Bulmaro Herrera Hernández

Expediente 1420/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1420/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
27/11/2019

Partes del expediente

  • Bulmaro Herrera Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    se declara que el auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso el recurso que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a, de la Ley de la Materia, en contra de dicho proveído. Por tanto, al ser un asunto totalmente concluido con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia se ordena el archivo del presente juicio de amparo; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del ordinal 2º de la Ley de Amparo, téngase por recibida la razón actuarial que antecede, de la que se desprende la imposibilidad que tuvo el actuario judicial de la adscripción, para notificar personalmente a la parte quejosa, el auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, por los motivos en ella expuestos; en tales circunstancias, notifíquese dicho proveído y los subsecuentes autos por medio de listas, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el ocurso de demanda suscrito por el quejoso ***, por propio derecho. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el número 1420/2019-I-A, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, intégrese tanto el expediente impreso como el electrónico. DESECHAMIENTO Ahora bien, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ? La abstención de proveer lo conducente respecto de las pruebas ofrecidas por el quejoso dirigidas a la carpeta de investigación TLA/TLA/TLA/104/027879/19/02, para determinar sobre el ejercicio o no de la acción penal. En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este Juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda. En ese sentido, debe observarse el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, el artículo 62 de la Legislación de la Materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Por tanto, como la demanda de amparo constituye un todo y debe estudiarse en forma integral a efecto de estar en aptitud de establecer con precisión los actos reclamados que en ella se formulan y resolver lo que en derecho corresponda, de conformidad con la jurisprudencia 744, visible en la página 501, del apéndice de 1995, tomo VI, parte TCC, de la Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE ESTUDIARSE EN SU INTEGRIDAD. Tomando en consideración que la demanda de garantías constituye un todo, es incuestionable que el a quo está obligado a analizarla en su integridad y atender a todos aquellos actos que en la misma se señalen como reclamados, ya que de no hacerlo así resulta claro que con tal omisión el juez de Distrito deja de observar lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, pues la sentencia que pronuncie en forma alguna contiene la fijación clara y precisa de los actos reclamados." Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que se actualiza el supuesto previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que da lugar a su desechamiento de plano. En efecto, el artículo 113 aludido, autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de procedencia. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto, se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Atento a lo anterior, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia derivada el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo citado prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.". (.).". Del dispositivo trascrito, se advierte que los elementos integradores de la causa de improcedencia referida, son los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Ese acto reclamado debe ser revisado de oficio o bien proceder en su contra algún recurso o medio de defensa legal. c) A través de esa revisión oficiosa o de ese recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. d) Que conforme a las leyes que rijan el acto reclamado, se suspenda su ejecución a través de la interposición del recurso o medio de defensa en comento. e) Que para conceder dicha medida cautelar no se exijan mayores requisitos que los que impone la Ley de Amparo para la suspensión definitiva, con independencia de que el acto reclamado, considerado en sí sea, o no susceptible de ser suspendido acorde a la ley reglamentaria de la materia; y f) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la locución "leyes que los rijan", se debe entender como todos aquellos ordenamientos legales, que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, debiendo tomar en consideración que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que se puede dar el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Esta consideración encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA.- El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo.". En la especie, como ya se dijo el acto reclamado consiste en la abstención de proveer lo conducente respecto de las pruebas ofrecidas por el quejoso dirigidas a la carpeta de investigación TLA/TLA/TLA/104/027879/19/02, para determinar sobre el ejercicio o no de la acción penal. Por su parte, el artículo 258, establece lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De ese artículo, se aprecia que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia invocada, por lo siguiente: a) Los actos omisivos son atribuidos a una autoridad administrativa. b) Dichos actos reclamados son susceptibles de impugnación a través del medio de defensa innominado previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. c) La resolución que en su caso se pronuncie en el citado medio impugnativo puede modificar el acto reclamado, en términos del numeral citado. d) Al tratarse de actos omisivos, no tienen principio de ejecución, y por tanto, no son susceptibles de suspenderse, por el contrario, la omisión se prolonga en el tiempo. Luego, si los actos reclamados en el presente juicio pueden ser modificados mediante el medio de defensa innominado previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y éste no se agotó, es evidente que no se cumplió con el principio de definitividad, rector del proceso constitucional, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de intentar los medios de defensa que la ley le permite para combatir las resoluciones que considera le causan perjuicio. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 28/2018, que resolvió la contradicción de tesis 233/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." También, apoya lo anterior la jurisprudencia 27/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." En consecuencia, la omisión de que se duele el aquí quejoso, encuadra en los supuestos previstos por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora y, con motivo de ello, debe impugnarse ante el juez de control, a través del medio de defensa innominado, pues la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones reclamadas, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos. En tales condiciones, se actualiza la causa de improcedencia derivada de la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, por tanto SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de que se trata. Todo lo anterior, es con el objeto de que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio, del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. Es aplicable al presente asunto la tesis I.13o.A.4 K del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, publicada en la página 1318, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas, lo anterior hasta en tanto señale domicilio para tal efecto dentro de la residencia de este Órgano Jurisdiccional (municipio de Naucalpan de Juárez) y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo a Tomas López Monjaras, y en términos de la parte final del segundo párrafo del numeral en cita a la otra persona que refiere; en virtud de no tener permiso temporal para ejercer la abogacía registrado en este Juzgado, como tampoco en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, en razón de la naturaleza del presente proveído, se comisiona por única ocasión a cualquiera de los actuarios adscritos, a efecto de que con copia del presente acuerdo, notifique el mismo a la parte quejosa en el domicilio ubicado en Avenida Mario Colín, número 146, colonia San Javier, Tlalnepantla, Estado de México; haciéndole de su conocimiento que queda expedito su derecho para señalar nuevo domicilio dentro de la residencia de este juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LOS ACTUARIOS Y SECRETARIOS En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que los actuarios o secretarios adscritos a este Juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto.

  3. Principal

    se actualiza la causa de improcedencia derivada de la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, por tanto SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de que se trata. ...

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