Bruno García Tecalco
Expediente 579/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 579/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Bruno García Tecalco
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE PROMOVENTE EL SIGUIENTE PROVEÍDO: Córdoba, Veracruz, doce de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso ******** no precisó si señalaba como acto reclamado algún acto privativo de libertad. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dos de julio de dos mil dieciocho (foja 10), y se tiene como acto reclamado únicamente la investigación de la que puede ser objeto con motivo de alguna carpeta de investigación iniciada en su contra, así como la negativa de las autoridades responsables de proporcionarle información respecto de dicha investigación. En consecuencia, vista de nueva cuenta la demanda de amparo presentada por ********, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se provee: C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Tiene apoyo lo anterior, la Jurisprudencia I.13o.A J/6, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1631, del Tomo XX, correspondiente al mes de septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama la investigación de la que puede ser objeto con motivo de alguna carpeta de investigación iniciada en su contra, así como la negativa de las autoridades responsables de proporcionarle información respecto de dicha investigación. Por tanto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción I, constitucional y 5 de la ley en cita, que dicen: CONSTITUCIÓN "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." LEY DE AMPARO "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De tales disposiciones normativas deriva que el juicio de amparo es un medio de control constitucional que tiende a proteger los derechos de los gobernados contra los actos u omisiones de las autoridades; y que debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, o sea, aquella que acredite su interés jurídico o legítimo. Así, tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cobra aplicación la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1854, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora bien, el artículo 21 constitucional faculta al Ministerio Público para investigar los delitos, lo que implica allegarse de los medios que acrediten la responsabilidad del imputado en la comisión de las conductas delictivas; así, el valerse de medios para buscar pruebas es una facultad de origen reservada al Ministerio Público, pues de no ser así, se obstaculizaría la investigación, aunado a que limitaría esa función, con graves consecuencias, como sería la imposibilidad para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal. Por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra la investigación de la que puede ser objeto el quejoso con motivo de alguna carpeta de investigación iniciada en su contra, así como la negativa de las autoridades responsables de proporcionarle información respecto de dicha investigación, toda vez que el procedimiento de investigación constituye una labor del Representante Social, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos; y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los imputados el derecho de oponerse a la investigación de hechos posiblemente constitutivos de delito, aun cuando el quejoso sea considerado como probable responsable, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Así, la revisión a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante en la investigación a cargo del Ministerio Público, es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente a dicha representación social. Por ello, los actos de investigación vinculados para la integración de la carpeta de investigación, por sí mismos, no legitiman al quejoso para instar el juicio de amparo, al no afectar su interés jurídico, ya que aún no se le infringen sus derechos subjetivos públicos, pues ello en su caso acontecerá hasta que el juez de control, en su caso, gire la correspondiente orden de aprehensión por solicitud del Ministerio Público. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis (X Región) 2o.1 P (10a.) por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, agosto de dos mil dieciséis, Tomo IV, página dos mil quinientos noventa y dos, que dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." También es aplicable la tesis P. LXIII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil ciento trece, Tomo XX, Diciembre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control." Así como la jurisprudencia 1a./J. 154/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuarenta y nueve, Tomo XXIII, Mayo de 2006, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así". Similares criterios sostuvieron el Primer y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al resolver el amparo en revisión 110/2019 y la queja 3/2019, respectivamente. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********. Apoya lo anterior, por sus argumentos, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de voz y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." REGISTRO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se DESECHA por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por ********, contra el acto del Fiscal regional del fuero Común de la Zona Centro Córdoba, con sede en esta ciudad.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE PROMOVENTE EL SIGUIENTE AUTO: Córdoba, Veracruz, dos de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo formulada por *********, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado; y regístrese bajo el juicio de amparo 579/2019. Ahora bien, antes de acordar acerca de su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y IV, en relación con el diverso 108, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que en el plazo de cinco días, computados legalmente, desahogue la siguiente prevención: ÚNICO. Toda vez que de la lectura de la demanda se advierte que señaló como acto reclamado la investigación de la que puede ser objeto con motivo de alguna carpeta de investigación iniciada en su contra, así como la negativa de las autoridades responsables de proporcionarle información respecto de dicha investigación y cada una de las consecuencias que traiga aparejada la misma. En tales circunstancias, se le requiere para que precise si además de los actos precisados en el párrafo anterior reclama algún acto privativo de libertad. Apercibido que de no cumplir la prevención formulada dentro del término otorgado para ello, se tendrá únicamente como acto reclamado la investigación de la que puede ser objeto con motivo de alguna carpeta de investigación iniciada en su contra, así como la negativa de las autoridades responsables de proporcionarle información respecto de dicha investigación. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del promovente el que indica en el escrito que se provee. Por otra parte, no ha lugar a tener como domicilio, el correo electrónico que proporciona, pues la Ley de Amparo no prevé que se deban realizar notificaciones por esos medios. HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal puedan llevar a cabo las diligencias ordenadas en el presente juicio. Finalmente, consérvense por separado en la Secretaría de este juzgado las copias de la demanda de amparo, para mejor manejo del expediente.
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