Buenaventura Pech Euan
Expediente 534/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 23 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 534/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Buenaventura Pech Euan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Mérida, Yucatán; veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución con la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el único punto resolutivo que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el Acuerdo antes citado. De conformidad al artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Asimismo, en cuanto a los cuadernos relativos al incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, dado que se negó la suspensión provisional y la definitiva, de los actos reclamados a las responsables, provéase respecto de la destrucción de ambos incidentes, dado que se ubican en la hipótesis a que se refiere el artículo 21, inciso c), del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, SON SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere dicho numeral. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA VI. ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Buenaventura Pech Chan contra los actos que reclamó del Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional y de otras autoridades; lo anterior, en atención a las consideraciones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y tomando en consideración que el trece de enero del año en curso se desechó la ampliación de la demanda instada por la parte quejosa, a efecto de no dejarla en estado de indefensión respecto a la promoción del recurso legal que corresponda, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fija el TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el escrito del quejoso Buenaventura Pech Euan, mediante cual pretende dar cumplimiento al requerimiento que se le efectuó en proveído de nueve de de diciembre de dos mil veintidós, a fin de manifestar si desea ampliar su demanda de amparo respecto, a la participación de nuevas autoridades en relación al acto reclamado en el escrito inicial de la demanda de amparo. Ahora bien, del examen del escrito de cuenta en concordancia con las constancias de autos, se advierte que es improcedente dicha ampliación, como se verá a continuación. Los artículos 111 y 113 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación de estas disposiciones legales, se desprende, en el supuesto que ahora nos atañe, que la demanda de amparo podrá ampliarse cuando no hubiesen transcurrido los plazos para su presentación. De la interpretación de estas disposiciones legales, se desprende por una parte, que la demanda de amparo podrá ampliarse cuando no hubiesen transcurrido los plazos para su presentación; o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, en este último supuesto la parte quejosa contara con el término previsto en el numeral 17 de la ley de la materia para presentar dicha presentación. En relación con lo anterior los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De la transcripción del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. De lo anterior, se aprecia que el plazo para promover la demanda o su ampliación es de quince días, salvo las excepciones señaladas por la ley. Bajo esas consideraciones es necesario destacar los antecedentes relevantes de este asunto. Por demanda de amparo presentada el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, la parte quejosa reclamó del Delegado y Subdelegado de Registro, ambos del Registro Agrario Nacional la negativa de entregarle el título de propiedad de la parcela 409 con certificado 1001096, al cual le recayó el número de solicitud 31180012253. Posteriormente, a través del informe justificado rendido por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, se hizo del conocimiento que el uno de diciembre de dos mil veinte, el Director General de Registro y Control Documental de dicha dependencia emitió una calificación negativa a dicha solicitud, de la cual se anexó copia certificada. En relación con lo anterior, la parte quejosa, por conducto de su autorizado, desahogó la vista que se concedió con dicho informe y formuló alegatos respecto a la inconstitucionalidad de la resolución en comento. Posterior a ello, este juzgado, a través del auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, previno a la parte quejosa a efecto de que, dentro del término de quince días, ampliara su demanda, en caso de estimarlo pertinente, respecto de la calificación negativa recaída a la solicitud 31180012253, de uno de diciembre de dos mil veinte. Luego, por escrito presentado el dieciséis de julio siguiente, la parte quejosa amplió su demanda contra el acto reclamado consistente en la calificación negativa emitida por el Registro Agrario Nacional a su solicitud 31180012253, de la que señaló de forma reiterada que para ese momento ya se encontraba enterado. Seguido el trámite del procedimiento, el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia definitiva en este asunto en donde, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra, se amparó a la parte quejosa. Inconforme con ello, la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán interpuso el correspondiente recurso de revisión, que a su vez fue resuelto por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en la ejecutoria de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Resolución en la que se revocó la sentencia recurrida y se repuso el procedimiento debido a una violación procesal derivada de que esta juzgadora previno a la parte quejosa para que manifestara si ampliaba su demanda respecto a la calificación negativa recaída a su solicitud 31180012253; pero no la previno para que manifestaba si señalaba como autoridades responsables a quienes lo emitieron. Lo que, tal y como sostuvo el órgano jurisdiccional revisor, afectó los derechos de la parte quejosa al no permitirle señalar a las autoridades emisoras del acto reclamado, lo que trajo como consecuencia que respecto a ellas se hubiera sobreseído en el juicio de amparo. Ahora, de los antecedentes expuestos resulta patente que la parte quejosa tuvo debido conocimiento del acto reclamado consistente en la calificación registral negativa de uno de diciembre de dos mil veinte, recaída a su solicitud con número de trámite 31180012253, al menos desde el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, cuando amplió la demanda de amparo e incluso formuló conceptos de violación en su contra. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de ampliación de la parte quejosa, se advierte que señala como nuevas autoridades responsables al Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán y Registrador Integral del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, en cumplimiento a la prevención que se le realizó en proveído de nueve de diciembre de dos mil veintidós. Ahora, de las constancias que obran en el presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa cumplió de forma extemporánea con esa prevención pues el auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, le fue notificado el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, por lo que su término para tal efecto corrió del veinte de diciembre de dos mil veintidós al nueve de enero del año en curso. Sin embargo, de la revisión del escrito de cuenta, con el que la parte quejosa pretende ampliar su escrito de demanda se advierte que fue presentado el once de enero del año en curso, en la Oficialía de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán; lo que conforme a la certificación que antecede se obtiene que dicho escrito fue presentado de forma extemporánea. En efecto, obra agregada la constancia de notificación de la parte quejosa del citado proveído de nueve de diciembre pasado, en el que se le requirió para que manifestara si era su deseo ampliar su escrito de demanda respecto a las autoridades Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional y al Registrador Integral del Registro Agrario Nacional, Licenciado Rodrigo Ramos Beltrán, quienes emitieron la calificación registral negativa aquí reclamada, determinación que se le notificó el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, por lo que a partir de esa data la parte promovente tuvo conocimiento de la participación de la citada autoridad. De ahí que si esa fecha fue cuando tuvo conocimiento, entonces dicha notificación surtió sus efectos el diecinueve siguiente, por lo que de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar su ampliación de demanda de amparo comenzó a correr y contarse a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación a que se ha hecho referencia, esto es, del veinte de diciembre de dos mil veintidós al nueve de enero del año en curso, descontando los días sábados y domingos por ser inhábiles; por lo que es inconcuso que, a la fecha en que presentó su ampliación de demanda, que lo fue el once de los corrientes, resulta evidentemente extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la improcedencia, por lo que con fundamento en el artículo 111 a contrario sensu, de la propia Ley se desecha la ampliación de la demanda. Brinda apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". En consecuencia, se desecha de plano la ampliación de la demanda de amparo, al resultar extemporánea su presentación. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento realizado en auto de nueve de diciembre pasado, por lo que este órgano constitucional resolverá el asunto en los términos que fueron planteados en el escrito inicial de demanda y su primera ampliación. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el Registro Agrario Nacional hubiere disfrutado de su período vacacional del dieciséis al treinta de diciembre de dos mil veintidós, debido a que la prevención que le fue realizada a la parte quejosa en el aludido auto de nueve de diciembre anterior, no lo fue para que señalara un nuevo acto reclamado sino solamente para que integrara a la litis a dos autoridades responsables que participaron en su emisión. De ahí que si a la fecha de dicha prevención la parte quejosa ya había realizado una primera ampliación contra el acto reclamado consistente en la calificación negativa recaída a su solicitud 31180012253, es claro que no tenía necesidad de imponerse de los autos de los que emana el acto reclamado pues solamente, se reitera, debía nombrar con el carácter de responsables a las autoridades que intervinieron en su emisión, las cuales fueron expresamente señaladas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en su ejecutoria de veinticuatro de noviembre anterior, así como por este juzgado de Distrito en el auto de prevención de nueve de diciembre siguiente. Por lo que, en el caso que ahora se analiza, no resulta aplicable la tesis 3a. 42, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro Digital 207331, que a la letra dice: AMPARO. PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA NO DEBEN COMPUTARSE LOS DÍAS INHÁBILES POR VACACIONES DE LA AUTORIDAD. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I a V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto deberá promoverse directamente ante el Juez de Distrito y los quince días a que se refiere el artículo 21 de la invocada ley para la promoción de la demanda de garantías, son hábiles, naturales y completos. Por su parte el periodo vacacional del que semestralmente disfrutan los tribunales civiles, administrativos o del trabajo, es un lapso en que éstos se encuentran cerrados al público y las partes no tienen oportunidad de imponerse de los autos de los que emana el acto reclamado; en consecuencia, no pueden preparar el material para la elaboración de la demanda de garantías con los datos indispensables para tal efecto, por ello no son computables para el término de la interposición de la petición de amparo. Por tanto, la sentencia del Juez de Distrito que considera extemporánea la demanda de garantías computando entre los días hábiles naturales y completos, alguno de los vacacionales, resulta incorrecta y de conformidad con el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, debe levantarse el sobreseimiento decretado y entrar al estudio de los conceptos de violación relativos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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