Brisia Soledad Elena Alvarez Figueroa
Expediente 179/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 179/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Brisia Soledad Elena Alvarez Figueroa
Actuaciones
- Principal
MESA VI A Agréguese a los autos, el oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito; al efecto, téngasele comunicando la comisión temporal del Magistrado Jaime Allier Campuzano; así como la readscripción de la Magistrada Rosa Iliana Noriega Pérez.
- Principal
MESA VI A Vistos los autos y el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto dictado el seis de marzo del actual (fojas 16 a 18), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.
- Principal
MESA VI A Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como prueba de la autoridad en comento, la copia certificada del escrito de diecinueve de enero de dos mil quince; acuerdo de veintitrés de febrero del año en curso y su notificación, que obran en el juicio familiar 483/2004, de su índice; probanza que se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo y constancia adjunta al mismo permite conocer que la quejosa BRICIA SOLEDAD ELENA ÁLVAREZ FIGUEROA, reclama de la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, la falta de acuerdo a su escrito de diecinueve de enero de dos mil quince, por el que solicitó se despachara ejecución forzosa en contra del demandado en el juicio familiar 483/2004 y facultara al actuario para la realización de su cometido (foja 5). Al rendir informe justificado la citada responsable, negó la existencia del acto que se le reclama; agregando que mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil quince, dictado en el expediente familiar 483/2004 de su índice, dio respuesta a la petición de diecinueve de enero de dos mil quince, signada por el quejoso, la cual le fue notificada al interesado, el veintiséis siguiente. Lo anterior, lo justificó con las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, mismas que gozan de pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Luego, si el acto reclamado se hizo consistir en la abstención del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, de acordar la petición el diecinueve de enero de dos mil quince, y tal autoridad el veintitrés de febrero de dos mil quince, en el juicio familiar 483/2004 de su índice, acordó lo procedente a dicha petición, esto es, decretó auto de ejecución en contra de Oswaldo Manzano Mortero, por lo que comisionó a la ejecutora adscrita a dicho Juzgado se constituyera en el domicilio del demandado, le notificara dicho auto y lo requiriera para que en el acto de la diligencia hiciera el pago de la cantidad que refieren los resolutivos segundo y tercero de la interlocutoria de catorce de mayo de dos mil catorce, dictado en el juicio familiar de referencia, y en caso de no hacerlo procediera a embargarle bienes de su propiedad que cubrieran tal cantidad y lo pusiera en depósito de la persona que se designara en el momento de la diligencia; lo que notificó a la aquí quejosa el veintiséis de febrero del año en curso, es decir, con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (nueve de febrero de dos mil quince); es que se evidencia que al momento de instar el presente juicio, si existía la omisión de la que se duele la quejosa. Por tanto, en el caso se advierte que sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido, lo cual acontece en el caso, puesto que la autoridad responsable Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, el veintitrés de febrero de dos mil quince, acordó lo relativo a la petición de la quejosa elevada el diecinueve de enero de dos mil quince, y le notificó por cédula, el veintiséis siguiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la citada quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial . Se ordena dejar sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del diecinueve de marzo de dos mil quince (foja 6 vuelta); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA II A Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes, el oficio número SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/04.6/03646/2015 signado por la Subdirectora de Área, en ausencia del Director de Operativo de la Coordinación General de Centros Federales, este último, en ausencia de la Coordinadora General de Centros Federales residente en México, Distrito Federal, por el que hace del conocimiento de este juzgado que en atención al diverso 68-IIA de este índice (foja 322), requirió a las autoridades responsables Director General y Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS Oaxaca", residentes en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a fin de que cumplieran con la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante proveído de tres de febrero actual, se tuvo por cumplida la sentencia de mérito (foja 337).
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