Britany Padilla Muñoz
Expediente 159/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 159/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Britany Padilla Muñoz
- Britany Padilla Muñoz y Otros.
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que: 1) El plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés, a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en la jurisdicción de este juzgado de distrito, transcurrió del veintiocho de febrero al dos de marzo del presente año, sin que realizara manifestación al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista este auto y los subsecuentes aun los de carácter personal. 2) Ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que las quejosas **********, ********** y **********, por propio derecho, hayan recurrido el auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por las ya mencionadas; por lo que se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Con base en lo anterior, se ORDENA EL ARCHIVO del presente sumario como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, este expediente es susceptible de DESTRUIBLE POR CARECER DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez transcurrido el término de TRES AÑOS. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, téngase por recibido el oficio del apoderado legal del Instituto de Salud del Estado de México, mediante el cual informa que actualmente se encuentra en trámite el Proyecto Ejecutivo para la terminación de obra del "Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceylan", que hasta en tanto se cuente con el mismo, se encuentra imposibilitado para reactivarlo, circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional toma conocimiento. En ese contexto, requiérase al Instituto de Salud del Estado de México, Instituto de Salud para el Bienestar y Secretaría de Desarrollo Urbano y de Obra del Estado de México, para que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación de este proveído, informen: 1. Cuales son los requisitos y condiciones para la reactivación del "Proyecto de Infraestructura Social para la Sustitución y Equipamiento del Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceylan"; 2. Ante que autoridad se debe de gestionar la reactivación, y 3. De ser el caso, realicen las gestiones de presupuesto para su procedencia, o justifique su imposibilidad jurídica y material para ello. En el entendido que de no hacerlo así, con independencia de que se haga efectivo el apercibimiento decretado en la ejecutoria dictada en el presente sumario, ante su reiterada omisión, se les impondrá como medida de apremio, una multa por el equivalente a QUINIENTAS unidades de medida y actualización, con sustento en el artículo 258 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
AVISO.Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto que dice: Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por **********, ********** y **********, por propio derecho, contra actos de la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Cuautitlán, México y otra autoridad. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 159/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la ampliación demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompanen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Causales de improcedencia advertidas. Ahora, de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa senala como actos reclamados los siguientes: "A) DE LA AUTORIDAD ORDENADORA RECLAMO: Las resoluciones dictadas en audiencia intermedia de fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. B) DE LA AUTORIDAD EJECUTORA RECLAMO: El fallo de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, en el toca de apelación número **********, mediante el que se confirman las resoluciones dictadas en audiencia intermedia de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós." Ahora, respecto a los actos reclamados en el inciso a) que reclama de la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, ya precisado en supra líneas, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo1 por las razones que enseguida se exponen. En efecto, del análisis del ordinal mencionado se advierte la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica o patrimonial; mientras que el segundo se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido2 . En el caso concreto, la parte quejosa reclama las resoluciones emitidas dentro de audiencia intermedia de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dentro de la causa de control **********, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, México. En ese contexto, del escrito inicial de demanda y los hechos precisados bajo protesta de decir verdad por las promoventes de amparo, se advierte que en contra de la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dentro de la causa de control **********, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, las quejosas promovieron recurso de apelación, del cual conoció el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dentro del toca **********, mismo que se resolvió el veintiséis de enero del presente ano y, por ende, ésta última determinación incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, dado que reemplazó al primero impugnado. Se afirma lo anterior, porque con posterioridad a las resoluciones dentro de audiencia intermedia de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, que aducen las quejosas, se promovió recurso de apelación, mismo que se resolvió el veintiséis de enero de dos mil veintitrés; siendo éste último, el que ocasiona un perjuicio a la parte quejosa al sustituir procesalmente al primero y ser la determinación que rige. Atento a lo anterior, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda interpuesta, por lo que hace al acto reclamado ya precisado. En otro orden de ideas, por lo que hace al diverso acto reclamado consistente en el fallo de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, en el toca de apelación número **********, mediante el que se confirman las resoluciones dictadas en audiencia intermedia de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós; quien esto juzga, advierte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 171 y 172, fracciones IX y X, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, senale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se consideraran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello.;" Lo anterior es así, toda vez que cuando se trate de violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el juez de distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extranas al procedimiento. En consecuencia, la resolución del recurso de apelación de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, mediante la cual el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, declaró infundados los agravios expuestos por **********, ********** y ********** (aquí quejosas), por lo que se confirmó el auto de exclusión probatoria; no es susceptible de reclamarse en amparo indirecto, por no constituir un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, por no ser un acto en el procedimiento que deje sin defensa a la parte quejosa y no tener el carácter de irreparable, porque los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en todo caso, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia definitiva correspondiente y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de violaciones al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Con lo anterior, se pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con la sentencia correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Por tanto, se estima que dicha resolución no constituye un acto de imposible reparación, susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, al no producir de manera inmediata una afectación a los derechos fundamentales de las hoy amparistas, razón por la cual resulta improcedente el presente juicio de amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia por contradicción de tesis, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 39, cuyo rubro y texto son: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), senala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución senala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extranas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que senala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre, obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las violaciones procesales no tocan por sí, tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por **********, ********** y **********. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que senala, por lo que se le requiere para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, senale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, apercibida que en caso de no hacerlo así, se le harán las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal sin ulterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se comisiona al actuario adscrito para que por única ocasión notifique el contenido de este auto en el domicilio ubicado en **********. Sin que haya lugar a tener para tal efecto el correo electrónico y números telefónicos que precisa para oír y recibir notificaciones, dado que no son previstos por la Ley de Amparo para tal efecto. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Integración del expediente físico Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Uso de medios electrónicos Asimismo, le es permitido el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dicten, siempre y cuando en ningún momento el presente expediente sea sometido a malos manejos que puedan danar las actuaciones que obren en el mismo, con motivo del uso de dichos medios electrónicos, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el siete de noviembre de dos mil veintidós, esta juzgadora exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado..Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.
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