Brisanet Morales Santiago

Expediente 641/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
641/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
06/07/2022

Partes del expediente

  • Brisanet Morales Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 641/2022-I. Puebla, Puebla, seis de julio de dos mil veintidós. Queda firme. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa se inconformara contra el auto de veinte de junio de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por ello, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado. Archivo. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido, por ende se ordena su archivo. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo. Devolución de documentos a las partes. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la quejosa. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Resguardo del expediente (archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones en los libros de gobierno. Se instruye a la oficial judicial A para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 641/2022. Puebla, Puebla, treinta de junio de dos mil veintidós. Se agrega al expediente el oficio de cuenta signado por el Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla, por el que devuelve diligenciado el despacho 114/2022, con número de orden 188/2022, a través del cual se solicitó notificar a la quejosa. En consecuencia, queda notificada la quejosa ++++++, mediante diligencia de veintitrés de junio de dos mil veintidós. Se ordena dar de baja la citada comunicación oficial tanto en el libro de gobierno de este juzgado como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se observa que la citada quejosa fue notificada mediante diligencia en la que se le requirió para que en el plazo de tres días siguientes, señalara domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, bajo el apercibimiento que de omitir hacerlo, las subsecuentes determinaciones incluso las de carácter personal, se le notificarían por lista; sin que a la fecha hubiera presentado escrito donde señalara domicilio procesal en la ciudad de Puebla o en la zona conurbada. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintidós, y con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista a la quejosa, este proveído y las subsecuentes determinaciones incluso las de carácter personal. Por otra parte, se observa que se carece del acuse de notificación, del oficio ordenado en el acuerdo de admisión, para notificar a la Directora General de Defensoría Pública del Estado de Puebla, a fin de que designe un asesor jurídico o un defensor público que asista a la aquí quejosa. En consecuencia, se ordena librar oficio a la referida directora y adjuntarle copia autorizada del acuerdo de radicación y de la demanda, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento allí formulado. Notifíquese y cúmplase (la notificación por lista de la quejosa)

  3. Principal

    ---JUICIO DE AMPARO 641/2022-I. Puebla, Puebla, veinte de junio de dos mil veintidós. Radicación Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó +++++++, contra actos del Director del Centro Regional de Reinserción Social de Huachinango, Puebla y otras autoridades responsables. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desechamiento. En primer lugar, el artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" 2. En el presente caso, se examinó de manera integral la demanda para detectar como acto reclamado: el traslado de +++++++, del Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla, a cualquier otro centro penitenciario del país. Dicho acto, a criterio de la suscrita, encuentra la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad. Para demostrar la afirmación previa, se acude a los numerales 107, 109, 114 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal3, porque estos disponen que las personas privadas de su libertad, pueden formular peticiones administrativas a la autoridad penitenciaria, con el fin de controvertir los actos u omisiones relativos a sus condiciones de internamiento, plan de actividades y aspectos relacionados con ambas. Asimismo, conforme a los artículos 115 y 117, fracción III4, de la legislación citada, cuando esas peticiones recaigan sobre cualquier condición de internamiento, que por su carácter apremiante deba ser atendida de inmediato, pues de lo contrario quedarían sin materia como puede suceder con las órdenes de traslado, los internos deben acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En cuyo caso, el citado Juez de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Así es, porque el trámite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal para esa hipótesis, en esencia presenta las siguientes características:  El promovente de la petición acudirá directamente ante el Juez para plantearle su petición  Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el Juez de oficio y de inmediato, si se trata de un acto positivo, suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el Juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición presentada el Juez reparará la afectación.  Del mismo modo, tal petición establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el Juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda.  Contra la resolución emitida por el Juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla.  Si el Juez determina que por la naturaleza de la promoción, ésta no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El Juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. Entonces, como se ve, cuando una persona privada de su libertad reclame actos inherentes a sus condiciones de internamiento, como lo es una orden de traslado, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el mecanismo de control judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pues dicho procedimiento judicial cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, los internos se + encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos y ante una autoridad judicial independiente a la penitenciaria, los actos que alteren sus condiciones de internamiento. Sobre todo porque otorga al Juez la potestad de suspender de oficio y de inmediato el acto impugnado. Y es ahí, justo en esa facultad donde radica la esencia de la improcedencia actualizada. Dado que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Condicionante que el mecanismo judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal en comento, sí cumple, pues, como ya quedó explicado con antelación, si la parte quejosa desea que su acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al Juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano e inmediato, o bien, ordenando a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión. Es decir, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la diversa de la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para concederla y tampoco un plazo mayor + del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, se insiste, el citado mecanismo ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde la persona interna podrá formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del porqué las omisiones que están reclamando atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Otorgando con ello la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato de la omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. En esa virtud, es evidente que las personas privadas de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar actos inherentes a sus condiciones de internamiento, deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. No solo porque la suspensión que prevé tenga los mismos efectos que la regulada por la Ley de Amparo, sino porque por la naturaleza del mecanismo señalado, su petición se desahogará y tramitará en la misma audiencia en la cual la haga valer, es decir, con mayor celeridad. Sustenta todo lo anterior, la ejecutoria que diera vida a la jurisprudencia 79/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la décima época, publicada el viernes siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE + AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." También apoyan los razonamientos desarrollados sobre el recurso de control judicial, las tesis siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN (CONCLUIDO) DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. AL SER UN ACTO RELACIONADO CON SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, ES REPARABLE MEDIANTE EL MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO "PETICIONES ADMINISTRATIVAS" ESTABLECIDO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE DE NO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA" En ese contexto normativo, y tomando en consideración que precisamente el acto reclamado en este juicio de amparo es la orden de traslado de un centro de reinserción social a otro; es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues previo a interponerse la demanda de amparo de cuenta, la parte quejosa debió agotar el procedimiento judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esa conclusión de ninguna forma contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, + NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS" En tales condiciones, con apoyo en el numeral 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de protección constitucional presentada, respecto del acto consistente en la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla a otro centro de internamiento en cualquier parte de la República Mexicana. Domicilio procesal. Al encontrarse la parte quejosa quejosa recluida en el Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla. Con fundamento en los artículos 297, 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, lleve a cabo la notificación a la quejosa del presente acuerdo. Ello además, con apoyo en el artículo 116 de la Ley de Amparo, pues el domicilio de referencia se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional. Asimismo, por conducto del correspondiente personal judicial, deberá correrle traslado con copia del presente acuerdo. Además, le deberá requerir para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente en el que le surta efectos el emplazamiento, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Puebla o en su zona conurbada (San Pedro Cholula, San Andrés Cholula o Cuautlancingo). Pero deberá apercibirla que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter + personal, se le realizarán por medio de lista que se fije en este juzgado. Ello, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo; y sin necesidad de ulterior acuerdo, es decir, transcurrido el plazo de tres días, cualquier determinación de carácter personal se le notificará por lista, de no haber señalado por escrito un domicilio procesal. Se faculta al juez requerido, para que haga uso de las medidas que estime pertinentes, a fin de lograr lo solicitado; se habilitan desde este momento días y horas inhábiles, lo anterior de conformidad con los dispositivos 282, párrafo primero y 298, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, así como lo previsto en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia. Se requiere al juez de referencia, para que una vez hecho lo anterior, se sirva devolver el presente despacho en el término de cuarenta y ocho horas, apercibido que en caso de omitir hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta a mil unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), con apoyo en lo dispuesto en los normativos 237 fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Designación de defensor público. En ese mismo sentido, con el propósito de proteger y salvaguardar los derechos humanos de la promovente, se ordena girar oficio a la Directora General de Defensoría Pública del Estado de Puebla, para que designe un asesor jurídico o un defensor público que asista a la aquí quejosa. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA + ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO". Bajo ese contexto, se requiere a la titular de dicho órgano para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente a la notificación del oficio derivado del presente proveído, instruya a la persona designada para representar a la quejosa en este juicio, se apersone ante este juzgado federal a aceptar y protestar el cargo conferido, con cédula profesional que lo ampare como licenciado en derecho e identificación oficial con fotografía. Al respecto, cabe precisar que en términos de los artículos 25 y 26 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, es decir, por ser necesaria para el desahogo de una probanza o diligencia, como en este caso, por regla general, su desahogo se realizará a través de videoconferencias. Por ello, el defensor que sea asignado, deberá, en el mismo plazo, proporcionar un número telefónico y correo electrónico para establecer contacto, así como tener equipo de cómputo que cumpla al menos con los requerimientos necesarios; o a través de un dispositivo móvil (celular inteligente o tableta); en este último caso, deberá descargar previamente la aplicación "Webex Meetings". Lo anterior, tiene como finalidad que se realicen las gestiones pertinentes para que pueda acceder a la visualización por videoconferencia de la audiencia respectiva. El objeto de ello es, a su vez, llevar a cabo la respectiva diligencia a la que debe comparecer el defensor en mención, exhibir el original de su identificación oficial y de su cédula profesional (en + original), a efecto de que manifieste si acepta y protesta el cargo de defensor público del quejoso y para que lo asista únicamente para efectos del presente juicio de amparo. Se apercibe a la mencionada directora que, en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, en el plazo otorgado para tal fin, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de + Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, una vez que se reanuden las funciones ordinarias de este órgano jurisdiccional. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (y diverso 9/2022 que lo reformó), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, relacionado con el diverso 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta al actuario judicial correspondiente, a + fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto5 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si descartaran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que tome nota respecto del desechamiento de la demanda de amparo. Solicitud de papeleta de turno a la Oficina de Correspondencia Común Ahora, dado que la demanda de amparo fue recibida en forma directa en éste juzgado de distrito, se solicita a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, la expedición de la papeleta correspondiente, cuyo registro es indispensable en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como para la compensación respectiva en el turno de demanda. Por tanto, se ordena anexar al oficio que se envíe a dicha oficina, copia de la demanda y copia autorizada del presente proveído. Notifíquese; y de manera personal a la quejosa (mediante despacho) y cúmplase.

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