Brizia Aguilar Díaz
Expediente 57/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 57/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 02/04/2018
Partes del expediente
- Brizia Aguilar Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra debidamente integrado el sumario en que se actúa; en tal virtud, como está ordenado en autos, remítanse los autos del juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en Turno, para la substanciación del mencionado recurso. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibido el escrito y anexos signado por la autorizada en términos amplios de la quejosa **********; atento a su contenido, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, 84, 86, 88, 89 y relativos de la legislación aplicable, téngase interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Por lo anterior, distribúyanse entre las demás partes copia del escrito de expresión de agravios exhibido, y dentro del término legal remítanse los autos del juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado que corresponda del Vigésimo Segundo Circuito, en turno, para la substanciación del mencionado recurso, en el entendido de que la entrega recepción de los autos al Tribunal de Alzada, podrá realizarse incluso en horas inhábiles, dado de que sólo se trata de una cuestión administrativa con el objeto de observar la oportunidad en la remisión del recurso que nos ocupa. Con este acuerdo, escrito de expresión de agravios y constancias que se estimen necesarias, por separado fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese.
- Principal
A lo que el Juez acuerda. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de cuenta, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de Amparo. No habiendo más que agregar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos. La Secretaria da cuenta con el pedimento de la representante social de la federación adscrita, el cual fue agregado el ****, sin que el resto de las partes los hubieran formulado. A lo que el Juez acuerda. Téngase a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita realizando las manifestaciones en relación con el presente juicio, mismas que serán consideradas en su caso, al momento de emitir el fallo definitivo; así también, por perdido el derecho del resto de las partes para formularlos; en tal virtud se da por cerrado el presente periodo. Encontrándose debidamente integrado el expediente en que se actúa, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procédase a emitir la resolución que corresponda conforme a derecho. VISTOS, para resolver los autos del Juicio de Amparo 57/2018, promovido por ****, contra actos de la Legislatura del Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito recibido el ****, en la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, y turnado a este Juzgado Federal, al día siguiente hábil, compareció ****, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y las autoridades que más adelante se precisarán. II. La parte peticionaria de amparo narró los antecedentes del acto reclamado; invocó los preceptos constitucionales considerados transgredidos; no señaló tercero interesado, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. III.- Por auto de ****, se desechó parcialmente la demanda, por la autoridad ahí precisada, y dadas las razones expuestas en dicho proveído; asimismo, se admitió a trámite el escrito inicial de demanda, registrándose el expediente con el progresivo 57/2018 en el Libro de Gobierno; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y previo trámite del juicio, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la que se inició en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es competente para conocer y resolver este Juicio de Amparo, conforme a los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52, fracción III, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, Acuerdos 3/2013 y 23/2016, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al atribuirse actos a autoridades que tienen su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Atendiendo al contenido integral de la demanda de amparo, con apoyo en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: Legislatura del Estado de Querétaro; Gobernador del Estado de Querétaro; y, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro. Actos reclamados: a) De las autoridades responsables, en el ámbito de sus facultades, el proceso legislativo de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro el ****, en lo referente a los artículos 13 y 14. b) La aplicación y ejecución de las citadas disposiciones legales a razón del pago del impuesto sobre traslado de dominio de inmueble, que aduce la parte quejosa está materializado en la factura con número ****, de ****, la cual fue expedida a nombre del aquí quejoso por el Notario adscrito a la Notaría Pública número Seis, con ejercicio en esta ciudad. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos de recaudación en cuanto a la esfera competencial del Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, puesto que al momento de rendir su informe justificado negó haber recibido pago alguno por parte de la quejosa, respecto del impuesto sobre traslado de dominio, que controvierte la parte quejosa, sin que la parte agraviada haya aportado prueba alguna en contrario para desvirtuar esa negativa. En tales condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados, tal y como lo solicita dicha autoridad responsable, se sobresee en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 170, visible a fojas 281 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Volumen Común al Pleno y a las Salas, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Legislatura y Gobernador del Estado de Querétaro, en lo que atañe a su intervención efectuada dentro del proceso legislativo de las normas tildadas de inconstitucionales, pues al margen de lo expresado por dichas autoridades en su informe justificado, no se puede soslayar que atendiendo a la naturaleza de los mismos, su existencia no está sujeta a prueba ya que se está en presencia de hechos notorios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del párrafo segundo, de su artículo 2°, por tratarse de derecho positivo nacional y vigente. Del mismo modo, debe tenerse por cierto el acto de recaudación que se atribuye al Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, en cuanto a su esfera competencial como autoridad exactora municipal, pues debe decirse que con independencia de haber aceptado la existencia o no del acto que en lo particular se le reclama, con base en lo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, dicha actividad debe tenerse por cierta, al tenor de la factura número de folio B-1581, de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, expedida a su favor, por el Titular de la Notaría Pública Número Seis, con ejercicio en esta ciudad; sobre todo, porque de su contenido se advierte que está relacionada con la escritura pública número cuarenta y uno mil seiscientos noventa y nueve, lo que se corrobora con las manifestaciones vertidas por el aludido fedatario, quien al momento de desahogar la prueba de informes ofrecida a su cargo, refirió que ante él se firmó la escritura pública de mérito, y puso de manifiesto que retuvo los impuestos generados con motivo del acto jurídico originado por esa escritura pública. A dichas documentales en su conjunto, se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo que establecen los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque por un lado, la factura aludida contiene sello de seguridad y cadena digital que corroboran su fiabilidad, y el restante documento se trata de copia certificada por fedatario público en ejercicio de sus funciones, por lo que revelan la existencia del acto traslativo de dominio, del que se deriva el pago del impuesto sobre traslado de dominio que aquí se reclama. En esa virtud, la anotada prueba de informes radicó en que un ajeno a la litis comunicara a este Juzgado Federal un suceso o circunstancia desconocida para las partes, en específico, que robusteciera o revelara lo atinado del aserto de la parte quejosa en cuanto al acto de aplicación de las normas aquí tildadas de inconstitucionales, lo que se equipara a una testimonial, y si dicho elemento de convicción estuvo encomendado a un Notario Público quien no la desahogó actuando como autoridad precisamente por la naturaleza de la prueba de que se trata y porque en la retención de impuestos no actúa como autoridad sino como auxiliar del fisco, entonces, con el propósito de asignarle valor, es preciso analizar el alcance de sus exposiciones pues el valor de la anotada prueba de informes queda al prudente arbitrio de este juzgador, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. En principio, quien aquí resuelve advierte la actualización de la causa de improcedencia del presente juicio, con respecto al acto de recaudación reclamado al Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, porque se está en presencia de una autoliquidación que no puede ser atribuida a dicha parte. Cierto, la acción de amparo se torna improcedente, en virtud de que a la citada exactora no le deviene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional. La anterior causal de improcedencia se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II todos de la Ley de Amparo, atento a las consideraciones que enseguida se plasman. Primeramente, debe quedar establecido el contenido de los dispositivos legales mencionados, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Dichos preceptos, interpretados en sentido contrario, permiten concluir que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no constituya un acto de autoridad, esto es, cuando la autoridad señalada como responsable no actúe dotada de imperio. En efecto, el legislador estableció diversas características que deben reunirse a efecto de considerar a un acto como de autoridad, y que son las siguientes, a saber: Irrelevancia del carácter formal del ente del cual proceda el acto; Acto positivo que produzca como efecto la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas o, en su caso, acto negativo (omisión) que de realizarse produzca la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas; Unilateralidad en la emisión; Obligatoriedad en el cumplimiento del mismo; y, En el caso de actos derivados de particulares, la equivalencia de alguno de los efectos mencionados, así como que el mismo esté previsto en una norma general. Cabe destacar que en relación al proceso legislativo de la nueva Ley de Amparo, hoy vigente y que fue publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, dentro de las discusiones que se produjeron en la Cámara de Senadores, el veinte de marzo de dos mil trece, particularmente en torno a la inclusión de los actos provenientes de particulares como similares de autoridad, se dijo lo siguiente: "Por otro lado, se amplían las autoridades para efectos del juicio de amparo, ya que se prevé que éste procederá no sólo en contra de las autoridades, sino también de particulares en funciones que ejerzan en calidad de autoridades." De igual modo cabe recordar que el concepto acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo ha evolucionado paulatinamente desde su concepto más estricto hasta el que ahora se conoce y quedó consagrado al grado de considerar a ciertos actos provenientes de los particulares como similares de autoridad; tal proceso evolutivo ha sido necesario en función del constante cambio social que ha influido en el orden jurídico nacional de nuestro país, así como la adopción de nuevos pensamientos en últimas fechas en materia de derecho administrativo respecto a lo que debe entenderse por autoridad, lo que ha redundado en que tal concepto se amplíe incluso para los efectos del juicio de amparo, como actualmente se establece en la Ley de Amparo, según se precisó en la norma reproducida. Ese cambio conceptual ha tenido claro está un origen material que luego ha sido rescatado y explicado por la doctrina jurídica internacional y nacional, así como en la propia interpretación que ha sentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha precisado las siguientes características, a saber: Que el ente cuyo acto despliegue debe establecer una relación de supra a subordinación con el particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio sea irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Pues bien, sentado lo anterior, al Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, se le atribuye el cobro del tributo combatido, pero en realidad, es evidente que el mismo, aun y cuando fue exteriorizado por la referida autoridad en el ámbito de su competencia, solamente se delimitó a la recepción del quantum del tributo reclamado por parte de la agraviada. Bajo esa perspectiva, su actuación, que realmente tiene la connotación jurídica de liquidación y recepción de pago, al haber ocurrido la parte quejosa ante ella, se torna como autoliquidación, por no existir la unilateralidad en su ejecución, y por ende, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Cierto, pues la autoliquidación de los tributos realizada por los contribuyentes, implica determinar de motu proprio, en cantidad líquida las contribuciones a su cargo, mediante la realización de las operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las fórmulas tributarias establecidas en la ley hacendaria, con el correspondiente deber de enterar al fisco las cantidades que resulten; constituye pues, el producto de la voluntad del gobernado, mediante el cumplimiento espontáneo y en tiempo de sus obligaciones formales y sustantivas en materia fiscal. Por ello, la autoliquidación de un tributo, es una forma de colaboración con la administración tributaria que no supone un acto de autoridad de por medio, porque esta modalidad respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente, está sujeta a ser supervisada por la autoridad fiscal mediante el ejercicio de sus facultades de revisión y comprobación en materia tributaria, de manera que, en el momento de la autoliquidación, la autoridad no externa su voluntad ante el actuar del particular, pues su actuación, en su caso, será posterior y a través de algún procedimiento administrativo que tenga como propósito el cobro de los impuestos destacados. Luego, al no tener el Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, entendiéndose como tal aquella que con independencia de su naturaleza formal, en un plano de supra a subordinación en relación con otro, emite actos unilaterales e imperativos por los que crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un gobernado, se actualiza la causal de improcedencia antes mencionada. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción V, en relación con el diverso 61 fracción XXIII, esta última en relación con el 5°, todos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo en que se actúa, contra los actos de ejecución de las normas reclamadas que se atribuye al Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro. Por otro lado, se advierte que respecto al reclamo de inconstitucionalidad del artículo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de el Marqués, Querétaro, vigente esta juzgadora advierte que el juicio de amparo se torna improcedente al actualizarse la causal que deriva de lo dispuesto por los artículos 1, fracción I, 5, fracción I, primer párrafo, 6, primera y segunda parte de la fracción XII del numeral 61, todos de la Ley de Amparo, por no estar demostrado en autos la aplicación de dichos numerales en perjuicio de la solicitante de amparo. Las letras reproducidas ponen de manifiesto, por una parte, la posibilidad legal que tiene todo gobernado para combatir -a través del juicio de amparo biinstancial- aquellas leyes federales o locales, tratados internacionales o reglamentos expedidos por el Presidente de la República, de acuerdo con la fracción I del artículo 89 Constitucional; reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, cuando estimen que violan sus derechos humanos y fundamentales. Asimismo, los preceptos reproducidos evidencian que el legislador estableció implícitamente dos categorías de normas relacionadas con su modo de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto, esto es, aquellas que con su sola vigencia -es decir, sin necesidad de que se cumpla otra condición- causen un perjuicio al particular, así como las que requieran de un acto posterior que las individualice con relación a la esfera jurídica de un gobernado. También se establece en los preceptos transcritos que si se trata de una norma que requiera -como condición de individualización- de un acto posterior y no se demuestre el mismo durante la dilación procesal del juicio de amparo, la acción de control constitucional se torna inejercitable; lo que así es en función de que la condición de impugnación de normas exige la existencia de un agravio o perjuicio sufrido por el gobernado en alguno de sus derechos humanos y fundamentales, de donde no ser así la acción de control constitucional se tornaría especulativa y carente de sentido restaurativo. Consecuentemente, cuando se tilda de inconstitucional una norma, en principio debe esclarecerse su naturaleza, esto es, si por su sola entrada en vigor es susceptible de ocasionar un perjuicio (autoaplicativas o autoejecutivas), o si la misma requiere para su actualización de un acto diverso que condicione su aplicación al gobernado (ley heteroaplicativa), pues dependiendo de la forma de reclamo es que deberá analizarse la existencia del perjuicio como requisito o presupuesto que satisface el interés jurídico y por ende la procedencia de la acción de control constitucional mediante el juicio de amparo indirecto. En ese sentido, para la satisfacción del interés jurídico tratándose de la procedencia del juicio de amparo en que se someta a control constitucional una disposición de carácter general, no basta que quien solicite la protección de la Justicia Federal asegure estar dentro de los supuestos de la norma o haber sido afectado con la misma, pues incluso siendo sujeto destinatario de la norma si la disposición general y abstracta establece para su generación de efectos con relación a su destinatario del previo cumplimiento de ciertas condiciones fácticas o de derecho, el juicio de amparo será improcedente por falta de afectación. Pues bien, debe recordarse que la parte justiciable controvierte el artículo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de el Marqués, Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, con motivo de un acto concreto que señaló como el primero que individualizó el contenido de aquellos en su perjuicio, esto es en la factura con número de folio B-1581 emitido a su favor el Titular de la Notaria Número Seis, con ejercicio en esta ciudad, con fecha veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, por el que en vía de autoliquidación enteró el pago del impuesto de traslado de dominio, documento que adjuntó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda cuyo valor probatorio pleno se explicó en párrafos previos y que ahora se da por reproducido. Modo de reclamo que se tiene por corroborado con las expresiones que vertió la parte justiciable en su escrito inicial de demanda, en el sentido de que las normas que reclama le fueron aplicadas en dicho recibo de pago, de ahí que puede concluirse que en la especie el ejercicio de control constitucional que enderezó lo hizo contra normas en su modo heteroaplicativo, esto es, con motivo de un acto concreto. Así pues, a juicio de esta juzgadora federal, como se adelantó, los medios de prueba que ofreció la parte disidente como primero de aplicación del artículo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de el Marqués, Querétaro, de actual vigencia, no evidencian que dicho numeral se hubiere individualizado en su perjuicio, porque si bien dicho precepto establece de manera genérica el cobro del impuesto predial, bajo el principio de especialidad en la aplicación de las normas esta resolutora federal estima que el acto de autodeterminación que realizó la justiciable con relación a la causación y entero fue del Impuesto de Traslado de Dominio materia de la factura que adjuntó a su escrito inicial, particularmente en cuanto al fundamento normativo relacionado al elemento tarifa, lo es el numeral 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2017, no así el invocado artículo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de el Marqués, Querétaro. "Artículo 13. El Impuesto Predial se determinará y causará de acuerdo a los siguientes elementos: Es objeto del Impuesto Predial será la propiedad, la copropiedad, la propiedad en condominio, la copropiedad en condominio, la posesión, la coposesión y el usufructo de todo predio ubicado dentro del territorio del Municipio, así como las construcciones edificadas en los mismos; y los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un inmueble, origine sobre este el derecho de propiedad. Son sujetos de este Impuesto: los titulares del derecho de propiedad y de propiedad en condominio; los titulares del derecho de copropiedad y de copropiedad en condominio, quienes serán considerados como un solo sujeto; los poseedores y coposeedores, (en estos casos, los coposeedores también serán considerados como un sólo sujeto); el fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no transmita la propiedad en ejecución del fideicomiso; los propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales; los propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legales; el adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de dominio, mientras ésta subsista; el vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta no se realice. Así como también Los titulares de certificados de participación inmobiliaria, de certificados de vivienda o de cualquier otro título similar; los poseedores que por cualquier título tengan la concesión, explotación, uso o goce de predios del dominio del estado, de los municipios o de la federación; los poseedores de bienes vacantes y quienes tengan la posesión a título de dueño, así como quienes se encuentren en posesión de bienes inmuebles susceptibles de regularización. La base gravable de este impuesto será el valor catastral, entendiéndose por este aquél que la dependencia encargada del Catastro correspondiente determine a los inmuebles, conforme a Ley en la materia. Las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones serán el factor para el cálculo de la base gravable de este impuesto. Los valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2017 serán los propuestos por el H. Ayuntamiento aprobados por la Legislatura del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga". Se entenderá por valor catastral aquél que la dependencia encargada del Catastro correspondiente determine a los inmuebles, conforme a Ley en la materia. Este impuesto se causa por cada bimestre en que las personas obligadas a su pago sean titulares de los derechos de propiedad o posesión que constituyen el objeto del mismo. Para los efectos de esta Ley, el año calendario se divide en los siguientes bimestre: 1º. enero y febrero; 2º. marzo y abril; 3º. mayo y junio; 4º. julio y agosto; 5º. septiembre y octubre; y 6º. noviembre y diciembre. El pago del Impuesto deberá hacerse por el contribuyente o por la persona que legalmente esté autorizada por el o por las autoridades correspondientes, en efectivo, en las oficinas recaudadores municipales o en las que autorice la autoridad competente o a través de medios electrónicos, en el caso de que sea autorizado por el encargado de las finanzas públicas municipales. El pago se hará por bimestres vencidos, a más tardar el día quince de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero, salvo que durante dicho plazo se pretenda enajenar el predio o transmitir su posesión, caso en el cual se hará anticipadamente a más tardar en la fecha de enajenación o transmisión de la posesión. El pago del impuesto podrá hacerse por anualidad anticipada, excepto los predios clasificados como fraccionamientos en proceso de ejecución. En el caso del pago del Impuesto Predial por anualidad anticipada, es decir, aquel que se realice por concepto de los bimestres que aún no se hayan causado, tendrá el carácter de pago provisional, en tanto el predio no sea sujeto de algún cambio o modificación física o jurídica, que origine diferencias en el mismo. Todo predio, que por causas imputables al sujeto de este Impuesto, haya permanecido oculto a la acción fiscal de la autoridad o que hubiera estado tributando sobre un valor catastral inferior al que le corresponda en los términos de la Ley, deberá tributar sobre la base del valor que la autoridad catastral o fiscal le haya determinado inmediatamente después de haberse tenido la noticia de su descubrimiento, más el cobro de dicho Impuesto o de las diferencias del mismo por el término de cinco años anteriores, recargos y multas que procedan, salvo que el sujeto demuestre que la omisión data de fecha posterior. El Impuesto Predial se determinará de la siguiente forma: A la base del Impuesto se le aplicará la tarifa progresiva que se indica a continuación: Número de Rango Rango de Valores Catastrales Tarifa sobre el excedente del límite inferior Inferior Superior Cuota en pesos **** Para el cálculo de este impuesto a la base gravable se le disminuirá el límite inferior que corresponda y a la diferencia de excedente de límite inferior se le aplicará la tarifa sobre el excedente del límite inferior, al resultado se le sumará la cuota fija que corresponda, misma que se dividirá entre seis, y el importe de dicha operación será el Impuesto Predial a pagar por cada bimestre. El pago deberá efectuarse en la oficina recaudadora de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, por los medios o en las instituciones y lugares autorizados para tal efecto. Los sujetos del Impuesto Predial deberán manifestar a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, sus cambios de domicilio, dentro de los quince días de ocurridos y si no lo hiciere se considerará para todos los efectos legales el que hubieren señalado anteriormente o, en su defecto, el predio mismo. Serán solidariamente responsables del pago de este Impuesto: Los promitentes vendedores, quienes enajenen con reserva de dominio o sujeto a condición; Los nudos propietarios; Los fiduciarios respecto de los bienes sujetos al fideicomiso; Los concesionarios, o quienes, no siendo propietarios, tengan la explotación de las plantas de beneficio de los establecimientos mineros o metalúrgicos; Los adquirentes de predios, en relación al impuesto y a sus accesorios insolutos a la fecha de la adquisición; Los representantes legales de sociedades, asociaciones, comunidades y particulares, respecto de los predios de sus representados; y Los funcionarios, notarios y corredores públicos que autoricen algún acto jurídico traslativo de dominio o den trámite a algún documento sin que esté al corriente en el pago de este Impuesto y de sus accesorios, independientemente de las sanciones que procedan en su contra. El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo será sancionado conforme a lo dispuesto por la legislación fiscal aplicable. Cuando no se cubra el pago por el concepto del Impuesto Predial, en las fechas y plazos establecidos en el presente numeral, el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, determinándose su cálculo de acuerdo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Querétaro. En todo caso, los predios quedaran preferentemente afectos al pago del Impuesto y sus accesorios, independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos. Ingreso anual estimado por este artículo ****. Como se advierte del texto del numeral transcrito, no versa respecto al cobro del impuesto reclamado en esta vía y que se contienen en factura que acompaña la parte quejosa con su demanda; de donde, es dable afirmar que no existe algún elemento probatorio ofertado por el justiciable con el que se demuestre que dicho numeral le causó algún menoscabo en su esfera de derechos. Consecuentemente, toda vez que a la parte impetrante del amparo correspondía probar los hechos de sus afirmaciones conforme a lo establecido en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, pues al que afirma le corresponde probar; y en el caso, debió acreditar la existencia de la titularidad de un interés que la legitimara para promover el presente juicio, lo que no acontece a la luz de los medios de prueba ofertados para tal efecto, de manera que cabe concluir que no acreditó que esté legitimada para reclamar las normas precisadas. Luego y considerando que la impugnación de una ley heteroaplicativa debe ser a partir del primer acto de aplicación en perjuicio del particular, si en el caso no se advierte aplicación alguna de la norma tildada de inconstitucional, en perjuicio de la parte quejosa, el juicio de amparo que se promueve en su contra con motivo de los actos de aplicación consignados en el documento que adjuntó a su demanda, se torna improcedente al faltar el presupuesto procesal de la acción constitucional, consistente en la legitimación activa. Sin que obste para lo determinado, que en el artículo 13 de la Ley de Ingresos contenga diversas disposiciones relacionadas con el impuesto predial, toda vez que el peticionario del amparo no vierte conceptos de violación en su contra, de ahí la improcedencia de su análisis destacado. De ahí que, se estime actualizada la causa de improcedencia explicada en líneas precedentes, derivada de lo dispuesto por los artículos 1, fracción I, 5, fracción I, primer párrafo, 6, primera y segunda parte de la fracción XII del numeral 61, todos de la Ley de Amparo, al no estar demostrada la aplicación del artículo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio del Marques, Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, se impone necesario sobreseer en el juicio de amparo con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En diverso orden de ideas, es infundada la causal de improcedencia que hace valer la Legislatura del Estado de Querétaro, cuando refiere que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, en su artículos 14, no contienen elementos del tributo, sino que es un simple catálogo de leyes. Lo anterior es así, debido a que contrario a lo expuesto por la referida autoridad, el numeral 14 de la invocada legislación sí contiene elementos del tributo ya que la propia autoridad legislativa decidió regular en su totalidad el impuesto sobre traslado de dominio, en el ordinal 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017; esto es, estableció los elementos que conforman dicho impuesto, así como el método para su determinación y pago en el citado numeral que dispone lo siguiente: "Artículo 14. El Impuesto sobre Traslado de Dominio de inmuebles, se causará y pagará conforme a los elementos siguientes: Es objeto del Impuesto sobre Traslado de Dominio, la traslación o adquisición de bienes inmuebles que consistan en el suelo o el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicadas en el territorio del Municipio de El Marqués, Qro., así como los derechos relacionados con los mismos. Son sujetos del Impuesto sobre Traslado de Dominio de Inmuebles, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo o en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en el territorio del Municipio de El Marqués, Qro., así como los derechos relacionados con los mismos. Tratándose de la adquisición de un terreno, el cual tenga construcción al momento del acto o del otorgamiento del contrato respectivo, el adquirente deberá acreditar con la documentación oficial que las construcciones o mejoras fueron hechas por él, de lo contrario, éstas quedarán también gravadas por este Impuesto en los términos de la presente Ley, ya que se considerará que no solamente se transmitió el terreno sin construir, sino también la construcción misma. Será base gravable de este Impuesto, el valor mayor que resulte entre el valor de operación y el valor comercial del inmueble a la fecha de operación, este último determinado por el avalúo fiscal practicado por perito valuador autorizado por el Poder Ejecutivo del Estado, el cual tendrá vigencia de un año o, en tratándose de la primera enajenación de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, por el avalúo practicado en los términos de la Ley Agraria. Cuando no se pacte precio o monto de la operación, el Impuesto se calculará tomando en cuenta el valor comercial, conforme al párrafo anterior. En la adquisición de bienes por remate, el avalúo fiscal deberá referirse a la fecha en que quede firme la aprobación del mismo. Para los efectos de este artículo, son supuestos legales de causación del Impuesto, la realización de los siguientes actos traslativos de dominio de bienes inmuebles: Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones y sociedades; La compraventa en la que el vendedor se reserve la propiedad, aun cuando la transferencia de ésta opere con posterioridad; El contrato en el que se pacte que el futuro comprador entra en posesión de los bienes o que el futuro vendedor reciba el precio de la venta o parte de él, antes de que se formalice el contrato prometido; La cesión de derechos al comprador o al futuro comprador en los casos de los incisos b) y c) que anteceden, respectivamente; La fusión y escisión de sociedades; El pago en especie, independientemente del acto jurídico que lo origine; La constitución de usufructo, transmisión de éste entre vivos o de la nuda propiedad, así como la extinción de usufructo temporal; La adquisición de inmuebles por prescripción; La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario en la parte relativa y en proporción a los inmuebles. Se considerará cesión de derechos hereditarios la renuncia o repudiación de la herencia o legado efectuada después de la declaratoria de herederos o legatarios, cuando se incrementen las porciones de los coherederos o legatarios, así como el repudio o cesión de derechos hereditarios hecha en favor de persona determinada cuando se realice antes de la declaratoria de herederos o legatarios. La adquisición por medio de fideicomiso, en los siguientes casos: en el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él, siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes; el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho; en la cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso, en cualquiera de los siguientes momentos: el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos, se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones; el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos, si entre éstos se incluye el de que los bienes se transmitan a su favor. De igual forma, se causa este impuesto por la división de la copropiedad y la constitución o disolución de la sociedad conyugal, así como la modificación de las capitulaciones matrimoniales, por la parte que se adquiera en demasía del porcentaje que le corresponda al copropietario o cónyuge; la adquisición, a través de permuta, caso en el que se considerará que se efectúan dos adquisiciones. La adquisición de la propiedad de bienes inmuebles, en virtud de remate judicial o administrativo; y la devolución de la propiedad de bienes a consecuencia de la rescisión o terminación del contrato por mutuo acuerdo o la reversión en caso de expropiaciones, así como por procedimientos judiciales o administrativos. El pago del Impuesto deberá hacerse dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice cualquiera de los supuestos que a continuación se señalan: cuando el acto se eleve a escritura pública, el plazo comenzará a contarse a partir de que el acto quede perfeccionado con la firma de los otorgantes, razón por la cual los Notarios están obligados a dejar constancia del día y hora en que se realice la firma; a los tres años de la muerte del autor de la sucesión si transcurrido dicho plazo no se hubiera llevado a cabo la adjudicación, así como al cederse los derechos hereditarios o al enajenarse bienes por la sucesión. En estos últimos casos, el Impuesto correspondiente a la adquisición por causas de muerte, se causará en el momento en que se realice la cesión o la enajenación independientemente del que se cause por el cesionario o por el adquirente; tratándose de adquisiciones efectuadas a través de fideicomiso, cuando: en el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él, siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. El acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiere reservado tal derecho. A los tres meses de que haya quedado firme la resolución judicial de prescripción positiva o información de dominio. Cuando se constituya o adquiera el usufructo o la nuda propiedad. Tratándose de adjudicaciones por remate, a los seis meses posteriores a la fecha en que haya quedado firme la resolución que apruebe el remate en cuestión; a la fecha del contrato por el que se realice la transmisión de propiedad o derechos sobre la misma, por cualquier documento de carácter privado. En los contratos en los que la condición suspensiva consista en el otorgamiento de un crédito. Para adquisición, que celebre con instituciones bancarias o financieras, organismos públicos o similares, el momento en que se firme la escritura pública de adquisición. En caso de incumplimiento, se sancionará con base en lo dispuesto por la legislación fiscal aplicable. El Impuesto sobre Traslado de Dominio, se determinará y pagará aplicando la siguiente tarifa progresiva: TARIFA Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Tasa Marginal sobre Excedente Límite Inferior **** El Impuesto Sobre Traslado de Dominio se determinará de la siguiente forma: A la base gravable de este Impuesto se le disminuirá el límite inferior que corresponda y a la diferencia de excedente de límite inferior se le aplicará la tasa marginal sobre excedente límite inferior, al resultado se le sumará la cuota fija que corresponda y dará como resultado el Impuesto Sobre Traslado de Dominio a pagar. Las deducciones contempladas para las viviendas de interés social y popular contempladas en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, no serán aplicables a la presente Ley. Los causantes de este Impuesto, deberán presentar en la dependencia encargada de las finanzas públicas municipales de la demarcación correspondiente o a través de medios electrónicos una declaración o aviso que contendrá: los nombres y domicilios de las partes; fecha en que se extendió la escritura pública y su número, fecha de la celebración del contrato privado o fecha de la resolución administrativa, judicial o de cualquiera otra autoridad competente y fecha en que fue declarada firme en su caso; número de Notaría y nombre del Notario ante quien se haya extendido la escritura, mención de que se trata de contrato privado o indicación de qué autoridad dictó la resolución; la naturaleza o concepto del acto jurídico que se trate; identificación del inmueble, señalando su ubicación, nomenclatura si la tiene, superficie, linderos y nombre de los colindantes; antecedentes de propiedad o de posesión del inmueble en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro; valor gravable conforme a las disposiciones contenidas en este numeral; clave catastral con la que se identifica el inmueble o inmuebles objeto de la traslación de dominio; monto del impuesto, su actualización y recargos, si fuere el caso, así como el cálculo desglosado de los mismos; copia certificada de la escritura pública, en su caso. Las declaraciones deberán ser presentadas, conforme a las siguientes reglas: Si el acto o contrato traslativo de dominio se hace constar en escritura pública, la declaración será presentada por el Notario que la hubiera autorizado. Cuando se trate de actos o contratos que se hagan constar en documentos privados, la declaración será presentada indistintamente por el adquirente, el enajenante o un Notario y se deberá acompañar de la copia del contrato privado; y en los casos de la adquisición de la propiedad como consecuencia de una resolución administrativa, judicial o de cualquier otra autoridad competente, el contribuyente firmará la declaración y acompañará copia certificada de la resolución respectiva, con la constancia, en su caso, de la fecha en que fue declarada firme. Las declaraciones de actos traslativos de dominio que se realice a través de Notario, podrán ser presentadas a través de los medios electrónicos autorizados conforme a los lineamientos que se establezcan por la autoridad fiscal competente. Las declaraciones deberán acompañarse del avalúo fiscal antes referido, a excepción de los siguientes casos: En las adquisiciones de inmuebles que hagan la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, para formar parte del dominio público; En las adquisiciones de inmuebles que hagan los partidos políticos nacionales y estatales, siempre y cuando dichos inmuebles sean para la sede principal de sus instalaciones oficiales; En las adquisiciones de inmuebles que hagan los arrendatarios financieros al ejercer la opción de compra en los términos del contrato de arrendamiento financiero, si dicho Impuesto se cubrió cuando adquirió la arrendadora como acto necesario para la realización del contrato; En las adquisiciones de inmuebles fideicomitidos que hagan los fideicomisarios al extinguir el fideicomiso en los términos del contrato de fideicomiso, si dicho Impuesto se cubrió por cuenta del fideicomisario cuando adquirió la fiduciaria; En la transmisión del usufructo que se dé por causa de muerte; En la adquisición de propiedad por sucesión, siempre que se realice entre cónyuges o concubinos, ascendientes y descendientes en línea recta, sin limitación de grado y que dicho inmueble sea única propiedad del autor de la sucesión; En la transmisión de propiedad que se realice al constituir o disolver el patrimonio familiar, así como al modificar las capitulaciones matrimoniales; En las adquisiciones de inmuebles que hagan las Instituciones de Asistencia Privada con domicilio en el Estado, siempre y cuando se encuentren constituidas conforme a la ley que las regula; En las adquisiciones que hagan las personas físicas de predios que provengan de propiedad federal, estatal o municipal y que hayan sido regularizados mediante los programas de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT); y En la transmisión hereditaria que se realice a favor del o de los beneficiarios designados en el testamento sobre la vivienda de interés social. Asimismo, se les agregará el recibo de pago de Impuesto Predial a la fecha de operación y cualquier otro gravamen fiscal derivados de los bienes inmuebles, expedidos dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación del aviso de traslado de dominio en las oficinas de la tesorería municipal correspondiente; o bien, se podrá exhibir constancia de no adeudo de Impuesto Predial, siempre y cuando el inmueble se encuentre al corriente dentro del plazo señalado. El personal de la dependencia encargada de las finanzas públicas no recibirá las declaraciones y demás documentos cuando no cumplan los requisitos señalados. Para adquirir cualquier bien inmueble o transmitir algún derecho real, el contribuyente deberá demostrar mediante el comprobante de pago oficial o certificado expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, que el inmueble objeto de la operación está al corriente con el pago del Impuesto Predial. La autoridad fiscal municipal competente, podrá verificar la determinación y pago del Impuesto Sobre Traslado de Dominio realizado por el sujeto de este impuesto, con el fin de comprobar el completo y efectivo cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo, lo anterior hasta por el tiempo de un año después de que se haya llevado a cabo el pago del Impuesto Sobre Traslado de Dominio. El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo será sancionado conforme a lo dispuesto por la legislación fiscal aplicable. Únicamente se admitirá el trámite para el pago del Impuesto Sobre Traslado de Dominio, causado con motivo de los actos traslativos de dominio derivados de contratos privados celebrados entre particulares, cuando se haya formalizado ante Notario Público, o en su caso, hayan cumplido con los requisitos legales establecidos en el Código Civil del Estado de Querétaro. Queda exceptuado de lo anterior, cuando se trate de un acto traslativo de dominio, en el que el enajenante sea una persona física o moral que se dedique, sea por su objeto social o por su actividad preponderante, a la realización de operaciones traslativas de dominio de inmuebles, salvo que dichos inmuebles los adquieran solamente para formar parte de su activo fijo; tendrán la obligación de presentar en la dependencia encargada de las finanzas públicas municipales, a través de los medios electrónicos correspondientes que disponga la autoridad competente, un aviso mensual que contenga la relación pormenorizada de los actos y contratos traslativos de dominio que hayan celebrado en el mes, debiendo precisar los datos a que se refiere este artículo y acompañar copia de los documentos respectivos. Esta obligación se cumplirá dentro de los quince días siguientes al mes en que se hubieran llevado a cabo las operaciones indicadas. Para el caso de que en el periodo de referencia no se hubiere celebrado operación alguna, así deberán manifestarlo los obligados. Cuando el impuesto no se hubiera pagado dentro de su plazo ordinario legal, éste se actualizará multiplicándolo por el factor que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior a aquél en que se realice el pago, entre el mencionado índice correspondiente al mes anterior a aquél en que se efectúe la adquisición. Las contribuciones no se actualizarán por fracción de mes, además deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco municipal por la falta de pago oportuno. Los recargos se aplicarán cada mes sobre el monto de las contribuciones actualizadas y se calcularán según las tasas que para el pago a plazo y por mora publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación. Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización." Así, la porción reclamada no depende de la Ley de Hacienda, para encontrar aplicación en el tributo en cuestión para el Municipio de El Marqués, en el anotado ejercicio fiscal. Por lo que, en el presente caso la ley de ingresos no es un "simple catálogo de las contribuciones" sino que regula el tributo reclamado, respecto del cual se hizo el pago, según consta en la factura que obra en el presente sumario y que constituye como el primer acto de aplicación, es inconcuso que sí tiene interés jurídico para instar el presente juicio. Por otro lado, toca el turno de atender las diversas causales de improcedencia que hace valer la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Municipio de el Marqués, Querétaro, no obstante que en párrafos previos se hubiera decretado el sobreseimiento por no asistirle el carácter de autoridad responsable, toda vez que su análisis es de orden público y estudio preferente, con independencia de quién las haya hecho valer. Referente a ello, al rendir su informe de ley, expresó que el presente sumario es improcedente pues sostiene que la parte quejosa carece de interés para acudir a esta vía constitucional en tanto que no exhibió prueba alguna para demostrar la aplicación de los numerales controvertidos; sin embargo, no asiste razón a dicha autoridad. Lo anterior así se afirma, pues se reitera, al presente sumario fueron allegados tanto la factura con número de folio B-1581 de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, expedida por el Notario adscrito a la Notaría Pública número Seis, con ejercicio en esta ciudad, ante quien formalizó la operación que dio origen a los actos que aquí se combaten, a la que se le reitera el valor probatorio otorgado con antelación; además, a lo anterior se agregan las manifestaciones vertidas por el aludido fedatario público al momento del desahogo de la prueba de informes ofrecida a su cargo, a la que le asiste valor en términos de lo dispuesto por los numerales 197 y 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtuvo que el referido Notario recibió numerario por concepto, entre otros, del monto relacionado con el acto traslativo de dominio génesis; todo lo cual abona a la falta de razón del Secretario de Finanzas del Municipio de el Marqués, Querétaro, en cuanto a la actualización de la causa de improcedencia invocada. Así las cosas, tales medios de prueba, en su conjunto demuestran la aplicación y ejecución de las disposiciones legales cuya existencia se reveló, ello, porque la parte quejosa entregó el numerario al Notario Público a quien encomendó el pago del impuesto de traslado de dominio, de ahí que, de los medios de convicción que obran en autos, sean útiles para tener por reconocido el interés jurídico que le asiste a la parte quejosa para acudir en esta vía a reclamar el pago del impuesto causados en la factura número de *****, expedida en su favor; de ahí que devenga infundado el motivo de improcedencia alegado por el Secretario de Finanzas del Municipio de el Marqués, Querétaro. Finalmente, al no haber diversas causales de improcedencia que las partes hubieran hecho valer, o bien que este juzgado advierta oficiosamente, se procede al análisis de los conceptos de violación planteados por la disidente. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. (Con relación al artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017 y su reforma publicada el ****.) Procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, el cual se hará en función de los conceptos de violación hechos valer por la parte impetrante y sin que se advierta motivo para suplir la deficiencia en la queja a su favor por no actualizarse ninguna de las hipótesis del artículo 79 de la Ley de Amparo. En efecto, la quejosa aduce en sus conceptos de violación lo siguientes a) Que la tabla progresiva que se prevé como mecánica para el pago del impuesto sobre traslado de dominio contenida en el numeral 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que de acuerdo a los cálculos que formula, refiere que si bien dicha tabla se integra de una serie de rangos, los superiores no guardan relación con los inmediatos inferiores porque quien se ubique en un rango inferior pagará lo mismo que aquél que se ubique en uno superior; b) Que el artículo14 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, transgrede su principio de legalidad, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al no contener elementos del tributo, por lo que lo deja en estado de indefensión. Pues bien, los motivos de disenso hechos valer por la parte quejosa se estiman infundados por las razones que enseguida se plasman. Tratándose de la adquisición de un terreno, el cual tenga construcción al momento del acto o del otorgamiento del contrato respectivo, el adquirente deberá acreditar con la documentación oficial que las construcciones o mejoras fueron hechas por él, de lo contrario, éstas quedarán también gravadas por este Impuesto en los términos de la presente Ley, ya que se considerará que no solamente se transmitió el terreno sin construir, sino también la construcción misma. Será base gravable de este Impuesto, el valor mayor que resulte entre el valor de operación y el valor comercial del inmueble a la fecha de operación, este último determinado por el avalúo fiscal practicado por perito valuador autorizado por el Poder Ejecutivo del Estado, el cual tendrá vigencia de un año o, en tratándose de la primera enajenación de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, por el avalúo practicado en los términos de la Ley Agraria. Cuando no se pacte precio o monto de la operación, el Impuesto se calculará tomando en cuenta el valor comercial, conforme al párrafo anterior. En la adquisición de bienes por remate, el avalúo fiscal deberá referirse a la fecha en que quede firme la aprobación del mismo. Para los efectos de este artículo, son supuestos legales de causación del Impuesto, la realización de los siguientes actos traslativos de dominio de bienes inmuebles: Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones y sociedades; La compraventa en la que el vendedor se reserve la propiedad, aun cuando la transferencia de ésta opere con posterioridad; El contrato en el que se pacte que el futuro comprador entra en posesión de los bienes o que el futuro vendedor reciba el precio de la venta o parte de él, antes de que se formalice el contrato prometido; La cesión de derechos al comprador o al futuro comprador en los casos de los incisos b) y c) que anteceden, respectivamente; La fusión y escisión de sociedades; El pago en especie, independientemente del acto jurídico que lo origine; La constitución de usufructo, transmisión de éste entre vivos o de la nuda propiedad, así como la extinción de usufructo temporal; La adquisición de inmuebles por prescripción; La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario en la parte relativa y en proporción a los inmuebles. Se considerará cesión de derechos hereditarios la renuncia o repudiación de la herencia o legado efectuada después de la declaratoria de herederos o legatarios, cuando se incrementen las porciones de los coherederos o legatarios, así como el repudio o cesión de derechos hereditarios hecha en favor de persona determinada cuando se realice antes de la declaratoria de herederos o legatarios. La adquisición por medio de fideicomiso, en los siguientes casos: en el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él, siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes; el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho; en la cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso, en cualquiera de los siguientes momentos: el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos, se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones; el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos, si entre éstos se incluye el de que los bienes se transmitan a su favor. De igual forma, se causa este impuesto por la división de la copropiedad y la constitución o disolución de la sociedad conyugal, así como la modificación de las capitulaciones matrimoniales, por la parte que se adquiera en demasía del porcentaje que le corresponda al copropietario o cónyuge; la adquisición, a través de permuta, caso en el que se considerará que se efectúan dos adquisiciones. La adquisición de la propiedad de bienes inmuebles, en virtud de remate judicial o administrativo; y la devolución de la propiedad de bienes a consecuencia de la rescisión o terminación del contrato por mutuo acuerdo o la reversión en caso de expropiaciones, así como por procedimientos judiciales o administrativos. El pago del Impuesto deberá hacerse dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice cualquiera de los supuestos que a continuación se señalan: cuando el acto se eleve a escritura pública, el plazo comenzará a contarse a partir de que el acto quede perfeccionado con la firma de los otorgantes, razón por la cual los Notarios están obligados a dejar constancia del día y hora en que se realice la firma; a los tres años de la muerte del autor de la sucesión si transcurrido dicho plazo no se hubiera llevado a cabo la adjudicación, así como al cederse los derechos hereditarios o al enajenarse bienes por la sucesión. En estos últimos casos, el Impuesto correspondiente a la adquisición por causas de muerte, se causará en el momento en que se realice la cesión o la enajenación independientemente del que se cause por el cesionario o por el adquirente; tratándose de adquisiciones efectuadas a través de fideicomiso, cuando: en el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él, siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. El acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiere reservado tal derecho. A los tres meses de que haya quedado firme la resolución judicial de prescripción positiva o información de dominio. Cuando se constituya o adquiera el usufructo o la nuda propiedad. Tratándose de adjudicaciones por remate, a los seis meses posteriores a la fecha en que haya quedado firme la resolución que apruebe el remate en cuestión; a la fecha del contrato por el que se realice la transmisión de propiedad o derechos sobre la misma, por cualquier documento de carácter privado. En los contratos en los que la condición suspensiva consista en el otorgamiento de un crédito. Para adquisición, que celebre con instituciones bancarias o financieras, organismos públicos o similares, el momento en que se firme la escritura pública de adquisición. En caso de incumplimiento, se sancionará con base en lo dispuesto por la legislación fiscal aplicable. El Impuesto sobre Traslado de Dominio, se determinará y pagará aplicando la siguiente tarifa progresiva: TARIFA Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Tasa Marginal sobre Excedente Límite Inferior **** El Impuesto Sobre Traslado de Dominio se determinará de la siguiente forma: A la base gravable de este Impuesto se le disminuirá el límite inferior que corresponda y a la diferencia de excedente de límite inferior se le aplicará la tasa marginal sobre excedente límite inferior, al resultado se le sumará la cuota fija que corresponda y dará como resultado el Impuesto Sobre Traslado de Dominio a pagar. Las deducciones contempladas para las viviendas de interés social y popular contempladas en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, no serán aplicables a la presente Ley. Los causantes de este Impuesto, deberán presentar en la dependencia encargada de las finanzas públicas municipales de la demarcación correspondiente o a través de medios electrónicos una declaración o aviso que contendrá: los nombres y domicilios de las partes; fecha en que se extendió la escritura pública y su número, fecha de la celebración del contrato privado o fecha de la resolución administrativa, judicial o de cualquiera otra autoridad competente y fecha en que fue declarada firme en su caso; número de Notaría y nombre del Notario ante quien se haya extendido la escritura, mención de que se trata de contrato privado o indicación de qué autoridad dictó la resolución; la naturaleza o concepto del acto jurídico que se trate; identificación del inmueble, señalando su ubicación, nomenclatura si la tiene, superficie, linderos y nombre de los colindantes; antecedentes de propiedad o de posesión del inmueble en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro; valor gravable conforme a las disposiciones contenidas en este numeral; clave catastral con la que se identifica el inmueble o inmuebles objeto de la traslación de dominio; monto del impuesto, su actualización y recargos, si fuere el caso, así como el cálculo desglosado de los mismos; copia certificada de la escritura pública, en su caso. Las declaraciones deberán ser presentadas, conforme a las siguientes reglas: Si el acto o contrato traslativo de dominio se hace constar en escritura pública, la declaración será presentada por el Notario que la hubiera autorizado. Cuando se trate de actos o contratos que se hagan constar en documentos privados, la declaración será presentada indistintamente por el adquirente, el enajenante o un Notario y se deberá acompañar de la copia del contrato privado; y en los casos de la adquisición de la propiedad como consecuencia de una resolución administrativa, judicial o de cualquier otra autoridad competente, el contribuyente firmará la declaración y acompañará copia certificada de la resolución respectiva, con la constancia, en su caso, de la fecha en que fue declarada firme. Las declaraciones de actos traslativos de dominio que se realice a través de Notario, podrán ser presentadas a través de los medios electrónicos autorizados conforme a los lineamientos que se establezcan por la autoridad fiscal competente. Las declaraciones deberán acompañarse del avalúo fiscal antes referido, a excepción de los siguientes casos: En las adquisiciones de inmuebles que hagan la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, para formar parte del dominio público; En las adquisiciones de inmuebles que hagan los partidos políticos nacionales y estatales, siempre y cuando dichos inmuebles sean para la sede principal de sus instalaciones oficiales; En las adquisiciones de inmuebles que hagan los arrendatarios financieros al ejercer la opción de compra en los términos del contrato de arrendamiento financiero, si dicho Impuesto se cubrió cuando adquirió la arrendadora como acto necesario para la realización del contrato; En las adquisiciones de inmuebles fideicomitidos que hagan los fideicomisarios al extinguir el fideicomiso en los términos del contrato de fideicomiso, si dicho Impuesto se cubrió por cuenta del fideicomisario cuando adquirió la fiduciaria; En la transmisión del usufructo que se dé por causa de muerte; En la adquisición de propiedad por sucesión, siempre que se realice entre cónyuges o concubinos, ascendientes y descendientes en línea recta, sin limitación de grado y que dicho inmueble sea única propiedad del autor de la sucesión; En la transmisión de propiedad que se realice al constituir o disolver el patrimonio familiar, así como al modificar las capitulaciones matrimoniales; En las adquisiciones de inmuebles que hagan las Instituciones de Asistencia Privada con domicilio en el Estado, siempre y cuando se encuentren constituidas conforme a la ley que las regula; En las adquisiciones que hagan las personas físicas de predios que provengan de propiedad federal, estatal o municipal y que hayan sido regularizados mediante los programas de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT); y En la transmisión hereditaria que se realice a favor del o de los beneficiarios designados en el testamento sobre la vivienda de interés social. Asimismo, se les agregará el recibo de pago de Impuesto Predial a la fecha de operación y cualquier otro gravamen fiscal derivados de los bienes inmuebles, expedidos dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación del aviso de traslado de dominio en las oficinas de la tesorería municipal correspondiente; o bien, se podrá exhibir constancia de no adeudo de Impuesto Predial, siempre y cuando el inmueble se encuentre al corriente dentro del plazo señalado. El personal de la dependencia encargada de las finanzas públicas no recibirá las declaraciones y demás documentos cuando no cumplan los requisitos señalados. Para adquirir cualquier bien inmueble o transmitir algún derecho real, el contribuyente deberá demostrar mediante el comprobante de pago oficial o certificado expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, que el inmueble objeto de la operación está al corriente con el pago del Impuesto Predial. La autoridad fiscal municipal competente, podrá verificar la determinación y pago del Impuesto Sobre Traslado de Dominio realizado por el sujeto de este impuesto, con el fin de comprobar el completo y efectivo cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo, lo anterior hasta por el tiempo de un año después de que se haya llevado a cabo el pago del Impuesto Sobre Traslado de Dominio. El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo será sancionado conforme a lo dispuesto por la legislación fiscal aplicable. Únicamente se admitirá el trámite para el pago del Impuesto Sobre Traslado de Dominio, causado con motivo de los actos traslativos de dominio derivados de contratos privados celebrados entre particulares, cuando se haya formalizado ante Notario Público, o en su caso, hayan cumplido con los requisitos legales establecidos en el Código Civil del Estado de Querétaro. Queda exceptuado de lo anterior, cuando se trate de un acto traslativo de dominio, en el que el enajenante sea una persona física o moral que se dedique, sea por su objeto social o por su actividad preponderante, a la realización de operaciones traslativas de dominio de inmuebles, salvo que dichos inmuebles los adquieran solamente para formar parte de su activo fijo; tendrán la obligación de presentar en la dependencia encargada de las finanzas públicas municipales, a través de los medios electrónicos correspondientes que disponga la autoridad competente, un aviso mensual que contenga la relación pormenorizada de los actos y contratos traslativos de dominio que hayan celebrado en el mes, debiendo precisar los datos a que se refiere este artículo y acompañar copia de los documentos respectivos. Esta obligación se cumplirá dentro de los quince días siguientes al mes en que se hubieran llevado a cabo las operaciones indicadas. Para el caso de que en el periodo de referencia no se hubiere celebrado operación alguna, así deberán manifestarlo los obligados. Cuando el impuesto no se hubiera pagado dentro de su plazo ordinario legal, éste se actualizará multiplicándolo por el factor que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior a aquél en que se realice el pago, entre el mencionado índice correspondiente al mes anterior a aquél en que se efectúe la adquisición. Las contribuciones no se actualizarán por fracción de mes, además deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco municipal por la falta de pago oportuno. Los recargos se aplicarán cada mes sobre el monto de las contribuciones actualizadas y se calcularán según las tasas que para el pago a plazo y por mora publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación. Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización." Por su parte, la tabla de valores progresivos del artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, modificada mediante decreto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro, el ****, establece lo siguiente: De dichas reproducciones se advierte, en suma, que la mecánica para la obtención del cálculo por concepto de impuesto sobre traslado de dominio, se sustenta en el monto de la base gravable, a la cual se le disminuirá el límite inferior que corresponda al rango en que se ubique por razón del monto de la aludida base gravable, y únicamente a la diferencia de excedente de límite inferior, se le aplicará la tarifa sobre el excedente del límite inferior, a cuyo resultado se le sumará la cuota fija que corresponda. Pues bien, aunque la mecánica dispuesta en el artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, a primera vista constituye la forma más eficaz para respetar el principio de proporcionalidad tributaria, en virtud de que la progresividad de la tarifa asegura la proporcionalidad del tributo en la medida de que se aplica a elementos integrantes de la tabla que la contiene, por tomar en cuenta los distintos rangos de la base gravable así como las cuotas y las tasas o porcentajes aplicables para el cálculo del tributo, ya que establece un límite mínimo y uno máximo con la cuota fija y una tarifa aplicable sobre el excedente del límite inferior, todo lo cual permite atender a la verdadera capacidad contributiva del causante, precisamente porque la tarifa no se aplica sobre el total de la base, sino únicamente a la porción que excede de cada rango y al resultado se le suma la cuota fija -lo que a su vez permite evitar una situación de grabación doble de la base gravable-, cuya cuantía debe corresponder a la del impuesto a pagar en el límite superior del rango inmediato anterior para compensar la diferencia de una unidad de medición de la base gravable entre un rango y otro. Luego, para comprobar debidamente si las tarifas progresivas a que se ha hecho alusión, respetan el principio de proporcionalidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó al resolver el amparo en revisión 721/2008, que tratándose de tablas y tarifas tributarias, la perspectiva vertical del principio de equidad es la idónea para analizar la igualdad tributaria en tanto que permite dimensionar con precisión si un renglón o todos los escalones que las conforman cumplen con dicho principio de justicia fiscal, al ser progresivas o decrecientes. Por ello, a fin de verificar la proporcionalidad de la tabla progresiva a que alude el artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, reformada mediante decreto de ****, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro, el *****, pero de manera vertical, procede realizar las operaciones aritméticas conducentes a cada uno de los renglones que la componen, cuyos resultados son los siguientes: Rango de Valores Rangos Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Tasa Marginal sobre Excedente Límite Inferior Monto a pagar considerando el límite inferior Monto a pagar considerando el límite superior **** La explicación matemática para la obtención de cada uno de los montos ahí indicados, se esquematiza de la siguiente forma: Base gravable - Límite Inferior = Z Z x tarifa sobre el excedente = Y Y + cuota fija = Monto a pagar por Impuesto sobre traslado de dominio. Atento a la anterior mecánica de la tarifa reclamada, el importe máximo a pagar por el impuesto sobre traslado de dominio sería de la siguiente manera: 1. Si la base se ubicara en el primer rango de esa tarifa, sería de ****; resultado de aplicar al límite superior de ****, la tarifa de **** prevista para el mismo rango, así como de sumar al resultado, el importe de ****, consistente en la cuota fija de tal rango. 2. Si la base del impuesto quedara comprendida en el segundo rango, el gravamen máximo a pagar sería de ****; resultado de restar a **** que es límite superior del mismo rango, **** correspondiente al límite inferior de ese rango, y de aplicar al resultado la tarifa fija de **** prevista para el mismo rango, así como de sumar al resultado de lo anterior, la cantidad de ****, correspondiente a la cuota fija de ese rango. 3. Si la base del impuesto estuviera comprendida en el tercer rango, el gravamen máximo a pagar sería de ****; resultado de restar a **** que es límite superior del mismo rango, **** correspondiente al límite inferior de tal rango, y de aplicar a la diferencia resultante la tarifa fija de **** del mismo rango, y de sumar al resultado de lo anterior ****, consistente en la cuota fija de ese rango. 4. Si la base del impuesto quedara comprendida en el cuarto rango, el gravamen máximo a pagar sería de ****; derivado de restar a **** que es límite superior del mismo rango, **** correspondiente al límite inferior de ese rango, y de aplicar al resultante de ello, la tasa fija de **** prevista para el mismo rango, a cuyo resultado se le suman ****, consistente en la cuota fija de ese rango. 5. Si la base del impuesto quedara comprendida en el quinto rango, el gravamen máximo a pagar sería de ****; consecuencia de restar a **** que es límite superior del mismo rango, **** correspondiente al límite inferior de ese rango, y de aplicar al resultado la tasa fija de **** prevista para el mismo rango, a cuyo resultado se le suman ****, de la cuota fija de ese rango. 6. Si la base del impuesto quedara comprendida en el sexto rango, el gravamen máximo a pagar sería de ****; resultado de restar a **** que es límite superior del mismo rango, **** correspondiente al límite inferior de ese rango, y de aplicar a aquella diferencia la trifa fija de **** prevista para el mismo rango, a cuyo resultado se le suman ****, de la cuota fija de ese rango. 7. Si la base del impuesto quedara comprendida en el séptimo rango, el gravamen máximo a pagar sería de ****; derivado de restar a **** que es límite superior del mismo rango, **** correspondiente al límite inferior de ese rango, y de aplicar a esa diferencia la tarifa fija de **** prevista para el mismo rango, a cuyo resultado se le suman ****, de cuota fija de ese rango, y, 8. Si la base del impuesto quedara comprendida en el octavo rango, el gravamen sería el resultado de restar ***** correspondiente al límite inferior de ese rango, al importe de la base que al menos fuera de los mismos ****, y de aplicar al resultado la tarifa fija de **** prevista para el mismo rango, así como de sumar al producto obtenido ****, consistente en la tarifa fija de ese rango. En contrapartida, el importe mínimo a pagar por el impuesto sobre traslado de dominio serían los siguientes: A) Si la base (monto de la operación de traslado de dominio) se ubicara en el primer rango de la tarifa reclamada, sería prácticamente de cero; resultado de restar **** correspondiente al límite inferior de ese rango, y de aplicar a ese resultado la tasa fija de **** prevista para el mismo rango, así como de sumar al resultado el importe de ****, consistente en la cuota fija de ese rango. B) Pero si el importe de la base apenas coincidiera con el importe correspondiente al límite inferior de cada uno de los rangos posteriores a ese primer renglón, sólo se podría cobrar la cuota fija que para esos rangos la tarifa primera. Así, si la base del impuesto se situara dentro del rango dos que empieza en el límite inferior de ***** y ese mismo importe fuera el de la operación de traslado de dominio, no habría diferencia alguna a la que aplicar la tarifa fija del ****, que es la que según la fórmula se aplica a la cantidad que excede al límite inferior del rango de que se trate; por lo que sólo tendría que pagarse la cuota fija de ese rango, que es de ****, misma que se aplica por el solo hecho de que la base alcance el importe del límite inferior del rango. De manera que, aplicando la misma lógica a los demás rangos, se concluye que si el importe de la base apenas coincidiera con el importe correspondiente al límite inferior de cada uno de esos rangos, sólo se podría cobrar la cuota fija que para ese rango la tarifa previera; de modo que si esa base estuviera en el rango tercero de la tarifa reclamada, solo se pagaría ****; si estuviera en el cuarto rango, ****; si se encontrara en el quinto rango, ****; si se hallare en el sexto rango, *****; si estuviere en el séptimo rango, *****, y si se ubicare en el octavo rango, ****; importes que como se dijo, únicamente corresponden a las cuotas fijas de esos rangos, respectivamente. Por ende, comparando la información expuesta se concluye que: El importe máximo a pagar por el impuesto sobre traslado de dominio en el Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal de 2017, si la base se ubicara en el rango uno de la tarifa reclamada, sería de **** la que es igual que ****, que es el que resultaría si la base se ubicara en el límite inferior del rango dos de esa tarifa; El importe máximo a pagar por el impuesto si la base se ubicara en el rango dos sería de **** la que es menor que ****, que es el que resultaría si la base se ubicara en el límite inferior del rango tres de esa tarifa; El importe máximo a pagar por el impuesto si la base se ubicara en el rango tres sería de **** la que es igual que ****, que es el que resultaría si la base se ubicara en el límite inferior del rango cuatro de esa tarifa; El importe máximo a pagar por el impuesto si la base se ubicara en el rango cuatro, sería de ****, que es menor que **** que es lo que correspondería pagar si la base se ubicara en el límite inferior del rango cinco; El importe máximo a pagar por el impuesto si la base se ubicara en el rango cinco sería de **** la que es igual que ****, que es el que resultaría si la base se ubicara en el límite inferior del rango seis de esa tarifa; El importe máximo a pagar por el impuesto si la base se ubicara en el rango seis, sería de ****, la que es menor que ****, que es la que correspondería cubrir si la base se ubicara en el límite inferior del rango siete; y, El importe máximo a pagar por el impuesto si la base se ubicara en el rango siete, sería de ****, que es menor que **** que es lo que correspondería pagar si la base se ubicara en el límite inferior del rango al ocho. Del ejercicio anterior, se desprende que en las relaciones entre rangos descritas en los incisos del a) al g) si existe la gradualidad en el cobro del impuesto sobre traslado de dominio, ya que el aumento previsto para la base gravable en cada uno de renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de dicha tabla con relación a sus antecesores respectivamente, constituye un incremento que con la aplicación prevista para las tarifas sobre el excedente del límite inferior y respectivas cuotas fijas del renglón correspondiente, sí respetan el principio de proporcionalidad tributaria, en tanto que quien tiene un inmueble de mayor valor, pagará por impuesto sobre traslado de dominio un monto mayor que el contribuyente que tiene un inmueble de menor valor o incluso igual, de ahí que no se atente contra el principio de proporcionalidad y equidad previsto en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa medida, si conforme al principio de proporcionalidad aplicable en tarifas progresivas, lo que se espera es que una operación al pertenecer a un renglón inferior debido a que su base gravable es menor a otra que precisamente por el monto de la operación está colocado en un renglón superior, debería originar un importe total de impuesto menor al del renglón inmediato superior, y como quedó evidenciado de los casos descritos en esos incisos a) al g) se demostró que sí se guarda proporción en cuanto al incremento de los montos por concepto del impuesto sobre traslado de dominio que corresponde pagar para quien se ubique en cada uno de los subsecuentes renglones 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, lo que da como resultado que dicho principio no se vea vulnerado. Luego, importa especificar que conforme al caso concreto que nos ocupa, es decir, a partir de los datos visibles en el recibo de pago que es sustento del primer acto de aplicación del dispositivo jurídico que controvierte la parte quejosa, se estima oportuno plasmar lo siguiente: Base gravable: ***** Con motivo de dicha cantidad de base gravable del inmueble que fue objeto de traslado de dominio a favor de la aquí parte impetrante del amparo, de acuerdo a la tabla de valores progresivos del artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, modificada mediante decreto de ****, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro, el ****, la quejosa se ubica en el renglón 6, de dicha tabla, que dispone como límite mínimo la suma de **** y como límite superior ****. Por tanto, si se ha demostrado que los datos previstos en el aludido renglón 6 de la tabla que se analiza, sí satisfacen el principio de proporcionalidad tributaria, es innegable que el resultado obtenido debe considerarse válido por provenir de una mecánica de cálculo que acata lo dispuesto en el artículo 31 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que paga más impuesto quien tiene un inmueble con mayor valor que el contribuyente que se encuentra en el renglón 6 de dicha tabla, pues se reitera, atendiendo a las operaciones conducentes, el sujeto que se ubique en el límite máximo del rango 6 pagará **** mientras que el contribuyente que se coloque en la hipótesis del límite inferior del rango 7, como mínimo enterará el impuesto sobre traslado de dominio en un monto de ****, lo que refleja un aumento respecto a la base del tributo que también incrementó, con lo cual se colma el principio de proporcionalidad aplicable a tarifas progresivas, ya que lo esperado es que una operación, al pertenecer a un renglón inferior debido a que su base gravable es menor, tribute en menor cantidad a otra que precisamente por el monto de la operación está colocado en un renglón superior con lo cual erogará un importe total de impuesto mayor al del renglón inferior o incluso igual. No es óbice para arribar a la anterior determinación, la circunstancia de que en diversos juicios de amparo tramitados ante este Juzgado, se haya otorgado la protección constitucional en torno al análisis de la desproporcionalidad de la tabla progresiva de valores inserta en el artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017; sin embargo, ello obedeció con motivo del vicio de constitucionalidad de que adolecía la tabla anterior a la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro, el *****. De tal forma que si a la quejosa le fue aplicada la tabla con motivo de la reforma de que se habla, la cual quedó demostrado en párrafos precedentes no adolece de la desproporcionalidad, entonces ello permite concluir que sí existe gradualidad en el rango 6 de la tabla prevista en el artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, modificada mediante decreto de ****, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro, el ****. Por su parte, es infundado el motivo de queja constitucional reseñado en el inciso b), y para dar respuesta a ello se hace necesario señalar en qué consiste el principio que se estima vulnerado, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, y que establece la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Por ende, el principio de legalidad tributaria consiste, por una parte, en que las contribuciones sean establecidas mediante un acto formalmente legislativo, es decir, que provenga del órgano que tiene atribuida la función de crear leyes (aspecto formal) y por otra, en que los elementos esenciales de aquéllas, tales como el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, también se encuentren consignados en la ley (aspecto material). La prerrogativa a favor del gobernado que conlleva dicho principio, se refleja en la medida que tiende a evitar que quede al margen de la arbitrariedad de las autoridades exactoras, la fijación del tributo, quienes sólo deberán aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas antes de cada caso concreto, evitando así el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, con lo que el gobernado puede, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano quien precise los elementos del tributo. En ese contexto, y a fin de demostrar lo infundado del concepto de violación sintetizado, se debe atender la finalidad y al derecho a la seguridad jurídica que se tutela en el artículo 31, fracción IV, constitucional, a través del principio de legalidad tributaria, el acatamiento de éste tiene lugar cuando se establecen en un acto material y formalmente legislativo todos aquellos elementos que sirven de base para realizar el cálculo de una contribución, fijándolos con la precisión necesaria que, por un lado, impida el comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades que directa o indirectamente participen en su recaudación y que, por otro, generen al gobernado certidumbre sobre qué hecho o circunstancia se encuentra gravado, cómo se calculará la base del tributo, qué cuota, tasa o tarifa debe aplicarse, cómo, cuándo y dónde se realizará el entero respectivo y, en fin, todo aquello que le permita conocer qué cargas tributarias le corresponden en virtud de la situación jurídica en que se encuentra o pretenda ubicarse. Ahora bien, del contenido del artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de el Marqués, Querétaro, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, se advierte que sí se advierte con precisión la base del Impuesto sobre traslado de dominio de bienes inmuebles, pues al respecto refiere que "será base gravable de este Impuesto, el valor mayor que resulte entre el valor de operación y el valor comercial del inmueble"; es decir, ésta se fija atendiendo al valor del inmueble que resulte más alto entre el valor de adquisición (operación) y el que resulte del avalúo practicado por perito autorizado, de ahí que la redacción de la ley para otorgar dos opciones, no implica incertidumbre alguna. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el legislador no definió lo que debería entenderse por "valor mayor que resulte" y la palabra "entre", también lo es que no es obligación ineludible del redactor de las normas definir todo cuanto concepto, vocablo o expresión emplee, máxime que cuando las mismas son de un significado común en el sentido corriente de la expresión y de la evocación de su idea, como en la especie acontece con la frase cuya falta de significados se acusa, esto es, "valor mayor que resulte entre", ya que es de fácil entendimiento la misma en el sentido de que como se dijo, la base del impuesto sobre traslado dominio resultará ser el valor más alto entre el valor de la operación y el avalúo practicado por perito, esto es, la cantidad que resulte mayor de las dos, luego, en tal circunstancia no puede considerarse que la omisión que se acusa lleve a la convicción de que el legislador incurrió el violación al derecho fundamental de legalidad tributaria, pues la expresión que se destaca es de fácil comprensión, de ahí lo infundado del argumento propuesto. En las relatadas consideraciones, al resultar ineficaces los motivos de queja constitucional propuestos por la justiciable, contra la norma reclamada aquí precisada, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, por las razones anotadas con antelación. Finalmente, no pasan por alto las manifestaciones que en vía de alegatos formula la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; sin embargo, éstos no forman parte de la litis y debido a ello, no existe obligación de quien aquí resuelve de entrar al estudio de los razonamientos expresados en el escrito correspondiente, menos, cuando como en la especie, no propone alguna causa de improcedencia que estime se actualice en este sumario constitucional. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 65, 73, 74, 75, 76, 77, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ****, en contra de los actos, y autoridades precisadas en la consideración tercera y quinta de este fallo; por los motivos y fundamentos ahí explicados. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, en relación con los actos reclamados precisados en la consideración sexta de este fallo, por las razones ahí expuestas. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de catorce de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo rendido el informe justificado de la autoridad responsable Titular de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro, ; en tal virtud, con la finalidad de dar oportunidad a que las partes se impongan de su contenido y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración. Notifíquese.
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