Bruno Guerrero Parra

Expediente 1635/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 7 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1635/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
07/12/2022

Partes del expediente

  • Bruno Guerrero Parra

Actuaciones

  1. Principal

    Se tiene recibida la demanda de amparo y anexos, promovida por Bruno Guerrero Parra, por propio derecho, contra actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 1635/2022-II, y fórmese expediente impreso y electrónico que corresponden. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo y anexos que fueron enviados adjuntos a dicho ocurso, es factible para este juzgado determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto el criterio de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el presente caso se tiene que el acto reclamado consiste: "Resolución de 25 de octubre de 2022, dictada por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en el toca 083/2020, por la que confirmó el auto dictado en audiencia de remate en primera almoneda, de 09 de septiembre de 2019, pronunciado por la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, en el expediente 836/2013-I, relativo al juicio ordinario civil de cumplimiento de convenio, promovido por la aquí tercera interesada en representación de mis entonces menores hijos, el contra del suscrito." Asimismo, la parte quejosa señaló como antecedentes del transcrito acto reclamado, en los siguientes términos: "1.- EI 9 de septiembre de 2019, la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero en el expediente 836/2013-I, relativo al juicio ordinario civil de cumplimiento de convenio, promovido por la aquí tercera interesada en representación de mis entonces menores hijos, en contra del suscrito, dictó un auto que en la parte que interesa dice: "Audiencia de remate en primera almoneda. En la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las diez horas con treinta minutos del nueve de septiembre de dos mil diecinueve, día y hora señalada en autos para. [.] A continuación la C. Juez resuelve: Visto lo manifestado por el abogado patrono de la parte actora, y tomando en consideración que no compareció postor alguno a la presente audiencia, como lo solicita el abogado patrono de la parte actora, con fundamento en el artículo 468, fracción VII DEL Código Procesal Civil Vigente el Estado, se adjudica a los menores L.G.G, DL.G. Y C.A.G.G, quedando como su representante legitima por ser menores de edad, su progenitora Almaro (SIC) Rosa Gutiérrez Santos..." 2.- Por escrito de 22 de noviembre de 2019, ingresado en la oficialía de partes de los juzgados de primera instancia en materia civil y familiar del Distrito Judicial de los Bravo, el 25 de dicho mes y año, con fundamento en los artículos 264, 384, 385, 386, fracción II; 387, fracción III, 388, 393, fracción I, inciso e), del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, interpuse recurso de apelación, contra de la audiencia de remate en primera almoneda, de 9 de septiembre de 2019, citada en el hecho que antecede. 3.- Mediante cédula de notificación de 9 de diciembre de 2019, el segundo secretario actuario del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, notificó a mi abogada el proveído de 4 de diciembre de dicho año, por el que dicho juzgado tiene al suscrito por interponiendo en tiempo el recurso de apelación, contra el auto dictado en la audiencia de remate en primera almoneda, el 9 de septiembre de 2019. 4.- Mediante resolución de 25 de octubre del año en curso, dictada por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca 083/2020, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el suscrito, contra de la audiencia de remate en primera almoneda de 9 de septiembre de 2019, declaró infundados e inoperantes los agravios que hice valer, y confirmó el auto dictado en audiencia de remate en primera almoneda, de 09 de septiembre de 2019, pronunciado por la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, en el expediente 836/2013-I, relativo al juicio ordinario civil de cumplimiento de convenio, promovido por la aquí tercera interesada en representación de mis entonces menores hijos, en contra del suscrito. Dicha resolución es materia de la presente demanda de amparo." En ese orden de ideas, quien esto resuelve considera que en el presente asunto se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, [aplicado en sentido contrario], ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. - - - Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." El primer numeral transcrito precisa que el juicio de amparo es improcedente cuando de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley de la materia, se derive una causal que así lo prevea. Por su parte el segundo de los numerales invocados -107, fracción IV de la apuntada legislación-, prevé que la instancia constitucional en la vía indirecta, contra actos de tribunales judiciales emitidos en ejecución de sentencia, solamente procede contra la "última resolución", entendida de una forma, como aquélla que de manera definitiva aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien, declara la imposibilidad material o jurídica para ello, e inclusive, la que ordena el archivo definitivo del expediente -párrafo segundo-. Además, el párrafo tercero introduce una regla específica, también de procedencia del amparo, pues se refiere exclusivamente al remate, en cuyo caso el juicio de amparo indirecto deberá promoverse contra la resolución definitiva, siendo indispensable que, además de aprobarse el remate mediante subasta o adjudicación directa, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del bien rematado. Por ende, el acto reclamado el en el presente asunto, -la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, que adjudica el inmueble a favor de los menores en cita- no constituye el último acto en el período de remate en términos de lo dispuesto por el citado artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, ya que en éste no se ordenó en definitiva la escrituración o la entrega del bien inmueble sujeto a subasta, pues el acto reclamado consiste en la resolución emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, en que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, en contra de la audiencia de remate en primera almoneda de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, en que la Juez de origen adjudicó el bien inmueble correspondiente, a los menores L.G.G., D.L.G. y C.A.G.G., dejando como representante legitima a su señora madre, aquí tercera interesada, Alma Rosa Gutiérrez Santos. En consecuencia, teniendo como base lo anterior y dado que el impetrante de amparo medularmente se duele del acuerdo en que se adjudicó el bien inmueble, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos y criterios asentados en la presente determinación, se hace evidente, la improcedencia del juicio de amparo planteado, toda vez que el promovente -al ser parte formal en la controversia natural- debe sujetarse a las reglas que regulan el procedimiento, y por ello las violaciones que aquí reclama deberá hacerlas valer hasta que se emita el último acto en la fase de remate, pues el juzgador primigenio no ordenó la escrituración y posesión (entrega) del inmueble en cuestión, siendo estas, o cualquiera de las dos (si se acuerda por separado), la última resolución en dicha fase del procedimiento natural. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, con registro 2011474, de la siguiente literalidad: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa 'y' de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." En consecuencia, dado que el quejoso reclama una resolución que no constituye la última resolución en el procedimiento de remate, en razón de que no ordena la escrituración o entrega del bien inmueble rematado; lo que se insiste, hace evidente la actualización de una causa de improcedencia, la cual prevé el artículo 107, fracción IV, interpretada en sentido contrario, relacionado con el 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, de ahí que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, procede desechar la demanda de amparo. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el despacho jurídico ubicado en andador corregidora 63, "A", Barrio de San Mateo, en esta ciudad, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Venustia Condes Vázquez y Carlos Alberto Cayetano Alonso, por encontrarse acreditados para ejercer la profesión de licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho de los Juzgados y Tribunales Federales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, la intervención legal que le compete. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a las partes para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de considerarlo, propongan formas especiales y expeditas de contacto mediante las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales (correo electrónico, mensajería instantánea, etc.). Además, se hace saber a las autoridades responsables que en caso que deseen incorporarse al directorio con los correos electrónicos institucionales de las autoridades de los órdenes federal y local y este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de notificarle por esa vía, podrá realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx y comunicarlo desde luego a este Juzgado de Distrito. Se instruye al actuario responsable para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Finalmente, se instruye al actuario responsable que de existir imposibilidad para entregar cualquiera de los oficios que deriven del presente acuerdo, por encontrarse suspendidas las labores, levante razón correspondiente y una vez reanudadas sin previo acuerdo, realice la entrega de dichas comunicaciones.

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