BRISEIDA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ y Otros.

Expediente 271/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
271/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
27/04/2022

Partes del expediente

  • Briseida Martínez Hernández
  • BRISEIDA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Causa ejecutoria la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. En este caso, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria en sus términos dicha determinación. Con fundamento en el artículo 21, incisos a) y c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir el presente expediente, así como el original y duplicado del incidente de suspensión, Y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Se ordena generación de versión pública de sentencia. En cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, para que pueda ser consultable por el público en general. Se requiere a la parte quejosa. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento dichas documentales tendrán el mismo destino que este expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Toda vez que es innecesario permanecer con los diez tomos de pruebas remitidos por la jueza de Partido Especializada en Materia Familiar, de esta ciudad, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    León, Guanajuato, a treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de cuatro de marzo pasado, se admitió la demanda de amparo presentada por ********************, por propio derecho y en representación de sus hijas menores de edad cuyos nombre llevan las iniciales ********************, por conducto de su mandatario judicial ********************, en la que reclamó la determinación emitida el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dentro del expediente ********************, del índice del Juzgado de Partido Especializado en Materia Familiar, de esta ciudad, en la que se negó decretar la medida de alimentos provisionales, respecto al rubro de educación, para el efecto de que ******************** ********************realizara el pago de las inscripciones al ciclo escolar 2020-2021, de sus hijas menores de edad, en el colegio ********************, de esta ciudad. Por su parte, de las constancias que anexó la juzgadora responsable al rendir su informe justificado, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)." De acuerdo con el precepto legal transcrito con antelación, el juicio de amparo es improcedente cuando a pesar de que subsista el acto reclamado, éste no puede surtir ningún efecto material o jurídico, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Dicha causa de improcedencia tiene sustento en el efecto y finalidad del juicio de amparo, conforme a lo estipulado en el artículo 77 de la Ley de Amparo, que es restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, regresando las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional alegada; por tanto, cuando el objeto o la materia del acto reclamado deja de existir, no se puede restituir al gobernado en el goce del derecho conculcado y, por ende, una posible sentencia concesoria de amparo no podría cumplimentarse. Por tanto, se estima que los elementos integradores de dicha causal son: a) Que el acto reclamado subsista. b) Que haya ocurrido una modificación en el entorno en que se emitió el acto reclamado. c) Que lo anterior sea consecuencia de haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo y, por ende, no pueda surtir efecto legal o material alguno. Al respecto, cabe precisar que la inexistencia del objeto o materia recae sobre el acto reclamado y no en el juicio de amparo en sí; además, dicha circunstancia surge con posterioridad a la emisión del acto controvertido y puede acaecer por razones naturales ajenas a la voluntad de la autoridad emisora, las cuales hacen imposible que aquél surta sus efectos legales o materiales. Por ende, dicha causal se verifica cuando el juzgador de amparo advierte que al haberse modificado el entorno en el que se emitió el acto de autoridad, sus efectos dejaron de incidir en la esfera jurídica de la parte quejosa; de ahí que aunque se concluyera que dicho acto es inconstitucional, no sería posible, jurídicamente, restituirla en el goce del derecho violado, ni se podrían concretar los efectos de una sentencia amparadora. Ello es así, ya que aunque subsista el acto reclamado, la situación jurídica surgida con motivo de aquél se modifica sin dejar huella en la esfera jurídica del gobernado que sea susceptible de reparación y, por ende, se impide que el fallo protector cumpla con su finalidad restitutoria. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Así como la tesis VI.2o.T.38 L, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SUBSISTE, PERO SU OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR POR HABERSE CELEBRADO Y CUMPLIDO ANTE LA AUTORIDAD DE INSTRUCCIÓN, UN CONVENIO ENTRE LAS PARTES. Subsistiendo el laudo que constituye el acto reclamado, si el demandado, hoy quejoso, convino con el actor, dirimiendo y satisfaciendo las pretensiones de éste, ante la potestad de la autoridad laboral competente, es incuestionable que su objeto y materia quedaron sin efecto jurídicamente pues, de otra manera, si se resolviera el fondo del juicio de garantías y se concediera la protección constitucional a favor de la demandada, ello resultaría estéril, en virtud de que al existir un acuerdo de voluntades entre los contendientes del juicio, el cual ha sido cumplido en todos sus términos, la ejecución del laudo no tendría razón de ser cuando ésta tiene por efecto satisfacer los derechos subjetivos del trabajador, los cuales ya se vieron cumplidos a través del convenio aludido. En esas condiciones, es inconcuso que se surte la improcedencia del juicio contenida en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, es procedente sobreseer en el mismo, acorde a lo dispuesto por la diversa fracción III del artículo 74 de la legislación referida." Para justificar la actualización de la causal de improcedencia examinada, es necesario señalar que de las constancias que integran el juicio de origen, destacan los siguientes antecedentes del acto reclamado: I. ******************** ********************demandó en la vía oral ordinaria a la aquí quejosa ********************, la disolución del vínculo matrimonial y convivencia con sus hijas menores de edad cuyos nombres llevan las iniciales ******************** II. En proveído de uno de marzo de dos mil diecisiete (fojas 20 y 21 del tomo I de pruebas), se radicó la demanda registrada bajo el número de expediente ********************, y se ordenó el emplazamiento a juicio de la aquí quejosa. III. Luego, en auto de dos de mayo de dos mil diecisiete (fojas 125 y 126 del tomo I de pruebas), se tuvo a la aquí quejosa, ******************** contestando la demanda presentada en su contra, y reconviniendo en la vía oral ordinaria a ******************** Álvarez Hernández, sobre divorcio necesario y otras prestaciones. IV. Seguida la secuela procesal, en auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno (fojas 3904 a 3919 del tomo VIII de pruebas), la juzgadora responsable negó decretar la medida cautelar solicitada por el mandatario judicial de la demandada, aquí quejosa, ********************, respecto al rubro de educación, para el efecto de que ******************** ********************realizara el pago de las inscripciones al ciclo escolar 2020-2021, de sus hijas menores de edad, en el colegio ********************, de esta ciudad. Dicha determinación constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Empero, con posterioridad a la admisión de la demanda de amparo, la juzgadora responsable informó que dentro de la audiencia de juicio celebrada el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, las partes manifestaron expresamente su voluntad de cambiar la vía de tramitación, a fin de disolver su vínculo matrimonial por mutuo consentimiento y someterse al acuerdo de voluntades que presentaron, el cual fue ratificado en dicha audiencia, elevándose a la categoría de cosa juzgada, por lo que en esa misma data la jueza responsable decretó la disolución del vínculo matrimonial y aprobó el convenio celebrado entre los contendientes, ordenando la salida de dicho sumario, así como su archivo, por tratarse de un asunto totalmente concluido (fojas 4310 a 4315 del tomo VIII de pruebas). Luego, si se tiene en cuenta que la parte quejosa acude ante la presente instancia constitucional a reclamar la determinación emitida el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la que se negó decretar la medida de alimentos provisionales, respecto al rubro de educación, para el efecto de que ******************** ********************realizara el pago de las inscripciones al ciclo escolar 2020-2021, de sus hijas menores de edad, en el colegio ********************, de esta ciudad; se determina que al haber celebrado las partes un convenio, ratificado dentro de la audiencia de juicio celebrada el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en el que manifestaron expresamente su voluntad de cambiar la vía de tramitación, a fin de disolver su vínculo matrimonial por mutuo consentimiento y someterse al acuerdo de voluntades que presentaron, el cual fue elevado a la categoría de cosa juzgada por la juzgadora responsable, previa aprobación del mismo, derivado de lo cual se decretó en esa misma data la disolución del vínculo matrimonial que los unía, ordenando la salida de dicho sumario, así como su archivo, por tratarse de un asunto totalmente concluido. Bajo ese contexto, se determina que aun cuando subsiste el acto reclamado, ya no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, toda vez que las partes contendientes celebraron con posterioridad un convenio que fue aprobado y elevado a la categoría de cosa juzgada, dando por concluido el juicio natural. En consecuencia, a nada práctico conduciría la concesión del amparo, que en su caso llegara a determinarse, de analizarse el acto impugnado, pues al ser el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica de la parte gobernada que acude ante la presente instancia constitucional, con el objeto de ser restituida en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, lo cierto es que la autoridad responsable estaría jurídicamente imposibilitada para dar cumplimiento a lo anterior, en razón a que el juicio natural de donde emana el acto reclamado se encuentra totalmente concluido. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXII, de la ley de la materia. Por tanto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para verificarse a las diez horas con once minutos del cuatro de abril de dos mil veintidós; comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente. Así, lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercera de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistida de la licenciada María Quiroz García, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se apersona procuraduría, señala autorizados, domicilios y formula alegatos. Agréguense a los autos el oficio y anexo remitidos por la subprocuradora de Servicios Jurídicos de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, capital y, en atención a su contenido, téngasele por apersonándose al presente juicio de amparo, así como señalando como autorizados a los profesionistas que nombra en su libelo de cuenta, y como domicilios físico y electrónicos para oír y recibir notificaciones, los que refiere en el mismo. Finalmente, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, se le tiene formulando alegatos de su intención, de lo cual hágase relación en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    León, Guanajuato, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la juez de Partido Especializada en Materia Familiar, de esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su especial naturaleza, las pruebas documentales que anexa a su informe de ley, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Ahora bien, dada la voluminosidad de las constancias que remite la autoridad responsable, se ordena formar nueve tomos de pruebas por separado, agregándoles la carátula correspondiente para su debida identificación, respetando su folio y sello, mismos que deberán ser devueltos a la oficiante en su momento procesal oportuno. Del mismo modo, se hace constar que en términos del artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, dichas constancias se encuentran a disposición de las partes en el expediente impreso, las cuales no se agregan en su versión electrónica dada su voluminosidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3º.C.104 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro 162800, visible en la página 2342, del Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "JUICIO DE AMPARO. LAS DOCUMENTALES EXHIBIDAS POR LAS AUTORIDADES SE DEBEN CONSIDERAR FORMALMENTE AGREGADAS AL EXPEDIENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE INTEGRE UN LEGAJO POR SEPARADO. En el juicio de garantías se reputan actuaciones judiciales todas las promociones y documentos con que el secretario dé cuenta al juzgador y éste ordene agregar al sumario, según se colige de los artículos 57, 61, 62, 63 y 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por consiguiente, cuando alguna autoridad exhibe determinadas documentales y, para facilitar su manejo, el Juez ordene integrar un legajo por separado, se debe considerar que las mismas obran formalmente agregadas al expediente. Estimar lo contrario significaría que las constancias no forman parte del sumario y ello impediría realizar cualquier trámite relacionado con las mismas." A su vez, con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas que acompaña la autoridad oficiante, consistente en tres discos compactos. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 43/2013, consultable en la página 703, Tomo I, Agosto de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercera de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada María Quiroz García, Secretaria que autoriza y da fe.

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