Bruno Alein Huayhua Laura
Expediente 1052/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1052/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/09/2023
Partes del expediente
- BRUNO ALEIN HUAYHUA LAURA y Otros.
- Bruno Alein Huayhua Laura
- Lorena Milagros Velazco Lopez
Actuaciones
- Principal
Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de dicha normatividad, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hubieren hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Certificación. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. Se precisa que el presente expediente es susceptible de conservación; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis prevista en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 7, punto 7.4 "Tratamiento los expedientes con suspensión de plano", al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, por tanto, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, lo cual actualiza el supuesto antes citado; realícese la anotación administrativa conducente. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta proveniente de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad; sin que sea el caso dictar mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por no presentada la demanda de amparo y quedaron sin efectos las providencias decretadas. Delegados y domicilio. Con fundamento en los artículos 9 y 28 fracción I, todos de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable designando como delegados a las personas que cita y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Cúmplase.
- Principal
Cuenta. El veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se da cuenta con las constancias actuariales que anteceden. Conste.Tijuana, Baja California, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. No ratifica demanda de amparo. Vistas las constancias actuariales de cuenta, de las que se advierten que (1) ******************** y (2) ********************, no ratificaron la demanda de amparo promovida en su nombre. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda y se deja sin efecto las providencias dictadas en proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés; lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1052/2023-VI. Precisión. Previo a pronunciarse sobre la demanda promovida, cabe destacar que de la certificación de cuenta se observa que el escrito que nos ocupa carece del certificado digital de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), a que alude el artículo 2, fracción XVI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Sin embargo, esta juzgadora estima que debe proveerse respecto a la suspensión de plano solicitada en dicha demanda, aun cuando carezca de lo anterior, ya que de una lectura íntegra de ésta se advierte que los actos que se reclaman revisten las características de aquellos prohibidos por el artículo 22 de constitucional y el numeral 15 de la Ley de Amparo. De ahí que, se considere que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 42 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; el cual dispone: "Artículo 42. El Portal contará con una opción para presentar demandas de amparo electrónicas en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Para ello, se deberá ingresar el nombre de la parte quejosa, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionar la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Además, se optará por adjuntar el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, utilizar el formato predeterminado o llenar el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición, tras lo cual se capturará un código de seguridad y se enviará el escrito de demanda. En cualquier opción, se podrán enviar los archivos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. De la lectura del precepto legal transcrito, se observa que tratándose de demandas de amparo en las que se reclamen actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, no resulta necesario que contenga el certificado digital de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), como lo obliga el artículo 45 del referido acuerdo, ya que únicamente bastará que se ingrese el archivo electrónico que contenga la demanda. Por tal motivo, si en el caso la demanda de amparo versa sobre actos considerados como prohibidos por el artículo 22 constitucional y se acompañó el archivo electrónico de la misma, se concluye que debe dársele el trámite correspondiente a la demanda, incluso al no estar firmada electrónicamente. Suspensión de plano. En la demanda de amparo los actos reclamados por el promovente se hacen consistir, esencialmente, en: - Deportación o Expulsión del país. - Traslado a diversa estancia migratoria. - Incomunicación. - Malos tratos, tortura Física y Psicológica. - Privación de la libertad y del libre tránsito. - La inconstitucionalidad de los artículos 97, 98, 99 y 111 de la Ley de Migración. De los que dice son y pueden ser objeto (1) Bruno Alein Huayhua Laura y (2) Lorena Milagros Velazco López, con motivo de encontrarse a disposición del Instituto Nacional de Migración con sede en Tijuana, Baja California, al indicarse que son de nacionalidades extranjeras. I. Deportación o Expulsión del país. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y los directamente agraviados no sean deportados. II. Incomunicación, malos tratos, tortura Física y Psicológica. Las autoridades responsables de manera inmediata deberán cesar todo acto de incomunicación, tortura y malos tratos, infringido en contra de los agraviados (1) Bruno Alein Huayhua Laura y (2) Lorena Milagros Velazco López y, en su caso, se les permita mantener comunicación con su defensor o familiares, así como mantenerlos informados de su situación migratoria; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Por tanto, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que la integridad física y salud de los quejosos queda bajo su más estricta responsabilidad. Asimismo, es importante destacar que tal circunstancia también se previene en términos del artículo 5 referente al Derecho a la Integridad Personal, puntos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que se establece que toda persona que se encuentre privada de su libertad, como acontece en el asunto que nos ocupa, deberá ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, por lo que tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, así como a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el entendido que esto es sin perjuicio de la continuación de algún procedimiento migratorio, en el que se encuentren involucrados los quejosos, debiendo acompañar las constancias que acrediten el cumplimiento a la suspensión de plano. III.- Privación de la libertad y del libre tránsito. Ahora, previo a pronunciarse sobre la suspensión de plano relativa a la privación de la libertad y prohibición del libre tránsito de las personas en situación de migración, es necesario tener en cuenta que la Ley de Migración, establece las facultades de control, verificación y revisión migratoria a cargo del Instituto Nacional de Migración, entre las que se encuentra la instauración del procedimiento administrativo migratorio; éste comprende, entre otros aspectos, el control migratorio, consistente en la revisión de documentación de personas que pretendan internarse al país. Del mismo modo, implica la supervisión de los medios de transporte que se utilizan para internarse al país, lo que realizarán las autoridades migratorias con auxilio de las autoridades policiales, lo cual se efectúa en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por mar, aire y tierra y de manera excepcional, previa solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lugares distintos a estos. En ese contexto, es relevante tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 68, primer párrafo y 100 de la Ley de Migración, que establecen: "Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición." De la anterior porción normativa se advierte que la presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por personal del Instituto Nacional de Migración, en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, lo cual deberá constar en actas y no podrá exceder del término de treinta y seis horas contadas a partir de su puesta a disposición, para lo cual, deberá dictarse acuerdo dentro de las veinticuatro horas derivado de la diligencia de verificación o revisión migratoria. En resumen, si la autoridad migratoria realiza una verificación en la que detecta a una persona migrante en situación irregular, debe dar inicio al procedimiento migratorio. A partir del momento de la revisión, la autoridad migratoria cuenta con un plazo de veinticuatro horas para dictar el acuerdo de puesta a disposición y hasta treinta y seis horas, de las que no se excluyen las primeras veinticuatro que se mencionaron, para que la persona continúe en la estación migratoria o estancia de alojamiento temporal, esto es, la autoridad cuenta con un máximo de treinta y seis horas, para que la persona continúe bajo la supervisión de la autoridad administrativa, en la estación migratoria o de alojamiento temporal. Por tanto, la suspensión de plano solicitada se puede conceder, bajo ciertos parámetros y condiciones, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el procedimiento, por lo que, esta juzgadora concede la suspensión de plano en los supuestos y para los efectos siguientes: a) En el caso de que las internaciones de (1) Bruno Alein Huayhua Laura y (2) Lorena Milagros Velazco López al país, no se consideren irregulares por la autoridad migratoria, o, en el caso de que se encuentren detenidos, y éstos no tengan relación con la comisión de un ilícito, las autoridades responsables deberán ponerlos en inmediata libertad. b) En el supuesto de que las detenciones de (1) Bruno Alein Huayhua Laura y (2) Lorena Milagros Velazco López deriven de la comisión de un hecho que la ley señale como delito, las autoridades deberán ponerlos en inmediata disposición del agente del ministerio público competente a fin de que se dé inicio a la carpeta de investigación correspondiente. c) En el escenario de que las internaciones de (1) Bruno Alein Huayhua Laura y (2) Lorena Milagros Velazco López sean consideradas irregulares por parte de la autoridad migratoria, deberá, dentro del plazo de veinticuatro horas, contados a partir de que le fueron puestos a su disposición, dictar el acuerdo de presentación a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración. En el entendido de que su presentación (o cualquier acción que implique la restricción de su libertad de tránsito) no deberá exceder de treinta y seis horas, por lo que, si no resuelve el procedimiento administrativo migratorio dentro de dicho plazo, deberá fijarles las medidas contempladas en la Ley General de Migración, para que Bruno Alein Huayhua Laura y Lorena Milagros Velazco López continúen en libertad su procedimiento. Por tanto, las medidas que señale la autoridad deberán ser diversas a las que impliquen privación de la libertad personal de la persona en situación de migración, pero deberá tomar en cuenta aquellas que aseguren que ésta no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político; como puede ser, de manera enunciativa, más no limitativa, la obligación de presentarse ante la propia autoridad administrativa cuantas veces les sea exigido y, en el supuesto de que determine imponer una garantía económica, ésta deberá ser asequible, debidamente fundada y motivada, atendiendo a la situación específica de la persona, lo que deberá analizar y justificar la autoridad administrativa, sin que ello, sea impedimento para que la persona migrante pueda seguir su procedimiento en libertad. Del mismo modo, en caso de que Bruno Alein Huayhua Laura y Lorena Milagros Velazco López opten por seguir sus procedimientos alojados en la estación migratoria o en el alojamiento temporal con que cuente la autoridad administrativa, esta deberá hacerles saber los efectos y consecuencias de ello, en el entendido que, levantará un acta que así lo demuestre, así como, informarle que en cualquier momento (transcurridas las treinta y seis horas), pueden continuar con su procedimiento en libertad, bajo las condiciones que se les fijen. Estas consideraciones, se desprenden de un análisis del Protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional, emitido y publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de dos mil veintiuno, ya que en dicho documento, la Corte estableció que las restricciones a la libertad personal deben ser seriamente analizadas para determinar su validez constitucional, pues no es casualidad que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos lo protejan con tanta intensidad y arrebato, por lo que se trata de un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, ya que garantiza a su vez el pleno ejercicio de otros derechos constitucional y convencionalmente reconocidos para un completo desarrollo y bienestar de las personas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis PR.P.CN. J/5 P (11a.), de rubro y contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA A LAS PERSONAS MIGRANTES QUE RECLAMAN LA PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD POR MÁS DE TREINTA Y SEIS HORAS EN ESTACIONES MIGRATORIAS, AL SER UN ATAQUE A SU LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron de diversas quejas en las que se dilucidó si procede o no la suspensión de oficio y de plano en tratándose de personas extranjeras privadas de la libertad, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), al constituir la detención alegada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México determina que cuando en el juicio de amparo indirecto las personas migrantes en situación irregular reclamen un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción), por más de treinta y seis horas, atribuida al Instituto Nacional de Migración, derivado del procedimiento administrativo en estaciones migratorias, procede conceder la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que sean puestas en libertad, al actualizarse la hipótesis del artículo 126 de la Ley de Amparo. Justificación: En atención al principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular previsto en el Protocolo para Juzgar Casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado F, fracción I, numeral 3, inciso b, denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas", en el que establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no como la excepción. Asimismo, el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, en su capítulo VIII, intitulado "Reglas específicas de actuación", entre otros aspectos, expone ampliamente el tópico relativo a la excepcionalidad de la detención, por lo que la irregularidad en el ingreso es considerada una falta administrativa. En consecuencia, los derechos y las garantías que deben observar quienes juzgan son aquellas propias de las personas que son sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. Ello, además, atendiendo el principio pro persona previsto en el artículo 1o. constitucional, conforme al cual las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Ley Fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, se considera que en el caso debe privilegiarse la solución conforme con el derecho a la libertad personal de los quejosos, por lo que se debe conceder la suspensión de oficio y de plano cuando la detención de las personas migrantes sea, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en la estación migratoria con motivo del procedimiento administrativo previsto en la Ley de Migración, al ser esa detención reclamada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, para el efecto de que sean puestas en libertad inmediata, para continuar con el trámite migratorio. En el entendido de que la autoridad migratoria, a efecto de dar el debido seguimiento al procedimiento, podrá fijar los requisitos y medidas necesarias, tomando como parámetro las establecidas en los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, una vez que ya haya decretado la libertad." IV. La inconstitucionalidad de los artículos 97, 98, 99 y 111 de la Ley de Migración. En lo concerniente a la petición del promovente en el sentido de que se decrete la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad de los artículos 97, 98, 99 y 111 de la Ley de Migración, con fundamento en el artículo 15 y 126 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, no ha lugar a decretar dicha medida cautelar, en razón de que tales actos reclamados, no encuadran en ninguna de las hipótesis de procedencia que al efecto contemplan los referidos preceptos legales. El artículo 15 de la ley de la materia en lo que aquí acontece, señala: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. [.]" Así como el párrafo primero del artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." De los dispositivos en cita, se advierte que el órgano jurisdiccional de amparo concederá la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, cuando estos se encuentren en alguna de las hipótesis siguientes: a) importen peligro de privación de la vida; b) ataquen a la libertad personal fuera de procedimiento; c) incomunicación; d) deportación; e) expulsión; f) proscripción o destierro; g) extradición; h) desaparición forzada de personas; i) la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; o, j) alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. De ahí que, si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad de los artículos 97, 98, 99 y 111 de la Ley de Migración, estos no son actos que ameriten la concesión de la suspensión de plano, sin perjuicio de que una vez que se ratifique la demanda y ésta se admita podrá proveerse sobre dicho acto en el incidente de suspensión. Informes. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, remitiéndoles para tal efecto copia simple del escrito de demanda. Apercibimiento. Apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Autorización de informe vía electrónica. Se autoriza a las autoridades responsables para que, en su caso, remitan el informe requerido al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien al correo electrónico 14jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; asimismo, se sirvan proporcionar un correo electrónico a fin de realizarle las subsecuentes notificaciones por esa vía, para privilegiar el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de que lo realicen mediante oficio que se envíe a este juzgado. Ratificación de demanda. Se faculta a cualquiera de los actuarios de este juzgado para que se trasladen a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración Delegación Baja California con sede en esta ciudad, y busquen a los directamente agraviados en dicho lugar, y en caso de no localizarlos, y observar camiones dentro de las instalaciones de dicho Instituto, deberán también buscarlos en su interior; así como a aquellos lugares de los que tenga noticia en que pudieran encontrarse la parte agraviada, a fin de que notifiquen personalmente el presente acuerdo a Bruno Alein Huayhua Laura y Lorena Milagros Velazco López y los requieran para que al momento de la notificación manifiesten si ratifican o no la demanda interpuesta a su favor, así como el nombramiento de autorizado señalado en el escrito inicial. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda y quedaran sin efectos las providencias decretadas. Señalamiento de autorizado. Se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Luis Alberto Entebi Hernández, hasta en tanto los directamente agraviados ratifiquen la demanda de amparo y, en su caso, realicen la autorización respectiva. Expedición de copias. Además como lo solicita, expídase una copia certificada del presente proveído, lo anterior de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, recabándose la razón que por su recibo se deje en autos para constancia. Consulta y notificaciones vía electrónica. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en vigor a partir del seis de mayo de dos mil veinte, se autoriza al promovente el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio, en la modalidad de juicio en línea. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial "A" adscrita, realice la autorización para la notificación al promovente a través de la vía electrónica, por conducto del usuario "Abogadofederal73". Correo electrónico y número telefónico. Téngasele señalando el correo electrónico y número telefónico que indica única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Requerimiento. Ahora, en atención a que quien presentó el escrito de demanda fue Juan Luis Alberto Entebi Hernández, requiérasele para que dentro del término de tres días, legalmente computado, informe a este órgano jurisdiccional si promovió diversa demanda de amparo en los municipios de Ensenada o Mexicali, o en su defecto, en otro Estado de la República, por los mismos quejosos y actos reclamados. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de dar cumplimiento a lo anterior o no informar el impedimento legal que tenga para hacerlo, de acuerdo con lo estipulado en los ordinales 237, fracción I y 259 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalentes a $5,187.00 cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional, de conformidad con los artículos segundo y tercero Transitorios el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Cantidad que resulta de multiplicar por cincuenta la suma de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el uno de febrero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el precepto 238 de la citada legislación. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese; y personalmente a los quejosos Bruno Alein Huayhua Laura y Lorena Milagros Velazco López, y vía electrónica al promovente
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