Bruno Aljajas Corzo Nazar

Expediente 733/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
733/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
09/08/2021

Partes del expediente

  • Bruno Aljajas Corzo Nazar

Actuaciones

  1. Principal

    VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL AUTO DE POR EL QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO; EN CONSECUENCIA SE DECLARA QUE EL CITADO AUTO HA CAUSADO ESTADO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES;SE ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO....

  2. Principal

    Juicio 733/2021-VI-2 folio 7987. veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta, se provee: Téngase por recibido y agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por la quejosa ***, mediante el cual desahogan la prevención formulada por este órgano de control constitucional en proveído de seis de julio del año en curso. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113, de la Ley de Amparo vigente, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la Tesis 2. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en: - El auto de uno de junio de dos mil veintiuno, dictado en autos del expediente 413/2018, del índice del Juez responsable, relativo al juicio Especial de Pensión Alimenticia del índice del Juzgado Primero Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tabasco, con sede en Frontera, Centla, Tabasco, mediante el cual, se ordenó, la suspensión del procedimiento dentro del juicio de alimentos y dejando sin efecto la citación para sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2004, Novena Época, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En el caso concreto, respecto a la orden de embargo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra refiere: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Como puede advertirse, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la parte impetrante de amparo, previo acudir a la instancia constitucional, no agote los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris (de su propio género), como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. Lo anterior es así, toda vez que la finalidad del juicio de amparo es tutelar y salvaguardar los derechos públicos subjetivos de los gobernados contenidos en la Ley Suprema del país, pero en ningún caso dicha defensa debe utilizarse de modo tal que supla el ejercicio de otros medios jurídico-procesales existentes en el marco jurídico nacional; dado que no se puede desconocerse la estructura normativa del Estado mexicano, ni la naturaleza del juicio de amparo. Apoya lo anterior, por su contenido y alcance, la tesis II.2º.P.70 P, instada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a página 1023, Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época, materias Penal y Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: AMPARO, JUICIO DE. NO PUEDE SER UTILIZADO DE MANERA QUE SUPLA CAPRICHOSAMENTE EL EJERCICIO DE LOS DIVERSOS MEDIOS JURÍDICO-PROCESALES QUE PREVÉ EL MARCO NORMATIVO NACIONAL, NI SER SUSTITUIDO POR OTRAS INSTANCIAS SUPRANACIONALES, NO VINCULANTES EN LA TUTELA DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL CONTEXTO DE NUESTRO DERECHO CONSTITUCIONAL. En ese orden, resulta importante traer a contexto el contenido del artículo 196, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, que estatuye: ARTÍCULO 196.- Rendida la justificación a que se refiere el artículo anterior, el juzgador fijará el porcentaje o la suma en que deba consistir la pensión provisional de alimentos, ordenando que se entregue directamente al beneficiario de la medida en forma quincenal o mensual. La providencia se ejecutará sin necesidad de otorgamiento de caución. La resolución que niegue la pensión provisional de alimentos es recurrible en queja ante el superior. La que la conceda es apelable en el efecto devolutivo. (Lo destacado es énfasis añadido). De la lectura del precepto ciado, se desprende que la resolución jurisdiccional que concede la medida cautelar -en este caso retiene la pensión provisional de alimentos-, es impugnable a través del recurso de apelación en el efecto devolutivo, por lo que la impetrante de amparo debió observar el principio de definitividad; por ende, se otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para combatir la determinación que se reclama del Juzgado Primero Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tabasco, con sede en Frontera, Centla, Tabasco. En ese sentido, si en el caso concreto lo impetrantes acuden a esta instancia constitucional reclamando el auto de uno de junio de dos mil veintiuno, dictado en autos del expediente 413/2018, del índice del Juez responsable, relativo al juicio Especial de Pensión Alimenticia del índice del Juzgado Primero Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tabasco, con sede en Frontera, Centla, Tabasco, mediante el cual, se ordenó, la suspensión del procedimiento dentro del juicio de alimentos y dejando sin efecto la citación para sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, es incuestionable que en términos del artículo 196 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, estaba obligada a agotar, previamente a intentar el juicio de amparo, el recurso de apelación en el efecto devolutivo a que alude el citado numeral, a través del cual puede modificarse o revocarse el acto que pretende combatir para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; máxime que no se está en ninguno de los supuestos de excepción a ese principio, en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Como se dijo, no está en presencia de alguna hipótesis de excepción al aludido principio de definitividad, toda vez que no se está en presencia de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; de igual manera, el acto reclamado no consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y tampoco se ubica en el supuesto de ser extraño al procedimiento de origen***. En ese contexto, resulta evidente que el promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en la fracción XVIII, del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria; por tanto, resulta inconcuso que el peticionario de amparo está en posibilidad legal de hacer valer el medio de defensa procedente en contra de la resolución que le causó algún perjuicio, hasta este momento reclamado. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, con apoyo en el artículo 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez Primero Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tabasco, con sede en Frontera, Centla, Tabasco***. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el artículo 108, fracción I, con relación en la fracción I del diverso 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de los quejosos el que señalan en la demanda, se tiene por autorizados en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Victor Manuel López Salazar, Sugeidy Cerino de la Cruz y Rocío Anahí López Salazar, por no tener registradas sus cedulas en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Conforme al principio de celeridad que emerge del artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que el juicio de amparo es un proceso sumarísimo durante cuya tramitación no deben existir obstáculos que lo retarden, desde este momento se faculta al Actuario Judicial adscrito para que en caso de ser necesario se constituya en el domicilio de las partes en días y horas inhábiles a fin de que pueda notificar personalmente alguna actuación derivada del presente juicio que así lo amerite, lo anterior con fundamento en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir citas y notificaciones el que índica en su escrito de amparo y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Santiago Quevedo Escobar, por tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la citada ley, a Marisol Gutiérrez Feria, por no tener registro en el sistema antes mencionado. SE EXHORTA AL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID- 19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un Nombre de Usuario y una Contraseña; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Finalmente, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, mediante el cual remite copia certificada del auto de catorce de julio pasado, emitido en autos del juicio laboral de origen, del que se advierte en lo que aquí interesa, que tuvo por recibido el oficio 2006 del índice de este Juzgado, por el que se le remitió el expediente 231/2013 sala B, de su estadística; de lo anterior se toma conocimiento.

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