Bulmaro Amezcua Nuñez

Expediente 82/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
82/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/02/2023

Partes del expediente

  • Bulmaro Amezcua Nuñez

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En ese orden de ideas, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso d), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    EN RAZÓN DE QUE LA PARTE QUEJOSA BULMARO AMEZCUA NUÑEZ, o sus autorizados, no comparecieron al Órgano Jurisdiccional de mi adscripción; ni se pudieron de acuerdo con el actuario judicial vía telefónica, para comparecer dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del AVISO que se les dejó en el domicilio señalado en autos, el ocho de febrero de dos mil veintitrés; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de siete de febrero de dos mil veintitrés; queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, mismo proveído que dice: Uruapan, Michoacán, siete de febrero de dos mil veintitrés. DEMANDA Y RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos que reclama al Ciudadano Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17 de la ciudad de Morelia, Michoacán y otros; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 82/2023. Ahora, resulta importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asentado lo anterior, del análisis íntegro del escrito de demanda, se desprende que el acto reclamado en el presente asunto es: "La cancelación o diferimiento de la Audiencia de Subasta Pública, en segunda almoneda en remate del predio ******************** y suspendida la que se tiene señalada para su reanudación el día 07 de Febrero del año 2023 dos mil veintitrés, derivado del expediente número ******************** relativo al juicio de Controversia relativa a la Sucesión Intestamentaria de Bienes Agrarios que en vida pertenecieron a ********************, del cual soy posesionario e dueño del mismo, tal como se encuentra demostrado en la sucesión referida en líneas anteriores y del cual no he sido vencido conforme a derecho dentro de dicha sucesión a bienes de mi padre en comento, toda vez, que el suscrito no he sido oído, escuchado ni vencido en juicio, así como la Falta al Procedimiento Agrario al debido proceso violando el los artículos 511 del Código Federal de Procedimientos Civiles, toda vez que el Notario Público número 10 a cargo del licenciado en derecho JOSÉ LUIS RÍOS NAVARRO, con ejercicio y residencia en la ciudad de Apatzingán, Michoacán, al realizar el testamento de mi padre el señor ********************, no designó ALBACEA PROVISIONAL NI DEFINITIVO, por tal motivo el Magistrado debió al dar inicio de la referida audiencia inicial debió de nombrar entre los coherederos un albacea, para resguardar la voluntad del testador tal como lo establece la ley en comento aplicado supletoriamente al Ley Agraria" DESECHAMIENTO Ahora, dado el sentido que regirá esta determinación, es necesario establecer primeramente que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Asentado la anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, tenemos que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción IV, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos fuera de juicio, al tenor siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". Del estudio correlativo de la fracción antes transcrita se concluye que el juicio de amparo biinstancial es procedente, tratándose de actos de ejecución de sentencia, cuando se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; igualmente, tratándose de procedimientos de remate, en los cuales se tendrá como última resolución la que de forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Es decir, el legislador acotó el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción IV del referido numeral, especificó que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; de igual forma, tratándose de remates, se entenderá como la última resolución la que, en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En el caso concreto, resulta necesario precisar que del estudio integral del escrito de demanda de amparo, analizado como un todo, se tiene que ******************** en esencia comparece a reclamar lo siguiente: La cancelación o diferimiento de la Audiencia de Subasta Pública, en segunda almoneda en remate del predio. Por lo cual es patente que la etapa en la que se encuentra el acto que reclama la parte quejosa es etapa de ejecución, la cual derivo eminentemente de emisión una sentencia. Cabe destacar que el estudio que se realiza, se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, cabe destacar que el acto reclamado fue emitido en la etapa de ejecución de sentencia, dictada en un procedimiento intestamentario en materia agraria, tal y como se advierte del capítulo de antecedentes de la demanda de amparo; entonces, se establece que dicho acto reclamado, no es la última resolución en el procedimiento del juicio de origen, puesto que no es de aquélla ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Sirve de apoyo, en lo conducente, la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial.". Así las cosas, no procede la vía constitucional biinstancial, pues el acto reclamado fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia del expediente agrario ******************** de índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17 de la Ciudad de Morelia, Michoacán, y en ese sentido, no se trata de la resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, en lo conducente, la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LA EXCEPCIÓN SUSTANCIAL Y PERENTORIA QUE OPONE EL EJECUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE DEBE HACERSE VALER EN EL AMPARO QUE SE INTENTE CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: 1) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y 2) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), por ser en ésta en la que se materializará el agravio. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria opuesta por el ejecutado en la fase de ejecución de sentencia (como la de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución) es impugnable en el amparo que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, puesto que será hasta dicho momento que se actualice en agravio, si es que el sentido de dicha resolución final es adverso al ejecutado. De igual forma, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Entonces, las posibles violaciones que la promovente considere que le fueron ocasionadas en el acto reclamado, deberá reclamarlas de manera conjunta con la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución, es decir, aquella ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Habida cuenta de todo lo expuesto, se estima que las posibles infracciones que pudiera contener el acto recamado serían, en todo caso, meramente adjetivas o procesales pues no afectan de manera directa o indirecta derechos consagrados por la Carta Magna, lo cual impide la procedencia del amparo indirecto en su contra, de acuerdo a lo previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu. Por tanto, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ANALIZA. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luz María Santos Serrato con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así por lo que ve a Alan Pérez Gómez, Fabricio Manzo García, Melchor Vargas Silva y Enrique Santos Serrato a quienes se le tiene autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos hasta en tanto acredite que se encuentran legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, toda vez que NO cuentan con cédula profesional registrada en el sistema de referencia, asimismo, téngasele únicamente para oír y recibir notificaciones a Jesús Medina Gómez y Jesús Hernández Ortiz. Requerimiento De conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes para que a la brevedad posible proporcionen a este órgano jurisdiccional, un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para que en caso de ser necesario, establecer contacto para las videoconferencias que llegasen a ser necesarias. Habilitación de días y horas inhábiles; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Autorización de copias Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Datos personales De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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