Bruno Radamés Valdes Leyva
Expediente 535/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 535/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 24/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Bruno Radamés Valdes Leyva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno (notificado el uno siguiente personalmente), en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se sobreseyó y concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada en el presente juicio; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Visto el estado procesal de los presentes autos y con la vista que se le hizo al quejoso por auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno, para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación, manifestara lo que a su derecho conviniese, y con el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. El citado proveído se le notificó a la parte quejosa (por conducto de su autorizada) el veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno, sin que se desahogara tal vista. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado por Bruno Radamés Valdés Leyva para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Sinaloa, con domicilio en Culiacán, realizara lo siguiente: ". Ahora bien, de la lectura del escrito presentado por el quejoso el ocho de octubre de dos mil veinte, y dirigido al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, se advierte que no se encuentra fundado y motivado, ya que no se advierte la cita del o los artículos que faculten a la autoridad responsable para su emisión; situación que conlleva a determinar la existencia de una violación a la garantía constitucional tutelada por el artículo 16 de nuestra Carta Magna, en agravio del aquí quejoso. En efecto, como bien lo aduce la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, la autoridad responsable sin competencia alguna determinó que le escrito ante ella presentado era inoperante, a pesar de que tal promoción se dirigió al Tribunal en Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por tanto, éste es quien debe resolver lo correspondiente, no así su Presidente. . Deje sin efectos el auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, y tomando en consideración lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 52/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronuncie conforme a derecho y atienda los lineamientos aquí señalados. ." La citada sentencia de amparo causó estado y firmeza el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, requiriendo de la responsable su cumplimiento. En ese sentido, mediante oficio sin número recibido en este juzgado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, la Secretaria de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, remitió copia certificada de la sentencia dictada el doce del citado mes y año, en donde el Pleno del citado órgano colegiado resolvió la petición hecha por el aquí quejoso, en el sentido de desecharla. En ese tenor, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que la responsable dejara sin efectos el auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, y el Tribunal en Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa, se pronunciara respecto de lo pedido por el quejoso, lo cual ya aconteció; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, firmado por el oficio signado por el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual comunica que acata y da cabal cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar; dese vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días contando a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable en comento.
- Principal
Vistos los oficios de cuenta, firmados por la Secretaria de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, mediante el cual comunica que acata y da cabal cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar; y sin mayor trámite, toda vez que por auto de doce de este mes, se acordó al respecto, en el sentido de darle vista al quejoso con el mismo para que manifestara lo que a su derecho conviniese.
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