Bryan Axel Aviles Martínez
Expediente 966/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 966/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Bryan Axel Aviles Martínez
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este cuaderno es susceptible de destrucción. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que todas las constancias y documentos del expediente físico estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, en términos de lo previsto en el artículo 9, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico, a través del módulo "Libros de control" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a la parte quejosa.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, ********************, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Bryan Axel Avilés Martínez, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada L.A.A.T; en contra de las autoridades responsables y por el acto que enseguida se precisa: AUTORIDAD RESPONSABLE Juzgado Décimo Segundo Familiar de Tlalnepantla con Residencia en Atizapán de Zaragoza ********************. Oficial Secretaria de Acuerdos Maricela Severo Teje. ACTO RECLAMADO El auto por el cual no se tuvo por admitido el incidente de cambio de guardia y custodia, ordenado en proveído de fecha veintiséis de junio de dos mil veintitrés dentro del expediente 1014/2021, del índice de la responsable. RADICACIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Con apoyo en los artículos 11, 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE bajo el número 966/2023-VI. DESECHAMIENTO Ahora bien, previo a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos jurisdiccionales, de acuerdo con el cual el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos El principio aludido encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, previamente a su promoción el quejoso debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Sobre esa base, los elementos con los que se integra la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o agrarios, establecidos en la transcrita fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, son los siguientes: 1. Que el acto reclamado sea -efectivamente- una resolución proveniente de tribunales judiciales, administrativos o agrarios; 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa; 3. Que ese recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, 4. Que por virtud de dicho recurso o medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están previstos en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Empero, no debe pasarse por alto que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la parte quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. La hipótesis de procedencia del juicio de amparo referida se actualiza en el caso, porque en proveído dictado por la responsable en veintiséis de junio de dos mil veintitrés, el juez responsable inadmitió el incidente de cambio de guarda y custodia promovido dentro del expediente 1014/2021, al considerar que lo relativo a las medidas provisionales decretadas en autos, fueron previamente revisadas de oficio en la audiencia inicial, misma que únicamente podrá ser modificada en sentencia definitiva. Es evidente que se trata de un auto proveniente de un tribunal judicial y, en consecuencia, se satisface el primero de los requisitos antes señalados. En lo tocante a los requisitos identificados con los números 2, 3 y 4 (dos, tres y cuatro) ya precisados, conviene invocar el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del ********************, que dispone: "Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." De la interpretación del precepto legal transcrito, se tiene que los autos y decretos emitidos por el juez o tribunal, que no fueren apelables, SON REVOCABLES, es decir, procede el recurso de revocación y para su conocimiento es competente el mismo juez que emitió el proveído que ahora se combate. También debe precisarse que la resolución reclamada no constituye alguno de los supuestos de excepción referidos en párrafos precedentes puesto que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni está sujeto a interpretación adicional; y, tampoco se trata de persona extraña al procedimiento. Además, no se requiere una interpretación adicional o es insuficiente el fundamento legal para determinar la procedencia del recurso, ya que de la lectura del precepto legal permite advertir que contra los autos emitidos por el Juez que los dictó procede el recurso de revocación. Por ende, contra el proveído dictado por la jueza familiar responsable, ahora tildado de inconstitucional, el quejoso debió recurrirlo a través del recurso de revocación, por ser el medio de defensa idóneo para revocarlo. De igual, forma, se hace la indicación de que en el presente asunto, no emerge el supuesto previsto en el artículo 2.184 del Código de Procedimientos Civiles del ********************, que prevé que las "resoluciones que ordenan la ejecución no son recurribles", porque el proveído reclamado, no se trata de una "resolución", ni es una determinación, encaminada directa, inmediata y específicamente a cumplir el fallo, es decir, que al no contar con esas características, su impugnación no se rige por dicho precepto, dado que por su parte, el diverso artículo 1.362, dispone que tratándose de autos que no fueren apelables son revocables por el juez que los dictó, mismo que debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, como el auto reclamado fue emitido por una autoridad judicial, y en contra del cual, el código procesal civil prevé un medio ordinario de defensa en su contra que en este caso lo es el recurso de revocación, con el que se pudo confirmar, revocar o modificar dicho proveído, resulta improcedente el juicio de amparo en su contra al no haberse agotado ese recurso previamente. Se estima aplicable, en lo conducente, por el tema que informa, la tesis II.2o.C.9 C (10a.) del SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, página 2067, con el rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LOS AUTOS DICTADOS DURANTE SU TRAMITACIÓN, POR NO CONSTITUIR PROPIAMENTE ACTOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SINO PREVIOS A ÉSTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El artículo 2.163 del Código de Procedimientos Civiles del ******************** establece que si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte interesada presentará su liquidación de la que se dará vista por tres días a la parte condenada, en el entendido de que si ésta no se opone el Juez decidirá; empero, si expresara su inconformidad, se dará vista a la otra parte por igual plazo, y dentro de los tres días siguientes el Juez resolverá. Esto significa que a través del incidente de liquidación de sentencia se determina la cantidad a la que asciende la condena a que se refiere la sentencia de fondo pues ese es su principal objetivo. En tal sentido, el incidente de liquidación de sentencia se torna un procedimiento previo a la ejecución de la sentencia, en el cual, al cuantificarse la condena, queda debidamente preparada esa ejecución, lo cual implica que no sea posible considerar a dicho incidente como un procedimiento directo de ejecución de sentencia, pues para que ésta pueda ser ejecutada, requiere haberse liquidado. En tales circunstancias, se concluye que los autos dictados en el referido incidente no quedan comprendidos en la hipótesis de irrecurribilidad de los actos de ejecución de sentencia a que se refiere el artículo 2.184 del Código de Procedimientos Civiles en cita, sino en la normativa de sus numerales 2.164 y 1.362, en orden con el principio de impugnabilidad de las resoluciones que se dicten en el procedimiento, en cuanto a que los autos que no son apelables y los decretos son revocables por el Juez que los dictó." Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia de que las determinaciones reclamadas, no transgreden de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa de imposible reparación. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES Ahora, toda vez que la quejosa señala un domicilio para oír y recibir citas y notificaciones ubicado fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, se ordena que las notificaciones personales, se hagan por lista que se fijan en los estrados de este juzgado en términos de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, en el municipio de Naucalpan de Juárez, ********************. No obstante y por única ocasión, con fundamentos en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se comisiona a uno de los actuarios adscritos a fin de que notifique el presente proveído al quejoso en el domicilio ubicado en calle******************** colonia ********************, ********************. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la presente determinación, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A" (SISE), para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente al quejoso.
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