Bulmaro Flores Castro

Expediente 747/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
747/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
28/07/2017

Partes del expediente

  • Bulmaro Flores Castro

Actuaciones

  1. Principal

    CUENTA. En la misma fecha, el Secretario da cuenta a su similar encargado del despacho, con la certificación que antecede. Conste. 1. Estado de autos. Visto el cómputo que antecede realizado por el Secretario, del que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de doce de julio de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. 3. Destrucción. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías; además, no tiene relevancia documental para su conservación. 4. Transferencia del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    3.4 Conclusión. Tomando en consideración lo anterior, en este caso no se surte el principio de definitividad, que consiste en la obligación por parte del impetrante de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance a fin de revocar, nulificar o modificar los actos reclamados, previo a la promoción del amparo, porque no se acudió al recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o al juicio de nulidad, además, ese requisito no fue cumplido, pues no se reclaman normas generales de forma destacada; por consiguiente, es claro que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente. Bajo tal tesitura, los actos reclamados por el promovente del amparo no constituyen actos impugnables directamente mediante el juicio constitucional, pues en éste se reclaman a la Comisión Federal de Electricidad el cambio de medidor de energía eléctrica, la orden de pago injustificado y la suspensión de energía eléctrica; lo que podría controvertirse mediante los recursos ordinarios ya citados. Por las razones expuestas, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías, promovido por Bulmaro Flores Castro, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Sin que pase inadvertido que en agosto del año dos mil quince, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interrumpió el criterio sostenido en la tesis 2a. CVII/2014 (10a.); donde abandonó la conclusión de que los actos de la Comisión Federal de Electricidad son actos administrativos, únicamente para controversias que deriven de la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo del suministro de energía eléctrica entre la referida Comisión y los usuarios, toda vez que dicha cuestión es de naturaleza comercial, por lo que dichos actos deben dilucidarse por la vía mercantil. Lo anterior se expone en la tesis 2a. XLII/2015 (10a.).

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA. 3.4 Conclusión. Tomando en consideración lo anterior, en este caso no se surte el principio de definitividad, que consiste en la obligación por parte del impetrante de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance a fin de revocar, nulificar o modificar los actos reclamados, previo a la promoción del amparo, porque no se acudió al recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o al juicio de nulidad, además, ese requisito no fue cumplido, pues no se reclaman normas generales de forma destacada; por consiguiente, es claro que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente. Bajo tal tesitura, los actos reclamados por el promovente del amparo no constituyen actos impugnables directamente mediante el juicio constitucional, pues en éste se reclaman a la Comisión Federal de Electricidad el cambio de medidor de energía eléctrica, la orden de pago injustificado y la suspensión de energía eléctrica; lo que podría controvertirse mediante los recursos ordinarios ya citados. Por las razones expuestas, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías, promovido por Bulmaro Flores Castro, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Sin que pase inadvertido que en agosto del año dos mil quince, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interrumpió el criterio sostenido en la tesis 2a. CVII/2014 (10a.); donde abandonó la conclusión de que los actos de la Comisión Federal de Electricidad son actos administrativos, únicamente para controversias que deriven de la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo del suministro de energía eléctrica entre la referida Comisión y los usuarios, toda vez que dicha cuestión es de naturaleza comercial, por lo que dichos actos deben dilucidarse por la vía mercantil. Lo anterior se expone en la tesis 2a. XLII/2015 (10a.).

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