Buenaventura Gutiérrez Miranda
Expediente 750/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 750/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 26/12/2019
Partes del expediente
- Buenaventura Gutiérrez Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 750/2019, promovido por Buenaventura Gutiérrez Miranda, contra actos de la fiscal Desconcentrada de Investigación en Coyoacán de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violaron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Una vez desahogada la prevención formulada en autos, el uno de octubre se admitió a trámite la demanda registrada bajo el orden 750/2019; se solicitó su respectivo informe justificado a las autoridades; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se tuvo con el carácter de tercero interesada a Claudia Castro Álvarez; y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional. IV. Por oficio y anexo recibidos en este órgano de control constitucional el treinta y uno de octubre pasado, se informó que la agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia 75, Ter Unidad 1 S-D, de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, conocía actualmente de la carpeta de investigación CI-FCY/COY-5/UI-2 C/D/01842/09-2019 relacionada con los actos reclamados, por lo que se requirió al amparista que en el plazo de quince días manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la citada agente, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se resolvería el presente asunto sólo respecto de las indicadas en el escrito inicial de demanda. En proveído de doce de noviembre de este año, una vez transcurrida la temporalidad otorgada sin que el quejoso realizara manifestación alguna, se hizo efectivo dicho apercibimiento. V. Finalmente, llegada la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda y de las constancias de autos, se precisa que los actos reclamados consisten en: 1. La orden de búsqueda, aseguramiento y detención, así como su ejecución; y 2. Las medidas de protección dictadas contra el justiciable el once de septiembre pasado. Actos que se atribuyeron a las siguientes autoridades responsables: En carácter ordenadoras: a) Fiscal; y b) Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad Dos Con Detenido, de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia COY-5. Ambos de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Coyoacán. En calidad de ejecutora: c) Coordinador de la Policía de Investigación de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia COY-5. Todos de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad. TERCERO. No son ciertos los actos reclamados -con excepción del diverso precisado en el punto 2, atribuido a la autoridad señala en el inciso b), que será materia de análisis más adelante-, pues así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir su respectivo informe justificado, sin que el justiciable ofreciera prueba en contrario. En ese sentido, en razón de la inexistencia de los citados actos atribuidos a las autoridades responsables, lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por otra parte, es cierto el acto reclamado precisado en el punto 2), reclamado del agente de Ministerio Público responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe, lo que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a ese comunicado; documental que tiene valor probatorio pleno, al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante la certeza del acto que se analiza, es innecesario analizar el fondo del asunto, ya que se advierte una causal de improcedencia, cuyo análisis es de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo. En efecto, la causal de improcedencia que se actualiza es la prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la ley de la materia, que dispone. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVI. Contra actos consumados de modo irreparable.". Del precepto transcrito deriva la improcedencia del juicio de amparo con motivo de que el acto que se analiza ha surtido en forma total todos sus efectos y ello origina que ya no pueda ser reparable mediante la vía constitucional; entendido este como aquel que al realizarse en todas sus consecuencias, física y materialmente ya no puede ser restituido al estado en que se encontraba antes de las violaciones alegadas, pues aun concediendo la protección de la justicia federal solicitada, no podría retrotraerse en sus efectos. Para determinar si un acto se ha consumado de modo irreparable, es necesario atender a los efectos y consecuencias de su ejecución, de modo que si en el caso, se constata con las constancias allegadas que el once de septiembre del año en curso fueron impuestas en favor de la tercero interesada las medidas de protección, por una temporalidad de sesenta días naturales; dichas medidas tuvieron vigencia hasta el catorce de noviembre pasado -plazo que empezó a transcurrir el quince de septiembre de este año, pues en esa fecha se notificó al solicitante de amparo-, es evidente que se han consumado de manera irreparable, al haber surtido en forma total todos sus efectos; razón por la que no existe motivo para la resolución del fondo del asunto, cuando es evidente que no podría alcanzarse su objetivo protector. Sirve de apoyo el criterio aislado emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en la página 325, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, diciembre de 1994, que en su rubro dice: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto fundado y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 124 y 217 de la ley de la materia; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos expuestos en el considerando tercero, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Buenaventura Gutiérrez Miranda, contra los actos reclamados consistentes en: 1. La orden de búsqueda, aseguramiento y detención, así como su ejecución; y 2. Las medidas de protección dictadas contra el justiciable el once de septiembre pasado. Actos que se atribuyeron a las siguientes autoridades responsables: En carácter ordenadoras: a) Fiscal; y b) Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad Dos Con Detenido, de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia COY-5. Ambos de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Coyoacán. En calidad de ejecutora: c) Coordinador de la Policía de Investigación de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia COY-5. Todos de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a diez de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, mediante los cuales la agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia 75 Ter Unidad 1-S/D de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, da cumplimiento a lo requerido en autos, pues remite las constancias que se solicitaron por auto de cuatro del mes en curso. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante, la documental que acompaña al comunicado que se provee, que se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. De las constancias que se adjuntaron al comunicado que se provee, se advierte que la citada agente del Ministerio Público, mediante determinación de seis del mes en cita, resolvió lo siguiente: "UNICO.- QUEDAN SIN EFECTO LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DECRETADAS CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019, TODA VEZ QUE YA TRANSCURRIÓ EL PLAZO DE 60 DÍAS NATURALES POR LOS CUALES SE DECRETARON." (lo subrayado no es de origen). Ahora, dado que las autoridades responsables negaron la existencia de los diversos actos reclamados, y las medidas de protección dictadas contra el justiciable el once de septiembre pasado, se dejaron sin efecto, este órgano de control constitucional considera necesario requerir al amparista, que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si es su deseo desistir del presente juicio de amparo. En el entendido que de no hacerlo, se continuará el juicio de amparo hasta su culminación, de conformidad con el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la ley de la materia.
- Principal
Con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa el proveído de diez del mes en curso, por medio de lista, que en lo conducente dice: "...Ciudad de México, a diez de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, mediante los cuales la agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia 75 Ter Unidad 1-S/D de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, da cumplimiento a lo requerido en autos, pues remite las constancias que se solicitaron por auto de cuatro del mes en curso. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante, la documental que acompaña al comunicado que se provee, que se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. De las constancias que se adjuntaron al comunicado que se provee, se advierte que la citada agente del Ministerio Público, mediante determinación de seis del mes en cita, resolvió lo siguiente: "UNICO.- QUEDAN SIN EFECTO LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DECRETADAS CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019, TODA VEZ QUE YA TRANSCURRIÓ EL PLAZO DE 60 DÍAS NATURALES POR LOS CUALES SE DECRETARON." (lo subrayado no es de origen). Ahora, dado que las autoridades responsables negaron la existencia de los diversos actos reclamados, y las medidas de protección dictadas contra el justiciable el once de septiembre pasado, se dejaron sin efecto, este órgano de control constitucional considera necesario requerir al amparista, que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si es su deseo desistir del presente juicio de amparo. En el entendido que de no hacerlo, se continuará el juicio de amparo hasta su culminación, de conformidad con el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la ley de la materia...".
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que la autoridad que actualmente conoce de la carpeta de investigación de la que derivan los actos reclamados, es la agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia 75 Ter Unidad 1-S/D de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad; por tanto, requiérase a dicha autoridad, que en el plazo de tres días, contado a partir de que quede legalmente notificada del presente auto, informe el estado que actualmente guarda la carpeta de investigación CI-FCY-COY-5/UI-2 C/D/01842/09-2019, en relación con las medidas de protección dictadas en contra del justiciable el once de septiembre pasado en la citada carpeta, es decir, si aún continúan vigentes. En el entendido que deberá remitir copia autenticada con la que acredite su dicho. Apercibida que de no hacerlo o no informar las razones que se lo impidan, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la ley de la materia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, del rubro siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO".
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