Bryan García García

Expediente 346/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
346/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
28/10/2020

Partes del expediente

  • Bryan García García

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiocho de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo séptimo denominado "EXPEDIENTES DEPURABLES", artículo 18, fracción I, inciso a), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiséis de octubre de dos mil veinte. Agréguese sin proveer sobre su contenido, el oficio signado por el Segundo Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Azueta, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, en razón de que en proveído de ocho de octubre del año en curso, se tuvo por recibida similar información y se acordó lo correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN: SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÒN, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; ocho de octubre de dos mil veinte. Agréguese el oficio signado por el Segundo Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Azueta, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 236/2020, que se le envió para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, localizara al directo quejoso Bryan García García; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado y acúsese recibo. Asimismo, a fin de que el presente expediente se maneje de manera más eficaz, se desglosan de la comunicación oficial de referencia las constancias que se remitieron. Ahora bien, de la razón actuarial de catorce de septiembre pasado, se advierte que el aquí quejoso Bryan García García, ratifico la demanda de amparo promovida a su favor, por Michel Pacheco Torres y Ever Olea Gandarillas. Luego, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se deriva que una vez ratificada la demanda por el directo quejoso, se proveerá sobre su admisión; sin embargo, tal expresión debe ponderarse en armonía con lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. En ese sentido, se tiene presente que en el juicio de amparo en que se actúa el directo quejoso por conducto de Michel Pacheco Torres y Ever Olea Gandarillas, reclamó su detención fuera de procedimiento judicial, así como el eventual estado de incomunicación, y que atribuyó a la autoridad policial que designó como responsables, aduciendo que dicha detención aconteció el cuatro de julio pasado. Luego, de lo informado por el Coordinador Operativo de la "REGIÒN COSTA GRANDE", mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veinte, en el sentido de que el cuatro de julio de esa anualidad, el directo quejoso Bryan García García fue detenido por los motivos señalados en el parte informativo relativo, y puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, en la ciudad de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Así, con motivo de las medidas adoptadas para conocer el paradero del directo quejoso, las Jueces de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Azueta y Montes de Oca, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, informaron que dentro de las carpetas judiciales C-62/2020 y C-63/2020, se impuso a Bryan García García, la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que el siete y catorce de julio de esta anualidad, se le dictó auto de vinculación a proceso, por los delitos de contra la salud en su modalidad de posesión simple y homicidio calificado. En tales condiciones, del contraste de la razón actuarial de cuenta con lo informado por la autoridad judicial sobre la situación jurídica del quejoso, queda de relieve que desde el siete y catorce de julio de dos mil veinte, el directo quejoso Bryan García García, quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva en el centro regional de reinserción social de Zihuatanejo, Guerrero decretada en las carpetas judiciales C-62/2020 y C-63/2020, tan es así que su localización se obtuvo en dicho centro penitenciario. En concatenación con lo anterior, la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, prevé como causal de improcedencia del juicio de amparo cuando se inste contra actos consumados de modo irreparable. Dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable"; [...] Conforme al Diccionario de la lengua española, vigésima segunda edición, un "hecho consumado" lo constituye la acción que se ha llevado a cabo (que ha concluido), adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla. Así, la interpretación gramatical del precepto transcrito permite colegir que los "actos consumados" son aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, actos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Por su parte, el vocablo "irreparable" constituye el adjetivo que se aplica para denominar aquello "que no se puede reparar"; es decir, que no es susceptible de enmendar, corregir o remediar. Así, es factible concluir que por actos consumados de modo irreparable, debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estima transgredido, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Así se sostiene, dado que para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable; y, b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo); de ahí, el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas; razón por la cual, resulta improcedente el juicio de amparo en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la ley de la materia. Pues ningún efecto práctico conduciría analizarse la constitucionalidad de los actos reclamados, en razón que, de otorgársele la protección constitucional sería imposible restituirle el derecho humano violado. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así, tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, pero esto ocurre sólo cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento (actos consumados de modo reparable). Sin embargo, tratándose de los actos consumados de modo irreparable resulta improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Sobre esas bases, cabe concluir que la naturaleza de los actos consumados, para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar nuevamente del derecho que alega tener tutelado y que aduce le fue transgredido, igual que antes de las violaciones que afirma se le cometieron. Sentado lo anterior, tenemos que en el caso en estudio la detención realizada el cuatro de julio del año en curso por elementos del cuartel regional de la Policía Estatal de Zihuatanejo Guerrero; quedó consumada de modo irreparable, pues en audiencias de siete y catorce de ese mismo mes dentro de las carpetas judiciales C-62/2020 y C-63/2020, se le decretó la medida cautelar de prisión preventiva, con motivo del auto de vinculación a proceso, quedando desde entonces recluido en el centro de reinserción social de esa ciudad. De ahí, que la captura del citado quejoso ocurrida el cuatro de julio del año en curso, jurídica y materialmente produjo todos sus efectos y consecuencias, de tal manera que, ni física ni materialmente, podría restituírsele en el goce de los derechos humanos violados, en tanto que respecto al pretendido estado de incomunicación debe ponderarse el hecho de que al substanciarse las carpetas judiciales C-62/2020 y C-63/2020, deben observarse los principios del sistema penal acusatorio, entre los cuales está el de inmediación que exige la presencia del imputado en cada una de las audiencias que se verifiquen, de ahí que ni siquiera ese aspecto requiera objetivamente que se constate la existencia o no de dicho acto reclamado. Consecuentemente, al haber quedado consumado de un modo irreparable el acto reclamado en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVI de la ley de la materia, en tanto que la libertad del quejoso se encuentra sujeta a la determinación de una autoridad judicial y que conforme a los principios que rigen el sistema penal acusatorio bajo el cual habrá de substanciarse el proceso al que se encuentra sujeto el quejoso anula la posibilidad de que se encuentra en estado de incomunicación; es inconcuso que no es factible dar trámite a la demanda que nos ocupa no obstante haber sido ratificada. Por tanto, déjense sin efectos las providencias adoptadas en auto de seis de julio de dos mil veinte. Notifíquese personalmente. LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTE.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; siete de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de dos de septiembre pasado, se giró el despacho 236/2020, al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Azueta, residente en Zihuatanejo, a fin de ordenara a quien corresponda, se constituyera en las instalaciones del Centro Penitenciario de esa ciudad, a fin de que localizara al directo quejoso Bryan García García, y con fundamento en el numeral 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, lo requiriera para que en el acto de la diligencia, o en el plazo de tres días siguientes a su notificación, ratifique por escrito la demanda promovida a su favor por Michel Pacheco Torres y Ever Olea Gandarillas, por sí o por medio de su representante, sin que a la fecha dicha comunicación haya sido devuelta debidamente integrado con las actuaciones correspondientes. Por tal motivo, requiérase por la vía telegráfica al citado juez, para que dentro del término de tres días siguientes al que le surta efectos la notificación del presente proveído, de inmediato informe sobre el particular, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para hacerlo, y a través de la vía postal remita las constancias relativas; con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le aplicará una multa por el equivalente de cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Para ese efecto, se le comunica a la autoridad antes mencionada que de manera excepcional y atendiendo el carácter urgente del asunto, podrán informar lo anterior a través del correo electrónico oficial de este juzgado, cuya dirección es 8jdo21cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese.

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