BRIGITTE ALEXANDRA PEREZ SANCHEZ y Otros.
Expediente 1680/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 19 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1680/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 23/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- BRIGITTE ALEXANDRA PEREZ SANCHEZ y Otros.
- FRANKLIN ANTONIO GONZALEZ NAYRA y Otros.
- Brigitte Alexandra Perez Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Remite informe a juzgado competente. Visto el informe justificado registrado con el número de correspondencia interna 6620, y atendiendo que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio de amparo únicamente en lo que respecta al quejoso ********************, quedando registrado con el número de expediente ********************/2023, remítasele previa copia certificada que se deje en autos. Archivo. Finalmente, toda vez que no existen promociones por acordar ni diligencias por desahogar, devuélvanse los autos al archivo de este Juzgado. Notifíquese por medio de lista, y por oficio al juez competente.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en atención a su contenido se provee: Vinculación. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en relación con la CIRCULAR DGGJ/0012/2020 de diez de julio del dos mil veinte, emitida por la Dirección General de Gestión Judicial del propio Consejo, póngase a su disposición la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo citado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), del índice de este órgano jurisdiccional, a través del apartado denominado "vinculación". Se comisiona a la analista jurídico encargada del Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E), para que en dicho sistema, a través del apartado denominado "vinculación", se deje a disposición de la oficiante la consulta del expediente electrónico del presente asunto. Devolución al archivo. Finalmente, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, devuélvanse los presentes autos al archivo. Notifíquese por medio de lista, y por oficio al juzgado solicitante.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, mediante el cual transcribe el proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, del cual se advierte que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio de amparo del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, únicamente en lo que respecta al quejoso ****, quedando registrado con el número de expediente 251/2023. En atención a las manifestaciones que vierte el juzgado oficiante, este Juzgado de Distrito reasume competencia únicamente respecto de la quejosa ****, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Causa estado. En consecuencia, visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo respecto de Brigitte Alexandra Pérez Sánchez, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no existe trámite pendiente de realizar, archívese el presente cuadernillo como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Valoración. Ahora bien, acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio de amparo únicamente en lo que respecta al quejoso *****, quedando registrado con el número de expediente 251/2023, aunado a que por proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda de amparo respecto de ****, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obren documentos presentados por las partes que por sus características deban ser devueltos. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, en particular el informe rendido por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, del que se advierte que el quejoso ******************** fue detenido en Nuevo León y alojado en la estación migratoria de Guadalupe, Nuevo León. Declaratoria de incompetencia legal por territorio. En razón de lo anterior, este juzgado considera carecer de competencia legal para conocer de los actos reclamados, en términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." El referido artículo 37 de la Ley de Amparo contempla las siguientes hipótesis: a) Un Juez de Distrito es competente para conocer de un juicio de amparo, cuando tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las reglas de competencia antes precisadas tienen como eje la ejecución material del acto reclamado, la cual determina la competencia por razón de territorio. Luego, a efecto de establecer la incompetencia por parte de este Tribunal Federal para conocer del juicio de amparo que nos ocupa, resulta indispensable analizar si los actos reclamados tienen o no ejecución material. En el caso, los actos reclamados se hacen consistir en actos prohibidos del artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, la orden de detención, retención, de los directo quejosos, y como consecuencia de ello, la orden de deportación librada en su contra, lo que se traduce en su retorno asistido o retorno voluntario y siendo que el mismo fue detenido y alojado en Guadalupe, Nuevo León; por lo que, a juicio de la suscrita, se estima que dichos actos tienen ejecución material en dicha ciudad, lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. En efecto, se tiene conocimiento de que los quejosos fueron detenidos y alojados en la Estación Migratoria en Guadalupe, Nuevo León, atendiendo a la información proporcionada por la autoridad responsable en su informe respecto de la suspensión de plano. En consecuencia, se estima que con base en las disposiciones legales referidas, y en las consideraciones antes expuestas, el juez federal competente para conocer de este juicio de amparo es el JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN TURNO, al ser quien ejerce jurisdicción en la expresada demarcación territorial, donde tienen ejecución los actos reclamados y residen las autoridades responsables a quienes se les atribuyen, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En tal virtud, de conformidad con lo establecido por el artículo 48 de la Ley de Amparo, se declara que este Tribunal Federal, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y por ende, se ordena remitir la misma al JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN TURNO, para que resuelva lo que estime procedente, conforme a lo dispuesto por numeral citado de la Ley de Amparo; solicitándole el acuse de recibo respectivo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro digital 2020828 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con el rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." Se forma cuadernillo de incompetencia. Fórmese cuadernillo de incompetencia con las constancias que obran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se deja sin efectos audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las doce horas con veinte minutos de la data en que se actúa. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.
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