Bulfrana Olea Bailón

Expediente 366/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
366/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
21/04/2016

Partes del expediente

  • Bulfrana Olea Bailón
  • Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Ciudad.

Actuaciones

  1. Principal

    En atención a la cuenta, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que la determinación referida ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se desechó el presente juicio. Finalmente, en cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de esta juzgadora no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis. Visto el escrito de demanda promovida por Bulfrana Olea Bailón, por propio derecho y promueve contra actos del Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." En ese contexto, del análisis integro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, dictado en el toca civil 21/2016, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de diez de noviembre de dos mil quince, emitido en el expediente 112-2//2015, relativo al juicio ordinario civil de nulidad de contrato, por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco, Guerrero, en el que se desecharon diversas posiciones que ofreció la parte actora en relación a la prueba confesional con cargo a la parte demandada. Atento a lo anterior, se pone de manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, ambos numerales de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . . . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En efecto, es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fue emitido, trasciende a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En esta tesitura, debe señalarse que el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que el acto reclamado constituye un aspecto única y exclusivamente procesal, ya que no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación que afecte derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que con ello únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales vinculados con el desahogo de pruebas en el juicio y, la parte quejosa puede obtener al finalizar el juicio respectivo, una sentencia favorable a sus intereses, sin que dicha violación haya trascendido al sentido del fallo, o dejado huella en su esfera jurídica. De lo expuesto, se deriva un elemento toral para considerar que el acto impugnado no es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.82 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, página 2812, cuyo rubro y texto son: "PRUEBAS. LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS NO SON MATERIA DE AMPARO INDIRECTO. Este Tribunal Colegiado abandona el criterio sustentado en la tesis aislada de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-2, enero a junio de 1988, página 557, de rubro "PRUEBAS, LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS SE RECLAMAN EN AMPARO.", porque de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, el amparo indi recto procede cuando el acto reclamado está dictado dentro de juicio y tiene una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación; por tanto si el acto reclamado consiste en la forma y medios para recibir y desahogar una prueba, salvo que afecte un derecho sustantivo, no puede desligarse de su admisión y desahogo, que en su caso afecta un derecho procesal que no surte la procedencia del amparo indirecto, porque para que éste proceda, respecto de un acto dentro de juicio es indispensable que la consecuencia directa e inmediata afecte un derecho sustantivo, o que afecte un derecho procesal de carácter predominante o superior." A mayor abundamiento, cabe señalar que en el caso, se trata de una cuestión que no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, habida cuenta que se trata de una violación intraprocesal, la que puede ser resarcida en la sentencia que se llegue a dictar en el procedimiento natural; o bien, de no ser así, ésta es susceptible de ser reclamada mediante el juicio de amparo directo que en su momento se promueva, en términos de lo establecido en los artículos 170, 171 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Ello es así, pues del análisis integral de los preceptos citados en el párrafo que antecede, se pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que, en su caso, y oportunidad se promueva en contra de la resolución definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, pues lo que da procedencia al juicio de amparo en la vía directa, es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza, si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si las infracciones trascendieron o no, afectando las defensas de la parte quejosa, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometieron aquéllas, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente violaciones procesales, como en la especie acontece, el juicio deviene improcedente. En ese orden de ideas, debe afirmarse que si el acto reclamado lo constituye la resolución de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, dictada en el toca civil 21/2016, con motivo del recurso de apelación interpuesto por la actora ahora parte quejosa, en contra del auto de diez de noviembre de dos mil quince, en el que se desecharon diversas posiciones que ofreció dicha parte actora en relación a la prueba confesional a cargo a la parte demandada, emitido en el juicio ordinario civil de nulidad de contrato 112-2/2015, por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco, Guerrero; es evidente que tal determinación no constituye de manera alguna, un acto que conculque derechos sustantivos de la parte quejosa, porque como ya se estableció, las violaciones que alega son susceptibles de ser resarcidas al dictarse la sentencia definitiva en el juicio natural y, en caso de ser desfavorable a sus intereses, puede ser reclamado mediante el juicio de amparo directo, que en su caso promueva contra dicha resolución, lo que hace improcedente el juicio de amparo intentada. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la presente demanda en estudio, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita.

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