Briseida Maday Sánchez Haro
Expediente 1802/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1802/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Briseida Maday Sánchez Haro
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve, (foja 72), para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".En tales circunstancias, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa Alicia Vázquez Ortiz, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, efectúe lo siguiente: Se pronuncie sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, mismas de las que se reservó a proveer al momento de concluir la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 01/768/16-III, de su índice y hecho que sea lo anterior lo notifique a las partes intervinientes en dicho procedimiento." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable mediante oficio 2805/2019-JE3 (fojas 52 a 60) remite copia certificada del acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, en el cual se pronuncia sobre las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 01/768/16-III, así como del diverso 2871/2019-JE3 a través del cual la autoridad responsable remite constancia de notificación realizada a las partes; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, pues se pronunció sobre la admisión y desechamientos de las pruebas ofrecidas por las partes, notificando a cada una de ellas. Por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al dictar el acuerdo de admisión y/o desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable se pronunciara sobre las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 01/768/16-lll, y seguidamente notificara a las partes. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que la autoridad responsable se pronunció sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, notificándolas para su debido conocimiento al dictar el acuerdo de admisión y/o desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes. En consecuencia, con fundamento en el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el acuerdo que a continuación se cita: Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio OCC/C18/JDM/1905/2019, del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite el oficio 3664, del Secretario de Juzgado Cuarto de Distrito en esta ciudad, en el que se comunica el auto de veintiocho de noviembre de este año, dictado en el juicio de amparo 1635/2019, que decretó la separación de demandas; asimismo, se remite lo siguiente: ? Copia certificada del juicio de amparo 1635/2019. ? Copia de credencial para votar con fotografía, copia del registro en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro con folio 3340682, copia de la impresión de los mensajes remitidos por el Programa en comento, todos relacionados con la quejosa Briseida Maday Sánchez Haro. Ahora bien, este juzgado federal procede a examinar el escrito de demanda a fin de determinar la procedencia o en su caso, improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: ".a) Nuestra desvinculación a las empresas donde recibíamos CAPACITACIÓN en el Municipio de Jiutepec, en fecha cinco de septiembre del año dos mil diecinueve del Programa federal JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO, sin que se nos diera derecho de AUDIENCIA. b) La suspensión del cuarto pago y subsecuentes pagos monetarios de la beca correspondiente al programa "JÓVENES CONSTRUYENDO El FUTURO", c) La desvinculación del programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", notificada con fecha catorce de noviembre del año dos mil diecinueve. d) La instrucción obligatoria de las Autoridades responsables de afiliarnos al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y en caso de no hacerlo, despojarnos de nuestro legítimo derecho a contar con una BECA del Programa.". Ahora, de lo anterior se advierte que el quejoso como él mismo lo manifiesta fue notificado del acto que reclama el cinco de septiembre de dos mil diecinueve; tan es así, que aduce en el apartado de antecedentes denominado a la "fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado", lo siguiente: ".Cinco de septiembre del año dos mil diecinueve, mediante correos electrónicos enviados por funcionarios de la Coordinación Estatal del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Morelos y el aviso mediante correo electrónico a las empresas que habían sido dadas de baja del programa Y el catorce de noviembre del año dos mil diecinueve, a través de una notificación a nuestros correos electrónicos, en donde se nos informa que de nueva cuenta nuestra vinculación fue declinada, conminándonos a seleccionar una nueva vacante y apercibiéndonos de que es la última oportunidad para ubicarnos en otro centro de capacitación. Siendo éste último centro de capacitación Delegación del Bienestar Morelos, una opción fue en ningún momento seleccionamos, toda vez que las responsables, con dolo y mala fe, nos vincularon sin nuestro consentimiento a una dependencia de Gobierno, siendo ésta "Becas Benito Juárez", y no una empresa privada; para posteriormente, tal y como lo están haciendo ahora, declinar nuestra vinculación hasta agotar el número de oportunidades de vinculación para dejarnos fuera del programa y con ello, sin el beneficio pecuniario que ofrece.". Por lo anterior, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Del primero de los artículos trascritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los términos establecidos para ello. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se desprende que el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Apoya lo anterior en vía de orientación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida con motivo de la contradicción de tesis 57/2008-PL, suscitada entre la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituye el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Al resolver la contradicción de tesis que originó la citada jurisprudencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Además, el Máximo Tribunal enunció que es clara la intención del legislador al establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por tanto, la esencia del artículo 18 de la ley de la materia, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, se sustenta, entre otros supuestos, en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Acotado lo anterior, en la especie, se advierte que la parte quejosa tuvo oportunidad de promover el juicio de amparo del seis al veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, sin contar los días siete, ocho, catorce, quince, dieciséis, veintiuno y veintidós de septiembre de dos mil diecinueve, por ser inhábiles, ello tomando en consideración que bajo protesta de decir verdad la quejosa aduce que tuvo conocimiento del acto reclamado el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, y, que de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo, el computo comenzará a contar al día siguiente en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado. Así pues, al realizar el cómputo del plazo que tuvo el quejoso para presentar su demanda de amparo, se advierte que aquél transcurrió en exceso, pues su demanda la presenta hasta el veintisiete de noviembre del año en curso, ante la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito del décimo octavo circuito, por lo que es inconcuso que resulta extemporánea. Lo que hace que se ponga de manifiesto que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado fue consentido en razón de que no promovió el juicio de amparo dentro del plazo previsto por la ley de la materia, tal y como lo establece el numeral antes referido y el diverso 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en los diversos numerales 17 y 113 de la citada legislación, procede DESECHAR la demanda de amparo intentada por los motivos manifiestos e indudables de improcedencia expuestos. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene por señalado como domicilio procesal para los efectos de oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas a las personas que refiere, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, quienes tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y por autorizadas únicamente para el efecto de oír y recibir notificaciones a las demás personas que se propone. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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