Britany Hernández González
Expediente 1730/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1730/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/12/2017
Partes del expediente
- Britany Hernández González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
VII.- Toluca, México; quince de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra el auto dictado el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 25 a 29), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia acorde con su artículo 2°, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio de amparo (Punto Vigésimo Primero, inciso I), en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). 2. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretario Grecia Astrid Villa Curti, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VII.- Toluca, México; veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que mediante auto de veintitrés de noviembre actual, se tuvo por rendido el informe justificado signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que en el presente juicio la quejosa Britany Hernández González, reclama la omisión de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México, de dictar el auto de radicación y señalar día y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral ...de su índice, así como la omisión de llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada, celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas y por consecuencia la omisión de dictar el laudo correspondiente; sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable como complemento a su informe justiciado, se advierte que mediante diligencia de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, los representantes que integran la Junta responsable se pronunciaron respecto el auto de radicación, dado lo cual, señalaron fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, comisionando al actuario de su adscripción a fin de emplazar a juicio a las partes. A las constancias remitidas por la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México, se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Se invoca en lo conducente, la tesis 226 con número de registro 394182, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. En el caso, la quejosa aduce que la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México, no ha emitido acuerdo de radicación y por ende no ha señalado día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente 1377/2017 y como consecuencia las subsecuentes dilaciones en el citado procedimiento; sin embargo, como complemento a su informe justificado el Presidente de la Junta citada remitió copia certificada del auto de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente laboral 1377/2017 de su índice estadístico, de la cual se advierte que los representantes que integran la Junta responsable emitieron el auto de radicación y señalaron día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral, asimismo, se comisionó al actuario de su adscripción a fin de emplazar y dar seguimiento al mismo. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues los representes de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México, el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, emitieron el auto de radicación y fijaron día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 1377/2017 de su estadística; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues la omisión reclamada a la fecha ha cesado. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, emitiera el auto de radicación y fijara fecha de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente 1377/2017, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Lo anterior, ya que la pretensión de la quejosa era que se emitiera el auto de radicación y por ende que la responsable fijara hora y fecha de la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral y, como se analizó, ya se emitió pronunciamiento en el que se proveyó lo relativo, señalando hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, lo que incluso se observa ya que se comisionó al actuario, a fin de que las partes sean legalmente notificadas y emplazadas. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, con número de registro 168189, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 605 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Común, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." De la misma manera, sirve de apoyo la jurisprudencia 103 con número de registro 917637, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 81 del Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 415 con número de registro 917949, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 356 del Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También la tesis aislada P. CL/97, con número de registro 197367, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, Novena Época, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En ese sentido, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley en cita. No controvierte a la anterior determinación, el que también se reclamen posteriores dilaciones al procedimiento laboral de origen, esto es, la omisión de la responsable de llevar a cabo el juicio laboral dentro de los términos legales, lo que se traduce en la omisión de llevar a cabo la notificación y emplazamiento de la parte demandada, la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de ofrecimiento y admisión de pruebas, el dictar el laudo correspondiente, así como todas aquellas dilaciones posteriores al acto destacado (omisión de dictar el auto de radicación y señalar día y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 1377/2017), pues la quejosa refiere que al no dictar el auto de radicación de la demanda laboral, la responsable comete dichas omisiones, lo anterior es así, ya que tales cuestiones son imprecisas y no revisten la característica de ser inminentes ni de realización cierta, sino que dichas omisiones sean probables; por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto. Asimismo, se precisa que el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a los actos señalados por el quejoso en concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, de tal suerte, que no exista duda de que necesariamente se llevarán a cabo y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento. Por ello, se estima que si la pretensión de la quejosa al promover el juicio constitucional era a fin de que se dictara el auto de radicación y se señalara día y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 1377/2017 de su índice y en el caso ya sucedió; por tanto, se determina que cesaron los efectos del acto reclamado, tal y como si se hubiera concedido la protección constitucional, sin que al efecto dicha concesión pueda tener alcance, en su caso, respecto de actos imprecisos, futuros e inciertos. Es aplicable, por los motivos jurídicos que la conforman, la Jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.) de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771, con registro 2000011, del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, con número de registro 184572, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las once horas con quince minutos del veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretario Grecia Astrid Villa Curti, que autoriza, firma y da fe. JILS/jvg
- Principal
V.- La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete (fojas 135 a 166), donde se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2°, se declara firme para todos los efectos legales correspondientes. Las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. En esas condiciones, mediante oficio remítase a la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, las constancias que remitió como complemento a su informe justificado, consistentes en copia certificada de la carpeta administrativa 948/2017 y tres discos compactos que contienen las audiencias relativas a dicha carpeta. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, en el entendido que deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, pues en resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete (fojas 135 a 166), se negó el amparo y protección de la Justicia Federal (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, inciso III). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.
- Principal
II.- Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Directora General y la Jefa de Departamento de Servicios Médicos, ambas del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, a través del cual solicitan una prorroga a fin de estar en posibilidad de dar cumplimiento al fallo protector. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este órgano constitucional concede, por única ocasión a la responsable, una prórroga por el plazo de cinco días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, para que den cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de nueve de noviembre del año en curso (fojas 127 a 130), consistente en una multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o bien, en el lugar de su reclusión; la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional, a fin de que éste se encuentre en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal convenga, y no hacer nugatorio su derecho de acceso a la justicia, por tanto, ante determinaciones que no tengan la finalidad de impulsar el procedimiento (como en la especie), o tratándose de la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario ordenar la notificación de manera personal.
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