Bulmaro Mireles Buendía

Expediente 319/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
319/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
22/02/2022

Partes del expediente

  • Bulmaro Mireles Buendía

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Visto; agréguense a sus autos para que obren como correspondan los informes justificados y anexo, que rinden las autoridades responsables. Con su contenido y anexo dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se tienen como delegados de su parte, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a las personas que menciona. En términos de lo señalado anteriormente, téngase a la autoridad responsable Fiscal General de Justicia del Estado, señalando el número de teléfono y correo electrónico que refiere, para comunicaciones no procesales. Con la documental exhibida por la diversa autoridad responsable, como soporte de su informe justificado, hágase nueva relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Con dicho anexo, fórmese por separado tomo I, para facilitar el manejo del presente expediente, dado su volumen. Asimismo, con el disco (DVD), que anexa, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, dese vista a las partes para que en el término de quince días, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga; asimismo, con apoyo en los diversos artículos 123 y 124 de la ley de la materia, hágase nueva relación del mismo en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Tiene aplicación por similitud jurídica la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), con registro 2004362, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, agosto de dos mil trece, tomo 1, materia común, página setecientos tres, Décima Época, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, del propio Pleno.

  2. Incidental

    Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el informe previo, que rinde la autoridad responsable. Con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 140 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala. En términos de lo señalado en auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós, téngase a la autoridad responsable señalando el número de teléfono y correo electrónico que refiere, para comunicaciones no procesales. Por otra parte, agréguense a los presentes autos para que obren como corresponda, los pedimentos presentados por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, sin que haya lugar a realizar pronunciamiento especial alguno, en atención a que el once del presente mes y año, fue celebrada la audiencia incidental respecto de las autoridades que refiere. Sin perjuicio de lo anterior, como lo solicita dicho representante social federal, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, expídasele copia simple de la resolución pronunciada el once de febrero del presente año, previa constancia e identificación que por su recibo se deje en autos En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 31 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, del propio Pleno

  3. Incidental

    Zacatecas, Zacatecas, quince de febrero de dos mil veintidós. Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por el quejoso José de Jesús Ávila Carrillo, mediante el cual cumple el requerimiento hecho en autos; en consecuencia se tiene por ampliada su demanda de amparo respecto a la autoridad responsable señalada como Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal en Zacatecas; en consecuencia se acuerda: Se admite a trámite la ampliación de demanda realizada por el quejoso, por lo que a la citada autoridad responsable se refiere. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 477, del Tomo IX, Abril de 1992, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, AMPLIACIÓN DE LA. TERMINO PARA HACERLA. Si bien es cierto que el quejoso tiene derecho a ampliar la demanda de amparo, para ello sólo cuenta con dos oportunidades: la primera, antes de que las autoridades responsables rindan su informe justificado, siempre y cuando esté dentro del término legal para pedir amparo; y la segunda, después de rendidos dichos informes, pero antes de la audiencia constitucional, siempre y cuando de tales informes aparezca que los actos reclamados provienen de autoridades diversas de las señaladas originalmente o aparezcan nuevos actos que no fueron impugnados en la demanda de garantías. En otras palabras, para solicitar el amparo debe observarse lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, y hasta antes de que se rinda el informe justificado por la autoridad responsable ordenadora, que es lo que viene a constituir la litis contestatio, puede ser ampliada la demanda, pero siempre y cuando se esté dentro del plazo legal. Y una vez trabada la litis y sólo por mera excepción queda abierta la posibilidad de que pueda ser ampliada, si del informe justificado se desprenden motivos o razones como las antes señaladas que pueda impugnar el agraviado". Con apoyo en el artículo 117 de la ley de la materia, pídanse informe con justificación a la citada autoridad responsable, el cual debe rendir dentro del término de quince días siguientes al en que se notifiquen, donde expondrá las razones y fundamentos que se estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo adjuntar las constancias relativas para justificar su informe. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, las constancias en la forma indicada, se le impondrá una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en comento, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Para que pueda rendir su informe la autoridad señalada como responsable, envíesele el escrito de demanda y del escrito de cuenta. Mediante oficio, al que se adjunte copia simple del ocurso por el que se amplía el escrito inicial de demanda, dese la intervención de su competencia al Agente del Ministerio Público Federal adscrito respecto de la mencionada ampliación. Se hace saber a la autoridad responsable que se encuentran fijadas para la celebración de la audiencia constitucional las once horas con cuarenta minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintidós. SUSPENSIÓN DE PLANO Al advertirse del contenido de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, que el quejoso reclama medularmente la omisión de proporcionarle los recursos materiales y humanos para brindarle la atención y tratamiento médico que necesita para procurar y lograr el éxito del trasplante de riñón de que fue objeto para atender la insuficiencia renal que padece, así como falta de entrega del medicamento denominado SIROLIMUS, 1 miligramo (rapamicida o rapamide) recetado para evitar el rechazo del riñón que recibió en trasplante. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito decreta la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado. Ello es así, pues del estudio minucioso de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en la omisión por parte de las autoridades responsables de proporcionarle los recursos materiales y humanos para brindarle la atención médica que necesita, con relación con la enfermedad que padece.. Asimismo, el promovente solicita la suspensión de los actos que impugna para el efecto de que las autoridades responsables le proporcionen el medicamento denominado SIROLIMUS, 1mg (rapamicida) SIROLIMUS, 1miligramo (rapamicida o rapamide) recetado para evitar el rechazo del riñón que recibió en trasplante, y derivado de ello no corra peligro su vida, ya que en caso de no tomarlo podría perder la vida, ante el rechazo del órgano que recibió. Por otro lado, en los hechos y las abstenciones que la parte justiciable manifiesta bajo protesta de decir verdad que constituyen los antecedentes de los actos reclamados se destaca que, expresamente manifestó que: "V. ANTECEDENTES. (.). IV. Desde el 20 de abril de 2020, me recetaron 1 caja de SIROLIMUS 1mg (rapamune), la que lleve a surtir con la encargada de la farmacia, me dijo que iba a revisar regreso y me manifestó que no había, que tenía que esperar, poniendo el pretexto de la pandemia, le pregunte que cuanto tiempo: "aproximadamente de 15 a 30 días", le conteste que ese no era un plazo razonable, por que nada tenía que ver con la pandemia con mi diagnóstico y receta; sin saber lo que me esperaba. V. Después de un mes de espera, se me terminó (sic) las últimas pastillas que tenía y comencé a comprar de manera directa en farmacias. Ya que como lo he venido mencionando si no tomo diario mi tratamiento puedo sufrir un rechazo a mi riñón trasplantado y de manera inmediata una serie de complicaciones a mi salud y con las posibilidades de morir por la falta de medicamentos. La caja de SIROLIMUS (rapamude) me cuesta $4,500.00 y me dura un mes con 60 pastillas; del periodo de abril de 2020 a agosto 2021 son 16 meses x $7,079.44 nos arroja la cantidad de $113,271.04." Las manifestaciones anteriores influyen en el ánimo de este órgano de control constitucional en el sentido de que presupone la certeza de tales aseveraciones, para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión. Establecido lo anterior, los presupuestos para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados son las razones por las cuales se justifica que en un proceso se pueda afectar a la parte quejosa sin haberse dictado sentencia, conciliando la eficacia (tutela efectiva) y el debido proceso legal. La doctrina y la jurisprudencia han adoptado de manera uniforme que los presupuestos de las medidas cautelares son el peligro en la demora (periculum in mora) y la apariencia del buen derecho (fumus boni iuris). La Suprema Corte de Justicia de la Nación define al peligro en la demora como la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo, aunque ésta fuere en sentido favorable. La apariencia del buen derecho se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Tal presupuesto es una valoración positiva, jurídicamente aceptable, de la posición del solicitante de la medida, constituye una estimación prima facie del derecho del promovente que no prejuzga sobre el fondo del asunto; cuando resulta evidente, es una valoración rápida y no pormenorizada de que éste tiene derecho a que se le otorgue la medida cautelar; se trata de una apariencia lo suficientemente consistente para otorgar en el proceso cautelar la protección provisional solicitada en relación con ese derecho, hay por tanto un juicio de probabilidad y verosimilitud. Ahora bien, el acto que aquí se reclama, de omisión de brindarle la atención médica que requiere, en el caso el medicamento necesario para salvaguardar la vida el quejoso, guarda una vinculación directa con el derecho a la salud. Dada la temática que supone el análisis de la solicitud de la medida cautelar, conviene citar el contenido del aludido 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: "Artículo 4°. [.] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución". Dicha disposición, consagra el derecho humano a la salud, que se traduce en la obligación del Estado de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población, entendiéndose por tales servicios, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona. Sobre el derecho a la salud, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido los siguientes criterios. "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud". "DERECHO A LA SALUD. SU NATURALEZA NORMATIVA. Nuestro país atraviesa una etapa de intensa transformación en la manera de identificar la sustancia normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus consecuencias para la mecánica del funcionamiento del juicio de amparo. Una de las manifestaciones específicas de este fenómeno es la alteración de la comprensión, hasta ahora tradicional, de derechos como el relativo a la salud o a la educación. Esto es, a pesar de su consagración textual en la Carta Magna, estos derechos han sido tradicionalmente entendidos como meras declaraciones de intenciones, sin mucho poder vinculante real sobre la acción de ciudadanos y poderes públicos. Se ha entendido que su efectiva consecución estaba subordinada a actuaciones legislativas y administraciones específicas, en cuya ausencia los Jueces Constitucionales no podían hacer mucho. Ahora, en cambio, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales". Asimismo, debe decirse que el derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo, es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. Del citado artículo 4° de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. De ahí que las mejoras en salud constituyen un presupuesto para el desarrollo y no una mera consecuencia de este y, por ende, la realización del derecho humano a la salud aparece crecientemente como una regla esencial para saber si realmente hay progreso en un Estado y, al mismo tiempo, como un medio decisivo para obtenerlo. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad incluye el acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, así como a la educación en materia de salud; programas de reconocimientos periódicos; tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades frecuentes, preferiblemente en la propia comunidad; el suministro de medicamentos esenciales, y el tratamiento y atención apropiados de la salud mental. Las anteriores consideraciones encuentran su sustento en las siguientes jurisprudencias y tesis aisladas, del siguiente tenor: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras". "DERECHO A LA SALUD. SU TUTELA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. La justiciabilidad del derecho a la salud no tiene manifestaciones idénticas cuando su violación se denuncia por los ciudadanos en vía de amparo y cuando se reclama por otras vías como por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad. Para determinar qué tipo de pretensiones pueden estudiarse en vía de amparo hay que constatar no sólo que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas, sino también que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía. Lo anterior es así, porque el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de actos y normas con efectos únicamente para el caso concreto, como lo establecen los artículos 103, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo; sin embargo, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que la que actuaron como partes en el caso concreto. Pero este tipo de efectos, que podrían denominarse ultra partes, deben ser colaterales y estar unidos por una relación de conexidad fáctica o funcional con los efectos inter partes, es decir, no pueden ser efectos central o preliminarmente colectivos. Ello es así, porque la Constitución General de la República reserva la posibilidad de impugnar las normas de manera que puedan ser declaradas inválidas con efectos erga omnes a una serie acotada de órganos legitimados, por la vía de las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad". "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN. Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud". De igual modo, el derecho a la salud previsto en el artículo 4° de la Constitución, puede entenderse como la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud encaminados a la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físicopsicológica. Ello implica, entre otras cuestiones, que el Estado mexicano: a) cuente con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, cuya naturaleza dependerá particularmente de su nivel de desarrollo; b) que tales establecimientos estén al alcance de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados; y c) que además de resultar aceptables desde el punto de vista cultural deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Así, la lucha contra las enfermedades tiene que ver con los esfuerzos individuales y colectivos de los Estados para facilitar, entre otras cosas, las tecnologías pertinentes, en tanto que la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia médica y servicios médicos en casos de enfermedad, no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, sino al tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades. Asimismo, el derecho a la salud también se encuentra regulado en el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, el cual dispone que todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo 4° constitucional, sin importar su condición social. Cabe añadir que sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 73/2016, estableció que cuando el Estado aduce la falta de recursos presupuestarios para poder salvaguardar el derecho humano a la salud, corresponderá a éste no sólo comprobar dicha situación, sino además debe acreditar que ha realizado todos los esfuerzos posibles para autorizar los recursos que están a su disposición. Asimismo, reiteró que el Estado está obligado a adoptar las medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud, y precisó que si se aduce que la limitación de recursos imposibilita el pleno cumplimiento de sus obligaciones, tendrá que justificar no sólo ese hecho, sino que ha realizado todo lo posible por utilizar al máximo los recursos de que dispone para satisfacer todas necesidades de salud. En el caso, de la lectura de los antecedentes del acto reclamado, se revela que el quejoso José de Jesús Ávila Carrillo fue sometido a un trasplante de riñón para tratar los problemas de insuficiencia renal que padece y que ocupa el medicamento denominado SIROLIMUS, 1miligramo (rapamicida o rapamide), para lograr o evitar el rechazo del órgano que recibió en trasplante, que tiene tomar diariamente el medicamento, porque de no hacerlo así podría fallecer. Asimismo, se encuentra acreditada la existencia de la apariencia del buen derecho, con base en elementos con lo que se cuenta hasta este momento procesal para resolver sobre la suspensión de plano, en específico los antecedentes narrados en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad y la receta médica serie 032RM07581901, expedida por el nefrólogo José de la Cruz Hernández, documental que tiene valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, en virtud de que se trata de un documento elaborados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y tiene el alcance de demostrar que al quejoso se le receto el medicamento denominado "sirolumus 1m". De igual forma, existe la presunción de que la autoridad responsable no ha proporcionado los recursos materiales y humanos para brindarle la atención y tratamiento médico que necesita para procurar y lograr el éxito del trasplante de riñón de que fue objeto para atender la insuficiencia renal que padece al no haber suministrado el medicamento que requiere para que no rechacé el órgano que recibió en transplante, por lo que, existe la posibilidad de que se trate de una negativa a brindar atención médica derivada del derecho a la salud por parte de las autoridades responsables, lo que conduce a determinar que se vulnera en perjuicio de la promovente lo establecido en el artículo 4° Constitucional. Por consiguiente, como se anticipó, el quejoso cuenta con la apariencia del buen derecho, dado que, conforme al asomo que se hizo anteriormente del acto reclamado, se pone en evidencia que la omisión por parte de las responsables de brindarle la atención y tratamiento médico que necesita y el medicamento que requiere para procurar y lograr el éxito del trasplante de riñón de que fue objeto, derecho que no debe ser condicionado, pues se trata de un derecho universal y progresivo, que protege a todo ser humano de conformidad con lo establecido en la supra citada tesis de rubro: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN". Aunado a lo anterior, no existen evidencias que se prive a la sociedad en general de un derecho o se contravengan disposiciones de orden público. En ese contexto, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 126 del mismo ordenamiento legal, se decreta la SUSPENSIÓN DE PLANO con efectos preventivos y tutelares, para el efecto de que la autoridad responsable, en el ámbito de sus competencias, realice los actos correspondientes, a efecto de que bajo su más estricta responsabilidad le proporcionen la atención médica y tratamiento que estime necesario para procurar y lograr el éxito del trasplante de riñón de que fue objeto; para lo cual debe proporcionar el medicamento denominado SIROLIMUS, 1miligramo (rapamicida o rapamide) recetado o aquel que se sea el conveniente para evitar el rechazo del riñón que recibió en trasplante, con el fin de salvaguardar su salud; lo anterior, hasta en tanto se notifique que causó ejecutoria la sentencia que se dicte en el presente juicio. En la inteligencia que de dicha autoridad responsable deberá realizar todas las gestiones necesarias a fin de que, bajo su más estricta responsabilidad, el amparista reciba el medicamento correspondiente sin costo alguno. Lo anterior deberá hacerse del conocimiento de la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia acate dicha medida bajo su más estricta responsabilidad. Para tal efecto, deberán informar dentro de las VEINTICUATRO HORAS, siguientes al momento en que reciban la notificación del presente proveído, los actos tendentes al cumplimiento de la medida. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se hará uso de las medidas de apremio previstas en el artículo 237 de la Ley de Amparo; asimismo, se le hace saber que el incumplimiento al anterior mandato judicial constituye un delito previsto y sancionado en el artículo 265, fracción I, de la legislación citada. Comuníquese a la autoridad responsable que la violación a esta medida suspensional genera la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, en términos de lo previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INGRESO A LAS INSTALACIONES En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021.

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, once de febrero de dos mil veintidós. Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el informe justificado, que rinde la autoridad responsable. Con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, del propio Pleno.

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