Buenaventura Tun Cauich
Expediente 190/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 190/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Buenaventura Tun Cauich
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA III.- CAUSA ESTADO: Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo dictado el veinticinco de marzo del año que transcurre, dictada por este Juzgado, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción; una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, se procederá su destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existe documento original exhibido por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". NOTIFÍQUESE.
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MESA III.- Mérida, Yucatán, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, junto con los anexos que acompaña. Ahora bien, vista dichas constancias y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia, en razón de lo siguiente: Introducción. El quejoso ***, reclama a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la omisión de fijar fecha para la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones. Hechos. De las constancias que se glosan en autos, se advierte que en fecha diecisiete de marzo del año en curso, se celebró la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones y se fijó fecha para la Audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas. Contexto legal. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; . Dicho precepto legal establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto de molestia haya dejado de existir, restableciendo al quejoso en el estado en que se encontraba antes de los actos violatorios. Análisis. Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal mencionado, este órgano de control constitucional considera que en la especie han cesado los efectos del acto omisivo que por esta vía jurisdiccional se impugna actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de amparo. Como ya se ha dicho, en la especie la parte quejosa reclamó la omisión de fijar fecha para la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones en el juicio laboral de orgen, y posteriormente, la responsable en fecha diecisiete de marzo del año en curso, celebró la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones e incluso fijó fecha para la Audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas; de tal modo que la parte impetrante ya ha sido restituida en el goce de sus derechos fundamentales violados, puesto que la abstención imputada a la responsable dejó de existir, restableciéndose la situación que se tenía antes de los actos que dieron origen a la promoción del juicio constitucional. De lo anteriormente reseñado, puede inferirse que si la demanda de amparo fue promovida el cuatro de febrero del año en curso, y la autoridad responsable acordó sobre la omisión reclamad el diecisiete de marzo del año en curso, es claro que dejó de existir la omisión reclamada, por tanto, es evidente que en el caso concreto se actualiza una causal de improcedencia manifiesta e indudable, pues han cesado los efectos del acto reclamado, y la omisión reclamada fue subsanada con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo; en virtud de que las cosas se restablecieron a la situación que se tenía antes del acto omisivo que dio origen a la promoción del juicio constitucional, de modo tal que ya se ha acordado el escrito cuya omisión de acordar se reclama e incluso notificado, pues ha sido restituida la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, en virtud de que la omisión de dictar el acuerdo imputado a la responsable ha dejado de existir, con lo cual se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada. Cabe agregar que el no sobreseer en este procedimiento de amparo, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la creación del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sobre el particular son aplicables al caso, las jurisprudencias números 103 y 415, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas 81 y 356, del Tomo VI, Materia Común, Novena Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que respectivamente señalan: "CESACION DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal"; y, "SOBRESEIMIENTO. CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia siguiente: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Contradicción de tesis 26/2002-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 7 de febrero de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 10/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de febrero de dos mil tres. En consecuencia con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61 fracción XXI ambos de la Ley de Amparo, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional que fue fijada para el día VEINTIDÓS DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, A LAS DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS. Notifíquese personalmente.
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MESA III.- Mérida, Yucatán, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto la cuenta que antecede, se ACUERDA: de una revisión de autos, se advierte de las constancias remitidas por Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su Presidenta, las que ya obran glosadas en autos, que se señalaron las once horas con treinta minutos del día diecisiete de marzo del año en curso, para la celebración de la audiencia en su etapa de demanda y excepciones, por lo que se podría actualizar una causal de improcedencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 61 de la Ley de Amparo, mediante atento oficio que se gire a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, requiérasele para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de este proveído, informe si se llevó a cabo la audiencia (fijada para el diecisiete de marzo del año en curso), o en su caso, si fue diferida, remitiendo copia certificada de las constancias conducentes, o bien, informe la imposibilidad jurídica que tiene para ello. Apercibida dicha autoridad que de no dar cumplimiento con lo anterior, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con el diverso numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Para dar margen a que se cumpla con lo anterior, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas hora y fecha para su celebración las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA III.- Mérida, Yucatán, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el oficio suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de ocho de marzo del actual, remitiendo copia certificada de las constancias del juicio laboral de origen 1073/2019, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional correspondiente. Sin que sea el caso poner a la vista de las partes dichas documentales, con ocho días de anticipación a la audiencia constitucional, toda vez que las mismas no forman parte de las constancias remitidas por la autoridad responsable como justificación a su informe, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, sino que se encuentran en los casos de excepción previstos en dicha Ley. Se dice lo anterior, toda vez que de conformidad con la Ley de Amparo, se pueden requerir constancias con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo de la Ley de Amparo, que faculta a recabar oficiosamente las pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos, y cuando las partes soliciten al Juez que requiera las constancias que no le hubieran sido expedidas con toda oportunidad, para ofrecerlas como pruebas en el juicio de amparo. De lo que se advierte que las constancias que se agregan en este auto, no forman parte de las remitidas por la responsable como justificación a su informe justificado, sino que fueron solicitadas de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, en virtud de que se consideraron necesarias para la resolución del presente juicio de garantías, esto es, fueron solicitadas con la facultad que otorga dicho numeral. Sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: No. Registro: 199,454 Jurisprudencia Materia(s): Común Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Febrero de 1997 Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Contradicción de tesis 8/96. Entre las sustentadas por el Primer y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 16 de enero de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diez de febrero en curso, aprobó, con el número 17/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diez de febrero de mil novecientos noventa y siete. NOTIFÍQUESE.
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