Bruno Arámbula Corona

Expediente 2582/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2582/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
10/01/2023

Partes del expediente

  • Bruno Arámbula Corona

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, nueve de enero de dos mil veintitrés. Visto el escrito signado por el quejoso, mediante el cual, pretende ampliar su demanda de amparo contra actos del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Séptimo Partido Judicial con sede en Aranda, Jalisco, señalando medularmente como acto reclamado la resolución de trece de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ********************, por el cual, se condena al demandado a pagar mensualmente alimentos provisionales. En tanto que en la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, se señala como acto reclamado el proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que la autoridad responsable se niega a proveer la solicitud de alimentos provisionales. En ese contexto, como se desprende de la síntesis de los actos reclamados, los mismos no están estrechamente vinculados ni son antecedentes o consecuencias directas, por tratarse del primero el proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que la autoridad responsable se niega a proveer la solicitud de alimentos provisionales, y derivado de la ampliación la resolución de trece de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ********************, por el cual, se condena al demandado a pagar mensualmente alimentos provisionales, que deberá analizarse de manera independiente al ser impugnada por vicios propios. Ahora bien, al respecto debe decirse que, la aludida figura de ampliación de demanda, para que se actualice deben de darse los supuestos a que alude el artículo 111 de la Ley de Amparo que a la letra dice: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Así como, la Jurisprudencia P./J. 15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, del Tomo XVIII, correspondiente al mes de julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional".(Lo subrayado es de este Juzgado de Distrito) Ahora bien, debe decirse al respecto, que la posibilidad de ampliar la demanda de amparo está condicionada a la aparición de nuevos hechos o participación de autoridades que hayan sido desconocidos por la parte quejosa al momento de presentar su libelo inicial y que los mismos, se encuentren directamente relacionados con el ejercicio de la acción constitucional (omisión de proveer), o bien, que tenga conocimiento de ellos, por medio de los informes rendidos por las autoridades responsables que señaladas en el escrito inicial de demanda. Como se aprecia de lo antes transcrito, la ampliación la solicita la parte promovente, respecto de actos que no son conexos por tratarse de un acto que si bien deriva del propio juicio, dada su naturaleza es independiente su estudio y diverso al que en su momento llevó a la parte quejosa a promover la demanda de amparo que dio origen al sumario en que se actúa el cual deberá analizarse en cuanto a su legalidad, por lo que no viene a modificar la situación jurídica que guardaban las cosas al momento en que se presentó la demanda de amparo. Pues aun, cuando la parte quejosa señale que se trata de un acto nuevo que afecta a su esfera jurídica, lo tangible es que la misma, es independiente a lo reclamado en el escrito inicial, dada la naturaleza del juicio. Al respecto, se reitera que en el asunto, no se actualizan los supuestos para tener ampliada la demanda de garantías, esto es, que exista una estrecha vinculación entre datos que se conozcan a partir del informe con justificación o por cualquier otro medio, pero siempre y cuando guarden vinculación con los actos reclamados; se afirma lo anterior, puesto que en el caso que nos ocupa reclama las omisiones de hacer de la cual se debe calificar su constitucionalidad o no, en el presente asunto; motivo por el que el nuevo acto señalado, se encuentra desvinculado de los primeros y, que venga a generar un cambio a la esfera jurídica de la quejosa. Consecuentemente, con base en las anteriores consideraciones, y, al no estar acreditada la estrecha relación del acto reclamado en el escrito de ampliación de demanda, con los actos por los que se sigue el presente asunto; con fundamento en los artículos 17 de la Carta Magna y 111 de la Ley de Amparo, así como atendiendo al principio pro actione, se ordena remitir el original del escrito de ampliación de demanda, así como sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, para que se le dé el trámite de una demanda nueva y se turne al Juzgado de Distrito en las referidas materias que esté en turno. Para tal efecto, glósese copia certificada del escrito de ampliación de demanda para que obre como constancia. Resulta orientadora la tesis I.1o.A.E.69 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, de la Décima Época, con registro 2014243, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, página 1870 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y textos son los siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SI NO SE ACREDITA SU ESTRECHA RELACIÓN CON EL ESCRITO INICIAL, DEBE PROVEERSE SU TRÁMITE COMO DEMANDA INDEPENDIENTE. Cuando el promovente de un juicio de amparo indirecto pretenda modificar los términos de la litis original, por ejemplo, al reclamar nuevos actos, señalar nuevas autoridades o ampliar los conceptos de violación, como ello implica el ejercicio de la acción de amparo, es necesario que lo plantee como ampliación a la demanda, con la oportunidad que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo, y la admisibilidad de ésta se entiende condicionada a la existencia de una estrecha relación entre una y otra causas, lo que corresponde a la figura procesal de la conexidad y atiende a los principios procesales de economía y de concentración, por virtud de los cuales, se estima favorable la sustanciación de ambas en un solo procedimiento, en aras de brevedad y para evitar decisiones contradictorias entre sí. Por tanto, si no se acredita la estrecha relación entre el escrito inicial y lo que se plantea como ampliación, en observancia al principio pro actione, el juzgador debe tener esta última como una demanda independiente para salvaguardar, en favor del quejoso, el derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y proveer lo conducente para que se remita al Juez correspondiente." Finalmente, debido a que la promoción que se acuerda fue recibida de manera física y la presente determinación fue autorizada de manera electrónica, sólo se integrará al expediente físico la promoción, ello en términos del artículo 22 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo promovida por HILDA MIREYA COVARRUBIAS HARO, quien se ostenta como apoderada legal de BRUNO ARAMBULA CORONA, contra actos del SEGUNDO TRIBUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES EN EL ESTADO DE JALISCO CON SEDE EN ZAPOPAN, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en los artículos 3, 20, 21 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, 1, 5, 12, 14 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, intégrense los expedientes físico y electrónico del juicio de amparo de que se trata; regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 2582/2022-III. Ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el análisis de los actos reclamados por los gobernados que acuden en demanda de amparo, no debe realizarse en forma aislada, sino por el contrario, que ello debe efectuarse de modo integral y sistemático, atendiendo a la totalidad de las manifestaciones que se vierten en la demanda conducente, para así estar en aptitud de dilucidar cuál o cuáles son los actos que verdaderamente se reclaman y las características propias de los mismos, así como la situación jurídica que guarda la parte impetrante con respecto a tales actos; y una vez hecho lo anterior, poder determinar válidamente en su caso tanto la competencia del Órgano de Control Constitucional para conocer de la demanda aludida, así como la procedencia del juicio de garantías. En apoyo a lo anterior, cabe citar la jurisprudencia 2a./J. 55/98, visible en la página 227, Tomo: VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Así como la tesis P./J. 40/2000, visible en la página 32, Tomo: XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Ahora bien, este Juzgado de Distrito, se considera legalmente incompetente, para conocer de la demanda de amparo. Del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como autoridad responsable al SEGUNDO TRIBUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES EN EL ESTADO DE JALISCO CON SEDE EN ZAPOPAN, a quien le reclama en esencia los acuerdos de fechas treinta de noviembre de dos mil veintidós y siete de diciembre del mismo año, en el que en el primero previene al aquí quejoso para que a aclare su demanda y en el segundo se tiene por no presentada la demanda y se ordena el archivo del expediente de origen conflicto individual de seguridad social 12/2022 por estar totalmente concluido. Bajo ese orden de ideas, quien ahora provee, estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para su conocimiento, como se verá a continuación. Efectivamente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a) de la Constitución, así como los diversos 34 y 170, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en lo que interesa disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico quede termine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (. ) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante elprocedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo." "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional;...". De lo anterior se desprende que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, el cual procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, Civiles o del Trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, entendiéndose por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Es importante destacar que en el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 170, de la ley de la materia, se define a las sentencias definitivas, de la siguiente manera: "...Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal"; y en relación a las "resoluciones que pongan fin al juicio"; establece que son: "las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido" En ese orden de ideas, del análisis de la demanda de amparo, permite a este Juzgado de Distrito arribar a la conclusión de que los actos materia de reproche están comprendidos dentro de lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Amparo, pues, como se dijo, los actos reclamados consistentes en los acuerdos de fechas treinta de noviembre de dos mil veintidós y siete de diciembre del mismo año, en el que en el primero previene al aquí quejoso para que a aclare su demanda y en el segundo se tiene por no presentada la demanda y se ordena el archivo del expediente de origen conflicto individual de seguridad social 12/2022 por estar totalmente concluido, dicha resolución fundamentalmente impugnada, puso fin al juicio, en virtud de los efectos jurídicos que provocó, RESPECTO DEL CUAL LA LEY NO CONCEDE RECURSO ORDINARIO ALGUNO POR EL CUAL PUEDA SER MODIFICADO O REVOCADO, en consecuencia, resulta competente para conocer del juicio de amparo que en su caso se promueva, un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo en vía directa y no mediante la promoción del juicio de garantías biinstancial. Resulta aplicable al caso: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. CASO EN QUE PROCEDE, POR RECLAMARSE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y NO UN LAUDO (ARTÍCULOS 46 Y 158 DE LA LEY DE AMPARO). Tratándose de un auto dictado por la Junta laboral, que eleva a la categoría de laudo consentido y ejecutoriado un convenio de esa materia, ordenándose el archivo del asunto como total y definitivamente concluido, es claro que dicha resolución, aun cuando no resuelve el fondo del negocio, sí pone fin al juicio; por esa razón, lo que procede en su contra es el juicio de amparo directo, en términos de los artículos 46, párrafo final y 158 de la Ley de Amparo". (Época: Novena Época. Registro: 188444. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Noviembre de 2001. Materia(s): Laboral. Tesis: XIX.2o.34 L. Página: 488). Es así, pues se está en presencia de una resolución, que si bien no decide el problema planteado en lo principal por el actor en su demanda, da por terminado el juicio relativo y respecto de la cual no procede ningún medio ordinario de defensa por virtud del que pueda ser modificada o reformada y, por ello, es evidente que resulta impugnable, a través del juicio de amparo directo en virtud de que los elementos necesarios para resolver la constitucionalidad del acto reclamado deben obrar en el expediente, razón por la cual no existe justificación para sustanciar un amparo que admite dos instancias y que en su trámite debe celebrarse una audiencia que prevé un periodo probatorio, lo que es contrario al principio de economía procesal y de celeridad en la administración de justicia. Sirve de sustento a lo anterior: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia". (Época: Novena Época. Registro: 194715. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Enero de 1999. Materia(s): Laboral. Tesis: 2a./J. 87/98. Página: 56). Tiene aplicación al respecto la tesis aislada II.2o.T.12 L (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Marzo de 2022, Tomo IV, página 3457, Undécima Época, que dice: "RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE EL ACUERDO QUE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, SI LA DEMANDA LABORAL SE INSTAURÓ EN CONTRA DE UNA PLURALIDAD DE DEMANDADOS Y SE EXHIBIERON SOLAMENTE ALGUNAS CONSTANCIAS DE NO CONCILIACIÓN (REFORMA LABORAL DE 1 DE MAYO DE 2019). Hechos: El quejoso presentó demanda laboral en contra de varios codemandados, sin exhibir constancia de no conciliación por uno de ellos. El secretario instructor del Tribunal Laboral ordenó remitir la demanda al Centro de Conciliación a fin de agotar el procedimiento conciliatorio de una de las codemandadas ordenando, además, el archivo del asunto como totalmente concluido. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la resolución dictada por el secretario instructor en la que ordena remitir el expediente a la autoridad conciliadora, en relación con la demandada con quien no se agotó la etapa prejudicial, y sin proveer respecto de la admisión de los codemandados por los cuales sí se acompañó la constancia de no conciliación y ordena el archivo del asunto como totalmente concluido, es una resolución que se ubica en el supuesto de procedencia del juicio de amparo directo, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido. Justificación: El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de justicia laboral que, entre otras disposiciones, reformó y adicionó la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se estableció que cualquier conflicto entre patrones y trabajadores deberá ser del conocimiento de una instancia conciliatoria que, en el orden local estará a cargo de los Centros de Conciliación y, en el federal, de un organismo descentralizado que es el actual Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Luego, la constancia de no conciliación, en tanto requisito que debe exhibirse en la demanda, es un presupuesto procesal -salvo las excepciones legales- para el acceso a la etapa jurisdiccional, pues de no presentarse impide la continuación del juicio. Por tanto, la resolución por la cual el Tribunal Laboral remitió a la autoridad conciliadora para que se iniciara el procedimiento de conciliación establecido en el título trece bis de la Ley Federal del Trabajo, respecto de una de las morales codemandadas y ordenó archivar el asunto como total y definitivamente concluido, a pesar de que en relación con otras demandadas sí se acompañó la referida constancia, pone fin al juicio laboral para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, ya que no está previsto recurso ordinario alguno que pueda modificar o revocar esa decisión, pues el juicio no continúa ante la autoridad conciliadora, sino que ésta inicia el procedimiento administrativo conciliatorio de naturaleza prejudicial, por lo que no se estaría ante dos órganos jurisdiccionales que puedan conocer -o plantear un conflicto competencial para no hacerlo- en relación con un mismo juicio, sino frente a un órgano jurisdiccional y otro administrativo que conocen de procedimientos de naturaleza distinta, dentro del nuevo sistema de justicia laboral." En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, 38, fracción I, inciso d), 39 y 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase la presente demanda de garantías y sus anexos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito que por turno corresponda, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de dichos órganos jurisdiccionales, para los efectos del conocimiento del asunto. Sobre el particular se invocan en lo que corresponde, los siguientes criterios: "COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el magistrado instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será al Tribunal Colegiado en pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto". (Época: Octava Época. Registro: 220003. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Marzo de 1992. Materia(s): Administrativa. Tesis: I. 1o. A. J/15. Página: 87). "AMPARO DIRECTO PLANTEADO COMO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCION, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE DISTRITO. De conformidad con el artículo 49 de la Ley de Amparo cuando se presenta ante un juez de Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos respecto de los cuales proceda el amparo directo, se declarará incompetente de plano y mandará remitir dicha demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien podrá imponer al promovente una multa de diez a ciento ochenta días de salario si confirma la resolución del juez. La interpretación de este precepto permite concluir que se refiere al caso en que la parte quejosa equivoca la vía, promoviendo amparo indirecto contra actos respecto de los cuales procede amparo directo, y dado que dicha equivocación no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales, debe considerarse que se interrumpe el término legal de presentación de la demanda de garantías y, por tanto, a fin de determinar la oportunidad de su presentación, debe atenderse a la fecha en que se presentó ante el juzgado de Distrito y no a aquella en que la reciba el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, sin que resulte aplicable a dicho caso lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo con respecto a que "la presentación de la demanda en forma directa, ante autoridad distinta de la responsable, no interrumpirá los términos a que se refieren los artículos 21 y 22 de esta ley", toda vez que este último precepto no se refiere al caso de equivocación de la vía, sino al de una demanda de garantías planteada como amparo directo pero que se presenta ante autoridad distinta de la responsable, precepto que además corrobora que la falta de disposición expresa por parte del legislador en torno a la no interrupción del término en el artículo 49 significa que en el caso establecido en este numeral sí se interrumpirá dicho término de presentación de la demanda de amparo, máxime que el propio numeral 49 establece la posibilidad de que el Tribunal Colegiado de Circuito imponga una multa cuando confirme la resolución de incompetencia del juez, que si se relaciona con el artículo 3o. bis del propio ordenamiento, procederá imponerse cuando se haya actuado de mala fe, es decir, cuando la promoción del amparo en la vía indirecta se haya hecho no por una verdadera duda en torno al ejercicio de la vía procedente". (Época: Novena Época. Registro: 200375. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, Mayo de 1995. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 1/95. Página: 43). Fórmese cuaderno de antecedentes con las actuaciones que se generen a partir del oficio por el que se envíe el medio de impugnación interpuesto. Sin que sea necesario fotocopiar las constancias que obran en el cuaderno original, pues se encuentran integradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, conforme a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la Unión. Solicítese el acuse de estilo respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado de Distrito. En otro aspecto, hágase disponible el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través de la herramienta "vincular con otro órgano". Hágase del conocimiento lo anterior a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE a fin de que realice la referida autorización. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como autorizados de su parte a las personas que indica, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por ser el presente asunto de naturaleza laboral, que es una excepción a la regla contenida en el propio precepto legal; de ahí que los autorizados de que se trata se tengan como tal, en los términos amplios del numeral que se invoca. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia 2ª./J.50/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo II, Septiembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en la página 127, es del rubro: "AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES EN EL JUICIO EN MATERIA AGRARIA. ESTA LEGITIMADO PARA INTERPONER RECURSOS; y únicamente para oír y recibir notificaciones a los que indica para tal efecto. Se autoriza la consulta del juicio de amparo en que se actúa a través de la modalidad del expediente electrónico, de conformidad con lo dispuesto por el Considerando Quinto, en relación con los numerales 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el artículo 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, se autoriza la consulta del expediente electrónico, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con las claves de usuarios precisadas en la certificación que antecede. De igual forma, se ordena notificar de forma electrónica los acuerdos que se dicten en autos, sólo los que se hagan de forma personal a la parte oficiante, en términos de la sección tercera del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En atención a lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Con apoyo en lo establecido en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la elaboración de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, transiten hacia la actuación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea",

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,557 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano