Bruno de Biscuccia Ferreira Cesar

Expediente 1785/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1785/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
27/01/2022

Partes del expediente

  • Bruno de Biscuccia Ferreira Cesar
  • Todas las Partes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En la Ciudad de México, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual hace del conocimiento que admitió a trámite el recurso de queja en contra del proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, interpuesto por la autoridad responsable. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, se agrega a los autos tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Se agrega el oficio de cuenta suscrito por la Directora General de Especialidades Periciales Documentales de la Fiscalía General de la República, por medio del cual hace del conocimiento de este Juzgado de Distrito que se notificó a la perito Fabiola Cleotilde Matías Estanfer, el contenido del oficio 1018/2022, correspondiente al proveído de doce de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a sus autos para que obren como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, a doce de enero de dos mil veintidós. Vistos los oficios signados por la Directora de Amparos, en representación de la Coordinadora General de Administración, y por la Directora General de Recursos Humanos, todas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio de los cuales, la primera informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y la segunda comunica que para estar en posibilidad de dar cumplimiento al requerimiento de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, debe contar con la planilla de liquidación actualizada al ejercicio dos mil veintidós, por lo que se encuentra realizando las gestiones necesarias para su obtención. Ahora bien, cabe destacar que desde el ocho de octubre de dos mil veintiuno, se requirió a las citadas autoridades para que otorgaran la suficiencia presupuestal referida, esto es, desde hace aproximadamente tres meses, sin que a la fecha lo hayan realizado, lo que evidencia su contumacia y renuencia para acatar el cumplimiento de la sentencia de amparo. En efecto, derivado de los múltiples asuntos que se substancian en este Juzgado de Distrito, son un hecho notorio para el suscrito las prácticas dilatorias de las autoridades vinculadas, para retrasar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo que nos ocupa, en específico del Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como lo es que ante el inicio del ejercicio fiscal en curso, pretende reiniciar el procedimiento de pago bajo el pretexto de solicitar la planilla de liquidación actualizada, y en consecuencia, evadir el cumplimiento de los requerimientos que le formula este órgano jurisdiccional; actuación que constituye una práctica dilatoria y negligente que obstaculiza y dificulta el cumplimento de la sentencia dictada en autos. Aunado a la mala fe con la que evidentemente se conducen las autoridades aquí requeridas, todas vez que si durante tres meses, no fueron capaces de otorgar la suficiencia presupuestal solicitada, permitirle reiniciar el procedimiento de pago, implicaría prolongar durante otro año el procedimiento de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en la misma etapa en que actualmente se encuentra el juicio de amparo en que se actúa (otorgamiento de suficiencia presupuestal), desde hace tres meses, como ya se ha expuesto, por lo que transcurrido el ejercicio fiscal dos mil veintidós, nuevamente pretenderá reiniciar el procedimiento de pago y así sucesivamente año con año, evadiendo su obligación constitucional de atender lo ordenado por este Juzgado de Distrito. Además, si las autoridades mencionadas, ahora requieren una planilla actualizada al presente ejercicio fiscal, es un trámite generado precisamente como consecuencia de su incumplimiento y su omisión de otorgar la suficiencia presupuestal ordenada desde hace tres meses, pues de haber atendido los requerimientos que se le formularon oportunamente, ahora no tendría que recabar nuevamente la citada planilla. En consecuencia, vista la notoria y reiterada renuencia para dar cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 192, 193 párrafo primero, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impone a las personas físicas que ostentan los cargos de Directora General de Recursos Humanos, Director General de Programación, Organización y Presupuesto y su superior jerárquica, Coordinadora General de Administración, ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por incumplimiento a la ejecutoria de amparo UNA MULTA DE CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; para lo cual, una vez que cause estado el presente proveído, gírese oficio al Servicio de Administración Tributaria correspondiente, para que haga efectivo el cobro de la multa impuesta a las citadas personas físicas. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 49/2003, cuyo texto y rubro son: MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE (Jurisprudencia 2a./J. 49/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintiséis (226), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de dos mil tres (2003) En virtud de lo anterior, hágaseles del conocimiento a las autoridades precisadas que cuentan con el plazo razonable de diez días para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en la jurisprudencia número P./J.54/2014 (10 a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Tomo I, Noviembre 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. " Por lo que transcurrido dicho término, se abrirá el incidente de inejecución de sentencia, que establecen los artículos 193, primer párrafo, en relación con el diverso 196, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior tomando en consideración el tiempo para acatar lo ordenado en el fallo protector dictado en autos ha trascurrido en exceso, no obstante que el cumplimiento de una determinación judicial constituye una cuestión de orden público, por lo que deben evitarse actuaciones o decisiones que la dificulten. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO ES DE ORDEN PUBLICO DEBIENDOSE EVITAR ACTUACIONES O DECISIONES QUE LO DIFICULTEN O IMPIDAN. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución, y 105 y 113 de la Ley de Amparo, en cuanto a las medidas que deben adoptarse para lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo, debe establecerse que éste es de orden público, lo que exige que las decisiones y acciones que se adopten en esa materia, no tiendan a propiciar la dificultad o imposibilidad de llegar a ese objetivo. Por consiguiente, si bien la improcedencia del incidente de inejecución de sentencia se produce cuando existe un acto que entraña un principio de cumplimiento, ello solo resulta aplicable cuando tal situación se presente con anterioridad a la promoción del referido incidente y no cuando ello ocurre durante su tramitación pues, en este caso, en el debe lograrse el pleno cumplimiento de la sentencia y proceder, en su caso, a adoptar las medidas consignadas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución. (Época: Octava Época, Registro: 206968, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, Materia(s): Común, Tesis: 3a. XCI/91, Página: 99.) En ese sentido, no obstante no se desconoce que existe un procedimiento interno que se sigue dentro de dicha dependencia para realizar un pago, tratándose del cumplimiento de una sentencia de amparo que implica la entrega de recursos monetarios, las autoridades se encuentran obligadas a desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de sus atribuciones, para acatar la obligación constitucional que deriva de la sentencia, por lo que deberá atender el presente requerimiento de forma pronta y completa, en los términos fijados por este Juzgado de Distrito, y cualquier trámite interno que ahora deba realizar, derivado del incumplimiento en que ha venido incurriendo, como lo es obtener la planilla de liquidación actualizada al ejercicio fiscal actual, deberá hacerlo dentro del término legal que fue concedido, a efecto de evitar mayores dilaciones, por lo que no se otorgara ninguna prórroga para atender lo solicitado en el presente proveído, por las razones anteriormente expuestas, por lo que transcurrido el termino aludido, en caso omiso de su parte, sin mayor providencia se hará efectivo el apercibimiento decretado. Apoya lo anterior la jurisprudencia que establece: SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. (Época: Novena Época, Registro: 162469, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 5/2011, Página: 10.) Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha la autoridad responsable Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ha sido contumaz en dar cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, a efecto de que este órgano jurisdiccional proceda a acordar lo que en derecho corresponda con el cumplimiento de amparo, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se REQUIERE NUEVAMENTE a la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada, completa y legible de los acuerdos de conclusión de servicio celebrado entre los aquí quejosos Anastasio Cano Montes y Baltasar Hernández Hernández y el entonces Titular de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las cartas renuncia firmadas y con huella digital de quince y treinta de septiembre de dos mil veinte, respectivamente, la plantillas de compensaciones económicas por término de la relación laboral y los acuses de los recibos de los cheques números 23711518 y 15866479, a nombre de Anastasio Cano Montes, así como el cheque con número 75935865 a nombre Baltasar Hernández Hernández. Apercibido que en caso de ser omiso, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, por desacato a una orden judicial. Asimismo, REQUIÉRASE al Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente proveído, proporcione el Registro Federal de Contribuyentes y la Clave Única de Registro de Población del servidor público que ostenta el cargo de Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo anterior, para hacer efectivo el apercibimiento decretado en el presente proveído en caso de ser omiso. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/5338/2021, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

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