Bryan Ramirez Rocha
Expediente 808/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 808/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Bryan Ramirez Rocha
Actuaciones
- Principal
...Téngase por recibido el escrito de cuenta, suscrito por la parte quejosa, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de cuatro de los actuales, precisa la fecha en tuvo conocimiento de los actos que por esta vía reclama Ahora, de la revisión de la demanda de amparo, se advierte que actos que reclama el promovente son los siguientes: a) La integración de una carpeta de investigación iniciada contra el quejoso; y en consecuencia; b) La orden de aprehensión y/o comparecencia emitida en su contra, así como su ejecución. ESTUDIO DE PROCEDENCIA Ahora bien, el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. INTEGRACIÓN DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN INICIADA CONTRA EL QUEJOSO Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente respecto del acto señalado en el inciso a). En ese sentido, y por cuestión de orden se abordará en primer lugar el estudio del acto identificado bajo el inciso a) que consiste en la integración de una carpeta de investigación iniciada en su contra, respecto del cual, este Juzgado Federal advierte, de oficio, que especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." Conforme a la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, como actos de imposible reparación deben entenderse aquéllos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente, el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no que únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo. Además, estableció que dichos actos debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa interpretación a la Ley de Amparo vigente, determinó que la jurisprudencia P.J.4/2001, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", resulta inaplicable, dada la connotación que el legislador aportó a la ley, respecto de lo que debe entenderse por "imposible reparación". Estas consideraciones fueron formuladas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), localizable en la página 39, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aun que no lesionara derechos sustantivos, ya que con esta decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento; la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en esos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "..aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Sobre esa base, se evidencia que existen actos que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, que no pueden considerarse de imposible reparación, con independencia de la etapa en que se emitan, por lo que el amparo indirecto en su contra de modo inmediato es improcedente. Ahora bien, en el caso concreto, el acto reclamado marcado con el inciso a), y que consiste en la integración de una carpeta de investigación iniciada en su contra, se considera que no tiene sobre el gobernado, sus bienes o derechos, una ejecución que sea de imposible reparación, porque aun cuando el Ministerio Público, al integrar una carpeta de investigación emita diversas actuaciones y ordene la práctica de diligencias tendentes a la investigación de los hechos, que considere necesarias para su integración en la que se ve involucrado el quejoso, lo cierto es que tales actos no causan daño o perjuicio al gobernado contra el cual se siga la investigación correspondiente, a menos que en la indagatoria se ordene que se le prive de la libertad, de sus posesiones o derechos. Circunstancia que podría acontecer cuando se dicte alguna medida de protección o providencia precautoria, o bien, de tener el gobernado la calidad de inculpado, en el momento en que se determina la judicialización de la carpeta de investigación y se ejercita acción penal, entre otros, pues será el Ministerio Público o el Juez del proceso, de acuerdo a sus atribuciones, a quienes corresponderá resolver sobre dichas actuaciones, lo cual, en su caso, sería lo que causaría una afectación a la esfera jurídica de la quejosa. Ahora, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso, integrar la carpeta de investigación correspondiente; por tanto, se considera que los actos en estudio no tienen sobre las personas, sus bienes o derechos, una ejecución de imposible reparación, para el efecto de hacer procedente el presente juicio de amparo indirecto. Sobre esa base, en el supuesto de que se le considere inculpado, al encontrarse la carpeta de investigación en estado de integración, en principio, no se tiene certeza de que el agente del ministerio público correspondiente determinará ejercitar acción penal en su contra, o bien, que dicte el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal; y, aún en la hipótesis de que determinara ejercer acción penal, como se dijo, sería el Juez de proceso a quien le compete resolver sobre el pedimento del representante social, cuya decisión, en todo caso, sería la que podría causar una afectación a la esfera jurídica de la quejosa. En razón de lo expuesto, resulta improcedente el juicio de amparo en que se controviertan actos relacionados con la integración de la carpeta de investigación, como en el caso acontece, toda vez que los actos en estudio no son de aquellos que tengan sobre las cosas o personas una ejecución de imposible reparación al no afectar derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano es parte; aunado a que, la sociedad está interesada en que se desahoguen las diligencias encaminadas a la correcta integración de una carpeta de investigación por ser disposiciones de orden público e interés social. Ello es así, pues se considera que dichos actos sólo pueden afectar derechos adjetivos o procesales en la integración de una indagatoria, por la emisión de actuaciones tendentes a la investigación de los hechos, de los cuales se duele la parte quejosa. Sin embargo, los actos reclamados que se analizan no trascienden a la esfera jurídica del quejoso, pues aun cuando tenga el carácter de inculpado, existe la posibilidad de que pueda obtener resolución favorable como lo es el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de la agraviada, quedando entonces sin afectación alguna su esfera jurídica. En el caso particular, se cita la jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De igual manera, dicha causa de improcedencia se relaciona con la siguiente jurisprudencias: Época: Décima Época Registro: 160612 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 138/2011 (9a.) Página: 2056 "AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO. Para determinar si la categoría de "violaciones procesales" contenida en el artículo 160 de la Ley de Amparo es aplicable a las cometidas durante la averiguación previa, es necesario interpretar tal disposición a la luz de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993 y el 3 de julio de 1996; de las que se colige que la intención del Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue que dentro de la indicada categoría se comprendieran las violaciones cometidas durante la fase de averiguación previa. Ello es así, toda vez que dicho órgano hizo alusión a un concepto amplio de juicio de orden penal para efectos de las garantías contenidas en el artículo 20 constitucional, señalando que éste prevé tanto la fase jurisdiccional (ante el juez) como la previa (ante el Ministerio Público). Por lo anterior, algunas de las garantías antes reservadas para la etapa jurisdiccional ahora deben observarse en la averiguación previa, criterio que se refuerza si se toma en cuenta que el indicado artículo 160 tiene como finalidad reparar, en el amparo directo, la violación a las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 20 constitucionales, pues todo el listado de violaciones se traduce en la vulneración de aquéllas. Además, no debe pasarse por alto la intención garantista del legislador federal, al establecer como violaciones procesales en la fracción XVII del citado artículo 160, los casos análogos precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los tribunales colegiados de circuito, supuesto en el que pueden ubicarse las violaciones a las garantías individuales observables en la averiguación previa, consistentes en la obtención de pruebas ilícitas, la negativa para facilitar al inculpado los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, así como la transgresión a la garantía de defensa adecuada, violaciones que no ameritarían la reposición del procedimiento, sino la invalidez de la declaración obtenida en su perjuicio o la de la prueba recabada ilegalmente, en tanto que su estudio necesariamente implicaría la interpretación directa de preceptos constitucionales". En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto en estudio. ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O COMPARECENCIA GIRADA EN SU CONTRA, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN. Por otra parte, en relación con el acto reclamado marcado con el inciso b), consistente en la orden de aprehensión y/o comparecencia girada en su contra, así como su ejecución, este órgano advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo en vigor, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquéllos en que no se promueva el juicio de garantías dentro del término establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así es, del último de los preceptos legales invocados se evidencia que la Ley de Amparo vigente establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del mismo; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de éstos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, de forma general, establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. De modo que, la esencia del referido numeral 17, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ésta constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. En el caso, los actos que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional se hacen consistir en la orden de aprehensión y/o comparecencia girada en su contra, así como su ejecución. Ahora, en el apartado de antecedentes de la demanda se advierte que el promovente, bajo protesta de decir verdad, expuso que fue el diecinueve de octubre del presente año, aproximadamente a las quince horas, en que unas personas que se ostentaron como policías acudieron a buscarlo a la casa de su madre en varias ocasiones; asimismo, en el contenido del escrito aclaratorio, en atención al requerimiento que se le formuló para que indicara la data precisa en que tuvo conocimiento o se hizo sabedor del acto impugnado, a esto reitera que fue el diecinueve de octubre de esta anualidad. Sobre esa base, a las manifestaciones vertidas por el propio quejoso en el escrito de cuenta, se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención a la jurisprudencia 2ª./J.50/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 64, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR." Luego, se colige que para realizar el cómputo del término de los quince días a que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, se debe tomar como base el diecinueve de octubre de dos mil veinte, que fue la fecha en que la parte quejosa tuvo conocimiento de dichos actos. Entonces, si el quejoso tuvo conocimiento del acto impugnado, cuando menos, desde el diecinueve de octubre de dos mil veinte, el plazo para promover la demanda de amparo había fenecido a la fecha en que presentó la demanda ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, que fue el uno de diciembre de dos mil veinte, según se advierte del sello de recepción correspondiente, puesto que el culminó el diez de noviembre del año que transcurre; descontando los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de octubre, uno, dos, siete y ocho de noviembre de dos mil veinte, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Así, es evidente que los actos reclamados fueron consentidos, toda vez que a la fecha de la presentación de la demanda había transcurrido en exceso el término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa promoviera oportunamente el juicio de amparo. Lo anterior, en razón de que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, tres de abril de dos mil trece, el plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra actos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal, es el genérico de quince días previsto en el referido artículo 17 de la Ley de la materia, en términos de la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2009174, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 38, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 232213, visible en la página 71, primera parte de los Tomos 193-198, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto enseguida transcrito: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." En las relatadas condiciones, queda plenamente demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en el precepto 113, de la citada ley de la materia, procede desechar por notoriamente improcedente la presente demanda de garantías, lo anterior, en virtud de que con las razones apuntadas, están plenamente acreditadas las causas de improcedencia invocadas.
- Principal
...Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *********, por derecho propio, contra el acto que reclama del Juez de Control del Juzgado de Oralidad, Región II, sede Irapuato, base Silao, y otra autoridad, que considera violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 808/2020; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. PREVENCIÓN Ahora, antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el diverso numeral 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído y, consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el amparo que se promueve, con copias necesarias del escrito aclaratorio y bajo protesta de decir verdad: Señale la fecha en que tuvo conocimiento de los actos que reclama. Ello, toda vez que en la narrativa de antecedentes el promovente no indicó la data precisa en que tuvo conocimiento o se hizo sabedor del acto impugnado. Se afirma tal aserto, pues en el apartado atinente a los antecedentes del acto reclamado únicamente indica: "Tengo conocimiento que el día lunes 19 diecinueve de octubre del presente año aproximadamente a las 15:00 horas, unas personas que se ostentaron como policías acudieron a buscarme a la casa de mi madre en varias ocasiones."; ello, sin precisar si en esa fecha tuvo conocimiento o se hizo sabedor de los actos impugnados, pues solo indica el momento en que fueron a buscarlo a casa de su madre. De ahí que dicho señalamiento resulta ambiguo y no debe quedar a la interpretación de este juzgado, puesto que se trata de un requisito que constituye una cuestión de orden público y estudio de oficio al resultar necesario para verificar la presentación oportuna de la demanda, por lo que corresponde a la parte quejosa efectuar su señalamiento de forma precisa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2005636, publicada en la página 1079, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado". De igual forma, resulta aplicable por igualdad jurídica la Jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2009174, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 38, Décima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con lo indicado en el término concedido, se tendrá por no presentada, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES La parte promovente señaló expresamente que las notificaciones se le realizaran mediante los estrados de este Juzgado Federal; lo que de acuerdo con la Ley de la materia, corresponde a la notificación por lista. En atención a lo anterior, se ordena realizarle las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en el área de ingreso al edificio en que se localiza este juzgado, que fue el espacio designado por la Administración para facilitar su consulta a quienes acudan sin contar con cita, del tres de agosto de dos mil veinte al quince de enero de dos mil veintiuno, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión. MEDIOS DE CONTACTO Por otra parte, el correo electrónico que la parte promovente proporcionó en la etiqueta con la que presentó la demanda, constituye una forma especial y expedita de contacto, por lo que será considerado para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tales medios, en los casos en que se estime pertinente. No obstante lo anterior, se le invita a que proponga diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A las personas que se indica en la demanda, se les tiene como autorizados de la parte quejosa, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General multicitado, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". En ese sentido, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.
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