se afirma de esa manera, porque el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población 2 , en la cual fueron establecidos nuevos supuestos jurídicos para que los extranjeros puedan adquirir una Clave Única de Registro de Población de carácter temporal 3 , con la finalidad de que accedan a estos sistemas integrados de registro e identificación. En este sentido, se ha añadido como supuesto de asignación de la Clave Única de Registro de Población a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria 4 bajo las siguientes consideraciones: (.).En ese orden de ideas, cabe precisar que, en la especie, respecto de los mencionados actos reclamados por el quejoso *****, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: (.).Como se ve, el juicio de amparo es improcedente cuando se reclama un acto que emana de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo en forma de juicio, y ese acto fue sustituido por uno dictado con posterioridad en el mismo procedimiento, de tal suerte que surge un impedimento jurídico para analizar el acto reclamado ya que no puede efectuarse su estudio sin afectar la nueva situación de derecho existente. En ese entendido, para estar en aptitud de resolver sobre la improcedencia de que se trata, es importante destacar cuándo se produce un cambio de situación jurídica. (.).Ahora, los supuestos que se prevén para la actualización de dicha causal son los que a continuación se reiteran: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (o en su caso, a la emisión del acto reclamado) se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien, en el presente controvertido constitucional, se encuentran colmadas las hipótesis previamente descritas. Ciertamente, los requisitos establecidos en los incisos a) y b) se encuentran satisfechos, al haberse gestado en la secuela procesal el cambio de situación jurídica y con posterioridad a la presentación de la demanda. Ello se afirma, en tanto que, se cuenta con la documental pública recibida en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 107 a 109), de la que se advierte que la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, desechó el trámite del quejoso (.).para obtener la condición de refugiado, ante la falta de interés jurídico para darle continuidad por el promovente, debido a que el referido solicitante de la protección constitucional no se presentó ante esa autoridad para continuar con el inicio del trámite de procedimiento de condición de refugiado, y con ello encontrarse imposibilitada para continuar con el procedimiento del mismo (foja 57); documental pública que tiene pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2o de la Ley de Amparo. Atendiendo a lo expuesto, es evidente que, se actualiza un cambio de la situación jurídica del impetrante *****, quedando consumadas irreparablemente las posibles violaciones cometidas respecto de los actos reclamados; dado que no es factible emitir un pronunciamiento respecto a los actos impugnados, sin afectar la ulterior y nueva situación jurídica generada con posterioridad con motivo del acuerdo dictado el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el que la autoridad responsable, desechó el trámite ante la falta de interés jurídico de la parte quejosa, toda vez que ésta no se presentó ante esa autoridad para continuar con el trámite de procedimiento de condición de refugiado. Aspectos éstos, que llevan a determinar la actualización de las hipótesis consagradas en los incisos c) y d); a saber, que no puede decidirse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, sin afectar la nueva situación jurídica; toda vez que hay autonomía entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo. Lo anterior es así, en razón de que la parte quejosa instó la acción constitucional, por los actos que se describieron con anterioridad, los cuales son sustituidos con motivo de la emisión del proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el que la autoridad responsable desechó el trámite ante la falta de interés jurídico del quejoso *****, al no presentarse a continuar con el trámite de procedimiento de condición de refugiado, lo cual genera diversas consecuencias legales que se ven reflejadas en la esfera jurídica de aquélla. (.).Por otra parte, respecto de los quejosos *****, se advierte que se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: (.).Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección constitucional pedida. Respecto de esta causa de improcedencia, se tiene que existen dos hipótesis: a) por revocación y b) por sustitución. La primera se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial, mientras que el segundo supuesto consiste en que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto del primero de los supuestos citados el amparo resulta improcedente. Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En el caso concreto, la parte quejosa, como se mencionó, se duele de la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiado, lo cual le impide tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Lo cual lleva aparejado que se regularice la situación migratoria de la parte quejosa, para que se le otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y goce plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Ahora, como se estableció con antelación, la autoridad responsable, exhibió las siguientes documentales: 1. Acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintitrés, en que la autoridad responsable previno a los quejosos *****, respecto al trámite de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados (fojas 78 y 79). 2. Acuerdo de dieciocho de septiembre dos mil veintitrés, en el que admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados de los quejosos *****, y les asignó la Clave Única de Refugiado, lo cual les fue notificado (.).Clave Única de Registro de Población para Extranjeros (CURP) a favor de los quejosos (.).De lo anterior, se aprecia que mediante acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintitrés, se previno a los quejosos *****, y por diverso auto de dieciocho del mismo mes y año, se admitió a trámite la solicitud de la condición de refugiados de aquéllos. De igual manera, la autoridad responsable emitió en favor de los quejosos *****, la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de condición de refugiados, con las que se les garantiza la no devolución a su país de origen fuera de procedimiento y, además, les generó la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros; documentales a las que se les otorgó valor probatorio pleno en párrafos que anteceden. (.).Luego, de las precisiones realizadas con antelación se concluyó que los actos reclamados relativos a la omisión de expedirle su constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (CUR), y la negativa de otorgarle su respectiva clave única de registro de población (CURP), han cesado en sus efectos. En esas condiciones, es inconcuso que al presente asunto sobrevienen las causas de improcedencia precisadas por las fracciones XVII y XXI, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los aludidos actos reclamados; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. (.).SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Lo anterior, pues a nada práctico conduciría continuar con la tramitación del presente asunto, pues la causal de improcedencia antes invocada resulta insuperable y la parte quejosa obtuvo lo que pretendía con la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa. Finalmente, comuníquesele a la autoridad responsable, que en caso de que con anterioridad a la presente determinación, se le hubieran requerido constancias relacionadas con los actos reclamados, se deja sin efecto tal requerimiento, en virtud de que las precisadas en párrafos que anteceden, fueron necesarias para decretar el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia; por tanto, resulta innecesario que dicha autoridad las remita a este órgano jurisdiccional. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO. Agréguese con vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa el informe justificado rendido por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en esta ciudad de la Coordinación General de la citada Comisión; y dese nueva cuenta con el mismo en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que anexan, pruebas que se admiten y desahogan dada su especial y propia naturaleza, sin perjuicio que se haga relación de ellas en la audiencia constitucional. AUTORIZADOS. De conformidad con el precepto 9 de la citada ley, se tienen como delegados de la referida autoridad a las personas que cita. DOMICILIO. Luego, respecto del domicilio procesal que señala, no ha lugar a tenerlo por designado en virtud que, la autoridad responsable que representa tiene su domicilio oficial en esta ciudad. MEDIOS ELECTRÓNICOS. En ese contexto, como lo peticiona a fin de que pueda obtener las constancias de manera ágil e inmediata, se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las mismas. (.). INFORMACIÓN CLASIFICADA. No pasa desapercibido lo manifestado por la autoridad oficiante, relativo a los datos que refiere sensibles plasmados en el oficio de cuenta; sin embargo, no se advierte algún dato que requiera de especial trato, pero a pesar de ello, la información proporcionada se atenderá con la debida formalidad y en los términos que establecen los artículos 6 apartado A, fracción II y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos, 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 10 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político; aunado a que el uso de la información proporcionada solo es del conocimiento de las partes que intervienen en este sumario constitucional y ello se gestiona así, observando los lineamientos que establecen los preceptos normativos previamente invocados. En consecuencia, para dar margen a que transcurra la vista concedida con el referido informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la citada legislación, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.
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