Bulmaro Ramírez López
Expediente 382/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 382/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 26/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Bulmaro Ramírez López
- Bulmaro Ramírez López y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mesa VI-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil dieciséis. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que el quejoso Bulmaro Ramírez López, interpusiera recurso de revisión contra el auto de siete de abril de dos mil dieciséis, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, transcurrió del doce al veinticinco de abril de este año, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia y que tal determinación no fue recurrida se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se considera también que carece de relevancia documental, en virtud que por el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del mencionado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que, conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por último agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el sobre cerrado que devuelve el administrador de correos de México, el cual contiene el oficio 15393/2016, dirigido a la responsable director de la Agencia Estatal de Investigaciones de Tlacolula, de Matamoros, Oaxaca, el cual no fue entregado por la causa "desconocido en el domicilio"; toda vez que el auto que se le notifica es precisamente el de sobreseimiento. Notifíquese...
- Incidental
Mesa VI-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que en el expediente principal del que emana este incidente de suspensión, con esta fecha se dictó un auto en el que se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión; asimismo, que por auto de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, se concedió la suspensión provisional a la parte quejosa y por interlocutoria de catorce de marzo siguiente, se concedió la suspensión definitiva. Por tanto, archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que en este incidente se concedió la suspensión provisional y por otra se concedió la suspensión definitiva; que por la naturaleza de lo resuelto en este incidente, se estima carece de relevancia documental, y dado, que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos originales; en consecuencia, con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme a los puntos segundo, fracción XVIII, cuarto y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del citado Acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto Décimo fracción I, del referido acuerdo, el original de este incidente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración, por lo que debe conservarse el auto de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, que concedió la suspensión provisional e interlocutoria de catorce de marzo siguiente, que concedió la suspensión definitiva. Notifíquese...
- Principal
MESA VIA] Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el escrito de la parte quejosa Bulmaro Ramírez López, por medio del cual desiste de la demanda de amparo origen de este juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso d) y 63, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérasele, para que dentro del plazo de tres días siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, en días y horas hábiles comparezca al despacho de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, sito en la calle de Amapolas número mil doscientos dos, colonia Reforma, en esta ciudad, y en diligencia, ratifique el contenido del escrito de cuenta; apercíbasele que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará con el procedimiento del juicio hasta su conclusión. Ahora bien, en virtud que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las once horas con cuarenta minutos del treinta y uno de marzo de este año; por lo que para dar margen a lo anterior, desde hoy se difiere para las once horas con veinte minutos del veintisiete de abril de dos mil dieciséis. Notifíquese personalmente.
- Incidental
Mesa VI-A * "...VISTOS; para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 382/2016; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. El quejoso Bulmaro Ramírez López reclamó de las autoridades responsables los actos siguientes: ACTOS RECLAMADOS:AUTORIDADES RESPONSABLES:1. La orden de aprehensión.Juez Primero de lo Penal del distrito judicial de Tlacolula, Oaxaca.2. La ejecución material de la citada orden.Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del distrito judicial de Tlacolula, Oaxaca. Director de la Agencia Estatal de Investigaciones. Encargado del servicio de la Agencia Estatal de Investigaciones, destacamentado en Tlacolula, Oaxaca. SEGUNDO. Por auto de veintinueve de febrero de este año, con fundamento en el artículo 107 fracción X, de la Constitución Federal; 125, 128 y 129 todos de la Ley de Amparo, se ordenó tramitar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión relativo, registrándose bajo el número 382/2016, en el cual se proveyó respecto de la suspensión provisional solicitada por el quejoso. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Al rendir sus respectivos informes previos las autoridades responsables lo hicieron de la manera siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES: SENTIDO DEL INFORME FOJAS Juez Primero de lo Penal del distrito judicial de Tlacolula, Oaxaca Omisa Jefa de la unidad administrativa de la Agencia Estatal de Investigaciones y de carrera policial, por orden del coordinador general de dicha agencia Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del distrito judicial de Tlacolula, Oaxaca. Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, en cargado de la comandancia en la citada población. Niegan (14, 17 y 18.) SEGUNDO. Existencia de los actos reclamados. Toda vez que en la audiencia que antecede se presumió cierto el acto reclamado al juez Primero de lo Penal del distrito judicial de Tlacolula, Oaxaca, por lo que en ese sentido, se desvirtúa la negativa de las restantes autoridades ejecutoras, toda vez que de conformidad con el artículo 19 Bis, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Penales para el Estado, son a éstas últimas a las que les corresponde vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. Y se procede al análisis de la concesión de la mediada suspensional. En relación con la ejecución material de la orden de aprehensión librada contra la parte quejosa, al estar satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 124 de la Ley de Amparo aplicable, toda vez que la suspensión definitiva está solicitada, y con la misma no se sigue perjuicio al interés social, para el caso que el ilícito no se encuentre catalogado como grave conforme a lo establecido en el artículo 23 Bis A del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, con fundamento en los artículos 124, 124 bis, 128, 136 y 139 de la referida Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva al peticionario del amparo para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no sea privada de su libertad personal con motivo de la orden de aprehensión reclamada, quedando a disposición del juez de la causa, en términos del primer párrafo del artículo 136 del mismo ordenamiento, y a disposición de este juzgado por lo que hace a su libertad personal, sin perjuicio de la continuación del procedimiento penal de donde emana el mismo; medida precautoria que surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si no se cumple con los siguientes requisitos: REQUISITOS DE EFICACIA a) Que el quejoso Bulmaro Ramírez López, exhiba a favor de este juzgado, dentro del plazo de setenta y dos horas, garantía económica por la suma de un mil pesos, cero centavos, moneda nacional, en cualquiera de las formas permitidas por la ley. En el caso de que la garantía se constituya en billete de depósito, se hará ante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI). En el entendido que dicha garantía se fija al arbitrio del suscrito, tomando como datos objetivos los siguientes: 1). Que es una autoridad del fuero común la ordenadora, por lo que se fija la cantidad de un mil pesos, cero centavos, moneda nacional por la misma. 2) Que no se tiene conocimiento de la naturaleza, modalidad y características del delito o delitos por los que se libró orden de captura contra el quejoso. 3) Que no existe constancia alguna sobre las características personales y la situación económica del referido quejoso, por lo cual, ese dato no se puede tener en cuenta para fijar la garantía. Garantía que se establece al ponderar el beneficio que se otorga con la presente medida cautelar y los datos anteriores, a efecto de evitar una conducta evasiva por parte del quejoso en relación con el proceso penal que se le sigue, además, tomando en cuenta el equilibrio entre la salvaguarda de la libertad personal, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del proceso penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. b) Dentro del plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del auto en que se agregue dicho informe, deberá comparecer personalmente ante el juez de la causa, esto es, para que le reciban su declaración preparatoria, y asista a toda clase de diligencias para la que la citen dentro del proceso, a menos que esta suspensión definitiva quede sin efectos al dictarse la resolución el juicio principal del cual deriva este incidente; lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 136, párrafo primero, y 138 del citado ordenamiento, en todo caso, aunque no sea citado para alguna diligencia deberá presentarse ante la autoridad judicial cada siete días, hasta la resolución ejecutoria del juicio principal de amparo a que corresponde este incidente de suspensión, en la inteligencia de que al vencimiento del referido plazo de tres días deberá acreditar ante este juzgado que cumplió con tales medidas; con apercibimiento que una vez que se notifique al quejoso el informe previo que en su caso rinda la autoridad responsable en el que acepte la existencia del acto reclamado, y de no realizar dichas presentaciones dentro del plazo de tres días indicado, lo cual deberá acreditar dentro del plazo de cinco días; no comparezca ante el juzgador para la práctica de alguna diligencia; y de no acreditar aquí que cumplió con la primera presentación señalada, se hará efectiva la garantía pecuniaria en favor del Erario Federal; de igual modo, para el caso de que el mencionado juez informe a este juzgado que la parte promovente no cumplió con alguna otra presentación a la que haya sido citado previamente y que esté acreditado este hecho, también se hará efectiva la referida garantía. Estas medidas de aseguramiento del quejoso se adoptan a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable ordenadora en caso de no concedérsele el amparo. Ahora, una vez transcurrido el plazo concedido sin que llene los requisitos exigidos para conceder la medida cautelar, esto es, que exhiba la garantía económica que les fue fijada dentro del plazo de setenta y dos horas; y que dentro del plazo de tres días, comparezca ante el juez para que le reciba su declaración preparatoria, y se continúe con el procedimiento penal, así como, asista a toda clase de diligencias para las que la citen dentro del proceso, aun cuando no sea citado para alguna diligencia se presente ante la autoridad judicial cada siete días, hasta la resolución ejecutoria que se dicte en el juicio principal a que corresponde este incidente, circunstancias que deberá acreditar dentro del plazo de cinco días (dentro del cual están incluidos los plazos citados), siguientes a su legal notificación; en el entendido que de incumplir cualquiera de los requisitos de eficacia anteriormente citados en el plazo aludido, la medida suspensional decretada dejará de surtir sus efectos y se comunicará a las autoridades responsables, que quedan expeditas sus facultades para ejecutar la orden de captura combatida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 138, segundo párrafo y 139 de la abrogada Ley de Amparo, aplicable conforme al artículo décimo transitorio de la Ley de Amparo en vigor. En tanto que, si el delito o los delitos por los que se instruye el proceso al quejoso no permita el beneficio de la libertad provisional bajo caución, conforme al artículo 23 Bis A del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, con fundamento en el artículo 136, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, la suspensión definitiva sólo se otorga para el único efecto de que una vez detenido quede a disposición de este juzgado de distrito por lo que respecta a su libertad personal, en el lugar donde sea internado, así como a disposición del juez de su causa por lo que atañe a la continuación del procedimiento penal. DURACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos hasta que se notifique a las responsables la resolución que se dicte sobre en el juicio principal de donde emana este incidente. Aunado a lo expuesto, es pertinente mencionar, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho cuestionado, ni la inconstitucionalidad o constitucionalidad del mismo, en una apreciación de carácter provisional sobre la credibilidad objetiva del derecho del solicitante, este órgano de control constitucional estimó procedente otorgar la suspensión definitiva en los términos expuestos, respecto de la ejecución de la orden de privar de su libertad a la peticionaria, pues al confrontar la trascendencia del derecho del solicitante y el interés de la sociedad, se llegó a la conclusión que de no conceder la suspensión se causaría mayor perjuicio a la parte peticionaria, ya que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado (el cual afecta de modo predominante la libertad personal del quejoso) y a lo expuesto en su demanda de amparo (específicamente en el apartado concerniente a los antecedentes del acto reclamado y conceptos de violación), se consideró no se contraviene el interés social; pues, si bien, por una parte con tal medida se permite que tratándose de delitos que por su naturaleza permitan el beneficio de la libertad provisional bajo caución, la parte quejosa siga gozando de su libertad personal en los términos indicados, en nada afecta el interés social, ya que, aun cuando la sociedad está interesada en que, quien comete un ilícito sea sancionado por ello, o quien es sujeto de una orden de captura, sea objeto de la misma, en acato al procedimiento penal respectivo, tal interés ha de prevalecer siempre y cuando tal restricción provenga de autoridad competente y se ajuste a la ley respectiva (lo cual se conocerá hasta que se resuelva el juicio), lo que en el caso no se verá afectado, pues, la concesión de mérito no impide que se concluya en tal determinación, empero, será hasta que exista certeza sobre la legalidad del acto reclamado. Además que para garantizar la continuación del procedimiento respectivo, si se tratare de un delito que no sea catalogado como grave por el artículo 23 Bis A del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, se sujetó a la promovente a comparecer ante el juez de la causa y exhibir a favor de este juzgado garantía en cualquiera de la formas permitidas por la ley, apercibido que de incumplir con dichos requisitos de eficacia, la suspensión concedida dejará de surtir efectos y se comunicará a las autoridades responsables que quedan expeditas sus facultades para ejecutar la orden de captura combatida; y a comparecer ante el juez de la causa y autoridad administrativa a fin de continuar con el procedimiento penal que se siga en su contra. En tanto, que de ser delito grave, sólo se concedió para el único efecto que, una vez detenido, quede a disposición de este órgano jurisdiccional por lo que hace a su libertad personal, y a disposición del juez de la causa respecto a la continuación del procedimiento que se le instruya; con lo que se preserva el interés social. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad siendo el derecho al debido proceso y a la libertad un derecho humano del que es titular todo individuo, cuyo goce está garantizado en el primer párrafo del numeral en estudio. TERCERO. Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el plazo para la destrucción del duplicado de este incidente contará a partir de la fecha de esta resolución. En mérito de lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E : PRIMERO. Se concede al quejoso Bulmaro Ramírez López, la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados al juez Primero de lo Penal del distrito judicial de Tlacolula, Oaxaca (ordenadora); agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del distrito judicial de Tlacolula, Oaxaca; director de la Agencia Estatal de Investigaciones y encargado del servicio de la Agencia Estatal de Investigaciones, destacamentado en Tlacolula, Oaxaca; consistentes en la orden aprehensión dictada en su contra por la autoridad ordenadora y su ejecución por la restante. SEGUNDO. Como está ordenado en el último considerando de esta interlocutoria, hágase del conocimiento de las partes que con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el plazo para la destrucción del duplicado de este incidente contará a partir de la fecha de esta resolución. Notifíquese...
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