Bryand Enrique Hernández Jiménez

Expediente 251/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
251/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
22/08/2017

Partes del expediente

  • Bryand Enrique Hernández Jiménez
  • Subsecretario del Sistema Penitencario en la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    MESA IV. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA IV. Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso ***, en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se ordena expedir las copias certificadas que refiere. Téngase por autorizado a efecto de recoger dichas copias certificadas a la persona que refiere en su ocurso de cuenta, mismas que puede obtener y recoger en cualquier día y hora hábil.

  2. Principal

    MESA IV. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE OCHO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso ***, en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se ordena expedir las copias certificadas que refiere. Téngase por autorizado a efecto de recoger dichas copias certificadas a la persona que refiere en su ocurso de cuenta, mismas que puede obtener y recoger en cualquier día y hora hábil.

  3. Principal

    MESA IV. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE DIECISEIS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA..IV . Agréguese en autos sin hacer mayor providencia al respecto el oficio signado por la Jefa de Unidad Departamental "A" de Seguimiento por ausencia del Director Ejecutivo del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria-I; lo anterior, toda vez que el mismo obra a fojas 123 a 125, aunado a que en autos de dieciséis de junio pasado se acordó lo conducente.

  4. Principal

    MESA IV. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, LA RESOLUCIÓN O AUTO DE QUINCE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA IV. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Bryand Enrique Hernández Jiménez, en atención a su contenido se provee: Del estado procesal que guardan los autos se advierte que el acto reclamado en este juicio es la orden de traslado ejecutada del Reclusorio preventivo varonil norte al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I, por lo que en proveído de veintiocho de marzo pasado se otorgó la suspensión de plano para el único efecto de que el quejoso quedará a disposición de este Juzgado, por cuanto hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentra recluido y a disposición del juez competente para la continuación del procedimiento penal o de la ejecución de las sanciones. En ese orden de ideas, dígase al quejoso que la petición que contiene su escrito, deberá dirigirla a la autoridad penitenciaria competente, ya que su integridad personal y seguridad, así como todas aquellas medidas y cuidados de la salud del impetrante son obligación de la autoridad penitenciaria del lugar en el que se encuentra recluido. No obstante, y por única ocasión, a efecto de no vulnerar el derecho fundamental a la salud contenido en el artículo 4, Constitucional en perjuicio del quejoso, se requiere al Director del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria-I de la Ciudad de México, para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita las constancias conducentes de las que se advierta el estado de salud actual del quejoso Bryand Enrique Hernández Jiménez, apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa por la cantidad de hasta ciento veinte días de Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 59, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ; 5 de los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/111; 22, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; y, 17 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, garantiza el derecho fundamental a la salud a todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público, aun cuando se trate de un interno, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. En ese tenor, se han dispuesto las citadas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Por consiguiente, si el quejoso se encuentra recluido en un Centro Federal de Readaptación Social y no se le proporciona la atención médica que requiere, ello obliga al Juez de amparo a que, abordada la cuestión con plenitud y analizadas las implicaciones pronta y frontalmente, exija a la autoridad responsable que lo tenga a su disposición que acredite, con los exámenes médicos correspondientes, el estado de salud del quejoso, informando los datos que permitan identificar la atención médica que requiere, a fin de asegurar que la proporcionada es la que necesita, de acuerdo con su particular condición de salud, así como requerirle que proceda de inmediato a aplicarle los exámenes médicos correspondientes, para determinar el tipo de tratamiento médico adecuado que requiere, durante el tiempo que permanezca a su disposición. Lo anterior implica que la autoridad responsable considere cuál medida resulta más conveniente para poder brindar al quejoso el tratamiento médico apropiado a su padecimiento y, atento a su resultado, suministre los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de preservar la calidad de vida del recluso. Además, en caso de que se acredite fehacientemente que la opción más adecuada es incompatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario en que guarda reclusión el quejoso, en virtud de involucrarse el derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar las gestiones pertinentes para que sea atendido en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde pueda recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a su padecimiento."

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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