Brisa Aleida Lobato Mena

Expediente 1302/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1302/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Brisa Aleida Lobato Mena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ha transcurrido sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de diez de octubre de dos mil veintitrés; se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo ha quedado firme, archívese el asunto como totalmente concluido, el expediente principal será DESTRUIBLE, no existen documentos originales que devolver a las partes, hágase del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y en atención a su contenido, una vez que cause estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa, hágase del conocimiento del citado tribunal dicha determinación, para que acuerde lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida de la Secretaria Paulina Elizabeth Olascuaga Sánchez, que da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio que contiene el auto de seis de octubre de dos mil veintitrés, y anexo, remitido por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto, por cuanto al acto reclamado consistente en el acuerdo de catorce de agosto de dos mil veintitrés, por el que la Comisión Permanente sustanciadora del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, desechó la demanda laboral promovida por la ahora quejosa, en contra del Poder Judicial del Estado de Guerrero, que dio origen al juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, acúsese el recibo correspondiente, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, el Tribunal Colegiado remite copia certificada del juicio de amparo 1302/2023-E, a efecto de que este juzgado se avoque al conocimiento del asunto respecto del acto reclamado que la quejosa señaló como "la ilegal e indebida notificación de quince de agosto de dos mil veintidós", por la que se le hizo saber el acuerdo que desechó la demanda laboral promovida contra la Comisión Permanente sustanciadora del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Al respecto, este juzgado provee. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del artículo citado se advierte que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Se entiende que es manifiesto cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso, respecto de la notificación reclamada esta juzgadora advierte que se actualiza de manera indudable y manifiesta una causa de improcedencia del juicio. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Tal precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. En el entendido de que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen y para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. El principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Asimismo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. De los artículos 122 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, y 763 Bis, de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que el acto que ahora se reclama es impugnable a través del incidente de nulidad, el cual se debe agotar previo a la instancia del juicio de amparo en acatamiento al principio de definitividad que lo rige. Tales disposiciones establecen: Ley Federal del Trabajo. "Artículo 763 Bis.- En lo que se refiere a los incidentes que se promuevan en el Juicio Individual Ordinario, los incidentes se sustanciarán y resolverán en la audiencia preliminar oyendo a las partes, sin suspensión del procedimiento, a excepción del incidente de nulidad, el que deberá promoverse dentro de los tres días siguientes en que se tenga conocimiento del acto irregular, hasta antes que se dicte sentencia. En este caso, el juez señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la cual se podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales, instrumentales y presuncionales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. A quien promueva un incidente notoriamente improcedente, se le impondrá una multa de hasta 100 veces la Unidad de Medida y Actualización". Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 248. "Artículo 122.- Todas las notificaciones que se lleven a cabo en el procedimiento previsto en esta Ley, se ajustará a las prescripciones que sobre esa materia señala la Ley Federal del Trabajo". Conforme a dichos textos, la parte a la que perjudique una notificación o la falta de esta, por no haberse realizado de acuerdo a las reglas establecidas en la citada ley adjetiva, puede solicitar su nulidad, través del incidente previsto por el artículo 763 Bis, de la Ley Federal del Trabajo, previamente a la instauración de la presente instancia constitucional, habida cuenta que esa incidencia procede en contra de la falta de notificación de las determinaciones en el juicio, así como de las notificaciones que no se lleven a cabo conforme a la citada ley laboral, en relación con el numeral 122 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 248; pues a través de éste, la falta de notificación que reclama y sus consecuencias, pudieron haber sido nulificadas. Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia IV.3o.T. J/51, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, marzo de 2004, página 1403, con registro digital 181922 de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES IRREGULARES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. DEBEN IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y NO EN EL AMPARO DIRECTO. Si la parte quejosa considera la existencia de irregularidades en la notificación que se le practicó dentro del procedimiento laboral, debe previamente promover ante la Junta responsable el incidente de nulidad de notificaciones para lograr su invalidez, en términos de los artículos 762, fracción I y 763, en relación con el 752 de la Ley Federal del Trabajo y no ante la Justicia Federal en amparo directo, porque ello contravendría el principio de definitividad que rige el juicio de garantías." Así como la jurisprudencia 2a./J. 65/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XVI, julio de 2002, página 259, registro digital 186512, que establece: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO". Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo. Máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, primeramente, porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio, pues es parte demandada en el juicio laboral del cual derivan los actos; aunado a que dicha auto no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal, derivado de un procedimiento penal. Más aún, que la parte quejosa conoce la legislación aplicable; de ahí que es dable estimar que la procedencia del recurso o medio de defensa no debe sujetarse a una interpretación adicional, ni su fundamento es insuficiente para determinarla, para que éste, en caso contrario quedara en libertad de interponerlos. En consecuencia, al haberse establecido que la parte quejosa tiene a su alcance recursos ordinarios, por medio del cual el acto en comento puede ser modificado, revocado o nulificado, mismo que debió agotar previo a la instancia constitucional, es evidente que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia. Por tanto, si el promovente del amparo tuvo un medio de defensa ordinario a su alcance para impugnar el auto que reclama, lo que no aconteció previo a la instancia constitucional, se actualiza la improcedencia e inejercitabilidad de la acción de amparo prevista por el referido artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la demanda. Lo anterior, hágase del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, tal y como lo solicitó en oficio que se provee. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción a este juzgado de la licenciada Maribel Castillo Moreno, a partir del uno de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida de la Secretaria Paulina Elizabeth Olascuaga Sánchez, que da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, mediante el cual la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, vía acuse de recibo, remite la boleta de turno correspondiente, en la que se describen los datos del juicio de amparo ******************** del índice de este juzgado federal, respecto de la incompetencia legal declinada por este juzgado. Asimismo informa que el mismo fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad; agréguese a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese.

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