Brooke Scarlett Portillo Rodríguez
Expediente 337/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 337/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Brooke Scarlett Portillo Rodríguez
Actuaciones
- Principal
De la certificación de cuenta, se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda causó estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, la secretaria deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el escrito signado por ****, por el cual desahoga la prevención realizada por auto de diez de abril del año en curso. Consideraciones previas. Ahora, del análisis integral de la demanda y del escrito aclaratorio, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama del Juez Segundo de lo Familiar, con residencia en esta ciudad de Colima y secretario adscrito a dicho órgano jurisdiccional: a) El sustraer, ocultar información y actuaciones dentro del expediente 20-0451-144F, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar; b) Violar la imparcialidad judicial al extraer información del expediente de referencia; y, c) Actuar con intimidación, discriminación procesal y revictimizar a la quejosa. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Ilustra lo expuesto la jurisprudencia P./J. 128/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, página 803, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Como se describió en líneas anteriores, se advierte que la parte quejosa reclama en esencia, la sustracción u ocultamiento de información y actuaciones dentro del expediente 20-0451-144F, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, así como la violación a la imparcialidad judicial al extraer información del expediente de referencia; y, el actuar con intimidación, discriminación procesal y revictimizar a la ahora quejosa. En el caso particular este órgano jurisdiccional considera que la demanda es improcedente al actualizarse en forma evidente la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el artículo 107 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, si bien no dispone de manera específica un motivo manifiesto que vuelva improcedente el juicio de amparo, sí estatuye el fundamento de las causas que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Las anteriores consideraciones, tienen sustento por analogía, en la tesis número 2a. LXXXVI/99, la cual interpreta la fracción XVII, del Artículo 73 de la abrogada Ley de Amparo, cuyo contenido es similar al vigente; criterio que es rubro y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción". Una vez precisado lo anterior, resulta pertinente traer a contexto lo que dispone el artículo 107 de la Ley de Amparo, el cual prevé los supuestos de procedencia del juicio de amparo: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida." De tal modo que esta potestad estima que los actos reclamados por la parte quejosa no encuadran en ningún supuesto de los contemplados por el artículo 107 de la Ley de Amparo, por lo que, como se adelantó, el juicio biinstancial es improcedente con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII en correlación con el 107 del ordenamiento de referencia, este último interpretado en sentido contrario. Sin embargo, cabe mencionar, que si la parte quejosa estima que el actuar de las autoridades que señala como responsables puede dar lugar a responsabilidad de tipo penal, administrativa o civil, podría instar la vía penal para que el Estado indague sobre la responsabilidad y, en su caso, sancione a sus agresores; asimismo, tiene también a su alcance la vía administrativa si lo que busca es que se sancione al servidor público que incurrió en el acto ilícito; o la civil si lo que pretende es algún tipo de indemnización por los daños sufridos por esa conducta; de tal manera que, en la vía conducente, ya sea la penal, administrativa o civil, tenga oportunidad de ofrecer pruebas de cargo y las autoridades a las que señala como responsables de descargo; de igual manera, se le hace saber que existe la posibilidad de que recuse al juzgador responsable, para efecto de que no continúe conociendo del expediente de origen, en virtud de los actos que narra en su demanda y escritos aclaratorios. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus alcances, la tesis aislada 1a. CCL/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 8, julio de 2014, tomo I, página 138, materias: constitucional y laboral, de rubro y texto: "ACOSO LABORAL (MOBBING). LA PERSONA ACOSADA CUENTA CON DIVERSAS VÍAS PARA HACER EFECTIVOS SUS DERECHOS, SEGÚN LA PRETENSIÓN QUE FORMULE. La persona que sufre daños o afectaciones derivadas del acoso laboral (mobbing) cuenta con diversas vías para ver restablecidos los derechos transgredidos a consecuencia de esa conducta denigrante. Al respecto, se parte de la base de que la verificación de ese tipo de comportamiento genera daños y afectaciones en el trabajador acosado, quien posee una serie de soluciones o alternativas legales para demandar lo que estime necesario, las cuales se traducen en diferentes acciones que la ley prevé como mecanismos para garantizar el acceso a la justicia y el recurso judicial efectivo a que se refieren los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 de la Ley General de Víctimas, según lo que el afectado pretenda obtener. Así, por ejemplo, si pretende la rescisión del contrato por causas imputables al empleador -sustentadas en el acoso laboral (mobbing)- ese reclamo debe verificarse en la vía laboral; si, por otro lado, sufre una agresión que pueda considerarse como delito, tendrá la penal para lograr que el Estado indague sobre la responsabilidad y, en su caso, sancione a sus agresores; asimismo, podrá incoar la vía administrativa si pretende, por ejemplo, que se sancione al servidor público que incurrió en el acto ilícito, o la civil, si demanda una indemnización por los daños sufridos por esa conducta; de ahí que cada uno de esos procedimientos dará lugar a una distribución de cargas probatorias distintas, según la normativa sustantiva y procesal aplicable al caso específico, a la que el actor deberá sujetarse una vez que opte por alguna de ellas." En el mismo tenor, no le otorga procedencia la afirmación de que las responsables sustrajeran información, sin saber cuál, debido a que tiene a su potestad agotar el incidente de reposición de autos, el cual, debe ser previo a la presente instancia constitucional. Tampoco le otorga procedencia por el hecho que afirme que su contraparte en el juicio de origen acompañó al funcionario para emplazarla en su domicilio, porque con dicho llamamiento a juicio se le pretende respetar su garantía de audiencia, y en caso de que considere de que no se llevó a cabo como lo marca la ley, tiene a su alcance el incidente de nulidad de actuaciones. Y, por ese simple hecho procesal denominado emplazamiento, no se redunda en una revictimización, porque es una comunicación procesal donde a la parte demandada se le hace saber la admisión del juicio, sin que de los datos que proporcione tampoco se evidencie dicha revictimización; en todo caso, como se expuso, tiene diversas instancias para hacerlo valer previo a la instancia constitucional. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la jurisprudencia 1ª./J 22/2014 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 325, del epígrafe y contenido siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental. Asimismo, es aplicable la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 1, Libro XV, diciembre de dos mil doce, página 530, que establece lo siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo. Así como la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, página 1587, del tenor literal siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. v DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el escrito signado por *****, por el cual pretende cumplir con la prevención realizada por auto de dieciséis de marzo del año en curso. Para tal efecto, en el punto número dos de su escrito de cuenta, manifiesta que el amparo 323/2023, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, no tiene relación directa con el acto reclamado toda vez que lo que se pretendía resolver era respecto a la excusa de la Jueza Segundo de lo Familiar, sin embargo, expone que el expediente de origen es el *****, de cual deriva el acto que reclama en el presente juicio. Por otra parte, en el punto señalado con el número tres, menciona que fue víctima de violencia física, psicológica, verbal, emocional y económica presuntamente por parte del tercero con interés, sin embargo, la prevención en cuanto a ese punto se le hizo encaminada a que debía manifestar a que se refería con lo expuesto en su demanda de amparo, que a la letra dice: "Actuar con intimidación y discriminación procesal y por ser mujer, por el odio manifiesto de su titular al acudir a mi domicilio personal del juzgado con el tercero perjudicado no obstante sabe la responsable que tiene una orden de restricción a su contra para no acercarse a mi domicilio, provocando actos de revictimización en mi contra Es decir, debe señalar a que se refiere en su demanda de amparo cuando indica que la responsable actúa con intimidación y discriminación procesal por el hecho de ser mujer, así como el acoso y revictimización de violencia que sufre por parte de esta, y no del tercero interesado. Asimismo, de dicho escrito se desprende que la quejosa puntualiza que el acto reclamado se hace consistir en ocultar y sustraer información del expediente 20-0451-114F, empero, no especifica qué información o actuaciones son las que se ocultan en dicho expediente. Nueva prevención. Lo anterior, genera incertidumbre sobre el acto que pretende reclamar la parte quejosa, por lo que es necesaria una nueva prevención a fin de que aclare dicha situación. Por tanto, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V; así como el 114, fracción IV, en relación con el 110, de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad y con el apercibimiento de las sanciones a que pueden hacerse acreedores aquellos que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo conforme a lo que prevé el artículo 261, fracción I, de la citada Ley de Amparo, aclare lo siguiente: 1.- Especifique con claridad que información o que actuaciones son las que se ocultaron o se sustrajeron del expediente 20-0451-114F, del índice de la responsable. En el entendido que de persistir de que se sustrajeron actuaciones del expediente en comento, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, si ante el Juez que conoce el expediente interpuso algún medio de defensa ordinario. 2.- Indique a que se refiere en su demanda de amparo cuando expone que la responsable actúa con intimidación y discriminación procesal por el hecho de ser mujer, así como el acoso y revictimización de violencia que sufre por parte de esta; lo anterior, dado que no es clara al pretender desahogar dicho requerimiento en el ocurso que ahora se provee. 3.- Establezca con claridad, si el acto que reclamó en el diverso juicio de amparo 323/2023, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, deriva del juicio natural 20-0451-114F, del que ahora reclama diverso acto en el presente controvertido; lo anterior, dado que tampoco es clara en cuanto a dicha circunstancia. En ese tenor, dígasele a la promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, dentro del término concedido para ello se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, de la ley de la materia. En el entendido de que la aclaración, la tendrá que hacer de manera directa la promovente, por escrito, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración la deberá de hacer con la protesta de decir verdad, al ser los antecedentes de la demanda parte de la misma, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, que dice: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. Asimismo, es aplicable la tesis XXVII.3 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Materia Común, Novena Época, registro digital 184437, página 1121, del rubro y texto: PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO. De acuerdo al contenido del artículo 146 de la Ley de Amparo, la facultad otorgada al Juez de Distrito para requerir al quejoso la satisfacción de alguna irregularidad en el escrito de demanda, omisión o requisito de la misma, deberá efectuarse en un solo auto y no de manera reiterada o en "cadena de requerimientos"; sin embargo, de dicha regla es factible apartarse cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, puesto que evidentemente no pudieron tenerse presentes en esa primera ocasión. De igual manera, se hace el apercibimiento a la promovente que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en razón de competencia, afirmara hechos falsos u omitiera los que le consten en relación con el acto reclamado, incurriría en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además le sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en los artículos 248 y 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del decreto por que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. El presente requerimiento se formula sin prejuicio de que, una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional analice la competencia y procedencia del juicio. Finalmente, se le conmina a que se conduzca con respeto y que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 236, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
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Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************contra actos de la Juzgado Segundo de lo Familiar y otra autoridad; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente.********************Registro e Integración del expediente electrónico.********************Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 337/2023-VII.********************Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado.********************En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal.********************Consideraciones previas.********************Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa en el apartado denominado acto reclamado señala como tal el sustraer y/u ocultar información y actuaciones dentro del expediente ********************, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar.********************Sin embargo, en líneas posteriores dentro del apartado de conceptos de violación, refiere que la autoridad responsable viola en su perjuicio el artículo primero, al vulnerar derechos humanos, sustrayendo información y ocultándosela, discriminándosele procesalmente frente a su contraparte, ya que a él si le prestan el expediente completo.********************Por otra parte, como se indicó en la certificación de cuenta, al realizar una consulta en la página denominada Sise expedientes, con dirección electrónica https://www.dgej.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ExpedienteyTipo.asp, así como del diverso portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende que existe el diverso juicio de amparo 323/2023 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, promovido por la misma quejosa Brooke Scarlet********************en el que se señaló como acto reclamado la resolución que se dictó con motivo del recurso interpuesto dentro de los autos del juicio natural ********************, y que resolviera el toca 921/2023, mismo que aparece en la citada página (Sise expedientes), como juicio de origen 451/2022, mismo que fue desechado el dos de marzo de dos mil veintitrés. ********************En ese sentido, la parte quejosa omitió citar en sus antecedentes la existencia anterior del juicio biinstancial 323/2023; mismo que según el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes fue desechado el dos de marzo del año en curso, dado que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación.**************************************** Prevención********************Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 114, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad y con copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, dé cumplimiento a lo siguiente:******************** Aclare si lo que reclama es la negativa de que se le preste el expediente ******************** o en su defecto la falta de integración del emplazamiento en el citado juicio, que menciona en su escrito de demanda, que probablemente se materializó el nueve de marzo del presente año.****************************************Indique si el acto reclamado en el diverso juicio de amparo 323/2023, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, corresponde a la resolución que se dictó con motivo del recurso interpuesto dentro de los autos del juicio natural ******************** o en su defecto dentro del diverso juicio 22-0451-114F; en ese sentido deberá indicar cuál es la relación que guarda aquel amparo con el promovido ante este juzgador, y deberá establecer si es o no, el mismo juicio del que deriva el acto de autoridad que ahora reclama.****************************************Asimismo, atendiendo a la certificación que antecede, también se desprende la existencia del diverso juicio biinstancial ***, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por la misma quejosa ********************contra actos derivados del mismo juicio de origen ********************, en específico contra el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en el cual la juez de origen le indicó que en cumplimiento al diverso acuerdo de seis de abril de dos mil veintidós, la quejosa deberá solicitar autorización a la autoridad responsable para poder extraer del Estado a su hija de iniciales********************., al existir un régimen de convivencia que se ha incumplido reiteradamente con el padre de la menor aludida con antelación, juicio de amparo que fue sobreseído el trece de marzo del año en curso.****************************************En ese sentido, y atendiendo a lo resuelto en el juicio biinstancial indicado en líneas precedentes, y su actitud contumaz de que no se materialicen las convivencias decretadas en los autos del juicio de origen ********************, entre la menor de iniciales********************. con su padre********************deberá indicar a que se refiere cuando indica en su demanda que la autoridad responsable actúa con intimidación y discriminación procesal por el hecho de ser mujer, y en cuanto al acoso y revictimización de violencia, que dice es objeto por parte de la autoridad responsable cuando acude a su domicilio en compañía de su contraparte, establezca entonces, a que se refiere al indicar dichos calificativo, pues como se desprende incluso del diverso juicio de amparo 580/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, su actitud refleja cierta negativa en cuanto al respecto del derecho humano de su menor hija en cuanto a convivir con su progenitor.******************** ****************************************En ese tenor, dígasele a la promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, dentro del término concedido para ello se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, de la ley de la materia. ****************************************En el entendido de que la aclaración, la tendrá que hacer de manera directa la promovente, por escrito, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración la deberá de hacer con la protesta de decir verdad, al ser los antecedentes de la demanda parte de la misma, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes.********************Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, que dice:********************"AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA."****************************************Así como la tesis publicada en la página 102, Tomo XXII, Quinta Época, que dice:********************"DEMANDA DE AMPARO OBSCURA E IMPRECISA. Si el Juez de Distrito encuentra que la demanda de amparo es obscura e imprecisa, deberá mandarla aclarar, pero señalando con precisión las partes que de ella estima obscuras, de acuerdo con lo mandado por la ley reglamentaria para su admisión."********************De igual manera, se hace el apercibimiento a la promovente que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en razón de competencia, afirmara hechos falsos u omitiera los que le consten en relación con el acto reclamado, incurriría en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además le sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en los artículos 248 y 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del decreto por que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve.********************El presente requerimiento se formula sin prejuicio de que, una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional analice la competencia y procedencia del juicio.********************Domicilio procesal e intervención de autorizados.********************Sin que haya lugar a tener a la parte quejosa designando como su autorizado en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** toda vez que no señaló los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce.********************Por lo anterior, se tiene a dicha persona únicamente como autorizado en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos, así como a ********************y********************, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa.********************Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda.********************Habilitación de días y horas inhábiles.********************En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias.********************Exhorto a las partes.****************************************Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo.********************Información pública.********************Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
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