Bryan Edgardo Magaña Naranjo
Expediente 440/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 440/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Bryan Edgardo Magaña Naranjo
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la resolución dictada en fecha veintiuno de mayo del año que transcurre, en el que se desechó la demanda de garantías en que se actúa, sin que hicieran uso de tal derecho, en consecuencia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, como de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues, se desechó la demanda en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto recurso alguno. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista a los quejosos... del proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno...Vista la demanda de amparo presentada por los quejosos en cita, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado y otras autoridades; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número IV-440/2021-C. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado: "IV. ACTO RECLAMADO Señalo como acto reclamado, el PRETENDER PRIVARME ILEGALMENTE DE MI LIBERTAD PERSONAL, intentando ejecutar una ilegal orden de CITACIÓN, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN infundada e inmotivada EMITIDA POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE TACÁMBARO, MICHOACÁN. QUE INTEGRA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN - RADICADA EN TACÁMBARO, MICHOACÁN de lesionando las Garantías Constitucionales que a nuestro favor se contienen en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución General de la República, y el cumplimiento por parte de las autoridades ejecutoras señaladas y/o privación ilegal de la libertad se pretende realizar, por parte de las autoridades que he señalado como responsables en líneas atrás. La citación anterior se hace ".con el apercibimiento de que, en caso de hacer caso omiso, se hará acreedor a una multa consistente en 300 unidades de medida y actualización, en términos del numeral 104 fracción I, inciso b), de la legislación única penal y se conducirá al proceso a través de citación judicial, orden de comparecencia u orden de aprehensión, medios contemplados en el numeral 141 de la Ley en mención...." El suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del precepto 107, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo que amerita desechar la demanda, atendiendo especialmente a la naturaleza de la resolución precisada en el párrafo que antecede. Para evidenciar lo anterior, conviene citar lo que establece el precepto legal 113 de la referida Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica la jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, debemos estarnos a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; pues los actos reclamados en modo alguno afectan derechos sustantivos protegidos a favor de la parte quejosa en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como se expondrá. Los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Atento al contenido de las disposiciones citadas se advierten las hipótesis de procedencia del amparo promovido contra actos, omisiones o resoluciones de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio cuando estos sean de imposible reparación, entendidos como los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que México sea parte. En el caso concreto el acto reclamado es el citatorio de dieciocho de mayo del dos mil veintiuno, emitido por el Agente del Ministerio Público de la Ciudad de Tacámbaro, Michoacán, a fin de que los quejosos comparezcan ante dicha representación social con el apercibimiento que para el caso de no comparecer se les aplicará los medios de apremio que establece el artículo 104, fracción I, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en una multa de 300 unidades de medida y actualización, y se conducirá al proceso a través de citación judicial, orden de comparecencia, orden de aprehensión, medios contemplados en el artículo 141 de la citada Ley. Respecto a lo anterior, los artículos 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 129, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214 y 215, del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. [.]" "Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia. La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. [.] El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e [.]" "Artículo 212. Deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." "Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación. Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados." "Artículo 215. Obligación de suministrar información. Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la Policía, tienen obligación de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las leyes aplicables." Los preceptos transcritos indican que la investigación de los delitos está a cargo del Ministerio Público, el cual en la etapa de indagación inicial, deberá reunir los datos de prueba necesarios para determinar sobre el ejercicio de la acción penal. Además que la representación social está facultada para solicitar la comparecencia del indiciado y requerir su declaración si lo considera necesario para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. Actividad que debe realizar con apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados. En ese tenor, la citación a la parte quejosa durante la sustanciación de la investigación inicial de ningún modo causa una afectación, pues no transgrede su libertad personal, al constituir un medio de comunicación mediante el cual se requiere su presencia en una diligencia necesaria para dilucidar la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. Pues la mera citación a la parte quejosa durante la sustanciación de la investigación en la Fiscalía responsable de ninguna manera causa una afectación a algún derecho sustantivo, pues en modo alguno transgrede su libertad personal, al constituir un medio de comunicación mediante el cual se requiere su presencia en una diligencia. Es decir, la citación únicamente se concreta para investigar los hechos reportados. Sin que sea óbice el hecho de que ante su falta pueda decretarse algún apercibimiento, tal como la imposición de una multa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a la inasistencia injustificada y decretarse por parte de la responsable. Sirve de apoyo por las razones que informa la jurisprudencia del siguiente rubro: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]."." Asimismo, cobra aplicación al caso, la jurisprudencia pronunciada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1844, LIBRO 53 tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada en Abril 2018, registro 2016536, que al rubro señala "MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. EL CITATORIO EMITIDO DENTRO DEL PROCESO DE JUSTICIA RESTAURATIVA PARA COMPARECER A LA ETAPA CONCILIATORIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO." En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede DESECHAR la demanda de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http//www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria respectiva para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020; en ese sentido, se tiente al promovente señalando como forma especial y expedita de contacto el correo electrónico siguiente: - Como lo solicita la parte quejosa, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta el nombre de usuario proporcionado - - - a fin de que tenga acceso al expediente electrónico para su consulta. Finalmente, se tiene a los promoventes señalando domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a los licenciados -, toda vez que se encuentran dentro del Registro de Cedulas Profesionales de los Órganos del Poder Judicial de la Federación, y únicamente para los fines precisados en la parte inicial de este párrafo al diverso profesionista quien no tiene su cedula registrada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
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