Bulmaro Ramírez López

Expediente 1222/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1222/2015
Año
2015
Actuaciones
12
Última actuación
02/10/2015

Partes del expediente

  • Bulmaro Ramírez López
  • Víctor Martínez Cabrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    *PRAL. 1222/2015 MESA AMP. 4-B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dos de octubre de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha concluido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera recurso de revisión contra proveído dictado el ocho de septiembre del año en curso (foja 34), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO, dicha determinación. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que no obren los acuses de recibo que acrediten que las autoridades responsables quedaron notificadas del proveído dictado el ocho de septiembre del año en curso (foja 34), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, pues, carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión a que se refiere el citado artículo, ya que todo recurso solamente puede hacerlo valer la parte quejosa; de ahí que, en el caso concreto, el único que pudiera resultar afectado con el fallo en cuestión, es el promovente, quien no hizo valer el medio de impugnación a que tiene derecho. Fundamenta lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, por identidad de razón, la tesis registrada en el IUS con el número 316096, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 676, del Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo CXXX, con el siguiente rubro y texto: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO. Si resulta improcedente la acción de un quejoso en cuanto a los actos de las autoridades responsables, asimismo resultará improcedente, por consecuencia, el recurso de revisión interpuesto por las propias autoridades de acuerdo con lo que previene el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que las autoridades responsables sólo pueden interponer el mencionado recurso en contra de las sentencias que afectan directamente al acto que de cada una de ellas se hubiese reclamado, y sobreseído el juicio respecto de los actos de las autoridades recurrentes, es indudable que el fallo del juez de Distrito, así reformado, no las afecta". Toda vez que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el auto inicial; por lo que, éste y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoriada, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de la parte quejosa, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por el quejoso, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    *PRAL. 1222/2015 MESA AMP. 4-B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil quince. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el escrito firmado por el quejoso Bulmaro Ramírez López, con registro 031267, mediante el cual se desiste de la demanda origen de este juicio de amparo, así como la diligencia que antecede, en la que ratificó dicho desistimiento. Vista la diligencia que antecede, de la que se advierte que el directo quejoso Bulmaro Ramírez López, ratificó el contenido del escrito recibido en este Juzgado el siete del mes actual (foja 30), en el que se desiste de la demanda origen de este expediente; en consecuencia, al no existir instancia de parte agraviada, se le tiene por desistido en su perjuicio de la demanda de amparo, recibida en este Juzgado el veinticuatro de agosto del año en curso (foja 3). Por lo anterior, SE SOBRESEE en el juicio fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, por desistimiento expreso de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación 2a./J.33/2000, visible en la página 147, Tomo XI, Abril de 2000, Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que aparece bajo el rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". En esas condiciones, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del dieciocho de septiembre de dos mil quince, así como los requerimientos y apercibimientos decretados en este expediente, en razón del sobreseimiento decretado. NOTIFÍQUESE; personalmente al quejoso.

  3. Principal

    mesa 2 b pral. 381/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a catorce de septiembre de dos mil quince. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes, el oficio número 4503, suscrito por el juez Segundo Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán, Oaxaca, con el que devuelve el despacho con número de orden 1989/2015 y de origen 1023/2015, del inventario de este Juzgado; por lo que, dése de baja el despacho de referencia en el libro número cuatro, que se lleva en este Juzgado, relativo a las comunicaciones oficiales enviadas. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    (NOTIFICACIÓN POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESASDA, EN VIRTUD DE NO SE PRESENTÓ EN ESTA ACTUARÍA, NI SUS AUTORIZADOS A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, A PESAR DE HABERLE DEJADO EL AVISO JUDICIAL RESPECTIVO, CON ANTERIORIDAD)MESA 1 B PRAL. 11/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, uno de septiembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los autos, atento a su contenido, se provee: Mediante proveídos de fecha nueve y catorce de julio de dos mil quince (fojas 121 y 129) se dio vista a las partes, quejosa y tercera interesada con el oficio número 4601, telegrama con número de folio 383031, y oficio sin número, signados por el 1) secretario encargado del Juzgado Primero de lo Penal, autorizado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para dictar sentencias (fojas 82-114); 2) comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, encargado de la Comandancia (fojas 115), anexando la autoridad judicial copia certificada deducida del expediente número 137/2014, de su índice; y 3) agente del Ministerio Público (125-128), con residencia en Tlacolula, Oaxaca; para que expresaran lo que a su derecho conviniere, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surtiera efectos su legal notificación; al no haber hecho manifestación alguna, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de referencia y este juzgado resolverá sobre el cumplimiento ordenado en la sentencia dictada en este juicio, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª. XXXVIII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA, APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Para ello, cabe precisar lo siguiente: 1° Eutimio Cruz Celis, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del secretario encargado del juzgado Primero de lo Penal, con residencia en Tlacolula, Oaxaca y otras autoridades; que hizo consistir en: "De la autoridad señalada como ordenadora, reclamamos LA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE HA LIBRADO EN MI CONTRA EN EL EXPEDIENTE 137/2104, sin haber cometido delito alguno. Y de las ejecutoras les reclamamos el cumplimiento que pretenden dar a dicha Orden, que se traduce en nuestra captura material y privación de nuestra libertad personal." 2°. Por sentencia pronunciada en la audiencia de nueve de marzo de dos mil quince, engrosada el veintinueve de mayo siguiente (foja 59-68 vta.), se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Eutimio Cruz Celis, para el efecto de que el juez Primero de lo Penal de Tlacolula, Oaxaca: a) "Deje insubsistente la orden de aprehensión librada el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, en la causa penal 137/2014, de su índice; hecho lo cual, b) Con libertad de jurisdicción, emita otra resolución, en la cual, de manera clara, y si así lo estima procedente, reitere el estudio, tanto de los elementos del hecho considerado como delito, como la probable responsabilidad que se imputa a la parte quejosa, pero: 1. Deberá establecer como se integran cada uno de los elementos del delito de despojo agravado que se imputa al activo, aquí quejoso. 2. Así como deberá precisar el medio empelado para la comisión del ilícito en estudio. 3. Motive la participación del aquí quejoso en la comisión del antisocial atribuido. 4. Asimismo, deberá, en su caso, señalar la forma de comisión del delito (dolosa o culposa).". 3º. Por auto de veintitrés de junio de dos mil quince (foja 78-79 vta.) causó ejecutoria la sentencia pronunciada en este juicio (foja 59-68 vta.) y se requirió a las responsables, 1) juez Primero Penal, 2) agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Penal y 3) comandante o encargado del servicio de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentado, con sede en Tlacolula de Matamoro, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de su legal notificación, cumplieran con la sentencia de mérito. 4º. La autoridad judicial responsable juez Primero de lo Penal, con residente en Tlacolula, Oaxaca, envió copia certificada deducida del expediente número 137/2014, de su índice (fojas 83-114), con la que informó el cumplimiento de la referida sentencia (foja 59-68 vta.). Ahora bien, la sentencia de amparo se encuentra cumplida, pues, en primer término, la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción, el uno de julio de dos mil cinco, dictó nueva resolución, por la que dejó insubsistente la diversa emitida el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, que constituye el acto reclamado y, asimismo, previo el estudio de las constancias de autos, a las que otorgó el valor probatorio condigno, tuvo por acreditado tanto los elementos del hecho considerado delito de despojo, como la probable responsabilidad que se imputa al quejoso, habiendo destacado los siguientes aspectos. 1) Precisó cómo se integran cada uno de los elementos del delito imputado, pues, al efecto, estableció (fojas 84 vta.): a) Con el contrato de compraventa fechado el diez de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, entre el vendedor Faustino Nibra Rojas y como compradora Ofelia Guzmán de Guzmán, así como para su esposo Ezequías Guzmán Montes, respecto de un terreno ubicado en el paraje denominado La Peña, en jurisdicción de San Francisco Lachigolo, precisando medidas y colindancia; tuvo por demostrado que el quejoso ocupó un bien inmueble que no le pertenece (fojas 84 vta.). b) Con las declaraciones del denunciante y testigos de cargo, así como inspección ocular, evidenció que el peticionario de amparo ocupó ese inmueble, de propia autoridad y haciendo usos de violencia moral, pues sin permiso y autorización del denunciante, se introdujo a dicho predio (fojas 85 a 86). c) De donde tuvo satisfecho los dos elementos que integran la posesión, el corpus, que se refiere al conjunto de hechos o actos materiales de uso, goce o transformación que una persona ejerce sobre una cosa; y el animus, que consiste en la intención de conducirse como propietario a título de dominio al haber ejercitado el quejoso actos materiales de detentación del inmueble (fojas 107). d) Por último, la agravante consistente en que dicha ocupación se cometa por más de cinco individuos, la demostró la autoridad responsable, pues adujo que tal conducta ilícita se realizó de manera conjunta con Amador Guadalupe Saavedra López, Felipa Celis Hernández, Ana Luisa Saavedra González, José Isabel Cruz Celis, Maura María Cruz, Manuel Sánchez López, Eduardo Gutiérrez Cruz, María Isabel Saavedra González, Orlando Cruz Saavedra, Héctor Inés Hernández, Margarita Gutiérrez, Eutimio Cruz Celis, Rosa López Saavedra o Rosalba Sánchez López y Eliseo López Antonio (fojas 107 vta.). 2) De la misma manera precisó que los activos hicieron uso de la violencia moral como medio de comisión, al ser evidente que las amenazas que profirieron de causar un mal grave al ofendido, así como y por su superioridad numérica, quienes además portaban herramientas de trabajo, como palas y machetes, intimidaron el ánimo del denunciante, venciendo su resistencia (fojas 98). 3) En lo que atañe a la participación del quejoso en el evento delictivo, el juez responsable consideró a éste como coautor material, por existir por parte de los indiciados una aportación al hecho delictivo necesaria, adecuada y esencial a éste, de modo que quedó evidenciado que entre ellos existió un reparto de dominio del hecho en la etapa de su realización (fojas 110). 4) Finalmente, señaló como dolosa la forma de comisión del delito, en términos del artículo 8, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, pues los indiciados quisieron y aceptaron de manera consiente y voluntaria el resultado obtenido, pues fueron ellos quienes, de propia autoridad y haciendo uso de la violencia moral, ocuparon el predio a que se hace mérito, sin consentimiento de su legítimo dueño (fojas 111 vta.). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 y 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de mérito; sin que se advierta exceso o defecto en el referido cumplimiento. Sin que sea dable analizar respecto de la legalidad o ilegalidad del nuevo acto dictado por la responsable, ya que ello es, en todo caso, materia de estudio de un medio distinto de impugnación, como así lo ilustra la tesis y jurisprudencia que enseguida se citan: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." ( ). "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ PARA EL SOLO EFECTO DE QUE SE DICTARA RESOLUCIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE ÉSTA, AL DECIDIR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA." ( ). Con fundamento en los puntos segundo, fracción IV, cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, de Acuerdo General citado. Con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Conforme a los puntos Noveno, fracción I, Décimo, fracción I, y Vigésimo Primero, fracción IV, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente permanecerá en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

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