Bruno Javier Montoya Hernández
Expediente 687/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 687/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Bruno Javier Montoya Hernández
Actuaciones
- Principal
"...Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental..."
- Principal
"...Vista la demanda de amparo interpuesta por...en su carácter de tutora de...quien acredita esa calidad con copia certificada del acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, dictado en el procedimiento especial de estado de interdicción número 1377/2013, del índice del Juzgado Familiar de Primera Instancia de Zumpango, México; regístrese bajo el número 687/2018-IV-B. DESECHAMIENTO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. ACTO RECLAMADO Del análisis al escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de nueve de abril de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca 261/2018 por la Sala Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, donde declaró que el recurso de queja hecho valer era improcedente, contra la determinación dictada por el Juez Noveno Familiar de esa ciudad de tener por no cumplida la prevención y por ende no admitida la reconvención planteada en el expediente 166/2018, donde se le demandó la destitución de cargo de tutor. En el caso concreto, se actualiza de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V interpretada en sentido contrario y 113, todos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [...]" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos en el momento en que se producen no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Resulta aplicable la tesis de la Décima Época del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de dos mil catorce, Tomo III, con el número VII.2o.C.76 C (10a.), página 2910, que dice: "RECONVENCIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA LLAMAR A JUICIO A DIVERSOS CODEMANDADOS NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución que desestima llamar a juicio en reconvención a diversos codemandados no podría considerarse de imposible reparación por trasgresión a un derecho sustantivo, pues el hecho de que el efecto del juicio de amparo directo que pudiere promoverse contra la sentencia definitiva, sea retrotraer todo el procedimiento para subsanar deficiencias de origen, no implica indefensión, ni violación a derechos sustantivos de la quejosa. Lo anterior debe entenderse así, porque la dilación del juicio no implica violación al principio de justicia pronta, tal como puede advertirse de la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.". Además, no existe disposición alguna que pudiere fundamentar como razón jurídica la excepción en el caso que se analiza pues, en el nuevo marco constitucional, sólo existe la disposición de procedencia del juicio de amparo indirecto, al tratarse de actos dictados en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, única y exclusivamente cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo." En efecto, en la reconvención el demandado, aprovechando la relación procesal establecida, formula pretensiones contra el actor; por lo que se considera como una nueva demanda (contrademanda), debiéndose emplazar al actor para que la conteste. Sin embargo, esto no implica que el demandado forzosamente tenga que hacer valer la reconvención en juicio, ya que el hecho de ejercer ese derecho, no hace que precluya su derecho para ejercer, en un juicio por separado, alguna acción derivada de la misma causa o título que dio origen a la demanda principal. Por tanto, como se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de nueve de abril de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca 261/2018 por la Sala Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, donde declaró que el recurso de queja hecho valer era improcedente, contra la determinación dictada por el Juez Noveno Familiar de esa ciudad de tener por no cumplida la prevención y por ende no admitida la reconvención planteada en el expediente 166/2018, donde se le demandó la destitución de cargo de tutor. En el caso concreto se está en presencia de actos que no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, y por ende, la determinación reclamada, no legitima la promoción del juicio de amparo indirecto Lo anterior, porque solamente produce efectos en contra de derechos adjetivos, sin atacar sus derechos sustantivos de forma tal que el perjuicio irrogado podría ser reparado por un acto jurídico posterior, ello tomando en consideración que la posible afectación que se ocasione puede ser subsanada, si se obtiene fallo favorable, y en caso contrario, aún puede remediarse a través del juicio de amparo indirecto que en su caso se promoviese en contra de la resolución respectiva, alegándola como una violación procesal. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA la demanda de garantías en estudio por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte la lista que se fija en los estrados de este recinto judicial por así señalarlo expresamente. Asimismo, se tienen como autorizados a las personas que indican en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciados en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las demás partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente..."
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