Bryan Salvador Vega Muñoz

Expediente 101/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
101/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
03/03/2022

Partes del expediente

  • Bryan Salvador Vega Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 1898 signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, atento a su contenido y como lo solicita, acúsese recibo del proveído de nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual este juzgado federal se avocó al conocimiento del juicio de amparo 44/2021-1 promovido por Bryan Salvador Vega Muñoz, de su índice, mismo que fue remitido por oficio 689, con motivo de la incompetencia planteada por dicho órgano jurisdiccional; cabe destacar que el citado juicio se desechó por improcedente; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó su demanda de amparo, transcurrió del dos al ocho de julio del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Finalmente, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d) del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  3. Principal

    ...Agréguese el oficio número 4876, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, remite la notificación que le fue solicitada, relativa a la notificación de la prevención que se le hiciera al quejoso en el juicio de amparo...de su índice. Ahora bien, tomando en consideración que en auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se reservó proveer lo conducente al avocamiento del juicio de amparo en que se actúa, en tanto obraran en autos la notificación del auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, lo que a la fecha ya aconteció; por tanto, el oficio número 689, firmado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al que adjuntan el juicio de amparo número..., formado con motivo de la demanda de amparo promovida por..., contra actos del Agente del Ministerio Público ... y otras autoridades consistentes en: a) La falta de Registro de la detención del quejoso del once de agosto de dos mil veinte, llevada a cabo a las veinte horas con treinta minutos ante el Registro Nacional de Detenciones por parte de los Policías Aprehensores y por parte del Agente del Ministerio Público como segunda fase del registro de la detención; por no finalizar la actualización de dicho registro de su situación jurídica al momento de recibirlo como detenido. b) La falta de puesta a disposición del quejoso a través del formato nacional de informe de policía homologado y por ende dicho informe que obrara en la plataforma correspondiente del Centro Nacional de Información. Lo anterior en relación a que declaró su incompetencia por razón de turno para conocer de la demanda de amparo, promovida por el citado quejoso, dado que el acto que se reclama en dicha demanda, tiene relación estrecha con el diverso juicio de amparo..., del índice de este Juzgado, toda vez los actos reclamados derivan de la causa penal número..., iniciada ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, con sede en esta ciudad, de conformidad con el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y dado que efectivamente existe una estrecha relación de los citados juicios de amparo del índice de este órgano jurisdiccional, de los cuales este juzgado conoció con anterioridad; por tanto, este órgano jurisdiccional SE AVOCA A SU CONOCIMIENTO y continúa con el trámite del mismo; acúsese recibo. Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número... Ahora bien, vista la demanda de amparo de la que se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por precepto 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. .". El artículo y fracción antes transcritos establecen la improcedencia del juicio de amparo, cuando la situación jurídica en que se encontraba el quejoso con motivo de los efectos del acto reclamado cambian, de tal manera que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo. Sentado lo anterior se tiene a la vista por hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, el diverso juicio de amparo número..., del que se advierte que en la causa penal de mérito, en la audiencia inicial se emitió auto de vinculación a proceso el doce de agosto de dos mil veinte, dentro de la causa penal..., en contra del quejoso...por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de Homicidio Calificado, previsto y sancionado en sus artículos 117, 122, 135 fracción I, inciso b, en relación con el 19, fracción I y 24, fracción III, del Código Penal del Estado, en el que además se impuso como medida, la prisión preventiva oficiosa, además de calificarse de legal la detención del quejoso por haber sido en cumplimiento de una orden de aprehensión. En consecuencia, tomando en consideración que el presente juicio es promovido por..., quien al ser detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión, se calificó de legal su detención y se le vinculó a proceso ; resulta inconcuso que ha cambiado la situación jurídica de dicho quejoso, máxime que no hizo valer tales violaciones que ahora reclama al promover el juicio de amparo en contra del auto de vinculación previamente citado. Apoya lo expuesto en lo conducente la tesis aislada XVIII.2o.P.A.4 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS PREVIO AL DICTADO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (INADMISIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA). DEBEN RECLAMARSE, EN SU CASO, CUANDO SE IMPUGNE DICHO AUTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la necesidad de distinguir las etapas del proceso penal acusatorio, con el fin de que se emitan pronunciamientos para identificar violaciones procesales y el momento en que deben ser reclamadas vía amparo. Dichas etapas son las siguientes: (i) de investigación, que a su vez se divide en dos fases: a) inicial o desformalizada, a cargo del Ministerio Público; y, b) complementaria o formalizada, bajo la vigilancia del Juez de control; (ii) intermedia, a cargo del propio juzgador, en la que se depuran los hechos y pruebas que pasarán a juicio; y, (iii) juicio, a cargo de un tribunal conformado por Jueces sin intervención en etapas anteriores, y salvo casos de excepción, no se recibirán pruebas previamente consideradas. Etapas que persiguen fines distintos y son conclusivas. Sobre esta base, se estima que el reflejo, en su caso, de alguna afectación a los derechos del imputado, acusado o sentenciado, durante su desarrollo, salvo casos específicos, será observable en la resolución que defina cada etapa, por lo que deben combatirse como violaciones, cuando se impugnen en amparo las determinaciones que resuelvan cada fase. En esa lógica, la inadmisión de pruebas por el Juez de control, previo al dictado del auto de vinculación, sólo produce efectos procesales, pues si bien pudiera afectar el derecho a la defensa adecuada, lo cierto es que sólo sería trascendente si el fallo que resuelve sobre la vinculación es desfavorable al imputado, por lo que no podría considerarse, a priori, que es de imposible reparación. Entonces, si el proceso acusatorio se compone de etapas que tienen un principio y fin, debe estimarse que para que las incidencias acaecidas durante su desahogo puedan ser combatidas, es necesario esperar a constatar si realmente tuvieron trascendencia en la resolución culminatoria de esa fase; en el caso, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, pues ese momento es el indicado para revisar la idoneidad, pertinencia y eficacia de la prueba ofrecida o reunida dentro de la primera fase de la primera etapa de investigación, por lo que su inadmisión, aunque susceptible de incidir en prerrogativas del quejoso, sólo producirá efectos en el auto que vincula a proceso. Por ende, es mediante el amparo indirecto que se promueva contra dicho auto, como puede examinarse el actuar previo del Juez de control, dada la conclusión de la primera fase de la etapa inicial de la investigación. Más aún, porque no es viable el estudio posterior a la conclusión de esa etapa, ya que continuaría la investigación formalizada o complementaria, que una vez concluida, el Ministerio Público podrá formular acusación, dando pauta a la apertura de la etapa intermedia, donde sólo podría abordarse el estudio de la exclusión probatoria. Asimismo, sólo las pruebas que se llegasen a admitir en el auto de apertura a juicio oral, serán las que podrán ser desahogadas por el tribunal de enjuiciamiento. Por tanto, no sería posible que los medios de prueba inadmitidos durante la primera fase de la etapa inicial, previo al dictado del auto de vinculación a proceso, sean objeto de estudio como violaciones al analizar la sentencia de primer grado, pues la primera etapa procedimental (investigación) ya habría concluido y, en su caso, de no impugnarse con el auto de vinculación a proceso, quedarían irremediablemente consumadas. Considerar lo contrario, sería admitir la posibilidad de que por medio del amparo se ordenara reabrir etapas anteriores, con el consecuente menoscabo de los recursos materiales, económicos, de logística y estrategias de litigación que implica tanto para el Estado como para las partes; aunado a que se propiciaría el abuso del juicio constitucional, con el consecuente retardo en la solución de los procesos acusatorios, cuya naturaleza es sumarísima. Ahora bien, como los plazos establecidos para resolver sobre la vinculación son breves, al examinar esa determinación en amparo indirecto, en su caso, si son impugnadas, deben también analizarse las incidencias ocurridas durante el desahogo de toda la etapa inicial, verbigracia, la calificación de la detención, medidas cautelares y el plazo que se otorga para la investigación complementaria. Esto, siempre y cuando, en respeto a los principios de igualdad procesal y contradicción, hayan sido materia de debate entre las partes ante el Juez de control, y con el objeto de que dichas violaciones queden debidamente analizadas en vía constitucional, para que no tengan que ser motivo de análisis en posteriores etapas. Sin que lo anterior obstaculice la procedencia del amparo contra actos distintos de los precisados, cuando sí sean de ejecución irreparable." Por tanto, no puede analizarse el acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, en relación con la puesta a disposición ante el Juez de Control ante la omisión de las autoridades responsables de su registro y la resolución de la situación jurídica del citado quejoso, pues es lo que ahora rige el estatus de aquél. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle..., en esta ciudad, autorizando para tal efecto a..., quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que el expediente en que se actúa es de naturaleza penal. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha NUEVE DE JUNIO DE dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: ...Agréguese el oficio número 4876, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, remite la notificación que le fue solicitada, relativa a la notificación de la prevención que se le hiciera al quejoso en el juicio de amparo...de su índice. Ahora bien, tomando en consideración que en auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se reservó proveer lo conducente al avocamiento del juicio de amparo en que se actúa, en tanto obraran en autos la notificación del auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, lo que a la fecha ya aconteció; por tanto, el oficio número 689, firmado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al que adjuntan el juicio de amparo número..., formado con motivo de la demanda de amparo promovida por..., contra actos del Agente del Ministerio Público ... y otras autoridades consistentes en: a) La falta de Registro de la detención del quejoso del once de agosto de dos mil veinte, llevada a cabo a las veinte horas con treinta minutos ante el Registro Nacional de Detenciones por parte de los Policías Aprehensores y por parte del Agente del Ministerio Público como segunda fase del registro de la detención; por no finalizar la actualización de dicho registro de su situación jurídica al momento de recibirlo como detenido. b) La falta de puesta a disposición del quejoso a través del formato nacional de informe de policía homologado y por ende dicho informe que obrara en la plataforma correspondiente del Centro Nacional de Información. Lo anterior en relación a que declaró su incompetencia por razón de turno para conocer de la demanda de amparo, promovida por el citado quejoso, dado que el acto que se reclama en dicha demanda, tiene relación estrecha con el diverso juicio de amparo..., del índice de este Juzgado, toda vez los actos reclamados derivan de la causa penal número..., iniciada ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, con sede en esta ciudad, de conformidad con el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y dado que efectivamente existe una estrecha relación de los citados juicios de amparo del índice de este órgano jurisdiccional, de los cuales este juzgado conoció con anterioridad; por tanto, este órgano jurisdiccional SE AVOCA A SU CONOCIMIENTO y continúa con el trámite del mismo; acúsese recibo. Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número... Ahora bien, vista la demanda de amparo de la que se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por precepto 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. .". El artículo y fracción antes transcritos establecen la improcedencia del juicio de amparo, cuando la situación jurídica en que se encontraba el quejoso con motivo de los efectos del acto reclamado cambian, de tal manera que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo. Sentado lo anterior se tiene a la vista por hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, el diverso juicio de amparo número..., del que se advierte que en la causa penal de mérito, en la audiencia inicial se emitió auto de vinculación a proceso el doce de agosto de dos mil veinte, dentro de la causa penal..., en contra del quejoso...por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de Homicidio Calificado, previsto y sancionado en sus artículos 117, 122, 135 fracción I, inciso b, en relación con el 19, fracción I y 24, fracción III, del Código Penal del Estado, en el que además se impuso como medida, la prisión preventiva oficiosa, además de calificarse de legal la detención del quejoso por haber sido en cumplimiento de una orden de aprehensión. En consecuencia, tomando en consideración que el presente juicio es promovido por..., quien al ser detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión, se calificó de legal su detención y se le vinculó a proceso ; resulta inconcuso que ha cambiado la situación jurídica de dicho quejoso, máxime que no hizo valer tales violaciones que ahora reclama al promover el juicio de amparo en contra del auto de vinculación previamente citado. Apoya lo expuesto en lo conducente la tesis aislada XVIII.2o.P.A.4 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS PREVIO AL DICTADO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (INADMISIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA). DEBEN RECLAMARSE, EN SU CASO, CUANDO SE IMPUGNE DICHO AUTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la necesidad de distinguir las etapas del proceso penal acusatorio, con el fin de que se emitan pronunciamientos para identificar violaciones procesales y el momento en que deben ser reclamadas vía amparo. Dichas etapas son las siguientes: (i) de investigación, que a su vez se divide en dos fases: a) inicial o desformalizada, a cargo del Ministerio Público; y, b) complementaria o formalizada, bajo la vigilancia del Juez de control; (ii) intermedia, a cargo del propio juzgador, en la que se depuran los hechos y pruebas que pasarán a juicio; y, (iii) juicio, a cargo de un tribunal conformado por Jueces sin intervención en etapas anteriores, y salvo casos de excepción, no se recibirán pruebas previamente consideradas. Etapas que persiguen fines distintos y son conclusivas. Sobre esta base, se estima que el reflejo, en su caso, de alguna afectación a los derechos del imputado, acusado o sentenciado, durante su desarrollo, salvo casos específicos, será observable en la resolución que defina cada etapa, por lo que deben combatirse como violaciones, cuando se impugnen en amparo las determinaciones que resuelvan cada fase. En esa lógica, la inadmisión de pruebas por el Juez de control, previo al dictado del auto de vinculación, sólo produce efectos procesales, pues si bien pudiera afectar el derecho a la defensa adecuada, lo cierto es que sólo sería trascendente si el fallo que resuelve sobre la vinculación es desfavorable al imputado, por lo que no podría considerarse, a priori, que es de imposible reparación. Entonces, si el proceso acusatorio se compone de etapas que tienen un principio y fin, debe estimarse que para que las incidencias acaecidas durante su desahogo puedan ser combatidas, es necesario esperar a constatar si realmente tuvieron trascendencia en la resolución culminatoria de esa fase; en el caso, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, pues ese momento es el indicado para revisar la idoneidad, pertinencia y eficacia de la prueba ofrecida o reunida dentro de la primera fase de la primera etapa de investigación, por lo que su inadmisión, aunque susceptible de incidir en prerrogativas del quejoso, sólo producirá efectos en el auto que vincula a proceso. Por ende, es mediante el amparo indirecto que se promueva contra dicho auto, como puede examinarse el actuar previo del Juez de control, dada la conclusión de la primera fase de la etapa inicial de la investigación. Más aún, porque no es viable el estudio posterior a la conclusión de esa etapa, ya que continuaría la investigación formalizada o complementaria, que una vez concluida, el Ministerio Público podrá formular acusación, dando pauta a la apertura de la etapa intermedia, donde sólo podría abordarse el estudio de la exclusión probatoria. Asimismo, sólo las pruebas que se llegasen a admitir en el auto de apertura a juicio oral, serán las que podrán ser desahogadas por el tribunal de enjuiciamiento. Por tanto, no sería posible que los medios de prueba inadmitidos durante la primera fase de la etapa inicial, previo al dictado del auto de vinculación a proceso, sean objeto de estudio como violaciones al analizar la sentencia de primer grado, pues la primera etapa procedimental (investigación) ya habría concluido y, en su caso, de no impugnarse con el auto de vinculación a proceso, quedarían irremediablemente consumadas. Considerar lo contrario, sería admitir la posibilidad de que por medio del amparo se ordenara reabrir etapas anteriores, con el consecuente menoscabo de los recursos materiales, económicos, de logística y estrategias de litigación que implica tanto para el Estado como para las partes; aunado a que se propiciaría el abuso del juicio constitucional, con el consecuente retardo en la solución de los procesos acusatorios, cuya naturaleza es sumarísima. Ahora bien, como los plazos establecidos para resolver sobre la vinculación son breves, al examinar esa determinación en amparo indirecto, en su caso, si son impugnadas, deben también analizarse las incidencias ocurridas durante el desahogo de toda la etapa inicial, verbigracia, la calificación de la detención, medidas cautelares y el plazo que se otorga para la investigación complementaria. Esto, siempre y cuando, en respeto a los principios de igualdad procesal y contradicción, hayan sido materia de debate entre las partes ante el Juez de control, y con el objeto de que dichas violaciones queden debidamente analizadas en vía constitucional, para que no tengan que ser motivo de análisis en posteriores etapas. Sin que lo anterior obstaculice la procedencia del amparo contra actos distintos de los precisados, cuando sí sean de ejecución irreparable." Por tanto, no puede analizarse el acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, en relación con la puesta a disposición ante el Juez de Control ante la omisión de las autoridades responsables de su registro y la resolución de la situación jurídica del citado quejoso, pues es lo que ahora rige el estatus de aquél. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle..., en esta ciudad, autorizando para tal efecto a..., quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que el expediente en que se actúa es de naturaleza penal. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

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