Bulmaro Hernández Castro

Expediente 23/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
23/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
21/02/2019

Partes del expediente

  • Bulmaro Hernández Castro

Actuaciones

  1. Principal

    ...Sin que haya sido recurrido el proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías; en tal virtud, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes....archívese el presente como asunto concluido...este expediente es susceptible de destrucción...

  2. Principal

    Visto, el oficio de cuenta signado por la Actuaria Adscrita a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por el que rinde informe Justificado; al efecto, agréguese sin mayor proveído, toda vez, que mediante auto de treinta y uno de enero de la presente anualidad, se resolvió en el juicio fuera de audiencia constitucional.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que la autoridad responsable Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, y las autoridades vinculadas Ayuntamiento Constitucional, Presidente Constitucional, Síndico Constitucional y Tesorero, todos del Ayuntamiento Constitucional de Cacahoatán, Chiapas, no han dado cumplimiento a la sentencia que concedió el amparo en el presente juicio. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, para informar que se encuentra en vías de cumplimiento; se advierte de las mismas que no ha cumplido con su obligación de instar a un verdadero cumplimiento, ocasionando con ello un retardo en la impartición de la justicia, puesto que sus actuaciones se consideran evasivas, ya que se ha concretado en informar en la mayoría de los casos que se encuentran en vías de cumplimiento; sin embargo, dichas actuaciones a juicio de este órgano de control constitucional fueron en virtud de los múltiples requerimientos hechos por este juzgado, para que informara acerca de la ejecutoria de que se trata; además, no ha realizado efectivamente las acciones para su cumplimiento, lo que trae como consecuencia, que se trasgreda en perjuicio de la parte quejosa el derecho contenido en el artículo 80 de la Ley de Amparo abrogaba, pues hasta la fecha no se le ha restituido en el goce de sus garantías violadas y que se considera que la autoridad responsable únicamente ha realizado evasivas al cumplimiento... En tales condiciones, en apoyo a lo dispuesto en los numerales 21, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 193 de la Ley de Amparo; y al Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservara para su resolución y el envío de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en relación con el instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de La Nación el nueve de septiembre de dos mil trece, por el que se modifican los puntos segundo, fracción XVI; cuarto, fracción IV; octavo, fracción I; noveno, al que se adiciona un párrafo segundo, y décimo tercero, párrafo segundo, del referido acuerdo general, una vez que se encuentre debidamente integrado, remítase las presentes actuaciones al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para efectos que la Superioridad determine lo que en derecho proceda, en relación al incidente de inejecución de sentencia. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.

  4. Principal

    Visto el escrito de demanda promovido por ******, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, se ADMITE LA DEMANDA, fórmese expediente y regístrese su ingreso con el número 23/2019-VII, en el libro de gobierno respectivo. Sin que haya lugar a tramitarse el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días, al en que reciban el oficio en el que se les solicita, enviándoles al efecto copia simple de la demanda; al que deberán acompañar los originales, o, en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias que sean necesarias para apoyar dichos informes; con el apercibimiento que de no rendir su informe justificado, se presumirá cierto el acto que se les reclama; así como también se le impondrá Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N) diarios, que asciende a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos M.N), de conformidad con los artículos 238, primera parte y 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. De conformidad en el dispositivo 75, de la Ley de Amparo vigente, solicítese a las autoridades responsables para que, en caso que la parte quejosa haya promovido diversa demanda de amparo en contra del acto que reclama en esta vía constitucional, anexe copias certificadas de las constancias relacionadas con dicha acción; por otro lado, con fundamento en el artículo 64, de la Ley invocada, se previene a la parte quejosa y a la autoridad responsable, en el supuesto de que haya cesado el acto reclamado u ocurrido alguna causa notoria de sobreseimiento, lo manifiesten ante este tribunal de control constitucional. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo vigente, cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá lugar a las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete, en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en la demanda de amparo, y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a los profesionistas que señala. Atendiendo a las cargas de trabajo con que cuenta este Juzgado y conforme al principio de celeridad que emerge del artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que el juicio de amparo es un proceso sumarísimo durante cuya tramitación no deben existir obstáculos que lo retarden, desde este momento se faculta al actuario judicial adscrito para que en caso de ser necesario se constituya al domicilio de las partes en días y horas inhábiles a fin de notificar personalmente alguna actuación derivada del presente juicio que así lo amerite, lo anterior con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, por disposición expresa de su numeral 2°. Se hace del conocimiento a las partes, que de conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley.

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