Brizeyda Ramírez Gutiérrez

Expediente 876/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
876/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • Brizeyda Ramírez Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Visto, el telegrama de cuenta enviado por la Jefa de la División de Amparos Fiscales del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual aduce que devuelve los oficios 12728/2023 y 12729/2023, dirigidos al Director de Prestaciones Económicas y Coordinador de Prestaciones Económicas, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio de los cuales se les requiere el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que quien tiene conocimiento de este asunto es la Coordinación Laboral de dicho Instituto. Al efecto, se acuerda. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el telegrama de cuenta únicamente sin mayor trámite, toda vez que en proveídos de siete y catorce de junio del año en curso, se tuvo al Titular del Departamento de Pensiones Subdelegación Tuxtla Gutiérrez del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Encargada del Despacho, por encontrarse de licencia médica la Jueza de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Visto; I. El oficio signado por el (1) Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual desahoga el requerimiento realizado en auto de veintitrés de los actuales y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente sumario, remite constancias en apoyo a su dicho. II. La certificación que antecede, de la que se advierte que de la revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se encuentra registrada y habilitada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "***". Al efecto, se acuerda: Respecto a lo precisado en el punto I que antecede, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta y anexo. En atención a su contenido, atento al estado procesal que guarda el juicio en que se actúa, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo, con la constancia remitida y con la diversa remitida mediante oficio 2528 de diecinueve de mayo del año en curso, córrase traslado y dese vista a las partes para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidos que de no desahogar la misma, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Tocante a lo destacado en el diverso punto II de prelación, de conformidad con los artículos 14, 21 y 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con la finalidad de garantizar un pronta y expedita administración de justicia, mediante la tramitación del presente asunto, a través el esquema de Juicio en Línea; y tomando en consideración que la Representación Social Federal adscrita a este órgano de control constitucional, se encuentra registrada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "****", y a su vez, habilitada para consultar el expediente electrónico y recibir notificaciones mediante esa misma vía, así como promover mediante el referido sistema de servicios en línea. En tal virtud, con apoyo en los artículos 17 de la Constitución Federal; y, 3, 5°, fracción IV, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención que legalmente le corresponde; para lo cual se instruye a los Actuarios, realicen la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes que conforme al ordenamiento legal en consulta deban practicarse en forma personal a la representación social en cita, en forma electrónica a través del usuario "****". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, ELECTRÓNICAMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Y POR OFICIO A LA PARTE TERCERA INTERESADA.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa: Vista; la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del 1. Colegio de Bachilleres de Chiapas y 2. Director General del Colegio de Bachilleres de Chiapas, ambos con sede en esta ciudad I. REGISTRO. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 876/2023-II. II. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones, etcétera) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, que impone a este juzgador, la obligación de examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Partiendo de esta premisa, tenemos que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: El oficio CBC/DG/169/2023, de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en donde se comunicó la terminación de su relación laboral, como Directora del Plantel 190 "Mapastepec", ubicado en Mapastepec, Chiapas. En esa tesitura, esta juzgadora, oficiosamente estima que respecto a los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5, fracción II de la Ley de Amparo; por las consideraciones a saber: Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo será improcedente precisamente cuando ello resulte de alguna disposición legal. Correlativo con lo anterior, en el artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el diverso 5, fracción II, de la ley reglamentaria, se desprende que el juicio de amparo es procedente tratándose de actos u omisiones de autoridad. Cabe precisar que, para los efectos del juicio de amparo, autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por lo tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro; para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido en la tesis del rubro y texto siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. En esa tesitura, para determinar si una autoridad puede figurar como "responsable" en un juicio de amparo, se debe atender a los actos que realiza frente a los particulares y como toda entidad moral, en ella se registran relaciones internas entre sus componentes y relaciones externas frente a sujetos que no pertenezcan a ella, los primeros actos no son de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues sus componentes no gozan de garantías individuales frente a la autoridad, ya que no tienen el carácter de gobernados; en las relaciones externas, la autoridad se comporta como un particular, realizando actos que carecen de fuerza compulsora, y dichos actos tampoco son considerados actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que este resulta improcedente, en la inteligencia de que, cuando provocan bajo cualquier aspecto la decisión de algún órgano estatal que pueda afectar al gobernado, ésta deberá constituir el acto reclamado en un juicio de amparo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos que por esta vía reclama la parte quejosa se hacen consistir en el oficio CBC/DG/169/2023, de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Expuesto lo anterior, se estima que el acto anteriormente citado no puede ser reclamado a través del juicio de amparo indirecto, puesto que en este caso, la autoridad señalada como responsable, no se encuentra en la hipótesis establecida en la fracción I, del artículo 1º, de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque su relación con la parte quejosa no está en un plano de supra a subordinación, sino más bien, de coordinación, ya que su reclamo hacia las autoridades responsables es en su calidad de servidora pública subordinada que presta su servicio en la citada dependencia y en el cual se le comunicó que su nombramiento como Directora del Plantel 190 "Mapastepec", no se había sido ratificado y por tanto concluía el treinta y uno de mayo del año en curso, derivado de esa relación laboral que tiene con ellas. Así, tal y como ha quedado expuesto, es improcedente la acción de amparo cuando se reprochan este tipo de actos, porque la responsable lo ejecuta en un plano de coordinación, lo que significa que la controversia en relación con dicho acto motivo de molestia, deben plantearse ante el órgano jurisdiccional competente y no ante un Juez de Distrito mediante el juicio de amparo, porque el acto en cuestión no puede considerarse como acto proveniente de autoridad. Además, con base en las precisiones referidas, los actos derivados de los procedimientos administrativos, derivados de la relación laboral sostenida, estarán siempre sujetos al plano de coordinación, sobre el que no es procedente el juicio biistancial. Luego, si en el caso la quejosa reclama de una dependencia de la administración pública el oficio en donde dan por terminada la relación laboral, es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por la quejosa no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Con base en lo anterior, es permisible concluir que el acto reclamado en esta vía, no constituye, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con Residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, que esta Juzgadora comparte y que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS DIRECTORES DE LOS HOSPITALES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE LA RELACIÓN LABORAL ENTRE UN TRABAJADOR MÉDICO Y DICHO ORGANISMO. La doctrina señala que el acto de autoridad se caracteriza por la subordinación de una persona frente a un ente público con el carácter de autoridad, que se origina por el despliegue de las facultades legales de esa potestad, esto es, se crea una relación de supra a subordinación con un particular, que tiene su nacimiento en la ley y con motivo de ella emite actos unilaterales, esto es, sin contar con su voluntad que pueden crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones en su esfera jurídica. Ahora, si bien es cierto que entre los directores de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los trabajadores médicos existe una relación de subordinación, pues estos últimos deben limitar su acción a las órdenes recibidas de sus superiores jerárquicos, también lo es que esa relación de supra a subordinación deriva de la relación laboral que guardan las partes y tiene su origen en un nombramiento y en el contrato colectivo de trabajo celebrado entre ese instituto y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por lo que no puede considerarse un imperativo público; además, no cumple con el requisito de heteroaplicabilidad, en virtud de que el trabajador manifestó su consentimiento a esa subordinación desde el momento en que quiso y aceptó la relación de trabajo, esto es, fue su libre voluntad estar ligado a esa institución que le proporciona un trabajo a cambio de una remuneración; de ahí que los actos que emitan los directores señalados no son de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando derivan de la relación laboral entre un trabajador médico y dicho organismo, en virtud del empleo al que aquél accedió y ha mantenido." [Énfasis añadido]. IV. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo reclamado por esta vía resulta notoriamente improcedente, y por tanto, con apoyo en el artículo 113, del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. V. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ****, en esta ciudad; y como autorizados para tales efectos a las personadas que menciona en el escrito de cuenta, por así haberlo solicitado. VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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